Distrito Federal– Humberto Moreira, quien dejó el lunes la gubernatura de Coahuila, se registra hoy como candidato a la presidencia nacional del PRI. No habrá quién se le oponga y será elegido para reemplazar el 4 de marzo a Beatriz Paredes. Rubén, diputado federal, uno de sus dos hermanos menores, anteayer se inscribió a su vez en otro proceso, el que lo llevará al cargo que dejó vacante el primogénito de la familia y quedó a cargo de un dependiente del futuro líder nacional priísta, su antiguo secretario de Finanzas y hasta el martes secretario de Desarrollo Social.
Los pasos de Humberto Moreira, anunciados hace tiempo y puntualmente cumplidos, constituyen un fenómeno insólito en México, en que dos miembros de una misma familia se suceden en la gubernatura.
Pero en ningún caso antes fueron sucesivos los periodos correspondientes. Padres e hijos (y hasta nietos) han gobernado una entidad pero lo hicieron a lo largo de generaciones, cuando ya los fundadores de la estirpe habían muerto y los nuevos titulares del Ejecutivo tenían trayectoria propia.
Para proceder como lo hace, Moreira ha construido un poder personal, resultante de una mezcla de dotes y defectos. Es populachero pero es también autoritario. Y ha sabido ubicarse con disciplina tradicional a las órdenes de sus antecesores, acatamiento que lo llevó en un lapso brevísimo de cargos de mediano alcance a la alcaldía de Saltillo, desde donde saltó a la gubernatura. Su hermano Rubén ni siquiera ha tenido puestos ejecutivos de primer relieve, por designación o a través de elecciones. Al comenzar el gobierno de su hermano alcanzó una subsecretaría en la secretaría de Gobierno, el cargo de mayor rango que ha desempeñado, y apenas el año pasado se proyectó al ámbito federal, como representante elegido en el cuarto distrito de su Saltillo natal.
En la Cámara ha tenido un desempeño vistoso. Dio prueba de la fuerza con que llegó a la legislatura cuando recibió la presidencia de una comisión, algo que sólo una minoría de legisladores alcanza. La suya es la de Derechos Humanos, pero también pertenece a la de Defensa Nacional y de Cultura. En la tribuna y en los medios es un hábil polemista, que articula con eficacia sus razones.
Se hizo visible en ámbitos más amplios cuando en septiembre pasado su talla sobresalía entre la de quienes recibieron en San Lázaro la encomienda de presentar al diputado Julio César Godoy Toscano, hoy desaforado, para que rindiera la protesta que un mandamiento judicial ordenó a la mesa directiva permitir.
La propia mesa designó entre otros legisladores a Moreira para participar en aquel aparatoso momento. Dentro de la Cámara también protagonizó otro acto notorio, que si bien pertenece a su esfera privada, es al mismo tiempo un hecho público.
La diputada hidalguense Alma Carolina Viggiano Austria y el ya candidato priísta al gobierno coahuilense contrajeron matrimonio. La ceremonia ocurrió en Saltillo y si bien se realizó discretamente, no careció de color político, pues uno de los testigos de la boda fue el diputado Luis Videgaray, precandidato al gobierno mexiquense y voz de Enrique Peña Nieto en los asuntos financieros que la Cámara ventila.
Esa invitación expresa, tal vez, la liga de los Moreira con el gobernador mexiquense, de donde deriva la repentina decisión de su colega de Coahuila de proclamarse candidato a presidir el PRI, anuncio que pronto alcanzó categoría de hecho consumado, que no fue contradicho ni siquiera por quienes habían diseñado el arribo de Emilio Gamboa al liderazgo nacional priísta.
El nexo entre Moreira y Peña Nieto es Enrique Martínez y Martínez, antecesor del coahuilense en el gobierno estatal.
Actualmente es el delegado nacional del PRI en Toluca, y si bien la importancia de ese cargo se mide realmente sólo cuando su ocupante interviene en el proceso electoral, la designación de Martínez y Martínez, hecha a pedido del mexiquense por Beatriz Paredes en julio de 2007, revela que ya desde entonces la casi ex presidenta príista se disponía a favorecer los intereses de Peña Nieto. Martínez y Martínez fue parte del Tucom (Todos unidos contra Madrazo) el frente de gobernadores y ex gobernadores que, aspirantes ellos mismos a la postulación presidencial de su partido en 2006, terminaron apoyando a Arturo Montiel, que no salió avante por causas ajenas a su voluntad.
Moreira abrevió un año su propio mandato. El ánimo público no deploró su salida, pero sí le reprochó la pésima gestión realizada a partir de 2005.
Aunque es difícil encontrar buenos resultados en otros ángulos de su desempeño, en lo tocante a seguridad el déficit es aterrador, si bien Moreira se las arregló para trasladar la cuenta de la abrumadora violencia criminal al gobierno de Calderón.
El principal delito en esa entidad, que se comete ya en Torreón como en Saltillo y en otras ciudades y regiones, ha llevado a ciudadanos a integrar las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, ese frente ciudadano cifró el incremento del secuestro y otras formas de privación ilegal de la libertad en ¡mil trescientos por ciento entre 2005 y 2010.
Los asaltos bancarios crecieron en 700 por ciento, se duplicó el robo, y creció en 65 el que atentó contra casas habitación. El asesinato de decenas de jóvenes en dos graves atentados en Torreón dan cuenta del aumento en el número de homicidios.
A todos esos delitos sigue la impunidad, pues la Fiscalía General (la ex procuraduría) ha sido especialmente inepta.
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