La ley, dijo Benito Juárez, siempre ha sido mi espada y mi escudo.
Lejos estamos los habitantes de estas tierras que llevan el nombre del Benemérito de llevar la ley como espada y de tenerla y usarla como escudo.
En nuestra frontera ha repercutido lastimosamente el resquebrajamiento del Estado de derecho y han sido notorios los hechos en que la Constitución y las leyes que de ella emanan se han hecho a un lado, produciendo una confusión que ha permitido que a Juárez se le haya catalogado como la ciudad más violenta de toda la tierra, precisamente porque el sistema legal no se ha aplicado, produciendo un abismo de incertidumbre en la vida diaria de consecuencias muy lamentables.
Y es preciso denunciar que muchos de los aspirantes a los puestos de elección popular, tanto del Ejecutivo, como los diputados locales y federales además de los senadores, no sean sensibles para entender que la administración pública es diferente en fondo y forma a la administración privada y que los funcionarios de cualesquiera de los poderes sólo deben hacer lo que la ley manda y que los particulares, los ciudadanos del común solo lo que la ley no prohíbe.
Llega a tal su confusión, que no saben que existe separación de poderes y que el presidencialismo a ultranza lo único que ha producido son poses absurdas, porque no se entiende lo que es la separación de poderes, estimando que la única voz cantante es la del Ejecutivo, sea federal o de los estados y que si no se subordinan a éste los miembros de los otros poderes, ya pueden ir despidiéndose de su puesto. Existe en nuestra ciudad y en el país una descomposición institucional que está produciendo un caos que nadie puede detener, porque lo único que está prevaleciendo es la fuerza, sea la de las armas o la de las fuerzas económicas que no se llenan de ganar dinero, sin voltear a una lacerante realidad social.
En muchos casos se han impuesto los hechos y no el derecho. La marcha institucional se ha olvidado de los principios que le dieron origen. Por ejemplo, en materia de amparo se ha perdido o se ha olvidado el nacimiento del juicio de garantías, el cual vio la luz contra los actos de la arbitrariedad de los poderes gubernamentales que conculcaban esas garantías. Aquella atmósfera que rodeaba a los tribunales federales de amparo se ha diluido y no se puede entender por qué las sentencias de amparo niegan las garantías a los particulares y le conceden la razón a las autoridades como en el caso de más de 2000 amparos que se interpusieron contra la inconstitucional ley fiscal del Impuesto Especial de Tasa Única que en el fondo no es otra cosa que un doble pago en materia del impuesto sobre la renta. En esto, también se incluyen las negativas de amparo contra los cobros del IMSS y de Infonavit.
Son continuas las violaciones a la ley y también a la justicia distributiva que no es otra cosa que la justicia social. Por ejemplo, ¿Saben los lectores cuánto ganan, entre sueldo directo, gastos de representación y aguinaldos los ministros de la Corte, su Presidente o los diputados y senadores, así como el Presidente y los secretarios de estado? Nadie sabe ni nadie supo cómo se asignaron esos salarios o sueldos y qué tipos de control existen para que desquiten esos emolumentos en el cumplimiento de la función que tienen a su encargo.
Es tiempo de hacer una exhaustiva revisión que lleve a controlar de manera efectiva las funciones que realizan los tres poderes, uno formando las leyes, otro ejecutándolas y el judicial interpretándolas. En estos casos y debido a las graves fallas que se han dado por exceso o por defecto en el uso del poder público se requiere de una Contraloría popular, desprendida de raíz de los intereses que circundan a quienes han permitido que naufrague y se hunda el frágil Estado de derecho que tenemos. No podemos seguir pegados a las ocurrencias de los detentadores del poder sin ruta trazada para que esto camine de la mejor manera. Vale.
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