Distrito Federal– Pronto hará un año, dentro de diez días exactamente, que un relevante jefe del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva, fue localizado y muerto en un violento enfrentamiento entre sus guardias e infantes de marina. El delincuente vivía en un lujoso conjunto residencial en el centro de Cuernavaca, hasta donde llegaron los marinos, que al abrir fuego causaron varias víctimas ajenas a la maniobra. Ese mismo día la Armada de México explicó en un comunicado que esa “operación se llevó a cabo luego de una intensa labor de inteligencia realizada por personal de la Armada de México…”.Ahora sabemos que eso no es verdad, que la Marina usurpó un mérito ajeno. La investigación fue efectuada por personal norteamericano dependiente de la embajada.
Inicialmente, la información respectiva se transmitió, porque así lo decidió la representación diplomática de Washington, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que el Ejército capturara al jefe mafioso.
Sin embargo, los militares no tomaron en serio la pesquisa norteamericana o simplemente tardaron en ejecutar la detención. El embajador Carlos Pascual percibió lentitud, torpeza y aversión al riesgo en esa actitud y resolvió entregar su informe de inteligencia a la Armada, que actuó con rapidez, mediante un grupo de ataque entrenado años antes en el Comando Norte de los Estados Unidos.
Quizá por eso la Armada merece elogios del embajador: su personal “está bien entrenado, bien equipado y ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia”. En contraste, dice el embajador la Defensa Nacional quedó “en la difícil posición de explicar por qué han sido reacios a actuar de manera inteligente y dirigir la operación contra objetivos de alto nivel. Nuestros servicios transmitieron la información originalmente a Sedena, que se negó a actuar con rapidez y reflejó una versión al riesgo que ha costado a la institución una victoria principal contra el narcotráfico”.
El embajador Pascual remitió a Washington ese informe al día siguiente, el 17 de diciembre. Supongo que fue leído y luego depositado en un archivo virtual que contó entre los intervenidos por un operador anónimo que los sustrajo y, con muchos documentos más, hasta un total de doscientos cincuenta mil, fueron enviados a WikieLeaks, el portal de la transparencia en la era de la globalidad, un sitio abierto por Julian de Assens para recibir toda suerte de filtraciones que el propio portal pasa por diversos tamices antes de difundirlos, en esta ocasión a través de prestigiados medios de información de Estados Unidos y Europa.
El voluminoso acervo incluye unos dos mil seiscientos papeles sobre México, de los cuales los diarios The Gurdian y El País transmitieron el jueves pasado únicamente seis, los primeros.
Se trata de unas cuantas páginas. Es temprano para calcular su efecto sobre las relaciones entre México y su vecino del norte, y sobre la vida política interior.
Pero ya ahora mismo se avizoran consecuencias que anticipan una modificación en el cuadro de quienes mantienen la interlocución entre ambos países.
No necesariamente el embajador Pascual, aunque quizá lo incluya, pero es probable que el Departamento de Estado recomponga la integración de su embajada mexicana.
Pascual mismo, y su segundo a bordo, John Feeley, difícilmente mantendrán su capacidad de convocatoria para hablar con funcionarios mexicanos.
De cualquier nivel, incluido el Presidente Calderón, los miembros del gobierno no podrán sustraerse a la tentación de imaginar cómo se traducirá lo que hablen con esos diplomáticos, uno y otro, cuando ellos reporten sus conversaciones. Calcularán también el riesgo de que cuanto digan aparezca en cualquier momento en una filtración como la que llegado a WikieLeaks.
Más allá de los casos específicos y de la información detallada que ofrece esta media docena de papeles, en ellos se percibe cuán estrecho es el margen de soberanía que conserva el gobierno mexicano en su estrategia de seguridad pública. Desde que llegó el año pasado, precedido por su fama de experto en el análisis de Estados fallidos, el embajador Pascual ha avanzado en su papel en esa materia.
Nos ha asombrado su posición de supervisor de las acciones gubernamentales en esa materia. Ahora sabemos de fijo –salvo que mienta a sus superiores, caso en el que también se invalidaría como interlocutor– que no sólo supervisa sino también toma decisiones y las hace ejecutar.
En su oficina se escogió a la corporación que debía capturar a Beltrán Leyva, al parecer sin intervención alguna de autoridad mexicana, como si el personal norteamericano actuara en su propio territorio.
El presidente Calderón quedó también pillado en las revelaciones que hemos de seguir examinando. En octubre de 2009 recibió al entonces director nacional de inteligencia Denis Blair –el mismo que meses después fue despedido o renunció en un gesto de pundonor por su ineficacia en un episodio de terrorismo fallido en Nueva York.
De manera impropia, el presidente mexicano, según el reporte del propio Blair abordó asuntos de política mexicana, como las aportaciones que el gobierno venezolano hizo, probablemente según su propio cálculo, a la campaña presidencial del PRD en 2006. Aunque no fue mencionado por su nombre, Andrés Manuel López Obrador saltó de inmediato en demanda de pruebas en un asunto que le concierne.
El otro involucrado, el presidente Hugo Chávez, quizá tuvo ocasión de aclarar las cosas a Calderón, este fin de semana en Mar del Plata.
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