México, DF; 5 de diciembre (Apro).- Hace cuatro años, días antes de ocupar Los Pinos, Felipe Calderón se reunió con los periodistas que siguieron su campaña presidencial y los meses de la animosidad que dejó su cuestionado triunfo en las urnas. Eran días de tensión e incertidumbre. No se sabía si, en efecto, juraría en el Congreso como presidente constitucional de México.
En esa reunión se quejó abiertamente de Proceso. Dijo que no entendía por qué con su cobertura contribuía a un ambiente “golpista” si el fundador de la revista, Julio Scherer García, había sido, precisamente, víctima de un golpe en 1976 y expulsado de la dirección del periódico Excélsior.
Calderón hizo pública su querella, dolido por la cobertura periodística del semanario a su campaña presidencial como un candidato sin carisma, desconectado de la población, con el abierto apoyo de la presidencia de la República y de la cúpula empresarial y, sobre todo, como promotor del odio y la división.
Su encono respondía también a la decisión de la revista de requerir al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las
boletas de su elección para hacer un recuento independiente, mediante una muestra, de los votos que en efecto obtuvo los comicios que también reclamó para sí Andrés Manuel López Obrador.
Por su naturaleza autoritaria, Calderón nunca entendió que la petición de la revista estaba lejos del ánimo “golpista”, sino que obedecía a la transparencia y al ejercicio de acceso a la información, vitales para una sociedad democrática.
Desde los primeros días del sexenio, su talante ya había operado la primera agresión contra la prensa al emplazar al periodista radiofónico y empresario mediático José Gutiérrez Vivó a “portarse bien” o prepararse para la estocada final de su proyecto periodístico de 33 años que, en pleno régimen autoritario priista, abrió la crítica en medio del control informativo.
Meses después acabó por darle la puntilla al proyecto periodístico Monitor de Gutiérrez Vivó, quien durante la campaña presidencial de 2006 tampoco fue adulador del candidato oficial; lo que le valió acusaciones de favorecer al principal candidato opositor. Aún cuando el empresario se hubiese inclinado por López Obrador, nada le impedía que lo hiciera, salvo la intolerancia y el autoritarismo.
Antítesis de la democracia, tales conductas pronto se repitieron en el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien en su noticiario matutino de la cadena W aún desde antes de que llegara a Los Pinos se volvió incómoda no sólo para Calderón, sino para los propios concesionarios de ese espacio público radioeléctrico, nunca mejor dicho, dueños de la estación: Televisa.
Confabulados, el poder formal y el poder fáctico se deshicieron de Aristegui, quien estuvo un año fuera de los micrófonos por temor de los empresarios a perder la gracia presidencial si incorporaban a la periodista. Finalmente, llegó al grupo MVS, que tampoco ha sido ajeno a la presión y el chantaje gubernamental.
El pasado miércoles 1 de diciembre, justo en el cuarto año de haber ocupado la residencia presidencial, Calderón lanzó un nuevo golpe de la mano de Televisa. Arremetió contra Proceso en su más puro estilo autoritario, con el uso faccioso del aparato de justicia y en asociación con el grupo empresarial que desde hace décadas es una rémora para la democracia en México.
En un burdo montaje, como uno más de los que han caracterizado a su gobierno, –el más conocido hasta ahora, también con Televisa, fue en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, procesada por secuestro– acusó al reportero de Proceso, Ricardo Ravelo, de recibir dinero del narcotraficante de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, para dejar de publicar sobre él y sus encuentros con políticos.
Uno de ellos, incluso, con el propio Calderón durante la fiesta de bautizo de la hija del senador del PAN y compadre del presidente Guillermo Anaya. Basta una revisión de lo publicado por la revista para desmentir el supuesto arreglo.
No es la primea vez que Calderón actúa contra el semanario. Además del boicot publicitario –como lo hiciera el PRI en 1982 y Vicente Fox en 2005–, en julio del año pasado vinculó a la revista con el cartel del narcotráfico conocido como La Familia Michoacana.
A través de su policía, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, presentó a una célula de esa organización con ejemplares de varias ediciones junto a las armas, aparatos de telecomunicación, dinero y llaves de autos con los que operaban los detenidos. Además, difundió un video en el que uno de los inculpados se refería a la revista como uno de los implementos con los que actuaba Servando Gómez, La Tuta, uno de los líderes de esa organización.
Calderón y García Luna colocaron, de esa manera, al medio y a sus reporteros en el blanco de cualquier organización delictiva en su confrontación con La Familia.
Ahora la agresión de Calderón es más grave. Acusa a la revista, no sólo al reportero, de estar pagado por el narcotráfico. Gravísimo en sí mismo, el
señalamiento expone aún más a Proceso. Calderón y Televisa tienen motivos de sobra para emprender una represalia. Los abusos de ambos en detrimento de la vida pública de México han sido exhibidos reiteradamente por la publicación.
En aquella reunión de fines de 2006 con los periodistas, el entonces presidente electo obvió que el golpe contra el Excélsior de Scherer fue orquestado desde la
presidencia. Luis Echeverría, como él ahora, también arremetió en venganza.
Sus críticos deben estar preparados. El castigo puede llegar hasta en el último segundo de su gobierno.
jcarrasco@proceso.com.mx
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