La derrota electoral del PRI en Oaxaca no desactivó el terror que Ulises Ruiz institucionalizó como su principal instrumento de control. De hecho, legisladores, dirigentes sociales y obispos temen que el mandatario saliente quiera desestabilizar al estado para mantener impunes sus actos de represión y de presunta corrupción. Y en efecto, en el último tramo de su mandato se desató una espiral de violencia política que segó la vida de opositores como Catarino Torres y Heriberto Pazos.
OAXACA, OAX.- Las cifras que no aparecen en el sexto y último informe del gobernador Ulises Ruiz, el lunes 15, son los 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas: los llamados “archivos incómodos” de la administración saliente.
Entre los legajos se perderán las más de 600 detenciones, los 380 casos de tortura, las siete desapariciones forzadas, los innumerables secuestros, los asesinatos de cuatro periodistas y otros agravios que siguen impunes, pese a que están documentados de sobra por organismos civiles de derechos humanos.
También permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron.
El mismo destino tuvieron las 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
Durante su campaña electoral, en 2004, Ulises Ruiz Ortiz se promovió como “el Benito Juárez del siglo XXI”, pero a decir del sociólogo Porfirio Santibáñez, como gobernador se convirtió en un “Porfirio Díaz, el dictador de esta época”.
Un “accidente automovilístico” del precandidato Aquiles López Sosa encaminó a Ulises Ruiz a la candidatura del PRI para la gubernatura. Ya en campaña, en julio de 2004, los priistas, azuzados por el actual diputado federal Elpidio Concha Arellano, mataron a garrotazos al profesor Serafín García Contreras, quien les estorbaba un acto proselitista en Huautla de Jiménez.
“Sólo Dios quita y pone a las gobernantes”, proclamó Ruiz cuando los maestros y la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían su renuncia en 2006. Sin embargo, esa seguridad no provenía de su mística, sino del poder de su partido, el PRI, en el Congreso de la Unión: nunca se le fincó juicio político, pese a que con sus actos de gobierno y la represión sistemática como respuesta a toda protesta enconó al estado.
Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comprobó la responsabilidad de Ruiz en los daños institucionales y la violación de derechos humanos de la población, tuvo que concretarse a emitir un dictamen que no obliga a sancionarlo legalmente. En cuanto al debilitado Poder Ejecutivo, encabezado por el PAN, de entrada tuvo que pactar con el PRI de Ulises para mantenerse en el poder.
Apegado a su anuncio de campaña: “Ni marchas ni plantones”, en su primer año de gobierno Ruiz Ortiz se dedicó a reprimir a organizaciones civiles y encarcelar a sus líderes, a perseguir a sus opositores.
El investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Porfirio Santibáñez Orozco, afirma que los dos sexenios más trágicos de esta época han sido el de José Murat (1998-2004) y el de Ulises Ruiz (2004-2010).
El de Murat inició con atentados contra el entonces senador perredista Héctor Sánchez López y el activista Heriberto Pazos, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en 1999, para culminar con un presunto autoatentado y que Santibáñez califica de “un atentado, pero contra el sentido común”.
Pero Ulises Ruiz de plano “no tiene límites –continúa el investigador– porque desde antes de iniciar su mandato ya viene manchado de sangre con la muerte a palos del maestro Serafín García Contreras. Lo más grotesco fue que premió a los autores materiales e intelectuales con una diputación federal, como es el caso de Elpidio Concha, y a los otros los hizo candidatos”, precisó.
Advierte el académico que con “el hecho de que haya impunidad, lo que se permite se reproduce, y esa impunidad está disfrazada con supuestas investigaciones que no son tales”.
A su parecer, la violencia está muy dirigida y tiene como propósito atemorizar. Además de los líderes políticos y campesinos asesinados, en otros casos, como el de los jefes policiacos Alejandro Barrita y Aristeo López, o el de los porros Rubén Marmolejo El Dragón y José María González Porras, “es clarísimo que el móvil es que no se sepan algunos pormenores de cómo se instrumentó la represión en 2006, quién tomó las decisiones y todos los detalles de la parte oscura del lado gubernamental, que fue cruenta e inútil porque no resolvió nada”.
Su conclusión es que “los crímenes tienen una relación muy directa con la corrupción, el autoritarismo y la impunidad como una manera de hacer política, la cual ya se vio que no funciona”.
De Juárez a Díaz
El maestro Santibáñez dice que la historia no se repite, pero algunos símbolos sí, como sucedió con Ulises Ruiz: en campaña se promovió como el Benito Juárez del siglo XXI y terminó por mimetizarse con la figura del dictador Porfirio Díaz.
Ruiz no sólo le puso el nombre de “General Porfirio Díaz Mori” al complejo de oficinas de Ciudad Judicial, sino que en 2006 utilizó procedimientos porfiristas para enfrentar a los movimientos sociales: recluyó a cuanto disidente pudo a las cárceles más alejadas de sus centros de acción. A muchos de ellos Díaz los envió al municipio de Valle Nacional o a Yucatán, mientras que Ruiz envió a los miembros de la APPO a penales de alta seguridad de Nayarit y del Estado de México.
“Yo creo que hay actitudes simbólicas. Una de ellas es la política que en el siglo XIX fue de pan y palo, y ahora se reproduce con destierro, encierro o entierro”, resume el académico.
Por si hicieran falta ejemplos, menciona a los activistas sociales Ramiro Aragón, asilado en Estados Unidos, y Raúl Gatica, que se encuentra en Canadá; así como al exlíder magisterial Enrique Rueda Pacheco, aunque él está fuera para protegerlo de quienes fueron sus compañeros, como premio por los buenos oficios que le hizo al gobernador durante el conflicto con la APPO.
Recuerda el acoso a las defensoras de los derechos humanos Yésica Sánchez Maya y Aline Castellanos Jurado, igual que a integrantes y simpatizantes de la APPO, como la doctora Berta Muñoz, la maestra Carmen López Vásquez, Alejandro Cruz, Jacqueline Hernández Almazán y Germán Mendoza Nube.
A juicio de Santibáñez, la represión generalizada “funcionó en las etapas más autoritarias del régimen priista, y aquí en Oaxaca, uno de los últimos reductos del Jurásico, de la tiranía, es emblemática”.
Durante el conflicto de 2006, la policía oaxaqueña detuvo a 502 personas y las sometió a toda clase de tortura. Pero la tónica de la administración la dan alrededor de 200 asesinados, entre los que destacan César Toimil, líder del Consejo Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec; la candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Guadalupe Ávila Salinas; el líder perredista en Ejutla, Félix Cruz Barrita; y la exdirigente del mismo partido, Beatriz López Leyva.
También se recuerdan por su impacto social las ejecuciones de Margarito Montes Parra, líder nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), el líder natural triqui Timoteo Alejandro Ramírez; el líder del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), Catarino Torres Pereda; y el reciente asesinato del máximo dirigente del MULT y del Partido Unidad Popular, Heriberto Pazos Ortiz.
Ensangrentado llegó…
Para el apoderado legal de la arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, “aquellos que llegaron ensangrentados, se van ensangrentados y llevarán siempre el oprobio del crimen y del asesinato en las manos, en el corazón y en la frente”.
El también coordinador de la Comisión Diocesana de Paz y Justicia consideró que “es demasiado sospechosa la muerte de dos líderes, como Catarino Torres y Heriberto Pazos; sin embargo, más tarde que temprano se aclararán, aún cuando las instituciones encargadas de investigar los delitos se vean rebasadas y torpes”.
No obstante, alerta: “Hay que tener mucho cuidado porque el dinosaurio está herido y tiene mucho miedo por todas las trampas y crímenes que cometió. Los coletazos son peligrosos, debemos tener mucho cuidado porque ese miedo que tienen los llevan a cometer estupideces”.
Otro prelado, el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, manifiesta que la administración saliente, “una vez que perdió la elección, dejó de gobernar y ahora no hay leyes, no hay instituciones, no hay orden, desapareció la autoridad; ahora brotan por donde quiera en Oaxaca terribles problemas sociales y hay que dar la cara”. Coincide con Mayrén: “Lo triste es que llegan manchados de sangre y falta un mes; todavía pueden hacer muchas cosas. No se vale que le pase esto a Oaxaca”.
Flavio Sosa Villavicencio, que asume el lunes 15 como diputado local del Partido del Trabajo y fue uno de los dirigentes de la APPO durante el conflicto de 2006, acusa a Ulises Ruiz de diseñar una política de terrorismo de Estado. Recuerda que para intimidar a los manifestantes, al principio de su sexenio Ruiz enviaba convoyes policiacos adelante y atrás de los contingentes. En una ocasión ordenó reprimir a unas mujeres que marchaban para conmemorar su día internacional.
Su propósito “era sembrar miedo en la lógica de Maquiavelo: si no te aman, que te teman”. Y “¿quién no va a temer a un gobierno que te desaparece, que te levanta, que te tortura? (Los priistas) actuaron más como mafia que como gobernantes; no son estadistas, son terroristas”, dice Sosa.
Antes “se decía que eran expertos en defraudación electoral, pero fueron derrotados en 2010. Lo que no hemos podido derrotar es su política de terror. Tal vez en 2006 se logró derrotar el terror con la movilización popular, aunque se mantuvieron a sangre y fuego. Ahora sólo esperamos que ya se vayan de Oaxaca porque esto es como una pesadilla”.
Sosa Villavicencio quien estuvo encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano por su participación en el conflicto de 2006, también opina que Oaxaca está en una etapa peligrosa. Explica que “el temor más grande de Ulises es verse en la cárcel, entonces trata de sembrar inestabilidad para pretender impunidad. Mandó el mensaje: cuidado, no te metas conmigo porque en cualquier momento te desestabilizo el estado”.
Otra hipótesis es que, “con los asesinatos de Catarino y Heriberto, pretende tender una cortina de humo para desviar la atención del caso Miguel Ángel Ortega Habib (su secretario de Finanzas, envuelto en un escándalo de corrupción) y ocultar el millonario desvío de recursos a través del lavado de dinero”.
Y es que, afirma Sosa, “este sexenio fue la corrupción y la impunidad, con los negocios de las constructoras, las compras de terrenos en Huatulco, en Puerto Escondido, con sospechosos proyectos, como Punta Colorada y El Secreto del Puerto, sus departamentos en Miami y España…”. Agrega que 80% de las carreteras estatales están destrozadas y los ayuntamientos están en bancarrota.
“En Oaxaca se experimentaron en este sexenio todos los modelos de combate a las oposiciones, que van desde la cooptación hasta las brigadas paramilitares, la desaparición política y la tortura, es decir, los mecanismos ensayados en la década de la guerra sucia se aplicaron durante 2006”. Para el petista, si no hay una verdadera transición democrática, lo que sigue en Oaxaca es la lucha armada.
En suma, “Ulises Ruiz debe ser juzgado por los crímenes que cometió, por el estado de desastre en que dejó a Oaxaca, por la violación a los derechos humanos como lo marcó la Corte, por los desaparecidos políticos. Pero contrariamente a nosotros, él debe tener un juicio justo, es decir, con un jurado imparcial que lo escuche y analice sus pruebas. No debería ir a la cárcel de máxima seguridad como nosotros, sin determinar su perfil criminal”.
Pero no todas las críticas provienen de las organizaciones civiles ni de los partidos rivales. Priistas identificados con el exgobernador José Murat se declararon “hartos de la corrupción, de las imposiciones y de la burbuja que secuestró al PRI” e iniciaron un procedimiento para defenestrar a su dirigente estatal y operador de Ulises Ruiz, Eviel Pérez Magaña.
Los exdiputados locales Arquímedes García Caballero y Reyna Vega, así como el exdirector de protección civil en la capital del estado, Abraham Arrazola, se refirieron así al gobernador y a su grupo cercano: el diputado federal, Héctor Pablo Ramírez Leyva; el exsecretario general de Gobierno, Jorge Toledo Luis; el coordinador de delegaciones de Gobierno, Alejandro Avilés; el coordinador del Comité de Planeación, Bulmaro Rito Salinas, y el legislador local Jorge Guerrero.
“Ellos son los que secuestraron al partido –sostiene García Caballero–, ellos son los que llevaron a que el partido cosechara esa derrota vergonzante en razón a que pierde el gobierno del estado, el congreso y los municipios más grandes y con mayor rentabilidad electoral.”
Según él, “no perdió el PRI, sino Ulises Ruiz, Eviel Pérez Magaña y la burbuja, porque hubo mucha corrupción de esta camarilla. Jamás gobernaron Oaxaca, y la prueba más clara lo conoce el mundo entero: el conflicto sociopolítico de 2006”. l
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