Distrito Federal— El semanario Zeta, de Tijuana, posee la deplorable marca de ser el medio de información más atacado, el que ha padecido mayor número de bajas: uno de sus directores y un editor fueron asesinados, así como el guardia de su fundador, que salvó la vida no obstante haber sido herido de muerte. En Ciudad Juárez, El Diario se aproxima al padecimiento del periódico tijuanense: un reportero y un fotógrafo han sido ultimados a balazos. Los editores de Zeta tienen claro, saben quiénes fueron sus agresores y sus móviles. Los de El Diario los ignoran, y por ello en un gesto de gallarda angustia preguntaron el domingo en su editorial: ¿Qué quieren de nosotros?
En un acto de honradez inusitado, de realismo frente a la incapacidad gubernamental para garantizar la vida de sus miembros, ese periódico de Ciudad Juárez se dirigió a las autoridades de facto, a quienes controlan esa población fronteriza, a esos “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”, para que expliquen “qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar, para saber a qué atenernos”.
El cotidiano juarense sufrió en noviembre de 2008 la muerte de su reportero Armando Rodríguez Carreón, conocido como El choco, asesinado a balazos en presencia de su hija de ocho años, a la que llevaba al colegio. No se sabe quién lo mató, y a esa distancia los editores de El Diario descreen que se pueda castigar a quien baleó al periodista. En su mensaje dominical se manifiestan “escépticos de que las supuestas autoridades de justicia que están por terminar su mandato nos entreguen un esclarecimiento confiable.
“Han sido tantos los ofrecimientos, tantas las promesas de que el caso se aclararía, sin que ninguno resultara cierto, que si a estas alturas nos presentaran a un presunto responsable del crimen lo primero que haríamos sería pasarlo por el tamiz de la duda”.
El 16 de septiembre, el fotoreportero Luis Carlos Santiago, de la misma redacción y de sólo 21 años de edad, fue ultimado también, y herido su compañero Carlos Manuel Sánchez. El crimen que acabó con Rodríguez Carreón y el que arrancó la vida al joven periodista ocurrieron a la luz del día, en espacios públicos, sin que la prevención policiaca tan publicitada lo impidiera y sin que la persecución ministerial alcance a quienes los perpetraron.
Ante el nuevo asesinato, El Diario se preguntó el viernes 17, en un editorial casi tan rotundo como el de dos días después, “¿A quién pedir justicia?”. La dramática interrogación era formulada desde la puerta norte de “un país en el que las autoridades han demostrado su objetiva incompetencia”, y está probada la “anuencia por omisión de los poderes establecidos” ante los poderes fácticos. De allí que insistieran en preguntar: “¿A quién le reclamamos que no lo hayamos hecho ya?”.
Por eso, el domingo ese dolido periódico fue más allá. Resolvió dirigirse a las bandas de delincuentes que tomaron a Ciudad Juárez, a las que llamó “autoridades de facto”, y a las que inquirieron “qué esperan de nosotros como medio”, pues “ya no queremos más muertos, ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones”. Denunció con fuerza “el vacío de poder que respiramos los chihuahuenses en general, en medio de un entorno en que no hay las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan desarrollar sus vidas y actividades con seguridad”.
Con honestidad, los editores de El Diario afirman en esa declaración de principios que “si bien nuestros objetivos y misión de bien informar a la comunidad siguen siendo los mismos que hace treinta y cuatro años, en este momento no le hallamos sentido a seguir poniendo en riesgo la seguridad de tantos compañeros para que sus vidas tan valiosas sean utilizadas como vehículos de mensajes, cifrados o no, entre las diversas organizaciones, o de estas hacia las autoridades oficiales”.
Al concluir el sexenio de José Reyes Baeza Terrazas, dentro de dos semanas, el cuatro de octubre tomará posesión un nuevo gobernador, César Duarte Jáquez. Dos miembros de su familia han sido asesinados a últimas fechas, por lo que ha de tener una especial sensibilidad en el combate a la delincuencia, pues el gobierno estatal no ha de permanecer paralizado a pretexto de que la criminalidad en ese estado se atribuye a la delincuencia organizada, cuya persecución corresponde a la Procuraduría General de la República. También asumirá de nuevo la presidencia municipal Héctor Murguía, quien fue denunciado política, no judicialmente por Germán Martínez, entonces dirigente nacional del PAN, de vínculos con el narcotráfico. El señalamiento, por más que no haya sido formalizado, obligará al alcalde, que ya lo ha sido, a conducirse con transparencia extrema y con mayor eficacia que la de su antecesor, José Reyes Ferriz.
Si para infortunio de todos los mexicanos, y de los chihuahuenses y juarenses en particular, Duarte y Murguía reeditaran la incompetencia de Baeza Terrazas y Reyes Ferriz, se ahondará el vacío de poder denunciado por El Diario, y se acendrará, no sólo entre los periodistas sino en la ciudadanía en general la conciencia de que no hay a quién pedir justicia y sí, en cambio, a quién demandar explicaciones en su condición de autoridades de hecho, usurpadoras del poder legítimo.
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