¿Cómo confiar en la Fiscalía Estatal? El Diario de Ciudad Juárez, Chihuahua,

El asesino de Luis Carlos Santiago Orozco, fotógrafo de El Diario victimado el jueves pasado, disparó contra él en nueve ocasiones y luego, con la misma sangre fría, siguió al otro reportero gráfico que lo acompañaba hacia el interior del centro comercial más concurrido de la ciudad, para tratar de rematarlo aunque no lo consiguió. A juzgar por la forma en que se desenvolvió, es poco probable que se trate de un aficionado que cometió su crimen impulsado por motivos personales. Al menos en El Diario no lo creemos así.

Con una velocidad vertiginosa que no se ha visto en los otros miles de homicidios que permanecen sin recibir justicia en la ciudad, la procuradora de Justicia, Patricia González, adelantó unas horas después de ocurrido el atentado, la hipótesis de que las causas estarían ligadas al entorno personal de Santiago Orozco más que a su actividad periodística.

No somos videntes para asegurar que esta presunción sea cierta porque no nos han presentado resultados concretos, pero la celeridad con que la fiscal estatal descartó el móvil relacionado con la agresión como intimidación contra la libertad de expresión de El Diario, resulta poco seria en el contexto.

En todo caso, se observa más como una intención oficial de quitarle presión al gobernador José Reyes Baeza a unos días de terminar su administración sexenal, e incluso como una justificación al caos que la funcionaria deja en la procuración de justicia en esta frontera.

No somos ariscos por sistema. Nuestro escepticismo ante esta versión oficial no deriva del hecho de que la víctima sea nuestro fotógrafo, sino porque cuando el reportero Armando Rodríguez Carreón fue acribillado el 13 de noviembre de 2008, también hubo el intento por parte de la Procuraduría de ensuciar el caso con comentarios iniciales que pretendían desvincularlo de su actividad como comunicador.

Lo más paradójico es que estas actitudes de la autoridad prejudicial se den en el marco de un nuevo esquema de justicia penal que se supone privilegia la presunción de inocencia.

Es, asimismo, poco creíble la hipótesis porque un asesinato por motivos personales no suele cometerse al medio día, en el estacionamiento de un mall tan concurrido, en las condiciones en que éste se perpetró con todo el estilo de un profesional del crimen organizado.

Bajo estas circunstancias, ¿cómo otorgarle toda nuestra confianza a una fiscalía estatal que, por ejemplo, no ha podido sustentar los cargos para evitar que cuatro presuntos homicidas de 55 personas quedaran en libertad, como lo destacó ayer este medio en su portada?

¿Con qué autoridad moral, con qué bases investigativas deslinda de buenas a primeras la Procuraduría el móvil del atentado contra Santiago Orozco de la labor periodística, si nos atenemos a que, tan sólo en esta frontera, de 2 mil 236 asesinatos que se han cometido en lo que va de 2010, sólo ha judicializado 67, apenas el 3 por ciento de los casos, y no todos han sido resueltos ni sentenciados?

Y en el mismo tenor se hallan los más de 6 mil homicidios registrados en Juárez desde que comenzó la racha violenta a partir de 2008.

Nuestros recelos parten también de la certeza de que durante casi dos años la procuradora insistió en repetidas ocasiones ante los directivos de esta casa editora que ya tenía identificado al asesino de Armando Rodríguez Carreón, y todavía es hora de que no resuelve el caso. Al parecer, una historia que se vuelve a repetir con Santiago Orozco.

De hecho, el Ejecutivo estatal Baeza Terrazas también aseguró hace dos meses, durante una reunión con periodistas en la ciudad de Chihuahua, que el homicidio de “El Choco” estaba muy cerca de ser esclarecido, “luego de una serie de acciones llevadas a cabo por las autoridades estatales y federales”. Aún estamos esperando.

El Diario reitera, por tanto, la postura emitida en su editorial del domingo pasado, de que no aceptará, ni en el caso de “El Choco” ni en el de Santiago Orozco, que se le quieran imponer “chivos” expiatorios para frenar la presión nacional e internacional que existe sobre la fiscalía en torno a los dos asuntos, y exige –por enésima ocasión– una investigación seria y profesional, apegada a la ley.

No basta con “lavarse” las manos como hizo ayer la Federación a través de su vocero Alejandro Poiré al adherirse a la “presunción” de la Procuraduría estatal, ni con la “fabricación” de culpables, como ambos niveles de gobierno podrán quitarse de encima el estigma de impunidad que la ciudad, el estado y el país se han creado en torno a su desempeño.