26 de mayo de 2010
2010-05-26
La incertidumbre lleva al subdesarrollo, es una premisa económica básica. Y no hay mayor incertidumbre que aquella en zonas donde el crimen organizado funge como autoridad en materia de seguridad y recaudación de impuestos, principalmente las ciudades del norte del país que desde antaño han sido impulsores de la riqueza para México. En estos tiempos aciagos, tanto a nivel económico como de seguridad, el país no puede permitirse perder ante los extorsionadores su más adelantado motor de desarrollo.
Juan Ignacio Gil Antón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, advirtió que la delincuencia los obligará a reducir su actividad en las regiones dominadas por el crimen organizado, “y si se llega a casos extremos, se retirará la presencia física de las aseguradoras”, dijo.
En Chihuahua, Reynosa, Ciudad Juárez, Tampico y otras ciudades del norte del país negocios de todo tipo, grandes y pequeños, reciben la exigencia de pagar “protección” o derecho de piso para los sicarios so pena de ver sus instalaciones incendiadas o a su personal ejecutado. Desde esta perspectiva el Estado tendría que reorientar sus prioridades y proteger a ese sector ya que, en caso contrario, alguien más lo hará. En otros tiempos los países extranjeros llenaban ese vacío. El riesgo hoy es que el hueco lo ocupen organizaciones paraestatales que reemplacen a las fuerzas públicas como autoridad de facto.
El tema es de mejores policías y ejercicios militares más eficaces, cierto. Pero también de instituciones gubernamentales capaces de arrebatar a los criminales el control económico y social sobre las plazas de las que se han adueñado. Porque tan alarmante es la pérdida de la facultad del Estado como único detentador legítimo del uso de la violencia, como la capacidad que debería tener para ejercer el monopolio de la recaudación de impuestos.
Ya es suficiente grave para el funcionamiento de este país ver la minúscula capacidad recaudatoria de los gobiernos como para además ceder ante los cárteles la facultad tributaria.
Seguridad para la población y certidumbre para los generadores de crecimiento económico deberían ser los ejes de una nueva estrategia contra el crimen organizado. Seguir por el camino que ya ha demostrado su fracaso significaría perder lo poco que todavía nos aleja de la barbarie.
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