La redacción de proceso.com
MEXICO, D.F., 11 de mayo (apro).- Con el argumento de que el presidente Felipe Calderón invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión al declarar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC) sin el aval del Poder Legislativo, diputados del PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra el decreto de extinción de esa empresa.
Ramón Jiménez, Banfredo Vargas y Agustín Guerrero, diputados federales del PRD, presentaron la demanda en la oficialía de partes de la SCJN.
Al salir de la Corte, en entrevista, Jiménez afirmó que Calderón se extralimitó en sus funciones, ya que, dijo, la facultad para emitir un decreto de extinción sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
Añadió que Calderón se basó en el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, no obstante que en su artículo 15 se establece que, para extinguir cualquier organismo descentralizado, se deberá seguir los mismos pasos que se dieron para su creación.
Jiménez afirmó que la creación de LFC "fue resultado del Poder Legislativo, que hizo modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el artículo 4 transitorio, que ordena al Ejecutivo la creación de este organismo descentralizado".
La presentación de la controversia constitucional se dio en el marco de una protesta realizada afuera de la SCJN por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), quienes pidieron a los ministros revisar el amparo promovido contra este decreto de extinción.
En marzo pasado, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), la Corte aceptó revisar el amparo que negó la juez primero de Distrito del Centro Auxiliar, Guillermina Coutiño Mata, contra la desaparición de LFC.
En su edición de esta semana, la revista Proceso (1749) publica un reportaje titulado “Las mentiras de Presidencia para acabar con Luz y Fuerza”, en cuyo sumario se afirma:
“Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de `seguridad nacional`. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la `corrupción` e `ineficiencia` que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas”.
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