Dirigentes del sector privado piden a senadores derogar los gravámenes avalados por diputados, pues reducen la competitividad y la recaudación fiscal, además de provocar incertidumbre bursátil
México.- En reunión con senadores, los sectores empresarial, de telecomunicaciones y otros afectados por el paquete fiscal aprobado por los diputados pidieron derogar los nuevos impuestos, al advertir que éstos disminuyen la competitividad, provocan incertidumbre en los mercados y causarán una caída en la recaudación fiscal.
Antes de comenzar la discusión formal del paquete económico, los senadores abrieron un periodo de audiencia con los sectores inconformes.
El Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente, Armando Paredes, dijo que de no haber ajustes a las minutas enviadas al Senado, con la reforma en materia de consolidación, los nuevos impuestos y los IEPS a las telecomunicaciones, México deja de ser atractivo para las inversiones y pone en riesgo la creación de empleos.
Resaltó que debido a las consecuencias de la crisis económica mundial, “es el peor momento para aplicar nuevos gravámenes en el país y además se ponen en riesgo 200 mil empleos”.
Advirtió que de aprobarse los cambios en consolidación fiscal, habrá un severo golpe directo a la bolsa y muchas empresas que tenían ganas de invertir en México desistirán de esta posibilidad, ante la incertidumbre jurídica, pues “no se vale que te cambien las reglas de la noche a la mañana, que te digan ´ahora el ISR ya no será de 28 por ciento, sino de 50 por ciento, 10 años para atrás, y ahora nos debes tanto´”.
En tanto, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios señaló que en un sondeo realizado entre 25 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se concluyó que de aprobarse tal cual el paquete fiscal dichas emisoras tendrían un pasivo de 50 mil millones de pesos el próximo 1 de enero, sin haber hecho alguna operación en el año.
Advirtieron que con lo anterior, se incumplirán compromisos con proveedores, se tendrán que renegociar adeudos y algunas compañías simplemente no podrán pagar sus impuestos.
En tanto, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Luis Fonserrada, pidió revisar y eliminar programas ineficientes del gobierno que consumen hasta 1 billón 200 mil millones de pesos, entre los que mencionó Procampo y Crédito a la Palabra; los subsidios eléctrico residencial y a la gasolina, gas LP, pensiones del IMSS e ISSSTE, entre otros.
Consideró que la iniciativa del gobierno aumenta el gasto y reduce hasta 10 por ciento la inversión en capital, lo cual es contradictorio si se considera que las principales naciones con quienes compite México aumentan el capital que destinan al crecimiento.
En tanto, Eduardo Méndez, de la Barra Mexicana de Abogados, afirmó que los cambios propuestos por el Ejecutivo violan garantías individuales establecidas en la Constitución y aumentarán el terrorismo fiscal que en los últimos años se había reducido.
La Coparmex insistió en que los empresarios podrían ampararse, mientras abogados y contadores coincidieron en que la aprobación de las nuevas medidas pueden terminar en el Poder Judicial.
Sin embargo, durante la larga audiencia que sostuvo la iniciativa privada con las comisiones dictaminadoras de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado, el Consejo de Empresas Globales —que agrupa a las principales transnacionales que generan el 10.5% del PIB— dijo que estarían de acuerdo con la consolidación, pero sin retroactividad.
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