La dependencia alertó al Ejecutivo sobre “costos inevitables” y posibles “disturbios sociales”
El documento señala que la principal carga de la empresa no es resultado del contrato colectivo de trabajo, sino la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Martes 27 de octubre de 2009, p. 3
El presidente Felipe Calderón decidió emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aun cuando la Secretaría de Energía (Sener) alertó que “los costos asociados a esta propuesta desafortunadamente son inevitables”, y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores “podría implicar riesgos inminentes a la integridad física de las personas y de sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida”.
En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que el gobierno de Calderón clasificó como reservados por uno y 12 años, respectivamente, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.
Al incluirse este factor, el costo de la operación de Luz y Fuerza se elevó ese año a 107 mil millones de pesos. En el discurso para justificar la desaparición de la empresa únicamente se ha considerado la carga económica que representa la fuerza laboral, cuando en realidad, y de acuerdo con el documento, el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales.
Los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: “La Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible”.
Calderón indica que, “previo agotamiento de los requisitos legales y reglamentarios”, decidió extinguir el organismo.
Ramírez Acuña no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida (PRI), ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.
Encargado de realizar el diagnóstico de la empresa para justificar su desaparición, Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, “no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente”.
Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa “serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes”.
En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables”.
También anticipó el inicio de procedimientos judiciales “tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza”.
El Diagnóstico de Luz y Fuerza se centra en las cargas financieras resultado del contrato colectivo de trabajo, e incluso presenta una curva del crecimiento de nuevas plazas, que comenzó a repuntar en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando había 35 mil trabajadores afiliados al SME, pero que registró su principal crecimiento en la administración de Vicente Fox, cuando había 41 mil. De 2006 a 2009, la planta laboral se incrementó en 3 mil 600 trabajadores.
Enfocado en atribuir la inviabilidad de la empresa a los beneficios laborales, el documento detalla con amplitud las prestaciones, pero omite las de los funcionarios de nivel directivo.
Incluye, por ejemplo, el apartado “Inexistencia de multifuncionalidad de los trabajadores”, donde se argumenta que, gracias a las cláusulas 10 y 17 del contrato colectivo de trabajo, todo empleo en Luz y Fuerza debe corresponder a una tarea o función productiva, lo cual permite que sólo realicen la actividad expresamente señalada en su puesto.
En ese extremo, añade: “El chofer de una cuadrilla de trabajadores no tiene entre sus funciones cambiar una llanta, si ésta se poncha, o el personal que toma las lecturas en los medidores no puede entregar recibos”.
Aun así, entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.
En este caso, informó que en 2008 la nómina, que incluye salarios más prestaciones, representó 15 por ciento del costo total del organismo, mientras que el pasivo laboral, donde se consideran pensiones, compensaciones por antigüedad, indemnizaciones y seguro sindical, constituyó 64 por ciento.
“Incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo (costo total de explotación) en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces, y como es de esperarse el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuyen a 6 y 27 por ciento, respectivamente”, explica el documento.
Zonas críticas en el DF y zona conurbada
También, el diagnóstico, de 68 páginas, identifica 22 zonas críticas en el Distrito Federal y su zona conurbada, debido a que la demanda actual o pronosticada a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución.
El anexo 7 incluye la lista de esas zonas críticas: Corredor Reforma, Benito Juárez, Coapa-Culhuacán, Pachuca, Tula, Tepeji, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Anáhuac, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, Juchitepec-Chalco, Totoltepec, San Carlos, San Cayetano, Tlaltelulco y Amomolulco.
Luz y Fuerza, resalta, no pudo cumplir con la demanda de instalación de redes y distribución de energía en el proyecto Ciudad Jardín Neza, y debió atender algunos proyectos con subestaciones móviles, con un costo de 534 millones de pesos.
“Esa solución no puede considerarse permanente, por lo que en algún momento tendrán que realizarse las inversiones necesarias para realizar inversiones en la zona de influencia de Luz y Fuerza”, indicó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario