Una franquicia rentable

JENARO VILLAMIL
La dirigencia del PVEM asegura que el partido es verde, pero cambia de color cada sexenio: lo mismo teje alianzas con los azules del PAN que con los tricolores del PRI. Y aun cuando pregona que la organización es defensora del medio ambiente, es partida-ria de la pena de muerte, lo que incluso la enemistó con sus pares de Europa. Impulsado también por
el duopolio de la televisión privada, el partido de la
familia González Torres en realidad funciona, dicen sus críticos, como una “franquicia”, tan rentable que
ahora ya es la cuarta fuerza política del país.
En febrero pasado, al tiempo que las revistas TV y Novelas y Vértigo, filiales de Televisa y TV Azteca, respectivamente, iniciaron la intensa difusión de publirreportajes del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), voceros del Partido Verde Europeo y de otras federaciones ecologistas internacionales criticaron a la organización mexicana por su propuesta en favor de la pena de muerte.
En su deslinde, el vocero del European Green Party (EGP), Phillippe Lambert, explicó: “El PVEM se ha colocado a sí mismo afuera de la amplia y diversa familia de los Verdes Globales actuando en violación a un valor básico que todos compartimos. El rechazo de la pena de muerte es compartido por todos los Partidos Verdes, incluso en países donde todavía está en vigor. El PVEM ha hecho una excepción inaceptable, y de acuerdo a eso nosotros no lo aceptamos más como parte de la familia política de los verdes”.
Sin embargo, la expulsión de facto del PVEM de los organismos proambientalistas fue ignorada por los medios nacionales, a pesar de que ese partido ya se perfilaba como la cuarta fuerza política en las elecciones del domingo 5 de julio. A su vez, los dirigentes del Verde enviaron una carta al EGP en la que arguyeron que la posición de las confederaciones europeas era “antidemocrática” y “colonial”.
Desde su origen, en 1986, el PVEM ha sido criticado por su desnaturalización y las incongruencias en el discurso de sus representantes; incluso algunos exmilitantes, analistas y organizaciones no gubernamentales comparan a ese partido con una franquicia que, administrada por la familia González Torres, se “alquila” al mejor postor en defensa de las posiciones que le reditúan popularidad y votos, aunque no coincidan con sus postulados ambientalistas.
Y ahora, con la ayuda del PRI y del duopolio televisivo, el PVEM será la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados, donde contará con 22 curules en la próxima legislatura, cuatro de mayoría relativa y 18 de representación proporcional.
De las 18 diputaciones de representación proporcional, una será para Ninfa Salinas Sada, hija del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y cinco para personas vinculadas al director jurídico de Televisa, Javier Tejado Dondé, o a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).
Son los casos, entre otros, de Miguel Orozco Gómez, suplente de Lorena Corona Valdez, asistente de Tejado Dondé que ocupa el segundo lugar de la primera circunscripción, y de Rodrigo Perezalonso González, quien encabeza la segunda circunscripción, y desde hace dos años ha trabajado con Tejado Dondé; además, ha sido representante de Televisa en el Consejo de Autorregulación de la CIRT.
Así mismo, están los hermanos Carlos Ezeta Salcedo, suplente de su hermana Mariana Ivette Ezeta Salcedo. Ambos están vinculados con el director jurídico de Televisa; lo mismo sucede con Verónica Rocío Tomás Ruiz, asistente desde hace ocho años del mismo directivo del consorcio de avenida Chapultepec y suplente de Juan Gerardo Flores Ramírez en la primera posición de la tercera circunscripción.
La “bancada verde” en realidad estará al servicio de las dos grandes empresas televisivas en lo relativo a cualquier reforma a las leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión que afecte sus intereses.

La alianza con el PRI

Pero no sólo las televisoras permitieron que el PVEM obtuviera poco más de 6.5% de la votación nacional y alcanzara 2 millones 328 mil votos, desplazando incluso al PRD como tercera fuerza electoral en 10 entidades, de acuerdo al cómputo del Instituto Federal Electoral (IFE).
La alianza con los distintos grupos de poder dentro del PRI permitió al PVEM obtener una holgada votación. De acuerdo con un análisis del Comité Conciudadano para la Observación Electoral, el PVEM incluyó en las primeras posiciones de representación proporcional “a personajes singulares, ya sea por su falta de experiencia política o por sus claros vínculos con grupos políticos y empresariales”.
En su análisis, que forma parte del proyecto Por un Congreso con rostro, el comité cita a Pablo Escudero Morales, el segundo en la lista de la cuarta circunscripción, y a Carlos Samuel Moreno Terán, quien encabeza la lista de la primera circunscripción. Ambos, arguye, están vinculados con el senador priista Manlio Fabio Beltrones; “el primero es su yerno”, mientras que el segundo fue su secretario técnico cuando el sonorense fue gobernador de su estado, anota el análisis.
Así mismo, menciona a Carolina García Cañón y a su suplente, Alejandro del Mazo Maza, quienes ocupan el segundo lugar de la quinta circunscripción que están “relacionados con el gobernador del Estado de México”, Enrique Peña Nieto. Otro caso es el de Soraya Pérez Murguía, exfuncionaria de Peña Nieto, suplente de Gustavo Juárez García, en la posición tres de la tercera circunscripción.
En las elecciones locales del Estado de México, el PRI local firmó un convenio de coalición con el PVEM que permitirá al segundo partido compartir prácticamente el control del Congreso estatal, en el que tendrá una cómoda mayoría de 59 de los 75 legisladores.
De hecho, los tres diputados locales plurinominales del Verde son exfuncionarios de los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto; Miguel Sámano fue secretario particular de Montiel; Francisco Funtanet fungió como secretario de Desarrollo Económico en las dos administraciones, y Adrián Fuentes es del grupo de Peña Nieto.
A nivel federal, de los 39 distritos ganados por el PRI, 30 fueron en coalición con el PVEM, incluidos los del exmandatario mexiquense Emilio Chuayffet; del exsecretario de Gobierno en esa entidad, Manuel Cadena Morales, y del exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Otros priistas a los que apoyó el Verde son el jalisciense Jorge Arana Arana y Pedro Joaquín González, hijo del exgobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell, actual presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI.
El apoyo del PRI fue importante para el repunte del Partido Verde en cuatro entidades donde rebasó 10% de la votación: Aguascalientes (12.77%), Guanajuato (11.79%), Baja California Sur (11.34%) y Chihuahua (11.16%).
El Comité Conciudadano también destaca que el PVEM “fue el único que negó rotundamente” la información curricular y los datos de contacto de sus candidatos a diputados federales. El argumento fue “que ni el Cofipe ni su normatividad obliga a los precandidatos y candidatos a presentar su currículo”, explica el informe del comité, elaborado el pasado 10 de junio.

Un historial polémico

Desde su origen, el PVEM ha sido criticado por su condición de “negocio familiar”: sólo ha tenido dos presidentes: Jorge González Torres, político de orígenes priistas, y su hijo Jorge Emilio González Martínez, quien tomó el mando del partido en 2001.
Al principio, el Verde recibió el apoyo del sacerdote Emilio González Torres, quien fue rector de la Universidad Iberoamericana y hombre cercano al exarzobispo de la Ciudad de México, Ernesto Corripio Ahumada; también fue presidente de la Fundación de Acción Comunitaria (FAC), organismo creado en 1985 a raíz de los sismos en la Ciudad de México para canalizar la ayuda internacional dirigida a los damnificados.
En los comicios de 1991, las primeras elecciones federales en las que participó como Partido Ecologista Mexicano (PEM), 40% de los candidatos provinieron del FAC. El secretario de Acción Electoral del PEM fue Heriberto Quintana, hombre de las confianzas del sacerdote González Torres, quien desplazó a Gabriel Sánchez Díaz, dirigente de los verdes en la Ciudad de México e incómodo para los González Torres.
El desplazamiento de Sánchez Díaz provocó el primer cisma en el partido. Los disidentes a la línea de González Torres, agrupados en Juventud Verde, denunciaron que, desde finales de abril de 1991, 10 “delegados especiales” enviados por la Secretaría de Gobernación del salinismo intervinieron en el partido con el objetivo de afianzar el control de Jorge González Torres.
En la edición de Nexos de abril de 1992 Jorge Fernández Menéndez escribió sobre este asunto y citó los testimonios de varios dirigentes de Juventud Verde: Alejandra Viveros Lomelí y Gabriel Malvido, así como los de José Arias Chávez, del Pacto de Grupos Ecologistas, y de Regina Barba, de la Asociación Ecológica de Coyoacán.
A su vez, Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna Plaza Pública del 27 de enero de 1992, advirtió que los 10 “delegados especiales” enviados por Gobernación “procedieron a organizar la documentación para los registros de candidaturas, y hasta incluir candidatos en los lugares faltantes… De no ser por esos enviados, el partido no hubiera podido satisfacer los requisitos que la ley demanda para aquel propósito”.
Desde entonces, la vida interna del Verde ha sido dominada por la familia González Torres y sus allegados. Sus finanzas internas son el secreto mejor guardado, a pesar de que en 2009 contaron con un financiamiento público de 304 millones de pesos. Para 2012 la cifra puede rebasar los 400 millones de pesos.
Los devaneos políticos del PVEM han sido ampliamente documentados. En las elecciones presidenciales de 1994, por ejemplo, Jorge González Torres contendió con las siglas del partido y obtuvo el registro; en 2000 buscó una alianza con Vicente Fox, que rompió luego de que el panista no lo incluyó en su gabinete; en 2006 dio la voltereta y se alió con el PRI y su candidato presidencial, Roberto Madrazo.
Ahora, los conocedores de los entretelones del PVEM advierten que ese partido se prepara para apoyar desde la Cámara de Diputados al duopolio televisivo; para 2012, según los pronósticos, puede ser “bisagra” para garantizar la candidatura de Enrique Peña Nieto, su principal apoyo político y financiero.