¿Qué ocurre en nuestro país que nos tardamos 15 años en descubrir que el programa más importante de apoyo a la producción agropecuaria, la estrategia estrella para mejorar la productividad en el medio rural, resultó un fracaso? ¿Cómo es posible que en ese tiempo se hayan entregado cuantiosos recursos, provenientes de los impuestos de los contribuyentes, para terminar beneficiando a los productores más acaudalados? ¿Cómo es que dineros públicos destinados a elevar la calidad de vida de los campesinos pobres no lograron tener un impacto positivo?
La primera respuesta a estas tres preguntas se relaciona con la manera en la que intereses mezquinos vinculados al agro consiguieron secuestrar los subsidios y los apoyos públicos para su beneficio personal. En México somos testigos recurrentes de cómo unos cuantos se adueñen de rentas que deberían pertenecer a todos. Sin embargo, esta explicación no alcanza para entender la negligencia que dio tan larga vida a Procampo.
La otra respuesta a estas interrogantes se halla en el muy pobre sistema de evaluación sobre el uso y destino de los recursos públicos prevaleciente en el país; también en la incapacidad para medir y corregir puntualmente el desempeño de las políticas; y, finalmente, se relaciona con el muy débil sistema de rendición de cuentas que aún padecemos. Sin seguimiento, oportunidad para realizar ajustes necesarios ni responsables definidos, estos programas quedan a merced de sus propias fallas y de actores rapaces.
Sería afortunado que esta experiencia con Procampo nos ayudara a replantear, para los próximos 15 años, un futuro más aceptable y más prometedor para los campesinos que, en su gran mayoría, hoy nutren las filas inmorales de la marginación mexicana. No es un asunto menor de fontanería del Estado. Se nos va en ello la supervivencia de muchos millones de compatriotas.
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