La columna de Julio Hernámdez

Astillero
El violín (otra vez)

Ataques militares en Guerrero

Cadetes a la “guerra”

Julio Hernández López

DESALOJAN EDIFICIO DE LA CNDH. Ayer fue desalojado el edificio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que se recibió una llamada sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo. Tras el incidente, el ombudsman José Luis Soberanes Fernández decidió cambiar la sede para rendir un informe sobre secuestros de indocumentadosFoto María Luisa Severiano
La coartada de la presunta lucha contra el narcotráfico ha llegado ya al previsto escenario del castrense control social de brotes de insurrección. La semana pasada, durante cuatro días, medio millar de soldados mantuvieron durante cuatro días bajo control un par de comunidades de la Tierra Caliente, en Guerrero (en las que viven apenas unas decenas de personas), en abierta violación de preceptos legales y humanitarios y en una clara reinstauración del modelo de guerra sucia que contra disidentes vivieron México y otros países de Centro y Sudamérica en décadas pasadas. La “jornada de horror”, como la definió Marlén Castro, reportera de La Jornada Guerrero en su edición del domingo, comenzó el martes 9 y terminó el sábado 13, cuando una misión civil de observación, formada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), miembros de organizaciones estatales y reporteros llegaron a Puerto las Ollas, que junto con Las Palancas, ambas en Coyuca de Catalán, habían sido tomadas durante esos días por militares en busca de armas y grupos armados, específicamente del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y del llamado comandante Ramiro, cuyo nombre sería Omar Guerrero Solís, quien organizó una conferencia de prensa desde la clandestinidad rural el pasado 31 de mayo y cuyas palabras llegaron a ser difundidas en el programa de Denise Maerker en Televisa.

Los reportes conocidos por la mencionada misión civil hablan de la tortura específica de dos personas, allanamiento de casas, colocación de cuchillos en la garganta de tres mujeres para que dieran información sobre el paradero de sus esposos; robos, amenazas y “siembra” de semillas de amapola, uniformes y armas. Según las denuncias, los soldados entraron a esas pequeñas comunidades gritando “¡Viva Rogaciano!”, lo que fue entendido en relación con Rogaciano Alba Álvarez, ex alcalde de Petatlán y líder de la unión estatal de ganaderos que ha sufrido ataques en su persona y familia supuestamente cometidos por bandos contrarios en el negocio del narcotráfico. A ese Rogaciano se le entiende vinculado con el cártel de Joaquín Guzmán, El Chapo.

La decisión calderonista de lanzar a los soldados mexicanos a reprimir sin consideración legal alguna (un adelanto del estado de excepción que pretende el felipismo le sea autorizado o tolerado) se da apenas unos días después de que se conociera el contenido de un libro escrito por el general de división retirado Antonio Riviello Bazán, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el cual advierte que “el Ejército y la Fuerza Aérea han pagado un precio muy alto por una democracia que no les sirve, por un sistema de gobierno que los ha usado de manera desleal para legitimar sus desaciertos o sus ambiciones”. Las consideraciones del general, dadas a conocer por el especialista en asuntos de las fuerzas armadas Javier Ibarrola en su columna publicada en Milenio, tocan fibras altamente sensibles en ese ámbito castrense, donde cada vez con mayor frecuencia y con menos sigilo se analiza críticamente la conducción nacional que ejercen Calderón y su peculiar grupo de íntimos. Esas fuerzas armadas, señaló el mencionado divisionario, “no pueden ni deben (...) estar confiadas a los errores y aciertos de quienes, por voluntad de los ciudadanos, hoy ejercen el poder y mañana no. Deben entender que el liderazgo no emana de la ciega obediencia hacia una persona. Se debe hacer algo de manera urgente. Sólo en el marco de una democracia verdadera es posible conciliar los conflictos sin la fuerza y la violencia”.
Ese contexto de inquietudes crecientes de los mandos armados (no necesariamente de la alta burocracia sexenal, sino del cuerpo de oficiales en general) se ha agravado con la extraña decisión de enviar este sábado al norteño triángulo dorado del narcotráfico (Sinaloa, Chihuahua y Durango) a cadetes de todos los planteles educativos militares (10 compañías, más jóvenes de nuevo ingreso). Un conocedor de esos entretelones, ya en el retiro, comentó a esta columna que recurrir a “muchachos sin experiencia”, que están “estudiando, por ejemplo, medicina, información, ciencias de guerra, transmisiones” y lanzarlos a la sierra a erradicar manualmente plantíos de mariguana y opio podría derivar en “una desgracia”. Sería, dijo, “una irresponsabilidad del alto mando” colocar a los jóvenes como “carne de cañón”, como si de lo que se tratara fuera de empeorar las cosas para así justificar un mayor endurecimiento militar. La “guerra” contra el narcotráfico no tiene mayor sentido que “posicionar a la gente del cártel de Sinaloa como los número uno en la distribución de droga en México y Estados Unidos, con un abierto favoritismo para esa organización, a cuyos verdaderos líderes no se les puede detener ni sus pistas de aterrizaje cerrar”. En el Ejército, según esa fuente, “también hay hartazgo por los errores diariamente cometidos en el gobierno del país”.

Mientras tanto, en Arcelia, Guerrero, hay dolor colectivo por la muerte de un sacerdote y dos seminaristas a manos de todavía nadie sabe quién, si acaso narcos sin brújula o con ella. Un lector de esta columna informó al respecto: “el padre Habacuc Hernández Benítez ha sido el más querido de que se tenga memoria en la diócesis de Ciudad Altamirano. Era el encargado de las vocaciones desde hace cuatro años. Incursionaba por rancherías y poblaciones, carreteras, brechas, caminos, atajos. Lo asesinaron junto con dos jóvenes seminaristas de 14 años de edad que lo acompañaban. ¿Lo habrán confundido con grupos contrarios? Miles y miles de calentanos de la zona limítrofe de Guerrero, Michoacán y estado de México estamos más que dolidos por lo sucedido; pareciera que ya nos hubieran asesinado a todos en la diócesis”.

Desde el cielo de la música, donde diariamente ha de emprender con paciencia la tarea de ajustar al muñón de una de sus manos el arco para tocar su violín, don Ángel Tavira podría preguntarse si esto se está acabando o comenzando. ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx