Diputados del blanquiazul aprenden en su plenaria a usar programas sociales

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de febrero. Confeccionada mediante el intercambio de correos electrónicos, la agenda legislativa de los diputados del PAN se redujo a un catálogo de temas generales que esperan “se traduzcan en iniciativas” y, por tanto, en los dos días de trabajos de su reunión plenaria la bancada se enfocó en aprender a utilizar electoralmente los programas sociales.

El subcoordinador de la diputación panista, Adrián Fernández Cabrera, aseguró que la agenda “no es más que la intención de orientar el trabajo legislativo”, y sostuvo que su partido está en un doble juego, ya que la recta final de la 60 Legislatura coincide con las elecciones y está obligado a “defender los logros” del panismo y, si es posible, lograr consensos en la Cámara.

La indefinición sobre los objetivos específicos de su agenda llevó, inclusive, a contradicciones en el grupo parlamentario. Ayer, por ejemplo, el coordinador Héctor Larios –quien reveló el intercambio de correos para definir la agenda– aseguró que no hay tiempo para una reforma laboral, pero hoy se incluyó como aspiración “impulsar una iniciativa que contribuya a mejorar la productividad y la competitividad del país”.

Consultado sobre los alcances de este deseo, Fernández Cabrera aseguró que “no pretendemos modificar toda la Ley del Trabajo”, sino sólo “flexibilizar el tiempo de la jornada laboral”, pero no pudo abundar.

Con la misma ambigüedad respondieron los panistas al presentar su agenda, que incluye sólo enunciados en dos páginas, cuando se les preguntó sobre los alcances de su interés de acotar los salarios de los funcionarios públicos, de modificar el esquema de ahorro para el retiro y “ampliar las atribuciones del Banco de México, buscando su participación en el fomento del desarrollo y crecimiento del país”.

En el caso de reducir los sueldos de los funcionarios, tema que el blanquiazul ha frenado en San Lázaro en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se estudia una minuta del Senado al respecto, Fernández Cabrera tampoco pudo explicar hasta dónde se acotarían las percepciones de los tres poderes de la Unión, y únicamente aseguró que “es interés del PAN tener una regulación”.

Otro de los puntos que el PAN ha rechazado es el de acotar –como ha propuesto el PRI– a 10 por ciento el monto que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) puedan invertir en valores en el extranjero, pues actualmente es hasta de 20 por ciento y ello ha causado una pérdida de 50 mil millones de pesos en el ahorro de los trabajadores.

En su “agenda”, los diputados de Acción Nacional buscarán: “establecer las disposiciones que garanticen la preservación de los niveles del ahorro para el retiro y los protejan contra la inestabilidad financiera”.

Cuestionado respecto de si la intención del PAN busca acotar las inversiones en el extranjero de las Afore, y si la reforma vinculada al Banco de México busca ampliar sus facultades para que la institución pueda regular las tasas de interés que cobra la banca comercial, el diputado panista arguyó que la lista difundida hoy sólo “incluye los temas que traduciremos en iniciativas”.

Además, la “agenda” panista incluye reformas que no se han concretado en los primeros dos años y medio de la legislatura, por falta de consenso con los otros partidos, que las han rechazado.

Así, los diputados incluyeron en el rubro “blindaje para la economía de las familias”, “impulsar la competitividad en el sector telefónico del país”, que se refiere al dictamen ya rechazado de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que pretende abrir a compañías extranjeras la participación en telefonía fija, modificación que, de acuerdo con el PRD, busca beneficiar a la española Telefónica, que en México representa el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz.

En el rubro de seguridad, los panistas esperan “regular las facultades de investigación de los delitos por parte de las policías”, tema que está propuesto en las iniciativas del Ejecutivo para constituir una policía única, y “establecer la prisión vitalicia para delitos graves, incluido el secuestro”, que también forma parte de una propuesta gubernamental en estudio en comisiones.