Manu Dornbierer. Nosotros los "calumniadores

Nosotros, los “calumniadores”.
Sábado, 15 de Noviembre de 2008 03:00
Manú Dornbierer
Satiricosas

Cuando Calderón atrajo al Gabinete a su íntimo Juan Camilo Mouriño, un reportero le preguntó ¿Por qué Gobernación? A lo que contestó: “Porque sabe mucho de energía”. Pero no lo nombró Secretario de Energía. Obviamente decidió darle oficial acceso al poder para sacar adelante su reforma petrolera privatizadora.
En efecto, Mouriño sabía de energía, sabía cómo utilizar a PEMEX. Su familia se enriqueció con el petróleo de México desde tiempos de Fox y Juan Camilo conocía el verdadero estado de privatización en que ya se encontraba la paraestatal. Le urgía a Calderón que el Congreso legalizara esa alta e ilegal privatización ya existente desde varios sexenios. No sólo la futura. ¡Y Mouriño su cometido: sacar adelante la reforma entreguista no obstante las protestas de los “calumniadores” contra su presencia en Bucareli! El PRIAN ya era pan comido y finalmente pudo lograrla con la compra-venta de la sección Chucherías del PRD, hoy avalada como “decente” por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se puede despedir de su credibilidad para las elecciones del 2009.
La verdadera situación de PEMEX se dio a conocer esta semana tras la muerte de Mouriño y su grotesca conversión automática “en santo y en héroe de la patria” por un Felipe Calderón comprensiblemente adolorido, pero poco consciente de la lealtad y la veracidad que le debe a México, el país que a fuerza quiso gobernar y al que no le cumple.
Fue la secretaria de Energía Kessel la que, fresca como lechuga, reveló el enorme ilícito en que han vivido los dos gobiernos panistas y anteriormente sus cómplices priístas, por lo menos desde Carlos Salinas y su operador del Sureste, Carlos Medina Plascencia. En el foro empresarial, cumbre de negocios que se acaba de realizar en Monterrey la otra capital (prianista) del país, la titular de la SENER dijo: “Alrededor de 70 por ciento de las actividades de PEMEX en exploración y producción ya las realizan otras empresas”.
Por lo visto, la señora no ha leído ni lo esencial del Artículo 27 de la Constitución que señala clarísimamente. “… Sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de lo hidrocarburos…”. Menos aún pudo leer el inciso XX del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que ostensiblemente violó el secretario de Gobernación y que a la letra dice: “Todo servidor tendrá las siguientes obligaciones: XX.-Abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
El olvidadizo Calderón no registró el hecho de que el propio Mouriño confirmó a Joaquín López-Dóriga el 6 de marzo de este año, que en el 2004 firmó contratos como apoderado de la empresa Transportes Especializados Ivancar S.A. de C.V. cuando era funcionario de la Secretaría de Energía.
La revista Contralínea, que dirige el periodista Miguel Badillo, en su aparición de la 2ª quincena de febrero publicó los contratos de Mouriño. Luego los políticos se apoderaron de la info sin siquiera darle las gracias al investigador-“calumniador” que encontró los documentos. Así son los políticos. Quieren todo el crédito para ellos. El 24 de febrero del 2008 López Obrador acusó a Juan Camilo Mouriño de haber cometido tráfico de influencias al haberle otorgado a empresas de su familia contratos de PEMEX firmados en el 2003 y el 2004 por él mismo, como representante legal de la empresa de su familia –Grupo Energético del Sureste– siendo diputado federal, asesor y después subsecretario de Electricidad de SENER en el 2003 y el 2004.
[]El 29 de febrero Mouriño rechazó las acusaciones []calificándolas de inmorales y dolosas y declaró que no debatiría con sus detractores. Dos semanas después []reaccionó y reconoció el 6 de marzo que sí firmó los contratos. El día 10 de marzo AMLO y Convergencia dieron a conocer dos contratos más. El 11 de marzo Mouriño decidió responder a las acusaciones. Y aunque ningún partido o personaje presentó (ojo) denuncia formal, se integró [][][]en la Cámara de Diputados la comisión investigadora del caso (sin diputados del FAP). Se designó presidente al diputado del Verde Ecologista, Antonio Xavier López [. ]El 13 de mayo la Comisión presentó formalmente sus conclusiones, exonerando al confeso Juan Camilo Mouriño de haber cometido tráfico de influencias, estableciendo que se condujo “en apego a Derecho”. []Curiosamente, el diputado Antonio Ortega Martínez, hermano de Jesús Ortega, hoy entronizado por el Tribunal Electoral como jefe del PRD, es el Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Muy confiable el calderonista PRD-Chucherías, como vemos. Pero es justo señalar que el 6 de junio otros diputados perredistas, Aleida Alavez Ruiz y Alejandro Sánchez, presentaron ante la Procuraduría General de la República una nueva denuncia contra Juan Camilo Mouriño por los delitos de tráfico de influencias y uso indebido de funciones. Sólo que la PGR está a las órdenes del presidente en turno. P[]ara “calumniar” a Mouriño y llamarlo “saqueador confeso de PEMEX”, me basé y me baso -su muerte no cambia su pasado-, reproduzco un análisis jurídico sobre la situación del secretario de Gobernación de Calderón, que publiqué el 25 de marzo del 2008, en mi espacio Satiricosas. Provino del jurista taxqueño Raúl Domínguez, ex magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guerrero y actual secretario de acuerdos de la Sala Superior en el Tribunal homólogo del DF. (Ojo, Tribunal Electoral).
Juan Camilo Mouriño debe salir cuanto antes de la Secretaría de Gobernación, pues siendo entonces él diputado federal y asesor áulico del secretario de Energía, Mouriño se encontraba obligado a abstenerse de contratar con un organismo público como PEMEX; obligación que hasta el 2002 se la imponía el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y desde ese año se la impuso otra vez el artículo 8 de la diversa Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ídem, así como el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Sevicios del Sector Público.
Al promover o gestionar la tramitación de un negocio público y firmarlo como contrato en el 2000 y reincidir en el 2004, lleva a cabo una indebida conducta continuada e ininterrumpida, que prohija la ilicitud de tal contratación, actualizándose con esa gestión y firma la conducta penal tipificada que prevé el artículo 221 fración I del Código Penal Federal, cuyas sanciones consistirían en: multa, destitución e inhabilitación y prisión de 2 a 6 años y se trata de “tráfico de influencia”.
Considerando que entonces Iván gestionó y firmó esa ilícita contratación de un negocio público, la ganancia que obtuvo también se encuentra afectada de ilicitud; obtención que a su vez conlleva el ilegítimo aumento de su patrimonio, aumento que tipifica el delito previsto por el artículo 224 del Código Penal Federal, que es sancionado con prisión de dos a 14 años si el monto excede del equivalente a 5 mil veces el salario mínimo diario vigente en el D.F., así como con multa, destitución e inhabilitación, además de que el dinero obtenido se decomisa en beneficio del Estado mexicano, pues se trata de “enriquecimiento ilícito”.
Si al desempeñarse como diputado federal y servidor público en la SENER, Juan Camilo realizó ese acto jurídico, que produjo beneficios económicos a él y a sus ascendientes, así como a sus hermanos, también se actualiza otra conducta penal, específicamente que prevé el artículo 220 fracción I del Código Penal Federal y es un delito tipificado como “ejercicio abusivo de funciones”, que se sanciona con multa, destitución e inhabilitación y con prisión de dos a 12 años cuando la cuantía de la operación exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el DF.
Dado que en esos ilícitos contratos intervienen servidores públicos de PEMEX y de la Secretaría de Energía, como lo era Juan Camilo (a) Iván en ésta y siendo diputado presidente de la Comisión de Energéticos, comete con sus homólogos el delito previsto por el artícuo 216 del Código Penal federal, que se denomina “coalición de servidores públicos”, que se sanciona con multa, destitución e inhabilitación y prisión de dos a siete años.
La estulticia, codicia e impericia de Iván al representar a su empresa Ivancar siendo servidor público, lo llevan ante 40 millones de televidentes, a estar confeso de su grave y dolosa conducta ilícita en forma reincidente, con la cual comete varios tipos penales según disponen los artículos 9, 11 y 18 del Código Penal Federal; por tanto el sujeto de marras no alcanzaría libertad bajo fianza de ordenarse su aprehensión, ya que incurre en la figura jurídica sui generis que se denomina concurso de delitos, por todo lo cual y cuanto antes se debe procurar por quien tiene el interés jurídico para representar a la Nación si no quiere ser encubridor, que se consigne ya tal delincuencia organizada ante un juez penal federal, para que a su vez se incoe el juicio político contra un sujeto que delinque con premeditación, alevosía, ventaja y traición a la Patria, porque siendo diputado del Congreso Mexicano ostenta un pasaporte de la Corona Española, con el cual acredita sumisión a un gobierno extranjero en plena guerra por el petróleo de Mexico, un país republicano que hace 198 años se independizó de la Monarquía de España” .
Se desplomó el Learjet 45, matrícula XC-VMC en el cruce de Paseo de la Reforma y Anillo Periférico (DF) a 50 metros de la fuente de Petróleos Mexicanos que no se dañó. Se empeñan demasiado el gobierno y el embajador Tony Garza en la tesis del accidente, cuando el emblemático sitio del desastre inspira otras reflexiones. Por ejemplo, en qué podrían sentir los petroleros Bush, que hace 20 años pactaron con los presidentes neoliberales mexicanos el deterioro sistemático y la consecuente privatización a su favor de Pemex, al ver al representante de la compañía española Repsol, prácticamente dueño de México. En fin sólo elucubrando aunque me lo prohíba Calderón.
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