Responsabilidad y dudas
Ayer, a diez días del desplome del avión Learjet 45 en el que viajaban el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Juan Camilo Mouriño; el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y siete personas más, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, afirmó que, según reportes preliminares, el suceso se debió a la turbulencia generada por un avión Boeing 767, de 175 toneladas, que precedía a la aeronave siniestrada, y a la falta de pericia y familiaridad de los tripulantes con el funcionamiento de su instrumental, atribuibles a “presuntas deficiencias en el proceso de certificación y operación” del piloto y el copiloto. Asimismo, el funcionario subrayó, como ha venido haciendo desde el pasado 4 de noviembre, que no hay indicio alguno de sabotaje.
Por su parte, la Procuraduría General de la República aseguró ayer mismo que se investigará al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, empresa que obtuvo, a finales del año pasado, la licitación convocada por la SG para, entre otras cosas, hacerse cargo del mantenimiento de la aeronave accidentada, tener en regla la documentación técnica legal de ésta y proporcionar la tripulación debidamente capacitada y acreditada.
Los asertos de Luis Téllez resultan sumamente preocupantes porque revelan el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los altos servidores públicos durante sus vuelos, y apuntan a un factor de alarma para la seguridad nacional. No puede entenderse, de entrada, por qué el gobierno federal concesiona a particulares las tareas de transportación aérea del segundo funcionario en importancia del gobierno federal, máxime cuando la circunstancia que se vive en el país –el entorno de alarmante inseguridad, en particular– demandaría, por elementales razones, que la responsabilidad sobre la vida del titular de la SG recayera en personal capacitado, perteneciente al propio aparato estatal e incluso subordinado al mando castrense, como ocurre con el personal del Estado Mayor Presidencial asignado para la protección del propio Mouriño en tierra.
En segundo lugar, al alegar la impericia de los pilotos, el gobierno federal no puede soslayar una responsabilidad de su parte. Es esclarecedor que en las bases de la licitación para el “Servicio de mantenimiento integral de la aeronave Lear Jet 45” haya quedado asentado que “la convocante (en este caso, la SG) será quien valide a la tripulación para cada vuelo”. La pregunta obligada es, entonces, si la dependencia efectuó la validación que tenía el deber de hacer y, en caso afirmativo, si lo hizo con el rigor que sería de esperarse. Adicionalmente, quedan por aclarar las presuntas irregularidades en los trámites de los procesos de compra y licitación de los servicios del avión siniestrado. Una investigación exhaustiva y satisfactoria demanda la atención puntual a tales consideraciones.
En suma, el hecho de que hasta el momento los resultados de las pesquisas permitan descartar la hipótesis de un atentado en contra de alguno de los funcionarios públicos fallecidos no debiera prestarse para que las autoridades abandonen su tarea de esclarecer de manera cabal, puntual y transparente los puntos oscuros que aún persisten en torno a los hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre.
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