La reforma energética votada el jueves por una gran mayoría en el Senado y celebrada como gran triunfo, será una victoria pírrica para México, si se convierte en ley.
Según una de sus acepciones en el diccionario de la Real Academia Española, pírrico es “lo insuficiente, especialmente en proporción al esfuerzo realizado”. El documento aprobado y aplaudido con fanfarrias como si con él México hubiera dado al mundo ese invento llamado democracia, peca por omisión. Tiene razón Andrés Manuel López Obrador y me satisface más opinar libremente que el temor, no lo tengo, a ser calificado de su partidario por el solo hecho, ese sí democrático, de darle tiempo en mi noticiero de radio y en este espacio impreso, cuando todos los medios, con excepciones tan escasas como honrosas, se unifican en la descalificación y la injuria.
López Obrador pide que se integre una séptima fracción al artículo 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, sección cuarta, capítulo “modalidades” especiales de contratación. Propone agregar: “No se suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”. Tiene razón.
Hagamos un poco de historia. El conflicto (Bucareli del 14 de abril) empezó al anunciarse que el presidente Felipe Calderón presentaría un proyecto de reforma energética esperado y desconocido. Días antes, para ablandar a la opinión pública, empezó en televisión una cápsula de cinco minutos con versiones distintas, una para exportación y otra para consumo nacional en la que era disfrazada la intención de privatizar partes esenciales de Pemex con el verbo fortalecer. Un periodista preguntó qué pasaba y el señor Calderón contestó: “Ya veremos”. Antes de que el periodista dijera gracias, un empleado de la Secretaría de Energía entregaba al Senado un documento de 12 temas y el presidente Calderón subía al carrusel de los noticieros. Se abría un debate condicionado a que el Congreso aprobara el documento antes de que terminara el mes. Para evitarlo, Andrés Manuel López Obrador tomó las tribunas, impidió los trabajos, clausuró las dos cámaras.
Gracias a esa decisión, discutible pero eficaz, los legisladores se dieron cuenta de que el debate merecía más tiempo que las sobremesas de dos fines de semana de abril (Bucareli 21 de abril). El FAP propuso 120 días. El senador Beltrones aconsejó 50. El FAP reviró con una sota que se sacó de la manga: vamos haciendo un referéndum, como si fuera “enchílame otra gorda” y las gordas tuvieran un sustento jurídico del cual carecen en la legislación mexicana. Fue entonces que el senador Creel ofreció un toro de regalo llamado “tercera vía”: la duración del debate no debe tener plazo fijo, nada de 120, nada de 50, los días que sean necesarios, sin límite de tiempo, para “tener un buen programa que le sirva al Senado para su dictamen. En consecuencia, estamos abiertos a ese diálogo y a esa negociación” dure lo que dure.
La discusión duró ocho meses. No se le permitió a AMLO hablar en el Senado para corregir la omisión que al abrir puertas a la humedad anuncia la destrucción de los muros que pretende proteger. López Obrador hizo lo que mejor sabe hacer: salir a la calle a convencer a la gente. Con sus partidarios intentó impedir la sesión, efectuada en sede distinta a la habitual de los senadores. Fracasó en su intento. Sus estratagemas son conocidas, la policía las conoce, pero tuvo que ser el mero jefe de jefes federales en que al frente de mil 200 granaderos estableciera lo que alguien llamaría el orden. Los miembros de su partido no apoyaron a López Obrador. Le pregunté a Carlos Navarrete, coordinador de los senadores del PRD, por qué. “Cada quien en su campo modula su discurso y lo endurece en función de sus circunstancias. Nosotros somos partidarios de que el trabajo legislativo con el diálogo, con la negociación política, son los instrumentos que nos da la ley y la representación que tenemos, avance y Andrés Manuel está en su papel endureciendo el discurso desde la plaza, porque es lo que corresponde para que contribuya a lo que hacemos nosotros en el Senado”.
Me dijo el senador Santiago Creel que el agregado propuesto por Andrés Manuel no es necesario porque una idea similar priva en el contenido aprobado. Supongamos que así sea, no hallo en qué perjudica una reiteración expresa que daría a la ley más claridad, cualidad indispensable de toda ley bien hecha. Todo el pleito es por ese párrafo. La obstinación en no agregarlo provoca sospechas que en este caso son más que justificadas. Porque no olvidamos al maestro Eduardo García Máynez. El que hace la ley hace la trampa.
martes, 28 de octubre de 2008
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