Asimetrías : F. Fernández Ponte

Mientras haya descontento, éste tendrá abanderados, llámense como se llamen, lo que no toman en cuenta los legisladores del PRIAN --y sus adláteres, los partiditos políticos de origen y práctica mercantilista-- quienes creen que el petróleo mexicano es un bien comercial que pueden rematar al mejor postor, para obtener jugosas comisiones.

Por Fausto Fernandez Ponte


I

Lo que se ha dado en llamar la batalla por el petróleo --o por Petróleos Mexicanos-- parece haber llegado a un punto de quiebre al existir, al parecer, acuerdo por impedir la privatización del beneficio o aprovechamiento industrial y contratos de riesgo.

Señálese que ese acuerdo acerca de las reformas a la Ley Orgánica de Pemex es informal y se traducirá en concreción legal sólo si se refleja en un dictamen de comisiones y si se votare en consecuencia en el pleno legislativo en la semana que corre.

El acuerdo informal --y diríase aparente-- en torno al contenido de la que sería la nueva Ley Pemex deviene, sábese, de los empeños persuasivos y negociadores de las bancadas de los partidos políticos del Frente Amplio Progresista.

¿Qué indujo a las bancadas de los partidos de Acción Nacional y Revolucionario Intitucional a persuadirse de los enunciados de las propuestas del FAP y adherirse a un acuerdo en torno a ellas? ¿Temor a una toma de tribunas? ¿Miedo al costo político?

Sospecharíanse móviles tácticos: simular que se accede a las demandas del FAP --darle a éste atole con el dedo o "dar el avión"-- y, luego, al votar en comisiones y más tarde en el pleno desconocer el acuerdo y traicionar sus premisas.

Los prístas tienen muy presente el costo político, que en términos electorales podría ser muy alto. Olfatean una victoria comicial abrumadora en 2009 y recuperar el control de la Cámara de Diputados. Optan por la vieja práctica de la simulación.

II

Menciónese por otro lado que ese acuerdo del PRIAN con el FAP fue dictado, en gran medida, por la movilización popular de defensa del petróleo. Esa movilización detonó debates intensos en los cenáculos de la política y en la opinión pública.

La movilización tiene, como también sábese, un organizador y abanderado, Andrés Manuel López Obrador, cuyo reformismo en materia política está orientado a lograr objetivos de alcanzar cierto bienestar social, opuesto al particular o empresarial.

Por supuesto, aclárese, el señor López Obrador no es el causante de esa movilización popular, como mal supone el Presidente de Facto, Felipe Calderón. La causa es el descontento en varios estratos y clases sociales. Ese descontento crece.

El mérito de don Andrés Manuel es, habría que reconocerlo, ser organizador político pacifista, adherido a la ley, de las vertientes de energía de descontento social, al ondear banderas de anhelos y exigencias reivindicadoras de los defraudados.

Pero el enfoque calderonista del lópezobradorismo es erróneo y miope, pues atribuye al tabasqueño la ocurrente agitación social y el actual repudio al gobierno de facto. Ello le impide comprender que mientras haya descontento, éste tendrá abanderados.

Prosigamos con el tema de la Ley Pemex. Cabría precisar que por beneficio --o aprovechamiento-- industrial se entiende la refinación del petróleo crudo, así como su transporte y almacenamiento, procesos que don Felipe desea privatizar.

III

Precisaríase también que por privatizar se entiende ceder a personas físicas y/o morales (particulares y/o autárquicas, en una gama de financieros, especuladores y proveedores de bienes y servicios) los quehaceres estratégicos del Estado.

Tocante a los contratos de riesgo, éstos están prohibidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27, mediante el artículo sexto de la ley reglamentaria de aquél. Los contratos de esa guisa son ilegales.

Empero, desde el sexenio del Gran Bribón --Miguel Alemán Valdés, cuyo vástago, del mismo nombre y apellido, disfruta como "junior" casi octogenario las fortunas mal habidas de aquél--, Pemex incurrió en la dispensa ilegal de contratos de riesgo.

Dados los componentes del contexto aquí descrito, la Ley Pemex es el pivote de todo el afán reformista del marco jurídico del usufructo privado de los hidrocarburos propuesto por el señor Calderón, quien trata de legalizar el saqueo y la rapiña.

A los legisladores del PRIAN --y sus adláteres, los partiditos políticos de origen y práctica mercantilista-- les mueve su carencia de representatividad moral y su adhesión crematística a los intereses oligárquicos, por definición antisociales.

Piensan y actúan, según la percepción popular, de espaldas al interés social. Piensan, por ejemplo, que el petróleo es un bien comercial y, obnubilados y obesos por la filosofía de la ganancia privada, matarían la proverbial gallina de los huevos de oro.