11 de abril 2016.- Enrique Peña Nieto no dio la orden de desaparecer a los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014: no hay una sola evidencia al respecto. Miguel Ángel Osorio Chong tampoco la dio: tampoco hay evidencias que lo demuestren. Abro un enorme signo de interrogación: el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ordenó personal o indirectamente desaparecerlos. Cierro el signo de interrogación y propongo una hipótesis de trabajo que será el eje de mi exposición en este artículo.
El general Cienfuegos no dio la orden, porque la desaparición de los 43 fue un golpe brutal que causó daños irreparables en Enrique Peña Nieto. Si la hubiera dado habría cometido alta traición en contra del comandante supremo de las fuerzas armadas. Nada sugiere, insinúa o concede visos de credibilidad a una mera suposición que se descarta por sí misma.
Ciros, Mauleones, Marines, Hiriartes y Alemanes, al frente de un batallón de muertos de hambre que cobran por tuit, cartón, charanga radiofónica o televisiva, y demás pilares que soportan la fábrica de “noticias” de Televisa y Tv Azteca, han trabajado a lo largo de más de 18 meses, primero como promotores, después como defensores, para imponerle a la opinión del país y a las instancias más importantes del mundo, la verdad histórica de Jesús Murillo Karam.
Mientras la física y la termodinámica, entre otras ciencias exactas, han probado que jamás hubo un incendio como el que se inventó Murillo Karam, los propagandistas del aparato de terror de la dictadura han escrito, recitado, actuado y protagonizado una de las peores novelas policiacas de todos los tiempos. ¿Refutarlos una vez más? Han buscado tantas cenizas en el basurero de Cocula que terminaron hechos todos unos cenicientos.
Regresemos a la noche del 26 de septiembre de 2014. Las últimas fotos que les tomaron a los normalistas las “sacó” el ejército, no una sino dos veces: primero con las cámaras de los soldados que retrataron a los muchachos en la clínica Cristina de la ciudad de Iguala, y después, bastantito después, con las filtraciones que hicieron llegar las imágenes a Milenio.
El último mensaje de texto que envió uno de los estudiantes desaparecidos, según el GPS de su teléfono, salió del cuartel del 27 Batallón de Infantería, sito en la misma ciudad de Iguala. Entonces, preguntémonos, si nos consta que la última vez que los muchachos fueron vistos estaban con elementos del Ejército, y si la última señal de vida que dio uno de ellos la envió desde las instalaciones del Ejército, ¿por qué es el Ejército la única instancia involucrada en esta tragedia que las autoridades mexicanas no han querido investigar, ni han permitido que investiguen los expertos de la CIDH, los forenses argentinos, ni los padres de los muchachos ni nadie?
Ofrezco disculpas a quienes a estas alturas de mi discurso empiezan a bostezar, sienten la tentación de llamarme inventor del hilo negro, o abandonar la lectura. Nadie ya pone en duda que los desapareció el Ejército, no por órdenes de Peña, que estaba escogiendo los vestidos de cienmiles de pesos que su grupo de princesitas iba a lucir en el próximo viaje al exterior (entiéndase: la mente del que funge como hongo en la Presidencia no da para más), Osorio Chong tampoco dio la orden, pese a que estaba —al menos formalmente— recibiendo información en tiempo real de lo que sucedía en Iguala y en casi 2 mil 500 municipios más, donde otras matanzas, otros secuestros, otros procesos evolucionaban a su ritmo: lo imagino, si acaso estaba en su despacho y no en una cena o en un cine, pasmado ante las constelaciones de foquitos rojos prendidos en sus mapas.
Peña y Chong se enteraron demasiado tarde y en el curso del 27 de septiembre no le concedieron la menor importancia a Iguala, Peña porque estaba pidiendo por teléfono el nuevo catálogo de la joyería Tiffanys, Chong porque al comprender el tamaño del problema guardó silencio para ganar tiempo, y cuando la bomba noticiosa estalló en los medios, declaró que se trataba de un “asunto local”.
Esto retrasó la intervención de la PRG. Poco después el mundo ya se había estremecido de horror y Peña Nieto ya estaba ensartado en el escándalo de la Casa Blanca, mientras viajaba con su séquito de empresarios y políticos como un zombi. Las evidencias apuntan a que, en todo momento, el gobierno federal ha protegido a los militares del 27 Batallón de Infantería. ¿Ahí se tomó la decisión de asestarle un golpe brutal a Peña Nieto?
No tenemos forma alguna de saberlo, pero podemos afirmar que los ejecutores del devastador ataque político al titular del ejecutivo federal estaban esa noche en los cuarteles de Iguala. Lo que parece irreal es que no tuvieran cómplices en otros cuarteles, protectores en pisos más altos de la jerarquía, padrinos influyentes y poderosos que hasta la fecha les garantizan plena impunidad, y no me estoy refiriendo a Peña, a Chong, Murillo Karam, la teleseñora Gómez, sino a los militares que doblegaron a Peña.
¿Cuál podría ser el origen del golpe interno contra Peña Nieto? Mi respuesta es: Tlatlaya. Antes de la matanza de Tlatlaya—localidad rural del estado de México a la que por veredas se llega a las plantaciones de amapola de los alrededores de Iguala—, antes que un periodista (de Televisa por cierto) publicara las denuncias de las sobrevivientes de la matanza de Tlatlaya, ningún presidente había hecho lo que Peña Nieto hizo (asesorado por Aurelio Nuño, que era entonces su secretario particular): meterse con el Ejército, lanzar una persecución mediática contra varios soldados y un alto oficial, y en el fondo castigar sin darse cuenta, a quienes no hacían otra cosa que cumplir sus instrucciones, o sea, matar civiles en zonas de alta inseguridad pública, “abatirlos en horas de nocturnidad”. O sea, condenarlos a muerte sin derecho a juicio ni defensa, asesinarlos en pro de la limpieza social.
En abono de mi hipótesis, planteo: la debilidad de Peña Nieto —pues ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox, ni Zedillo doblaron jamás las manos frente al repudio mundial que habían cosechado con sus propias atrocidades—, la confusión, la torpeza de Peña desató la indignación en las filas del Ejército y la matanza de Iguala y la desaparición de los 43 bien pueden leerse, entonces, como una respuesta de oficiales y tropas al señoritingo de Los Pinos: no te vuelvas a meter con nosotros, somos capaces de esto y cosas peores, síguele pero no olvides: el que se lleva se aguanta.
Peña Nieto con su gabinete y mandos militares.
Si al llegar a este punto podemos considerar que estamos básicamente de acuerdo, en lo demás coincidiremos por añadidura. Después de eso que la derecha de Nexos endulzó con el título de un panfleto llamado “la noche más triste”, y con el escándalo de la Casa Blanca encima, Peña Nieto estaba más que acalambrado cuando envió a Murillo Karam al corazón de la zona amapolera de Guerrero, y el diabólico MK detuvo y torturó a un sinnúmero de personas, como si estuviera haciendo un casting, seleccionando actores convincentes y personajes funcionales, para la trama de los Guerreros Rojos, la madre de todas las fogatas y demás blablablá.
Culmino invocando la jurisprudencia: la desaparición forzada es un delito que se comete cuando particulares y agentes del Estado privan de su libertad a una persona; es un delito que no prescribe, si la persona desaparecida no es encontrada, viva o muerta; y es también un delito continuado, que se comete y vuelve a cometerse minuto a minuto, por años, por décadas a veces. Otrosí: son cómplices de desaparición forzada quienes sepan donde están las personas desaparecidas y no avisen a las autoridades.
Peña, Chong, Cienfuegos, MK, la teleseñora Gómez y todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno implicados en la desaparación de los 43 son, además de cómplices, culpables de un crimen de lesa humanidad. En otras palabras, la dictadura mexicana que expulsará a los expertos de la CIDH para darle carpetazo al expediente Ayotzinapa, está cometiendo un crimen de lesa humanidad. A la humanidad, a través de sus instituciones internacionales, le corresponde ahora fincarle responsabilidades.
