MÉXICO, D.F. (apro).- Los consejeros electorales confirmaron que el PRI sí uso tarjetas Monex, que sí utilizó varias empresas mercantiles para “dispersar” 70 millones de pesos que no los reportó como gastos de campaña, y admitieron que desconocen a dónde fueron a parar por lo menos 44 millones de pesos, sin embargo, por mayoría de votos el Consejo General del órgano electoral declaró infundada la queja de los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Luego de siete horas de discusión, en las que cinco de los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pedían que se diera vista al a Procuraduría General de la República (PGR), la consejera Macarita Elizondo Gasperín modificó su posición, por lo que la votación que llevaría a multar al PRI con 75 millones de pesos se empató.
En ese momento, y de manera sorpresiva, el consejero Sergio García Ramírez, quien durante todo el proceso de discusión evitó participar debido a su relación personal con varios priistas que estaban siendo indagados, como Gabino Fraga, sorpresivamente entró al salón al momento de la votación para darle al PRI la exoneración.
En el momento en que la votación favoreció al PRI, el consejero Marco Antonio Baños, quien junto con Javier Guerrero Aguirre, había estado sosteniendo que la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue limpia y legal, se distendió en su asiento; soltó el cuerpo y se dedicó a comer alegremente palomitas, en tanto que los consejeros Benito Nacif –promotor de la multa–, Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova y María Marván evidenciaban en su cara el malestar por la votación.
Desde temprana hora, la votación, que sería un mero trámite para respaldar el proyecto de dictamen de la Unidad de Fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas, exempleado del Sistema de Administración Tributaria (SAT), se fue complicando.
A pesar de que la Unidad de Fiscalización sostiene que sí se contrató a Grupo Financiero Monex, que se emitieron por lo menos 9 mil 924 tarjetas prepagadas por un monto de 70 millones de pesos, de que no supo el destino final de 44 millones de pesos y que el PRI recurrió a la triangulación del dinero mediante las empresas Inizzio, Atama y Alkino, en su resolutivo rechazó la queja de los tres partidos de izquierda en el sentido de que Enrique Peña Nieto rebasó el tope de campaña presidencial y de que recurrió al financiamiento ilegal.
Pero la votación, casi trámite, se modificó debido a que a los consejeros electorales se les entregaron de último minuto varios contratos “de préstamo” que el PRI hizo a la empresa Alkino por la cantidad de 70 millones de pesos (sumando intereses) para contratar tarjetas prepagadas. Otro más en donde Alkino contrató a Atama para realizar el contrato con Grupo Financiero Monex, y a su vez Atama contrató a Inizzio.
Eso generó un revuelo, primero porque el consejero Alfredo Figueroa detectó que las empresas involucradas se habían reportado en ceros en sus declaraciones fiscales, es decir, sin movimiento alguno. Además, porque el PRI aseguró que fue para la contratación de representantes distritales, pero el respaldo de los contratos firmados por el ejército de los empleados no coincidía con lo solicitado a Alkino.
Incluso, porque se detectó que los 44 millones de pesos fueron sustraídos de diversos cajeros ubicados mayormente en un solo estado de la República; pero sobre todo, porque al presentarse el contrato como una solicitud de “préstamo o financiamiento” del PRI a una empresa mercantil como Alkino, pues este partido ni el PVEM reportaron ante el IFE tal solicitud, lo cual está prohibido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), amén de que no lo reportaron como gasto de campaña.
Por no haber presentado una correcta presentación de gastos, por haber omitido como gasto de campaña los 70 millones de pesos prestados a Alkino y no a una institución de crédito financiera como lo establece la ley electoral, además de no haberlos reportado y con lo cual se aumenta el total del gasto de la campaña, es que el consejero Benito Nacif propuso una multa de 150% sobre el valor del monto ejercido, es decir, 105 millones de pesos.
El PRI intentó sostener, mediante su representante legislativo, el senador José Antonio Hernández Fraguas, que no lo reportó como gasto de campaña porque en su partido lo consideran gasto ordinario. En tanto, el consejero Marco Baños alegó a los consejeros que no se trató de una solicitud de crédito, financiamiento o préstamo, por lo que el PRI no violaba la ley electoral.
Los dos personajes dieron la batalla argumentativa, aunque a su posición se sumó sin presentar análisis alguno el consejero Guerrero Aguirre. El consejero presidente Leonardo Valdés no emitió opinión por ser la cabeza del consejo. En tanto que del otro lado las posiciones se empezaron a radicalizar en contra del PRI.
Por ejemplo, la consejera María Marván dijo que el PRI recurrió a “financiamiento paralelo”. La consejera Macarita Elizondo sostuvo que PRI y PVEM violaron la Constitución en su artículo 41, pues se afectó el principio de equidad, que se violó el Cofipe y no se respetó el reglamento de Fiscalización.
Alfredo Figueroa se pronunció por que se le diera vista a la PGR; Benito Nacif lo respaldó pero sumándole una multa al PRI de 105 millones de pesos; y Lorenzo Córdova se sumó a sus propuestas.
Del otro lado, de los representantes de los partidos, en el caso del PAN, Rogelio Carbajal dijo que se trató de lavado de dinero, que el IFE nunca supo el origen del mismo, de dónde salió, de dónde obtuvo el PRI dinero para pagar el préstamo a la empresa Alkino y que menos aún se supo hacia dónde fue a parar. “Ese es un claro movimiento de lavado de dinero”, aseguró.
El representante legislativo del PAN, el senador Javier Corral, puso en duda el citado contrato y con lo cual el PRI de última hora trató de justificar los 70 millones de pesos que desde el 28 de junio el propio IFE había dicho que se encontraron tarjetas de prepago por tal cantidad.
Dijo que para hacer valoraciones hay que tomar en cuenta las fechas de los sucesos. Por ejemplo, que el PAN denunció el 26 de junio el uso de tarjetas prepagadas por un monto de 700 millones de pesos, que dos días después el IFE las encontró –“en tan sólo 48 horas”–, pero por 70millones de pesos. Que luego el PRI lo negó más de tres veces y un mes después, ante las evidencias tuvo que aceptar que recurrió a Alkino pero no sabía si ésta había contratado a otras empresas. Finalmente, que el PRI esté presentando un contrato firmado el 1 de marzo. De ahí que puso en duda la validez del citado contrato.
Por el PRD, Camerino Márquez; Ricardo Mejía Berdeja, por MC; y el representante legislativo por el PRD, Fernando Belauzarán, reclamaron que sólo se estuvieran abordando las facturas emitidas por Inizzio y se hicieran a un lado las de EFRA. Y es que según, el dictamen, no se encontró argumento para sostener que esta última empresa tuviera relación con el PRI (empresa de la cual es dueña la familia Fraga, amiga desde hace 40 años del consejero Sergio García Ramírez).
A las 18:00 horas todo parecía que el PRI sería multado, sin embargo, poco antes de la votación la consejera Macarita Elizondo, la única a la que faltaba decir públicamente que estaba en contra del dictamen de la Unidad de Fiscalización, salió del salón. Pasados varios minutos regresó; ya no intervino más, pero a la hora de la votación lo hizo a favor del PRI y en contra de la multa.
La sorpresa generó un silencio en el salón de sesiones. La votación había quedado empatada, cuatro a cuatro contando el voto del consejero presidente. Así es que, inesperadamente, Sergio García Ramírez ingresó al salón, dijo que nunca se excusó de participar en el tema y que sólo “se ausentó” por la relación de amistad que tiene con uno de los implicados (los Fraga), pero que ahora sí quería sufragar, a menos que sus compañeros no estuvieran de acuerdo.
Los ocho consejeros hablaron a favor de que pudiera votar. Y así lo hizo quedando cinco a favor del PRI y cuatro en contra. García Ramírez salvó al partido de Peña Nieto.
Al término de la votación, la oposición, incluyendo al PAN, se preguntaba qué le había pasado a Macarita Elizondo, los consejeros que también esperaban su respaldo no escondieron su sorpresa y al final comentaron los asistentes: “esto fue una simulación de siete horas”.
El PRD, PT y MC recurrirán a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para rebatir falta de exhaustividad de parte de la Unidad de Fiscalización.
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