Gracias a Urbanofago
jueves, 14 de junio de 2012
Con la propuesta de #AMLO, se recaudarían $900 mil millones y no
Elecciones 2012, Noticias
8043
ShareMéxico, DF, 13 de junio.- José Luis de la Cruz, director del
Centro de Investigaciones en Economía y Negocios del Tecnológico de
Monterrey, consideró que existe el suficiente margen para realizar
ajustes en los gastos que realiza el gobierno federal, más allá de
sólo sueldos y salarios.
El investigador del Tec de Monterrey comentó que si bien las
declaraciones del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, son
correctas respecto a que los salarios del gobierno federal suman
alrededor de 275 mil millones de pesos; lo que el candidato de
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, plantea para obtener una
reducción de 300 mil millones de pesos, aplicando su plan de
austeridad, va más allá de sólo este concepto, publicó la revista
emet.
De acuerdo con el académico del Tec de Monterrey, si se toman en
cuenta los salarios de Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y todas las
entidades del sector público, así como las aportaciones que el
gobierno federal hace a estados y municipios, más sueldos y
salarios, se llega a obtener una cifra de 900 mil millones de pesos.
Abundó que esto se logra revisando todos los preceptos de servidores
públicos, no sólo del gobierno federal, sino también de empresas a
las que se les llama entidades de control directo, que conforman el
sector público, es decir, Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, etcétera, y de
donde se obtienen 300 mil millones de pesos.
De acuerdo con la publicación, si a esta cifra se agrega la revisión
de sueldos y salarios bajo el concepto de aportaciones que se mandan
a entidades federativas y a municipios, existe otra cantidad
adicional, que en resumen dan los 900 mil millones de pesos, que el
Presupuesto de Egresos de este año destina a esa categoría.
(Con información de emet)
Se enfrentan diputados del PRI y PAN por espionaje en Edomex
Legisladores de ambos partidos políticos se confrontaron por un punto de acuerdo que pide a la PGR investigar un presunto centro de espionaje pagado por el gobierno del Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto
Gustavo Madero y Alfonso Navarrete Prida. FOTO: IVAN
La Comisión Permanente del Poder Legislativo resolvió este miércoles solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el supuesto centro de espionaje que el actual candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, habría pagado durante su gestión como gobernador del Estado de México.
Esto provocó que priistas se confrontaran con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien subió a la tribuna para denunciar el financiamiento ilegal de un centro de espionaje que Peña Nieto habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.
Madero comentó que estas empresas funcionan desde el 2008 y fueron fundadas un año antes especialmente para este fin; recordó que la candidata a la Presidencia de su partido, Josefina Vázquez Mota, presentó en el debate realizado el domingo pasado una transferencia electrónica por un millón 956 mil 72 pesos a la compañía Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana.
En respuesta, Alfonso Navarrete Prida, diputado federal del PRI, aseguró que hubo una licitación que ganó esta última empresa para desarrollar “software de vigilancia industrial” y no para espiar a políticos.
Navarrete Prida, quien fue procurador del Estado de México en los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto, reconoció que se asignó el contrato a esa empresa porque una de las personas involucradas fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo cual, dijo, lo hacía confiable para desarrollar el software.
Esto provocó que priistas se confrontaran con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien subió a la tribuna para denunciar el financiamiento ilegal de un centro de espionaje que Peña Nieto habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.
Madero comentó que estas empresas funcionan desde el 2008 y fueron fundadas un año antes especialmente para este fin; recordó que la candidata a la Presidencia de su partido, Josefina Vázquez Mota, presentó en el debate realizado el domingo pasado una transferencia electrónica por un millón 956 mil 72 pesos a la compañía Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana.
En respuesta, Alfonso Navarrete Prida, diputado federal del PRI, aseguró que hubo una licitación que ganó esta última empresa para desarrollar “software de vigilancia industrial” y no para espiar a políticos.
Navarrete Prida, quien fue procurador del Estado de México en los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto, reconoció que se asignó el contrato a esa empresa porque una de las personas involucradas fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo cual, dijo, lo hacía confiable para desarrollar el software.
La CFC autoriza alianza Iusacell (TV Azteca)-Televisa #YoSoy132
La firma del acuerdo con la Cofetel.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F., (apro).- Con cuatro votos a favor y uno en contra, los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) aprobaron la alianza entre Iusacell y Televisa, condicionada a una serie de medidas como que las empresas acepten la licitación de una tercera cadena de televisión en un plazo límite de 24 meses, la no discriminación de la venta de publicidad de otras empresas de telecomunicaciones en los canales que detentan Televisa y TV Azteca, así como la prohibición de venta de contenidos de manera “empaquetada” en televisión restringida.
Considerada la decisión más importante en el área de telecomunicaciones y de medios electrónicos del sexenio, la aprobación de la CFC confirma la participación de Grupo Televisa en el 50 por ciento de la empresa de telefonía móvil Iusacell, en una operación por cerca de mil 600 millones de dólares.
Un día antes de esta aprobación, Grupo Iusacell, que detenta el 6 por ciento del mercado, anunció una alianza con Telefónica-Movistar que tiene el 25 por ciento de los suscriptores de telefonía móvil para enfrentar al gigante Telcel-América Móvil, que detenta más del 70 por ciento de los suscriptores.
La resolución de la CFC impuso una serie de condiciones a Televisa y Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca. En ninguna de estas condiciones está la posibilidad de deshacerse de alguno de los cuatro canales de televisión abierta que tiene Televisa, a pesar de que fue una posibilidad que se planteó en las negociaciones.
De acuerdo al comunicado del organismo encargado de combatir prácticas monopólicas, la alianza Televisa-Iusacell está condicionada a que ninguna de las dos empresas impida la licitación de una tercera o cuarta cadena de televisión digital terrestre en un plazo máximo de 24 meses.
Otro condicionante es la prohibición de las “ventas atadas” de publicidad a los servicios de Iusacell-Televisa y TV Azteca.
También se prohíbe que en el Consejo de Administración de Iusacell se incluyan a empleados de otras empresas de Televisa o Grupo Salinas.
A Televisa se le impide participar en la empresa Total Play, de televisión restringida, perteneciente a Grupo Salinas. Total Play es la única que hasta ahora puede dar servicios convergentes de televisión abierta, televisión restringida, internet y telefonía móvil, conocido como cuádruple play.
En materia de televisión restringida se establece que debe existir venta separada de contenidos en televisión abierta y tv por cable o por vía satelital. Este es uno de los elementos más importantes reclamados por otras empresas que acusan a Televisa de no respetar el mecanismo de must offer y de must carry.
Los cuatro comisionados que votaron a favor de la fusión fueron Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez. Estos dos últimos votaron a favor desde la primera discusión en enero de este año. Sólo el comisionado Miguel Flores Bernés mantuvo su voto en contra.
Considerada la decisión más importante en el área de telecomunicaciones y de medios electrónicos del sexenio, la aprobación de la CFC confirma la participación de Grupo Televisa en el 50 por ciento de la empresa de telefonía móvil Iusacell, en una operación por cerca de mil 600 millones de dólares.
Un día antes de esta aprobación, Grupo Iusacell, que detenta el 6 por ciento del mercado, anunció una alianza con Telefónica-Movistar que tiene el 25 por ciento de los suscriptores de telefonía móvil para enfrentar al gigante Telcel-América Móvil, que detenta más del 70 por ciento de los suscriptores.
La resolución de la CFC impuso una serie de condiciones a Televisa y Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca. En ninguna de estas condiciones está la posibilidad de deshacerse de alguno de los cuatro canales de televisión abierta que tiene Televisa, a pesar de que fue una posibilidad que se planteó en las negociaciones.
De acuerdo al comunicado del organismo encargado de combatir prácticas monopólicas, la alianza Televisa-Iusacell está condicionada a que ninguna de las dos empresas impida la licitación de una tercera o cuarta cadena de televisión digital terrestre en un plazo máximo de 24 meses.
Otro condicionante es la prohibición de las “ventas atadas” de publicidad a los servicios de Iusacell-Televisa y TV Azteca.
También se prohíbe que en el Consejo de Administración de Iusacell se incluyan a empleados de otras empresas de Televisa o Grupo Salinas.
A Televisa se le impide participar en la empresa Total Play, de televisión restringida, perteneciente a Grupo Salinas. Total Play es la única que hasta ahora puede dar servicios convergentes de televisión abierta, televisión restringida, internet y telefonía móvil, conocido como cuádruple play.
En materia de televisión restringida se establece que debe existir venta separada de contenidos en televisión abierta y tv por cable o por vía satelital. Este es uno de los elementos más importantes reclamados por otras empresas que acusan a Televisa de no respetar el mecanismo de must offer y de must carry.
Los cuatro comisionados que votaron a favor de la fusión fueron Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez. Estos dos últimos votaron a favor desde la primera discusión en enero de este año. Sólo el comisionado Miguel Flores Bernés mantuvo su voto en contra.
Demandan en EU a equipo de EPN por fraude millonario
MÉXICO, D.F., (apro).- El empresario méxico-estadunidense José Luis Ponce de Aquino interpuso una demanda contra el equipo cercano al candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto por un fraude de 56 millones de dólares relacionados con contratos de promoción e imagen.
Ponce de Aquino, propietario de la empresa FTN, interpuso la demanda EDCV12-970 VAP que involucra a: David López, director de Comunicación Social del PRI; Erwin Lino, secretario particular de Peña Nieto; Roberto Calleja, vocero del PRI, y Luis Videgaray, coordinador de campaña del priista, así como a los empresarios Pepe Carrillo Chontkowsky y Hugo Vigues.
El periódico Reforma publica en su edición impresa de este jueves que el empresario José Luis Ponce de Aquino fue contratado por Alejandro Carillo Garza Sada, socio de la compañía Jiramos, para difundir y promocionar la imagen de Peña Nieto en una campaña que ascendía a 56 millones de dólares.
El equipo del priista depositó el dinero en un solo día en una cuenta del Banco Monex, Banca Mifel en Virreyes, pero posteriormente retiraron el capital y se lo dividieron.
Cita el diario en una nota publicada por la periodista Anabel Hernández:
“De acuerdo con la querella, presentada el 7 de junio pasado, el presunto fraude consistió en hacer creer al empresario Ponce de Aquino, dueño de FTN, y a las empresas Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia S.A. de CV., que sería favorecido con un presupuesto millonario para una campaña mediática a favor de Peña Nieto a través de espectaculares, revista, radio, televisión e internet, usando su estructura y relaciones en Estados Unidos.
“La campaña nunca se realizó pese a la firma de los contratos que garantizaban el proyecto. Sin embargo, según la demanda, Jiramos recibió los 56 millones de dólares, mismos que se repartieron entre los demandados”.
Esta mañana la periodista Carmen Aristegui entrevistó a José Luis Ponce de Aquino en su noticiario transmitido por la cadena MVS. El empresario advirtió que Hugo Vigues lo quiso intimidar para suspender la demanda, advirtiéndole que el dinero provenía de grupos del narcotráfico.
Ponce de Aquino notificó a la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) del fraude, y el organismo inició sus propias investigaciones, de acuerdo con la noticia publicada en el diario.
Ponce de Aquino, propietario de la empresa FTN, interpuso la demanda EDCV12-970 VAP que involucra a: David López, director de Comunicación Social del PRI; Erwin Lino, secretario particular de Peña Nieto; Roberto Calleja, vocero del PRI, y Luis Videgaray, coordinador de campaña del priista, así como a los empresarios Pepe Carrillo Chontkowsky y Hugo Vigues.
El periódico Reforma publica en su edición impresa de este jueves que el empresario José Luis Ponce de Aquino fue contratado por Alejandro Carillo Garza Sada, socio de la compañía Jiramos, para difundir y promocionar la imagen de Peña Nieto en una campaña que ascendía a 56 millones de dólares.
El equipo del priista depositó el dinero en un solo día en una cuenta del Banco Monex, Banca Mifel en Virreyes, pero posteriormente retiraron el capital y se lo dividieron.
Cita el diario en una nota publicada por la periodista Anabel Hernández:
“De acuerdo con la querella, presentada el 7 de junio pasado, el presunto fraude consistió en hacer creer al empresario Ponce de Aquino, dueño de FTN, y a las empresas Ve Más TV, KZSW TV e Intelimedia S.A. de CV., que sería favorecido con un presupuesto millonario para una campaña mediática a favor de Peña Nieto a través de espectaculares, revista, radio, televisión e internet, usando su estructura y relaciones en Estados Unidos.
“La campaña nunca se realizó pese a la firma de los contratos que garantizaban el proyecto. Sin embargo, según la demanda, Jiramos recibió los 56 millones de dólares, mismos que se repartieron entre los demandados”.
Esta mañana la periodista Carmen Aristegui entrevistó a José Luis Ponce de Aquino en su noticiario transmitido por la cadena MVS. El empresario advirtió que Hugo Vigues lo quiso intimidar para suspender la demanda, advirtiéndole que el dinero provenía de grupos del narcotráfico.
Ponce de Aquino notificó a la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA) del fraude, y el organismo inició sus propias investigaciones, de acuerdo con la noticia publicada en el diario.
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