Legisladores de ambos partidos políticos se confrontaron por un punto de acuerdo que pide a la PGR investigar un presunto centro de espionaje pagado por el gobierno del Estado de México durante la gestión de Enrique Peña Nieto
Gustavo Madero y Alfonso Navarrete Prida. FOTO: IVAN
La Comisión Permanente del Poder Legislativo resolvió este miércoles solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue el supuesto centro de espionaje que el actual candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, habría pagado durante su gestión como gobernador del Estado de México.
Esto provocó que priistas se confrontaran con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien subió a la tribuna para denunciar el financiamiento ilegal de un centro de espionaje que Peña Nieto habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.
Madero comentó que estas empresas funcionan desde el 2008 y fueron fundadas un año antes especialmente para este fin; recordó que la candidata a la Presidencia de su partido, Josefina Vázquez Mota, presentó en el debate realizado el domingo pasado una transferencia electrónica por un millón 956 mil 72 pesos a la compañía Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana.
En respuesta, Alfonso Navarrete Prida, diputado federal del PRI, aseguró que hubo una licitación que ganó esta última empresa para desarrollar “software de vigilancia industrial” y no para espiar a políticos.
Navarrete Prida, quien fue procurador del Estado de México en los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto, reconoció que se asignó el contrato a esa empresa porque una de las personas involucradas fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo cual, dijo, lo hacía confiable para desarrollar el software.
Esto provocó que priistas se confrontaran con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, quien subió a la tribuna para denunciar el financiamiento ilegal de un centro de espionaje que Peña Nieto habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.
Madero comentó que estas empresas funcionan desde el 2008 y fueron fundadas un año antes especialmente para este fin; recordó que la candidata a la Presidencia de su partido, Josefina Vázquez Mota, presentó en el debate realizado el domingo pasado una transferencia electrónica por un millón 956 mil 72 pesos a la compañía Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana.
En respuesta, Alfonso Navarrete Prida, diputado federal del PRI, aseguró que hubo una licitación que ganó esta última empresa para desarrollar “software de vigilancia industrial” y no para espiar a políticos.
Navarrete Prida, quien fue procurador del Estado de México en los gobiernos de Arturo Montiel y Peña Nieto, reconoció que se asignó el contrato a esa empresa porque una de las personas involucradas fue delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), lo cual, dijo, lo hacía confiable para desarrollar el software.
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