Diputados chilenos firmaron ayer, en Valparaíso, la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por la controvertida venta de un minera a través de una empresa propiedad de sus hijos, que apareció en las filtraciones de los Papeles de Pandora. Foto Afp/Aton Chile/Raúl Zamora
Santiago. Quince diputados representantes de toda la oposición en el Parlamento de Chile concretaron ayer una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con la intención de destituirlo por “infringir abiertamente la Constitución” y las leyes en materia de probidad y por “comprometer gravemente el honor de la nación”.
El juicio político a Piñera es, en principio, resultado directo de las revelaciones de los Papeles de Pandora, donde él y su familia figuran, durante su primer gobierno en 2010, acordando la venta en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero a condición de que la zona donde se instalaría la mina no fuera declarada zona protegida, algo que, efectivamente, no sucedió.
Pero también es el corolario del eterno historial de conflictos de intereses y de negocios opacos de Piñera, multimillonario especulador obsesionado con realizar “pasadas” bursátiles y financieras que le reporten ganancias de corto plazo, hasta convertirlo en la cuarta fortuna del país con una riqueza de 2 mil 900 millones de dólares en 2021.
Ese permanente entremezclar dinero y política, accediendo a información privilegiada como miembro del directorio de empresas para ordenar la compra de acciones, o bien abusando de su posición como senador para negociar la venta de sus participaciones a precio preferente, fue expuesto en el escrito acusatorio.
“Lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña a Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”, indica el texto.
La destitución es impulsada por los partidos Comunista, Demócrata Cristiano, Radical, Socialista, Por la Democracia, Nuevo Trato, Frente Regionalista Verde Social, Comunes, Revolución Democrática, Convergencia Social, Humanista, Acción Humanista, Movimiento Unir y Ecologistas.
Su aprobación requiere los votos de 78 de los 155 diputados. La oposición e independientes suman 82; pero incluso seis legisladores del oficialismo dijeron que considerarán apoyarla. Si se acepta, de inmediato el gobernante quedará suspendido del cargo, a la espera de que el Senado la refrende o no, donde se necesitan 29 de 43 senadores. Aquí la oposición e independientes suman sólo 24.
Solución antes de los comicios
La acusación podría resolverse en la Cámara de Diputados antes del 21 de noviembre, cuando tendrán lugar los comicios presidenciales y legislativos.
No es el único problema de Piñera, porque relacionado con sus negocios en Islas Vírgenes, enfrenta una pesquisa judicial en calidad de imputado que comenzó de motu proprio el Ministerio Público, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno.
La acusación manifiesta que el presidente burló la Constitución al cometer actos que vulneran la probidad y el derecho a vivir libre de contaminación.
“Intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el particular.”
También señala que comprometió “el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales”, citando el Acuerdo de Escazú, “que fue desestimado por el presidente como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental”; lo mismo que “las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de intereses” y la “desoladora imagen del país” en el contexto de los Papeles de Pandora.
Lo anterior produjo “la deslegitimación del ejercicio del poder del presidente producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.
Piñera –quien alega que entregó la administración de su riqueza a dos “fideicomisos ciegos” que ni le consultan ni informan de sus negocios– registra en su historial una sanción de la Superintendencia de Valores por adquirir 3 millones de acciones de LAN Airlines en 2006, justo después de conocer reservadamente los estados financieros. O invertir, en 2010 durante su primera presidencia a través de un paraíso fiscal, en una pesquera peruana en pleno pleito en la Corte Internacional de Justicia entre Chile y Perú por los límites marítimos, juicio que favoreció a la parte peruana, que amplió en 20 mil kilómetros cuadrados su mar territorial.
El Inai asegura que la indagatoria contra la Oficina de la Presidencia –por la presunta revelación de datos personales de Mexicanos Contra la Corrupción, durante la conferencia del presidente López Obrador del 7 de mayo pasado– se abrió a solicitud de la organización fundada por Claudio X González Guajardo. También asegura que no es “en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal”. Al respecto, AMLO dice que el Instituto, en realidad, está al servicio de grupos empresariales
Chocan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), por una investigación contra la Oficina de la Presidencia de la República, abierta a solicitud de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Luego de que el 16 de septiembre Contralínea reveló su existencia, el organismo autónomo reconoció el 17 de septiembre haber iniciado la investigación previa INAI.3S.08.01-059/2021, contra la Oficina de la Presidencia y el Servicio de Administración Tributaria, por supuestamente develar datos personales de la persona moral MCCI durante la conferencia mañanera del pasado 7 de mayo.
En dicha conferencia el presidente López Obrador dio a conocer que el gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos –mediante una nota diplomática– explicar los términos del financiamiento que ese país le otorga a la organización fundada por el empresario Claudio X González Guajardo y actualmente encabezada por María Amparo Casar.
El Inai matizó que no es “en contra del titular del Poder Ejecutivo federal”, y aseguró que se abrió “a partir de una denuncia presentada por una asociación civil ante la presunta divulgación indebida de información confidencial, contenida en facturas electrónicas, en la conferencia matutina del 7 de mayo de 2021”.
Consultado por Contralínea durante su conferencia del 17 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que no conocía la indagatoria pero que no le extrañaba, porque esa “organización en favor de la corrupción […] es una tapadera, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, y ésa es su función: cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo”.
El primer mandatario consideró que el Inai inció la indagatoria porque “ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal, para mandar el mensaje, la idea, de que se combatía la corrupción. Mientras estaba el saqueo estaban estos organismos creados por ellos –que nos cuestan muchísimo: 1 mil millones de pesos al año, porque esos consejeros de la transparencia fueron también de los que se ampararon y ganan como 300 mil pesos mensuales– y están al servicio de estos grupos, de Claudio X González”.
López Obrador señaló que “no es ningún invento que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros le enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiado a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia; no nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo”.
La nota diplomática a la que se refirió el presidente se dio luego de que, el 2 de mayo pasado, Contralínea revelara que el gobierno de Estados Unidos fue el principal donatario de Mexicanos Contra la Corrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida por González Guajardo, líder de la oposición política en el país. De acuerdo con registros de la organización a los que este semanario tuvo acceso, dicho gobierno le donó 25.7 millones de pesos, mientras que entre sus financiadores también figuraron la USAID y la NED. [Gobierno de EU financia 25.7 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción]
Inai pide revelar fuentes
En el proceso de investigación previa INAI.3S.08.01-059/2021, el Instituto de la Transparencia incluyó a Contralínea como “tercero y en estricta coadyuvancia” en la indagatoria, pues –en la conferencia presidencial del 6 de mayo– este semanario le preguntó al presidente López Obrador su opinión respecto del financiamiento del gobierno estadunidense a la organización que sistemáticamente se ha opuesto a los principales proyectos federales, como la creación del Aeropuerto de Santa Lucía, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya. La respuesta del primer mandatario fue que enviaría una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, lo que finalmente hizo ese mismo día por la tarde.
En ese contexto, el 15 de septiembre el Inai –por conducto de su Secretaría de Protección de Datos Personales– le requirió a esta revista, entre otras cosas, “precisar el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes publicados en la revista Contralínea, relacionados con el tema”.
El doctor en derecho Mario Santiago Juárez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, considera que este requerimiento “es inaudito. Sinceramente no tengo antecedentes de que haya sucedido algo así. Más bien [el Inai] tendría que explicar muy bien y fundamentar muy bien su decisión, pero es curioso. Yo lo único que concluyo es que hay un afán de intimidación porque tienen ese poder para hacerlo”.
También explica que ni los jueces ni las autoridades administrativas pueden pedir a los periodistas que revelen sus fuentes de información. “Ya incluso pedirlo es un atentado, es una forma de obstaculizar tu derecho porque, si lo vemos bien, cuando viene de una autoridad, es una intimidación. Aunque sea una orden judicial que puede ser ilegal o inconstitucional, pero puede tener consecuencias intimidatorias y eso atenta contra el sistema democrático”.
El doctor indica que esto se debe a que el secreto profesional del periodista es una herramienta para proteger la libertad de expresión y, por tanto, está garantizado por la Constitución Política de México. “La libertad de expresión lleva toda la vida en la Constitución, en el artículo sexto; pero luego se ha entendido que había que buscar más herramientas y este secreto profesional está en la Constitución de la Ciudad de México y también hay una ley”.
Por ello, considera que el requerimiento del Inai a Contralínea, “parece ya de entrada intimidatorio, porque son personas especialistas que a sabiendas de la existencia de este derecho están solicitando información que no deben solicitar, porque están buscando que el secreto profesional se viole. Sabemos que en México muchos periodistas acaban revelando su información por amenazas, entonces cuando esta amenaza velada se hace pública me parece que están incurriendo en la violación de un derecho humano”.
El experto en derecho constitucional y derechos humanos Mario Santiago agrega que si bien en el caso del secreto profesional el derecho principal es del periodista, lo que se está protegiendo es en realidad el derecho a la información de las personas, de los ciudadanos que sólo con la información completa sobre la realidad pueden tomar decisiones.
Agrega que el artículo 6 de la Constitución federal establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, y de ello se deriva que “toda autoridad administrativa está obligada a respetar el derecho a la información y, entonces, el buscar que se revele el secreto periodístico va en contra de este primer párrafo porque es una inquisición administrativa, una intimidación para que se revelen las fuentes y esto obviamente no aguantaría ningún juicio de amparo porque hay una protección constitucional, hay una protección legal con la legislación de la Ciudad de México. Entonces yo pensaría que no tiene cabida ese tipo de acciones por parte de instituciones estatales”.
Consultado al respecto, el abogado Luis Fernando García –director de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales– señala que “aún cuando el requerimiento del Inai reconoce que resulta válido invocar el derecho a la protección de las fuentes periodísticas, me parece impropio el envío de este tipo de requerimientos a medios de comunicación pues impone cargas administrativas innecesarias que obstaculizan la labor periodística, sobre todo cuando la información requerida se encuentra públicamente disponible o se encuentra claramente protegida por el secreto profesional”.
Por su parte la doctora en derecho Perla Gómez Gallardo explica que “un patrimonio que tienen los medios son las fuentes de información. Sin las fuentes ustedes no generan un núcleo de confianza: si al rato con cualquier requerimiento dijeran: ‘me lo dijo tal’ o ‘de aquí proviene [la información]’ pierden el día de mañana esa validación, esa credibilidad”. Añade que “lo relevante no es quién lo dijo, es si lo que se dijo es cierto o no para efectos de una denuncia o un reportaje, o información de interés público”.
La experta en derecho a la información expone que, en caso de que Contralínea se niegue a revelar sus fuentes de información, “difícilmente vería que el Inai les iniciara una acción, más bien les da la salida de: ‘si me precisas si es o no [garantizada por el ejercicio periodístico]’, porque supongo que ellos necesitan informarle eso a quien les requirió que iniciaran el procedimiento”.
En caso de que el órgano autónomo quisiera derivar este caso en alguna responsabilidad a la revista por no revelar la fuente, la abogada indica que, aunque hay ambigüedades en la legislación que permiten a las autoridades presionar a los medios o reporteros –porque no hay homologación de reconocer el secreto profesional del periodista como derecho en todo el país–, la gran ventaja es que “se pueden invocar los estándares internacionales y con ello cerrar la tentación de que pudieran querer iniciar responsabilidades”.
Para la doctora Gómez Gallardo, el Inai sí puede solicitar a los periodistas que revelen sus fuentes: “técnicamente hablando pueden requerirlo, pero ya más bien frente a ese requerimiento se debe hacer valer el secreto profesional”.
En su oficio INAI/DGEIVSP/916/2021, el Inai también pide a este medio que “remita la nota o notas y/o reportajes contenidos o publicados en la revista Contralínea, que se relacionan con la información referida en el punto anterior; debiendo precisar la fecha y el medio en que se realizó la publicación o publicaciones respectivas”.
El doctor Mario Santiago Juárez no descarta que esta indagatoria del Inai se haya abierto por “la influencia que tienen los empresarios y estas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, y también quien está detrás: María Amparo Casar, que tiene influencia terrible en medios de comunicación, y que está protegiendo sus propios intereses. Ella lucra de Mexicanos Contra la Corrupción”.
También recuerda que parte de la influencia de Casar en el Inai proviene de su vínculo académico con el CIDE: “el Inai está lleno de gente del CIDE. O sea, ahí las relaciones de poder que se van tejiendo desde gobiernos anteriores”.
Además, destaca que esta indagatoria se dirige contra el presidente en un contexto en el cual López Obrador ha criticado el ejercicio presupuestario del Inai: “esta institución se está protegiendo porque sabe que en cualquier momento la pueden no desaparecer, sino la propuesta de Presidencia es tener una sola institución y no varias instituciones autónomas que están tal vez duplicando funciones y que son carísimas. Entonces hay un interés de todos de mantener esos privilegios que implica la poca transparencia del manejo de recursos, aunque sean internacionales, de recursos en una organización supuestamente de la sociedad civil”.
FOTO: CUARTOSCURO.COM
El derecho humano a saber
Experta en el estudio del derecho a la información, la doctora Perla Gómez Gallardo expone que este derecho humano es un derecho llave, instrumental que, aunque no es el más importante, “al ejercerse permite acceder a otros derechos. De ahí su fuerza. En el caso del derecho a saber, lo más básico, lo más relevante no es que se use sólo para escrutar a un gobierno o para denunciar a alguien, no; la parte más noble es mejorar la calidad de vida de las personas, porque las personas, gracias a que tienen un derecho a saber y garantizan el derecho a la información ya sea directamente usando el acceso a la información pública o gracias a la intermediación que hacen los medios y periodistas para darles información de interés público, lo que toman son decisiones”.
La doctora en derecho indica que en la mayoría de las solicitudes de acceso a la información lo que más preguntan las personas es: “cuándo me jubilo”. Por ello advierte que, “cuando alguien hace un ejercicio de sus derechos lo que trata de ver es de manera inmediata es cómo mejorar su calidad de vida. Entonces de ahí la importancia de resguardar siempre el ejercicio periodístico, porque permite tener a la sociedad informada y no sólo para garantizar sus derechos políticos en democracia, sino sobre todo su derecho a la información como optimizador de todos los demás derechos”.
En ese contexto, señala que el derecho a la información “es un derecho transversal, optimizador, que al usarse permite mejorar la calidad de vida de las personas. Ésa es la esencia misma y por eso es derecho humano”. En México, refiere que fue reconocido tardíamente en la Constitución (en 1977) “y apenas en 2003, en las leyes para ejercerlo. Pues sí es muy incipiente en el sistema mexicano, considerando que hay figuras que llevan siglos. Por eso hay que defenderlo de los retrocesos porque luego hay tentaciones obviamente de que es un derecho incómodo”.
La abogada indica que el derecho a saber también se relaciona con la libertad de expresión, “ahí de nueva cuenta sí es una obligación por el fin social que tienen los medios y periodistas el garantizarles su libertad de expresión, el de evitar la incitación al odio descalificando su labor”.
Agrega que “se ha puesto la parte del interés público que cuando se trata de figuras públicas por ser servidores públicos o personas notorias o que llevan actos de notoriedad que afectan a la sociedad tienen una menor protección de su derecho al honor y prevalece la libertad de expresión, aún en situaciones donde pudieran ser expresiones fuertes que utiliza un medio frente a una persona. O sea, el estándar de la Corte Interamericana siempre ha sido que en los casos concretos cuando hay una situación de figura pública prevalezca siempre la libertad de expresión. Obvio si el ejercicio es responsable, validando fuentes y demás, pero cuando hay una cuestión de interés público eso siempre va a blindar más al medio y a la persona periodista frente al agravio que quiere argumentar una autoridad o figura pública”.
Aunque insiste en deslindarse de los políticos y presentarse como un simple ciudadano preocupado por la ecología, lo cierto es que Gabriel Quadri, el candidato del Partido Nueva Alianza a la Presidencia de la República, no es lo uno ni lo otro. Está rodeado de fantasmas por las tropelías cometidas en perjuicio de comuneros de varias entidades del norte del país, cuando fue titular del Instituto Nacional de Ecología, y por el de la propia Elba Esther Gordillo, la dueña del partido que lo impulsa. A lo sumo, Quadri es un político de extrema derecha, un neoliberal pragmático.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La trayectoria de Gabriel Quadri, aspirante presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal) que controla la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, desmiente sus banderas de “candidato ciudadano”, “ambientalista” y “académico”. Luego del debate entre los cuatro candidatos presidenciables, la panista Josefina Vázquez Mota ha sido la única en fijarse en él. Y lo hizo sólo para señalar que su patrona es la maestra, dueña del partido que lo postula y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Quadri mendigando apoyo hasta de los chuchos
Crecido, aun cuando los demás candidatos le hicieron el vacío pese a las puyas que les lanzó calificándolos peyorativamente de políticos, poco se ha dicho sobre el pasado de Quadri. Pese a que se presentó como ciudadano y dijo que no es un político, se desempeñó como alto funcionario en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Ecología (INE), cargo de indiscutible envergadura política. Desde hace 17 años, organismos ciudadanos y ambientalistas lo señalan como corrupto y lo consideran un político pragmático, de extrema derecha y ecocida. Sus acciones, sostienen, provocaron daños ambientales, erogaciones millonarias al Estado mexicano, malformaciones en niños de San Luis Potosí y contaminación de agua en territorios del norte del país.
El pasado 27 de abril, en la Ciudad de México, Quadri presumió en la Casa Lamm que ninguno de los contendientes presidenciales sabe de medio ambiente y sustentabilidad como él. “El día que quieran les doy clases de sustentabilidad. Difícilmente otro candidato sabe más de ese tema que yo. Perdón que lo diga con arrogancia, pero eso sí lo puedo decir: ningún otro candidato está tan preparado como yo.” Quadri era el menos conocido de los aspirantes –si acaso se sabía que ocupó algunos puestos en la burocracia, en la academia y en el sector privado– hasta el debate del domingo 6, tras el cual se le evaluó como una “sorpresa” por las ideas y críticas que expuso ese día. Su primer puesto público fue en el INE, donde se mantuvo como director de 1994 a 1997, en el sexenio zedillista y al amparo de la entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Julia Carabias. Trabajó en el Banco de México y fue director de la empresa EcoSecurtities. También fue académico en la UNAM, el ITAM y la UIA. De 1998 a 2003 trabajó para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. Luego fundó su propia consultoría, denominada SIGEA Carbón, que tiene la misma línea que EcoSecurtities.
No obstante su largo paso por la burocracia, desde el inicio de su campaña presidencial viaja en una combi enarbolando las banderas de “candidato ciudadano”, “académico” y “ambientalista”. Incluso inició su proselitismo en los arrecifes de Veracruz, donde buceó para resaltar que México no tiene políticas de mares”; también ha dicho que el país carece de políticas públicas de ciudades, de aguas, y que las propuestas para la preservación ecológica son escasas. Y aun cuando insiste en que él no es político, el martes 8, cuando visitó la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, una alumna le dijo, diccionario en mano: “Usted ha dicho que es ciudadano y los demás son los políticos de siempre. Según el diccionario, político es aquel que interviene en los asuntos del Estado y en los negocios del gobierno. Entonces usted, desde que aceptó la candidatura de su partido, se convierte en un político.” Quadri repuso: “Me agarraron en curva. Está bien. Sí, soy un político, pero lo soy desde hace mes y medio. No soy un político de siempre, soy un político nuevo que está haciendo una candidatura nueva”. Los negocios públicos El involucramiento de Gabriel Quadri en negocios públicos data de por lo menos tres lustros, cuando fue director del INE y grupos de ciudadanos afectados por sus decisiones lo cuestionaron, en particular por la instalación del tiradero tóxico aprobado por él en San José de la Paila, en Coahuila. Campesinos de una comunidad asentada en Parras de la Fuente, colindante con General Cepeda, en esa entidad pidieron el apoyo a Jesús González Schmal, quien encabezó la defensa jurídica de los agraviados por el entonces funcionario del INE. “La labor de Quadri (en ese instituto) fue pavorosa. Fue él quien autorizó el establecimiento de un Centro Integral de Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari), cuya función era reciclar o inhibir desechos tóxicos, pero que no eran más que un tiradero”, relata González Schmal. La autorización fue combatida por los colonos y el alcalde de General Cepeda, ya que investigadores de diferentes universidades determinaron que se provocaría un grave daño ambiental que afectaría no sólo a la comunidad, sino a la ciudad de Torreón, a unos 200 kilómetros, por los cauces naturales del agua. A través de la empresa Servicios Ambientales de Coahuila (SAC) conformada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sobre todo con inversionistas estadunidenses, el Cimari se apropió de 30 mil hectáreas ejidales y se instaló en una zona estratégica, a pocos kilómetros de la ruta del ferrocarril a la Ciudad de México y de dos carreteras.
Quadri litigó como titular del INE para que no se reconociera personalidad jurídica al ayuntamiento que negaba la autorización. Y lo logró. Sin embargo, luego de seis años de litigios, el municipio ganó el juicio de nulidad 6117/03-17-06-4/541/04-PL-06-04-RF del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, que dejó sin efectos la autorización del INE. Desde la solicitud de permiso que pidió la SAC quedó claro que su propósito era importar desechos estadunidenses, incluso presentó una lista de 15 empresas estadunidenses que serían sus clientes, entre ellas Halliburton, Chevron, Caterpiller, Dupont y Whirpool. Según González Schmal, quien busca un escaño en el Senado impulsado por el Movimiento Progresista, la empresa se quejó de haber invertido 25 millones de dólares, pero en el lugar no había inversión física. “Esa inversión fue seguramente para comprar los permisos que Quadri les pudo haber facilitado. Con el movimiento dejamos en la cuerda floja a Quadri, quien ya tenía problemas por el confinamiento de Guadalcázar en San Luis Potosí. Julia Carabias (titular de la Semarnap) tuvo que echarlo”, dice. Añade: “Es necesario saber quién es Quadri, quien ahora se rasga las vestiduras y se dice ciudadano honrado y académico. En realidad es un vividor, un negociante que está lucrando con el tema ambiental; es un hombre muy peligroso”.
Cuando González Schmal dio parte de esta información en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui el viernes 11, Quadri reaccionó de inmediato e intentó descalificarlo: “Van a empezar a buscar detalles de mi vida personal. Son los políticos de siempre, va a haber más virulencia. Hay que estar preparados”. Dijo que González Schmal, a quien calificó como un político tradicional, fue el responsable de que el Cimari no se instalara, por lo que ahora los residuos tóxicos van a ríos y cañadas. Lo cierto es que cuando era titular del INE, a través del Oficio BOO.E.21.4722/97, la Comisión Nacional del Agua recomendó al organismo ambiental que no autorizara el Cimari porque los mantos freáticos estaban a 18 metros de profundidad. Un ecocidio vigente Los señalamientos contra Quadri no son nuevos. En los noventa, grupos campesinos y ciudadanos de Nuevo León lo denunciaron por el confinamiento de Residuos Industriales Multiquim, S.A. de C.V. (Rimsa), que se mantiene en operación a pesar de las múltiples anomalías registradas desde que inició sus operaciones. La historia de Rimsa data de mediados de los ochenta, cuando confinó de manera inadecuada miles de toneladas de basura tóxica en Espinazo, Nuevo León. Luego, en 1987, con el huracán Gilberto, la crecida barrió el sitio de manera que los tambos quedaron regados a varios kilómetros. Sin embargo pudo instalarse en el Cañón de San Bernabé, en Mina Nuevo León. La afectación motivó una respuesta ciudadana que exigió a las autoridades ambientales la clausura sin conseguirlo. De acuerdo con Raúl Rubio Cano, el periodista que documentó el caso, Rimsa confinó de manera tan irregular que el ganado comenzó a morir, mientras que los campesinos eran despojados de sus tierras por la empresa. Los que se resistían a vender fueron privados de acceso a sus estancias con hombres armados. El INE de Quadri desdeñó las denuncias. Rubio Cano consiguió un estudio realizado por el Texas Center for Policy Studies sobre ese caso, que incluye datos de 1994: “Rimsa dispone de instalaciones para tratamiento, reciclaje, disposición y mezcla de combustibles.
Debido a que la información en México sobre la cantidad generada y lugar en donde se manejan los residuos es bastante limitada y, en su mayoría, no reportada, no es posible determinar exactamente la cantidad procesada y dispuesta por esta empresa. “De todas formas, Rimsa sostiene que sus instalaciones son capaces de tratar entre 600 mil y 800 mil toneladas de residuos peligrosos al año. El INE reporta la capacidad mensual de disposición de Rimsa como 100 mil toneladas.” Los problemas con la empresa continuaron pese a la resistencia ciudadana. Las seguridades brindadas por las autoridades ambientales y la pasividad de las locales, dio paso a un desastre ambiental, cuando Pemex contrató el confinamiento para depositar en Port Arthur Texas residuos de hexaclorados (altamente cancerígenos) que no llevó a Texas, sino que trasladó desde el Complejo Pajaritos, en Veracruz, hasta las instalaciones de Rimsa. En el trayecto se derramaron. Lo anterior derivó en una sanción consistente en prohibir la contratación por dos años de Rimsa en todo el gobierno federal, publicada el 25 de julio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. “Lo más grave es que Quadri puso en peligro toda la zona metropolitana de Monterrey”, dice Rubio. Hasta hoy Rimsa sigue operando. Neoliberal pragmático En el altiplano central potosino, un vertedero tóxico operado primero por la empresa mexicana Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, S.A. de C.V. (Coterin), y después por la estadunidense Metalcald, provocó un severo daño ambiental que derivó en malformaciones de niños de comunidades aledañas al tiradero. Propiedad de la familia Aldrett de León, a Coterin se le había suspendido otro tiradero en Mexquitic, San Luis Potosí, donde enterraron 70 mil toneladas de desechos tóxicos. Nadie los detuvo. En 1990, mediante engaños, la firma hizo perforaciones al predio La Pedrera, una superficie de 814 hectáreas, localizado en el municipio de Guadalcázar. A los pocos días sepultaron miles de tambos con residuos peligrosos, muchos de origen desconocido. En un año había ya 55 mil tambos, con 20 mil 500 toneladas de desechos industriales y 170 toneladas de medicamentos caducos. Las lluvias de 1991 sacaron a flote el problema.
El agua se llevó los tambos que contaminaron la represa de abastecimiento de parcelas de la comunidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 21/92 sobre ese caso, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, antecedente de la Semarnat) clausuró el tiradero. Al año siguiente, Metalcald, cuyo inversionista principal era el estadunidense Grant Kesler, se asoció con la empresa Environ Technologies Inc., con sede en Utah, que en junio de 1993 adquirió Cotrin, no obstante que el gobierno estatal les recomendó no invertir en La Pedrera porque el sitio era geohidrológicamente inadecuado. En esa transacción participaron funcionarios como Humberto Rodarte Ramón, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, quien había clausurado el tiradero. Rodarte recibió una comisión de 100 mil dólares. En 1999 la Semarnat lo denunció por la vía penal. El caso está documentado en el libro Enfrentando la globalización, publicado por Porrúa en 2003. El primer capítulo, titulado “El conflicto del basurero tóxico en Guadalcázar”, fue escrito por Fernando Bejarano, coordinador de la investigación. Pese a las recomendaciones, la Semarnat y el INE favorecieron a Metalcald para que reabriera el tiradero. En un convenio la empresa se comprometió a efectuar una auditoría ambiental, que se realizó entre finales de 1994 y principios de 1995. Según el estudió, el sitio era apto para la reapertura. En entrevista con Proceso, Bejarano sostiene que la auditoría se hizo a modo para que Metalcald volviera a operar, legitimada por el INE de Gabriel Quadri y de la Profepa. La empresa sobornó inclusive al gobernador Horacio Sánchez Unzueta y a varios regidores. Y aunque Sánchez Unzueta declaró la zona Área Natural Protegida, Metalcald argumentó, ante el arbitraje comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue una “expropiación indirecta” de su inversión y ganó el litigio. El Estado mexicano debió pagar 16 millones de dólares de indemnización a la empresa. Bejarano, quien hoy coordina proyectos en la Red de Acción y Plaguicidas en México (Rapam), tuvo acceso al expediente del litigio por la demanda comercial interpuesta por Metalcald, en la que se acreditó que la empresa ni siquiera tenía experiencia en el ramo e infló su experiencia mediante un juego de imagen para atraer inversionistas.
El entonces titular del INE, Gabriel Quadri, fue quien la ayudó. Bejarano remata: “Como ambientalistas no reconocemos su trabajo. Es un ambientalista de extrema derecha, un neoliberal pragmático que no se ha preocupado nunca por la salud de las personas ni por el medio ambiente”.
Sao Paulo.El presidente Jair Bolsonaro aseguró ayer que “sólo Dios” puede removerlo de la presidencia, tras redoblar sus ataques contra las instituciones y el sistema electoral de Brasil, en una jornada en la que movilizó a decenas de miles de seguidores en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro con motivo del Día de la Indepencia.
“A los que quieren hacerme inelegible les digo: sólo Dios me saca de ahí”, afirmó ante sus seguidores en la emblemática avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, y añadió que terminará su mandato “muerto o con victoria, pero no preso”. A sus detractores lanzó: “quiero decir a los canallas que yo nunca seré preso, mi vida pertenece a Dios, pero la victoria es nuestra”.
Bolsonaro, quien por la mañana encabezó una movilización en Brasilia, para después trasladarse a Sao Paulo, lleva meses cuestionando la fiabilidad de las urnas electrónicas, que funcionan desde 1996 y lo condujeron a él mismo en sucesivos mandatos a la Cámara de Diputados y a la presidencia en 2018. Sus críticas, sin fundamento, hicieron que el Supremo Tribunal Federal (STF) y la justicia electoral abrieran investigaciones en su contra, lo que incrementó su retórica contra esas instituciones.
“Queremos elecciones limpias, democráticas, con conteo público de los votos. No puedo participar en una farsa como la que defiende el Tribunal Superior Electoral (TSE)”, exclamó ante unas 125 mil personas, según cifras de la policía.
El Congreso y los tribunales también resistieron el intento del mandatario de introducir el voto impreso como respaldo de un sistema de votación electrónica que, según él, es vulnerable al fraude. El tribunal electoral sostiene que el sistema es transparente y seguro.
Valdivino Pereira, partidario del mandatario, avanzó por la avenida Paulista con un cartel: “intervención cívico militar con limpieza de las instituciones”, consigna repetida entre los asistentes.
Los bolsonaristas, la mayoría sin cubrebocas, se movilizaron con banderas nacionales. Algunos corearon lemas golpistas, otros criticaron a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff y otros rezaron por el gobernante, quien entre su base electoral cuenta con buena parte de evangélicos.
Oyendo las plegarias de un pastor evangélico
En Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, también se desarrolló una manifestación opositora con el lema: “Fuera Bolsonaro”, que según la policía reunió a 25 mil personas y no generó enfrentamientos con la otra movilización.
Además de las movilizaciones bolsonaristas, en Río de Janeiro marcharon miles en repudio al mandatario, cuya aprobación según encuestas cayó a 24 por ciento.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, y el opositor Partido de los Trabajadores hicieron un llamado a defender la democracia.
Antes de viajar a Sao Paulo, Bolsonaro arremetió contra el STF y dijo que la nación ya no puede aceptar “encarcelamientos políticos”, en referencia a los arrestos ordenados por el juez Alexandre de Moraes, a allegados a su gobierno por financiar, organizar, incitar a la violencia y difundir información falsa sobre las instituciones democráticas del país.
Citó que el juez autorizó a la policía retener en el aeropuerto de Brasilia e interrogar a Jason Miller, ex asesor del presidente estadunidense Donald Trump, por sus posibles conexiones con los movimientos golpistas en Brasil.
Advirtió, acompañado de sus ministros, que el máximo tribunal del país podría “sufrir lo que no queremos”, además solicitó al Senado que lo impugne.
Aunque las promesas de algunos manifestantes de invadir el STF nunca se materializaron, en una imitación al asalto al Capitolio en Washington por seguidores de Trump el 6 de enero pasado, la hostilidad hacia el Poder Judicial y el Congreso también quedó de manifiesto en las marchas más grandes realizadas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Tras advertir que el tema del aborto –el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo– “lo tienen que resolver las mujeres, lo tiene que resolver el pueblo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que determine su despenalización. “En este caso si lo está atendiendo la Suprema Corte, esperar la resolución porque es el Poder que tiene la facultad para decidir sobre estos asuntos”.
Ello, luego de que –desde ayer, al analizar el Código Penal de Coahuila– la mayoría de los ministros (ocho de once) se han inclinado por declarar la invalidez de la pena de hasta tres años de cárcel contra las mujeres que abortan, al considerarla inconstitucional.
En su conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que ha actuado, “en mi caso como presidente, con prudencia y de manera respetuosa, porque son temas muy controvertidos, polémicos, y no queremos nosotros alentar ninguna confrontación”. Por ello, el primer mandatario advirtió que “lo mejor en este caso es que, si ya está en la Suprema Corte de Justicia, pues que ahí se resuelva. No tomar partido, en mi caso, porque no creo que sea lo más prudente”.
López Obrador se pronunció por esperar qué decide el máximo tribunal del país. “Deben entenderse las cosas: yo no puedo, por la investidura presidencial, exponerme a un desgaste, entonces tengo que cuidarme; y este asunto es bastante polémico. Si ya lo tiene la Suprema Corte, a ellos les corresponde. No es un asunto del Ejecutivo”.
Ayer inició la discusión en la Corte sobre tres acciones de inconstitucionalidad que proponen despenalizar el aborto en Coahuila y en Sinaloa, así como otro que tiene como fondo, con base en la llamada objeción de conciencia, el derecho de los médicos a oponerse a practicar la interrupción del embarazo. Los proyectos fueron presentados por el ministro Luis María Aguilar y podrían generar un precedente histórico para todo el país.
Ya con un pie fuera del gobierno, con un desbalance presupuestal cuantioso, Silvano Aureoles anda buscando culpables del desastre. Hay un retraso en el pago a 28 mil maestros en Michoacán, lo que ha provocado múltiples bloqueos y protestas en la entidad. Silvano dice que la falta de pago de dos quincenas no es culpa de su gobierno y que la Federación desde hace 30 años ha venido solventando con recursos extraordinarios los pagos al magisterio, pero en esta ocasión no. “Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han enviado 8 mil 500 millones de pesos para pagar a maestras y maestros, lo cual ha sido insuficiente para cumplir con los compromisos, es la historia de la crisis educativa en el estado que provoca falta de pago, y en consecuencia, latomade vías, cierre de calles, suspensión de clases”, acusó. No es eso exactamente. Michoacán es una entidad rica, pero mal administrada. Hay una historia de saqueos y despilfarros. “Solucionar un conflicto de estas dimensiones nunca será posible si el gobierno federal no ayuda, gobierne quien gobierne el estado, no tiene que ver con temas partidarios, colores, el gobierno federal puede y le corresponde resolver la crisis, como lo ha venido haciendo por décadas, si el Presidente no le da la mano a Michoacán, el gobierno no podrá hacerlo solo”.
Posiblemente en caso de crisis extrema tendría que hacerlo el gobierno federal, pero no sería prudente que entregara los recursos a Silvano, sino a su sucesor. Lo que procede con el aliancista que anda tocando puertas por donde quiera es que su administración sea sometida a una rigurosa auditoría. Probablemente le convendrá obtener un amparo a tiempo.
Cerveceros
Grupo Modelo, el mayor productor de cerveza de México y filial del Anheuser-Busch InBev, demandó en una corte de Nueva York a la empresa estadunidense Constellation Brands, que tiene los derechos para importar de México la marca Corona y otras más del Grupo, por la presunta violación de las reglas del negocio al lanzar dos cervezas de Modelo Reserva añejadas en barricas de tequila y bourbon. Constellation Brands es la empresa que estaba construyendo una planta en Méxicali, pero los ciudadanos protestaron porque les quitaría agua y el gobierno federal canceló el proyecto. “Las cervezas Modelo Reserva de Constellation Brands, producidas sin la aprobación de Grupo Modelo, violan el acuerdo de sublicencia que tenemos con Constellation”, informó Grupo Modelo. El acuerdo establecido en 2013 dice que Constellation no puede adoptar, hacer referencia o incorporar cualquier tipo de extensión de marca de bebidas espirituosas como Corona Tequila hasta que Modelo lo apruebe. El Consejo Regulador del Tequila, que busca salvaguardar la denominación de origen del tequila en México y el extranjero, ha exigido, a su vez, que Constellation deje de usar de inmediato la palabra tequila, por violar las leyes de Estados Unidos y México”.
Bombero
Por unanimidad, los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) eligieron al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente de la Sala Superior. Rodríguez ocupará el cargo a partir de ahora y hasta octubre de 2024. Es otro humorista involuntario. “Es la hora de afianzar la imparcialidad y la autonomía del órgano para fortalecerlo como auténtico tribunal de derecho”, dijo el magistrado. Ya encarrerado, agregó: “Es la hora de apagar cualquier atisbo de influencias externas o presiones de poderes fácticos, para fortalecer la credibilidad y confiabilidad de sus decisiones. Sólo así podemos servir auténticamente a la sociedad con la misión que nos ha encomendado, como órgano de justicia electoral en última instancia”. El bombero del Tribunal debería revelar por qué siente el fuego tan cercano.
Ombudsman Social
Asunto: Vox y los negocios
Pues los Abascal siguen dando de qué hablar, ahora otro, salvador de ese apellido, dirigente de Vox, partido ultraderechista de España, vino a que los senadores del PAN le firmaran una carta de adhesión a sus luchas neofranquistas y todos lo vimos: los senadores panistas, ni tardos ni perezosos, la signaron aunque después negaron que eso implique un compromiso, vaya descaro, pero muy propio de sus maneras, y entonces pienso que ante tal invitación conviene decirle al invitador un verso que me sale del alma: Después de padecer a Fox, no quiero nada con Vox.
Cimbra al PAN alianza con ultraderecha española y busca aminorar costo político
El Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul pide a sus líderes ya no tocar el tema de la reunión con Abascal
Imagen patética de la intolerancia y la sevicia.
Georgina Saldierna y Andrea Becerril
Periódico La Jornada Domingo 5 de septiembre de 2021, p. 3
La reunión de Santiago Abascal, dirigente del ultraderechista Vox, con un grupo de senadores, fracturó al Partido Acción Nacional (PAN) que, afectado políticamente, a toda costa quiere pasar página y que este capítulo quede en el olvido. Sin embargo, persiste la molestia y voces dentro de la fuerza política que piden la remoción del coordinador Julen Rementería.
Entre ellas se encuentra la del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo, quien demandó la salida del senador veracruzano por considerar que le quedó grande el cargo.
Criticó que Rementería haya hecho ese encuentro en los recintos oficiales del PAN, porque pareció que la reunión tenía un carácter institucional, cuando eso no es cierto.
A lo mejor en lo personal el senador veracruzano es admirador de las ideas de Vox, pero no tiene por qué mezclar sus creencias personales con las posturas del partido, señaló el primer gobernador que tuvo el blanquiazul en el país.
Frente a las críticas que generó la reunión, ni Rementería ni ningún senador y tampoco la dirigencia del blanquiazul emitieron ayer opinión alguna. De hecho, trascendió que el Comité Ejecutivo Nacional pidió a sus liderazgos ya no tocar el asunto en medios de comunicación.
Sin embargo, en corrillos del partido no cesa el escándalo. Hay inconformidad por la invitación que se hizo al dirigente de Vox y se recrimina a senadores que suscribieron la llamada Carta de Madrid por su ignorancia sobre lo que representa esa formación ultraderechista.
Se pone de ejemplo el caso de la senadora Lilly Téllez, quien suscribió el documento y de manera paradójica dijo en sus redes que detesta la homofobia y el racismo, actitudes que promueve Vox.
La mayoría de los legisladores firmantes que aparecieron en la foto con Santiago Abascal están identificados con el Yunque, el ala más conservadora del blanquiazul, algunos de ellos incluso signaron con antelación.
En este caso se encuentra la senadora Alejandra Reynoso, ubicada como parte de esa corriente, quien se ha caracterizado en los tres años de la legislatura por la crítica constante y virulenta al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al propio Ejecutivo y otros integrantes del gabinete, entre ellos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
La senadora Reynoso fue una de las que en el cónclave del jueves pasado con Abascal se tomó una foto sólo con él, y más tarde la subió a sus redes sociales. Con evidente satisfacción, también mostró el documento firmado.
La senadora no ha hecho declaración alguna sobre la polémica reunión ni acompañó a Rementería en la conferencia del jueves por la noche, en la que el coordinador panista debió dar la cara, luego del escándalo suscitado en redes y las expresiones de rechazo del presidente en funciones del PAN y de sus propios compañeros de bancada.
En esa conferencia, Rementería no precisó por qué se había invitado a Abascal al Senado. Se limitó a repetir que la firma de la Carta de Madrid no significa ningún acuerdo ni alianza con ninguna persona u organización política; aclaró que la firma de ese documento fue a título personal, no a nombre de la bancada ni del PAN.
