domingo, 31 de enero de 2021

Juan Bermúdez, seudo periodista, difamador y extorsionador

 




Juan Bermúdez ¿usted lo conoce? Bueno, pues le comento que se hace pasar por “periodista”, quien hace algún tiempo fue ¡corrido! de esta casa editora ¡por extorsionador y sinvergüenza!, quien se ha dado a la tarea de difamar a gente que ni siquiera conoce. Este sujeto, que acudió a la delegación Miguel Hidalgo a pretender extorsionar al comunicador de la misma, ha tenido la estúpida idea de meter en sus mal logrados comentarios a gente inocente que nada tiene que ver siquiera con dicha delegación.

¡Cuidado!, si bien es cierto que el trabajo de un periodista, un verdadero periodista delicada, más lo es cuando se trata de “usurpadores de funciones” como este sujeto, a quien en este espacio, la que esta escribe, Karina Rocha Priego, le digo que, luego de 32 años en este medio, se de la clase de gente de la que estoy hablando.

Juan Bermúdez se dedica a extorsionar y difamar, pero no cuenta con que, quienes tenemos la frente bien en alto, sabemos la clase de gente que es, por lo que desde este espacio les digo, a quienes se dedican a esta hermosa labor de informar que ¡tengan cuidado!, este tipo de gente es tan cobarde que ¡no dan la cara!, y con difamaciones, como lo está haciendo, no logrará obtener más que una denuncia en su contra por ¡hocicón!

Cuidado, señores funcionarios, de esta casa Editora, por eso se le corrió, como el perro que es, porque no solo no es periodista, sino que, con tal de hacerse notar, “se mete” con gente que no solo no conoce, sino que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el Servicio Público y mucho menos con medios de comunicación. ¡Cuidado!, y sé, porque conozco esta clase de gente, que no me dará la cara pues, como buen cobarde, se esconde tras una pantalla que solo él sabe que existe.

miércoles, 13 de enero de 2021

Argentina: murió el paciente que recibió dióxido de cloro por orden de un juez

 


El fallecimiento ocurrió en el Otamendi. La orden había causado rechazo ya que es un tratamiento no autorizado. La familia va a denunciar al sanatorio por “homicidio culposo”.

Murió el paciente que le administraron dióxido de cloro en el sanatorio Otamendi. Había sido por orden de un juez federal, en una decisión judicial que causó rechazo en la comunidad médica ya que se trata de un tratamiento no autorizado.

Según pudo confirmar Clarín, el paciente de 92 años murió después de habérsele aplicado el tratamiento. "Luego de aplicación, el paciente empeoró en lo respiratorio y murió a las 24 horas", informaron desde el sanatorio.

Minutos después de conocida la noticia, el abogado del paciente dijo por C5N que "el paciente no murió a causa del covid".

"​El médico que lo trataba sugirió el dióxido de cloro y el ibuprofeno inhalado y el Otamendi se negó a hacer el tratamiento. Ante esto se presentó un recurso de amparo y lo Justicia lo aplicó", sostuvo Martín Sarubbi, quien adelantó que este martes radicarán una denuncia, "imputando por homicidio culposo al Otamendi".

Siguió: "El sanatorio siguió dilatando el tratamiento. La realidad es que el dióxido no está prohibido. La Anmat lo desaconsejó, pero no lo prohíbe. El hombre fallece a causa por una infección intrahospitalaria y a causa de que se demora el tratamiento".

Rechazo de la comunidad médica

El fallo obligó al Otamendi a a suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. Ninguno de los dos tratamientos recibió autorización de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).​

El Juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7,, en su polémica medida, amparó un pedido de la familia del paciente, la cual estaba desesperada por encontrar un tratamiento que le salve la vida.

El fallo generó mucha polémica en el ámbito de la salud por el dilema ético que plantea a los médicos que deben, por orden judicial, administrar una sustancia no autorizada. Los profesionales del Otamendi se manifestaron el domingo en contra de la orden del juez "haciendo cumplir nuestro juramento hipocrático", expresaron.​

Carlos Damin, profesor titular de Toxicología de la UBA, sostuvo en declaraciones a TN que "el dióxido de cloro es primo hermano de la lavandina. Se utiliza como blanqueador. Nunca jamás fue utilizado como tratamiento. No tiene ningún tipo de evidencia científica que demuestre que como medicamento es bueno. Claramente es una sustancia tóxica y puede provocar daño a la salud. No es utilizada por ningún país del mundo. Salvo Bolivia, que hace poco autorizó su uso".​

"El sanatorio demoró el tratamiento"

"En modo alguno está prohibido este tratamiento. De hecho hay una prescripción médica ordenando este tratamiento específico. No es el único caso: en la provincia de Buenos Aires hay un caso similar donde la justicia ordenó este tratamiento", dijo el abogado.

Añadió: "El sanatorio y en parte la corporación médica y farmacológica desaconsejan este tratamiento por cuestiones eminentemente económicas que no tienen nada que ver con la efectividad del tratamiento (...) Evidentemente la producción de la vacuna y la cura del covid genera una expectativa para generar ingresos".

Cerró: "Aún existiendo la demanda judicial el sanatorio demoró poner a disposición del paciente el tratamiento ex profeso".


domingo, 13 de diciembre de 2020

LAS BATALLAS POR LOS LIBROS DE TEXTO





Bertha Hernández. Relatos e Historias de México

 Cuando se anunció el inicio de la producción de los libros de texto gratuitos, Torres Bodet era consciente de que habría críticas, tal y como había estado ocurriendo en sexenios anteriores con respecto de los textos que aprobaban las autoridades. Se quedó corto. Después habría de reconocer que la SEP y la Conaliteg sufrieron “fuego graneado” en aquellos primeros años.

 

Todo es motivo de ataque, empezando por el nombramiento de Guzmán, que, a sus 71 años, se ve tachado de “rojo” y de “comunista”. Un columnista del periódico Excélsior, Pedro Vázquez Cisneros, se tira a fondo: “lo que temen conmigo incontables mexicanos […] es que se pongan en uso libros de contenido antirreligioso, particularmente anticristiano”. El debate se libra, en abundantes escaramuzas, en la prensa de aquellos días. Se critican hasta las portadas de los libros que, acusa Vázquez, “son ilustrados por los más notorios comunistas”, refiriéndose a Siqueiros. Muchos defienden los libros, pero en los años de la Guerra Fría, la acusación de comunismo es delicada e inquietante.

 

Concepción Aragón, una mujer de 85 años, le escribe a Guzmán: le ruega que los nuevos libros no sean ni anticatólicos ni antirreligiosos. Una de las grandes críticas contra los libros es su carácter de únicos y de obligatorios. En aquellos meses de trabajo, ni la Conaliteg ni la SEP responden directamente a esa acusación. La Unión Nacional de Padres de Familia, conocida por su conservadurismo, exige que los padres de familia participen en la hechura de los libros; que haya diversas versiones para que cada familia escoja los que mejor le acomoden. Por lo inoperante de las ocurrencias, las quejas se quedan en el papel. La SEP emite comunicados donde señala, como el origen de la campaña, a “comerciantes” –refiriéndose a los editores– que desean lucrar con la necesidad de los padres de familia.

 

Se dice de todo de los libros de texto. Se afirma que ¡están mal escritos! Para los dos principales artífices del proyecto, Torres Bodet y Guzmán, ambos escritores y miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, eso sí les suena a insulto, máxime que ambos se han encargado de la revisión final de los originales.

 

Con todo, los libros se produjeron y distribuyeron. La siguiente gran polémica tuvo lugar en Monterrey, en febrero de 1962. Unas 150 mil personas protestan con pancartas: “México sí, comunismo no”, “No al libro de texto obligatorio”.

 

Si en 1960 las autoridades habían preferido eludir la confrontación directa, dos años más tarde responden fuerte: el secretario defiende los libros. Contienen, afirma, “una educación cívica práctica y funcional en la que se toman en cuenta los intereses y los valores auténticos de México”. El presidente López Mateos, en su informe de ese año, critica a los que “han tratado de desorientar a los mexicanos”.

 

Pero la batalla frontal la da Guzmán en Tiempo: publica en portada los retratos de los grandes empresarios regiomontanos y líderes católicos locales, a quienes culpa, en una larga crónica, de lo que llama “ofensiva reaccionaria y clerical”; asegura que la manifestación de febrero ha sido pagada por ellos, quienes también han financiado abundantes desplegados contra los libros.

 

Como remate, les asesta un aguijonazo con la publicación de un llamativo recuadro:

 

8º. NO MENTIR

Quien diga que TIEMPO es un periódico comunista, miente SI el clero católico de México o algunos de sus ministros dicen que Tiempo es un periódico comunista, mienten. Además, faltan así al 8º. mandamiento de su propia ley.

 

De Monterrey llega la respuesta: Tiempo sufre un notorio boicot publicitario. El gobierno interviene pagando inserciones en la revista. El gesto le da aire a Guzmán para seguir la pelea: ofrece quinientas suscripciones gratuitas, exclusivamente para maestros de escuela y para que estén enterados de la defensa del libro de texto. Al mismo tiempo, envía a sus asesores pedagógicos a discutir con los inconformes de Monterrey. El debate no se concreta porque muchos confiesan que no han leído los libros y otros alegan que son “libros comunistas” porque no tienen en sus páginas la palabra propiedad.

 

La discusión de qué han de aprender los escolares mexicanos acompaña desde siempre al libro de texto gratuito. Las polémicas posteriores se centraron en los contenidos para dos asignaturas; Ciencias Naturales, que aborda elementos de educación sexual, e Historia, tanto por lo que incluye como por lo que se deja de incluir.

 

Dos discusiones importantes respecto a ciencias naturales se dieron en 1973, cuando aparecieron los libros para sexto año de la reforma educativa echeverrista y los sectores conservadores criticaron las páginas dedicadas a la educación sexual. En 2003, por ejemplo, durante el gobierno de Vicente Fox, fue una ilustración que mostraba a un par de niños en una regadera la que provocó la indignación de la Unión Nacional de Padres de Familia.

 

Los debates por la historia han sido igual de intensos. Al sustituir los libros de Historia y Civismo por los de Ciencias Sociales, a partir de 1970, las discusiones se centraron en la ausencia de la narrativa histórica encaminada a fomentar el culto a los héroes. En esos años, el planteamiento de que Darwin, Freud y Marx habían contribuido a la construcción de las ideas transformadoras del siglo XX, escandalizó más que la ausencia del Pípila.

 

Esa batalla se libraría en 1992, cuando se volvió a hacer un libro de Historia donde por primera vez se habló del Movimiento estudiantil de 1968; y no, tampoco estaba el Pípila y los Niños Héroes eran apenas materia de un par de renglones.

 

Aquellos libros, hechos por historiadores profesionales, también fueron muy atacados. Se les reclamaba la “ausencia de los héroes” de la patria; se les calificó de “adecuados” al gobierno y proyecto salinistas, y las fuerzas armadas se quejaron por ser mencionados como represores en 1968 y ver minimizados a los Niños Héroes. Los libros no cumplieron un año en las aulas.

 

Las discusiones y reclamos más recientes no se han referido tanto a sus contenidos como a su hechura. En julio de 2013 se denunció la existencia de 117 faltas de ortografía en diversos libros, lo que se procuró subsanar con una fe de erratas; aunado a que, cada tanto, son perceptibles en la prensa campañas soterradas para que el libro de texto de primaria vuelva a ser producido por editoriales privadas.

 

Lo que queda claro es que el libro de texto gratuito es de tal importancia para los mexicanos que, cuando se discute en torno a él, nadie permanece indiferente.

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