martes, 1 de noviembre de 2016

Se lo tragó la tierra-Rocha

Voy a cumplir 63 años, pero estoy entero; me siento de 25: AMLO

amlo

A pocos días de su cumpleaños número 63, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse entero y lúcido.
“Voy a cumplir 63 años, aunque dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. No, estoy entero. Lo de la vejez es un estado de ánimo”, expresó López Obrador en una entrevista realizada por el periódico Excélsior la semana pasada.
Luego de recorrer 23 municipios de Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz en dos fines de semanas, al ser cuestionado sobre de cuántos años se siente, López Obrador respondió: “Pues estoy como de 25, 30 años, mentalmente muy bien, lúcido”
El dirigente de Morena señaló que en el plano familiar al ser papá de un hijo de 10 años hay algunos actividades que prefiere evitar, como por ejemplo jugar a las luchas con Jesús Ernesto, el más pequeño de sus hijos.
“Ya no puedo lo de las luchas con Jesús, porque es muy rudo. Me da unos guamazos muy fuertes y entonces mejor el beisbol, es mi pasión”, señaló.
En otros temas, López Obrador coincidió con el secretario de la Defensa Nacional en que, en el combate al crimen organizado, las fuerzas armadas nacionales han sufrido un preocupante desgaste.
“Sí, se ha desgastado mucho el Ejército por eso, porque lo han utilizado para tratar de enfrentar, porque todo es una simulación, problemas sociales”, aseveró.
López Obrador indicó que el gobierno federal quiere “resolver las cosas sólo con mano dura y ya estamos viendo los resultados; eso no es así, pero resulta que esta forma de actuar hace que se le cargue mucho la mano a una de las instituciones que más respetan los mexicanos: el Ejército”.
El domingo 13 de noviembre, López Obrador pasará su cumpleaños de gira por municipios en el estado de Coahuila.

Golpe a Moreno Valle .- Julio Hernández López

 ¿Sólo él se ha adelantado?
 Escaramuzas y reacomodos
 Amenazas a periodistas en Tamaulipas

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SÓLO CON COORDINACIÓN SE GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD: OSORIO. Al inaugurar en Cuautlancingo, Puebla, el centro de mando policiaco C-5, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que si no existe coordinación entre los diferentes niveles de gobierno no hay capacidad para resolver el problema de la inseguridad. En el acto le acompañaron el gobernador Rafael Moreno Valle, el alcalde Luis Banck, el senador panista Javier Lozano y el director de seguridad estatal, Jesús RodríguezFoto Notimex
V
ista de manera aislada, es positiva la resolución emitida ayer por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para descabalgar al gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, del sostenido trote propagandístico (con aires de ir tornándose en franco galope) que ha mantenido con la pretensión de situarse como precandidato presidencial panista.
Dicha comisión del INE le dio 12 horas a Moreno Valle para que haga retirar la burda maniobra consistente en que su imagen, con una abierta descripción de él como el nuevo presidenciable, haya sida colocada en todo el país como presunta publicidad de la revista Líderes mexicanos en anuncios espectaculares, unidades del transporte público y versiones en impresos y en Internet (https://goo.gl/qMQWvp). Hasta ahí todo bien, en espera de la posible recurrencia del mencionado gobernador al tribunal electoral federal, con la intención de rechazar la instrucción del INE (recular, que ha sido frecuente).
Pero no es Moreno Valle el único de los aspirantes a la silla de 2018 que busca lagunas y recovecos legales para tratar de filtrar su promoción personal. Ayer mismo, la citada Comisión de Quejas y Denuncias declaró improcedente una solicitud que buscaba evitar que el dirigente panista, Ricardo Anaya Cortés, se beneficie personalmente de los tiempos de su partido en radio y televisión. El mencionado órgano del INE consideró que la presencia de Anaya en esos espacios electrónicos tiene un contexto informativo y corresponde a un posicionamiento ideológico partidista. Similares consideraciones, a favor y en contra, genera la constante exposición mediática del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a quien sus adversarios acusan con insistencia de desarrollar una precampaña electoral anticipada.
La sanción del INE a Moreno Valle se produjo después de que éste y Enrique Peña Nieto se habían reunido de manera poco clara, este sábado reciente, en Cartagena de Indias, Colombia, adonde el segundo había ido para participar en una sesión de jefes de Estado de Iberoamérica (una cumbre, la 25) y el primero a un encuentro empresarial iberoamericano. El propio gobernador poblano colocó en su cuenta de Twitter una fotografía de su reunión con Peña Nieto. Se dijo que había sido una sesión de trabajo y, extraoficialmente, se habló de una búsqueda de fortalecer la relación con el ocupante de Los Pinos. Extraña reunión, a tanta distancia, para hablar de asuntos que, en ese contexto, han de suponerse urgentes o inminentes.
Moreno Valle, como en su momento lo han hecho todos los gobernadores que al mismo tiempo han sido aspirantes presidenciales (Peña Nieto es ejemplo mayúsculo, desde el estado de México), se ha beneficiado de las mieles presupuestales (contantes y sonantes) para impulsar su siguiente aspiración electoral. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario federal de Gobernación, ha urdido un uso del Internet como herramienta de promoción personal e institucional no punible, sabedor de que no debe quedarse atrás en posicionamientos cuando sus probables adversarios ya van muy adelantados. José Antonio Meade, por su parte, premiado por el Council of the Americas como líder innovador del año, por sus contribuciones en diversas materias, entre ellas la financiera, aunque lleve apenas unas semanas como secretario de Hacienda. Margarita Zavala Gómez del Campo anunció en noviembre de 2015 una Fundación Dignificación de la Política y en enero de este año ya estaba como virtual precandidata presidencial mediante la plataforma Yo con México. Y, de los independientes ni se diga: todos están en abierta (y explicable) promoción temprana. Uno de ellos incluso desde el trampolín de la gubernatura de Nuevo León.
Comenzar un proceso de reordenamiento de tiempos y procedimientos, como lo ha hecho la comisión del INE con el gobernador Moreno Valle, puede parecer necesario, ante la proliferación de ingredientes que desde ahora amenazan la credibilidad de los comicios presidenciales de 2018, que se prevén altamente competidos y con riesgo de desbordamientos. Pero resultaría peor si solamente fueran escaramuzas para reacomodos de grupos e intereses. Una maniobra, por ejemplo, que dañara al mandatario poblano para favorecer las aspiraciones de Zavala Gómez del Campo, quien pareciera contar con el beneplácito de las cúpulas para jugar el papel de opción B si el priísmo no repunta. O un juego de policías buenos o malos (aunque ambos acaben siendo malos) entre el INE y el tribunal electoral federal.
Francisco Cuéllar Cardona, director editorial del diario tamaulipeco Expreso, en Ciudad Victoria, informó ayer, en su columna La talacha (https://goo.gl/Z5LC9k), que determinó hacer una pausa en su tarea periodística. No por su voluntad, sino por las amenazas hechas bajo la firma de Grupo Bravo Puro Zeta Vieja Escuela hacia uno de sus hijos (https://goo.gl/VjtrTN ), con amago abierto al propio director editorial y a su esposa, quien es coordinadora de una red de periodistas.
Cuéllar Cardona, su esposa e hijos decidieron dejar atrás casa, trabajos y escuelas, para huir de una sentencia de muerte dictada por uno de los grupos que se pelean el control del estado que antes tuvo como velador del negocio al priísta Egidio Torre y ahora al panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha prometido pasar del papel pasivo de sus antecesores al de combatir de verdad al crimen organizado.
El Expreso es mencionado siempre como propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington. Pero Cuéllar Cardona, como la gran mayoría de los periodistas tamaulipecos, ha debido lidiar con los intereses y arreglos de los dueños, la presión de los cárteles y el sedicente gobierno estatal en turno. Al citado periodista lo tablearon en 2009, según eso por no publicar una nota, como habían ordenado Los Zetas. Quedó muy lastimado y pasó más de medio año fuera del país, en recuperación. Ahora ha dejado Tamaulipas, como tantos otros periodistas en esa entidad, pero no sólo en esa. El poder del narco. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

En las fauces de la muerte-Fisgón

Peña Nieto y cómo joder un sexenio

Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo. Foto: Octavio Gómez
CIUDAD DE MEXICO (apro).- El acto del martes 25 de octubre titulado Impulsando a México quedará para la historia como el discurso de Jodiendo a México, gracias al principal orador de este encuentro: Enrique Peña Nieto.
Las reverberancias de las afirmaciones del presidente mexicano prosiguen en las redes sociales, en los medios de comunicación masivos y en los comentarios de la opinión pública por tres razones fundamentales:
El presidente mexicano hilvanó en su improvisada intervención –y quizá, por ello, más genuina– una serie de frases que corrieron el velo de quien transforma el cuidado rostro de un político sereno en el de un hombre de resentimientos e irascible ante su propio legado.
La más citada de sus afirmaciones ha sido la siguiente: “Mi único propósito es que a México le vaya bien. Estoy seguro de que los anteriores presidentes no han tenido otra misión que esa. Nadie despierta… Un presidente no despierta pensando en cómo joder a México. Siempre pensando en cómo hacer las cosas bien para México”.
Peña Nieto quiso ser “empático” con su auditorio y con quienes lo escucharan o leyeran. El resultado fue exactamente el inverso. Lo hizo en un tono irascible, utilizó un verbo de clara connotación sexual para defenderse frente a las críticas públicas y, quizá, frente a las privadas, y se quitó el telepromter para subirse al lenguaje del cabroñol.
En comunicación política y en psicoanálisis una negación encubre una afirmación y más cuando se trata de asuntos de percepción pública. Por más que niegue Peña Nieto que no gobierna para las encuestas, su obsesión al citarlas indica su preocupación y molestia por los bajos índices de aprobación. Por más que niegue sentirse solitario en su cruzada por un sexenio que fenece mucho antes de tiempo, las expresiones de Peña Nieto indican lo contrario: la soledad del que se siente “incomprendido”.
La percepción negativa de estas frases se reforzó por dos decisiones tomadas por el propio Peña Nieto el mismo martes 25 y avaladas sin discusión alguna por el Senado en los dos días posteriores: remover a la procuradora general Arely Gómez y nombrar en su lugar a Raúl Cervantes Andrade, un constitucionalista que se ha caracterizado por defender intereses corporativos y partidistas, y no por tener el prestigio de ser un abogado autónomo a poderes fácticos o partidistas.
Peña Nieto “jodió” en sus propios términos la delicada y frágil operación de simulación y de presunto interés en consultar a la sociedad civil o a los organismos que la representan nombrando a Arely Gómez como nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, por tanto, cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, y a Raúl Cervantes como procurador y posible fiscal general por nueve años.
En otras palabras, Peña Nieto demostró que en sus decisiones no impera el criterio de “cómo hacer las cosas bien”, sino cómo salvarse de un relevo sexenal que no garantice impunidad, protección y salvaguarda a sus intereses.
En el mismo evento, Peña Nieto demostró su memoria selectiva. Dijo que no recordaba aquella declaración pública al programa Tercer Grado, de Televisa, presumiendo que “la nueva generación” de políticos priistas estaba representada por Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, justo los tres mandatarios que perdieron la elección en sus estados, están envueltos en acusaciones de corrupción y encubrimiento que llegan hasta la cúpula del poder priista y presidencial.
“No recuerdo la alusión, pero seguramente en algún momento la hice”, afirmó Peña ante los empresarios y periodistas convocados por Grupo Interacciones.
Peña Nieto perdió otra oportunidad de oro para asumir una declaración fallida, deslindarse de los exgobernadores priistas y sencillamente decir: “En ese momento eran la nueva generación, pero degeneraron en corrupción”.
En lugar de eso, el político de Atlacomulco se volvió a enredar con sus propias excusas. “Yo lo único que sí he sido crítico (sic) es de aprovecharse o tomar oportunidad política en un señalamiento poco fundado”. ¿Alguien entendió esta advertencia?
Seguramente quería referirse a las críticas del PAN, del PRD y de Morena a los exgobernadores corruptos del PRI y volver a repetir que en todos los partidos existen cleptócratas. No lo dijo así. Mucho menos admitió que las acusaciones contra Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge se ventilaron antes de que perdieran las elecciones estatales de este año y que el gobierno federal no hizo nada para frenar el desfalco, el carácter sanguinario y represor de sus administraciones (sobre todo, en el caso de Veracruz), y la exhibición de cinismo que es una condición natural de quienes se sienten cómplices “del jefe”.
Para rematar su alusión a los gobernadores acusados, Peña Nieto retornó a la retórica de abogado de barandilla: “Las autoridades competentes serán las responsables de definir si en ellos y en otros más señalados hay o no responsabilidades. Es una tarea de las áreas de procuración de justicia”. ¿Acaso el titular del Ejecutivo federal no es también “autoridad competente” para frenar la escalada de corrupción que se observa en los distintos niveles de la administración pública?
Peña Nieto también abordó el tema de la visita de Donald Trump a Los Pinos, aquel fatídico 31 de agosto.
El primer mandatario volvió a transformar la negación en una afirmación sin tiempo verbal definido: “No volvería a suceder. O, por lo menos, no en los mismos términos”. Admitió que traer al enemigo número uno de los migrantes mexicanos y de los intereses nacionales en Estados Unidos fue “una decisión apresurada”.
“El hubiera no existe y asumo la responsabilidad de la decisión y su costo. Creo que tomé una decisión muy acelerada. Fue muy polémica: quizá hoy sería distinta (¿Por qué “hoy” y no hace dos meses?, no lo explicó). He dado muchas veces la explicación de por qué busqué un encuentro con ambos candidatos y no era más que cuidar a los mexicanos y los intereses de México”, justificó Peña Nieto.
Los errores en el caso de Trump no fueron sólo de forma sino de fondo. Y eso no lo admitió Peña Nieto. No fue una decisión “apresurada”. Fue una decisión absurda en franca violación a décadas de política exterior de no intervención en asuntos electorales de otros países. No fue polémica. El 80 o 90% de las opiniones, incluso de analistas que han defendido su gestión, fueron claramente negativas. La polémica hubiera significado una confrontación de puntos de vista.
Peña Nieto no ha dado explicación alguna de por qué era tan urgente y necesario recibir a Donald Trump en esa fecha y sin tener la confirmación de Hillary Clinton ni haber informado a la embajada de Estados Unidos. Ha dado excusas que es distinto. No cuidó los intereses de México ni de los mexicanos. Cuidó la escenografía y el montaje que tenía preparado Donald Trump. Trabajó para los intereses, la agenda y las condiciones impuestas por el candidato republicano.
Lo peor es que en esa decisión tan “apresurada” el propio Peña Nieto jodió su sexenio. Si la prensa internacional no había sido lo suficientemente atenta a su mala gestión, el encuentro con Trump lo catapultó como una burla mundial.
Y eso, efectivamente, debe doler mucho al ego de cualquiera. El problema es que ya no hay discurso que borre esta decisión.
Comentarios: www.homozapping.com.mx

Confirman desfalco de más de 14 mil mdp en el quinto año de gobierno de Duarte

Trabajadores del gobierno de Veracruz exigen pagos atrasados en Xalapa. Foto: Miguel Ángel Carmona

XALAPA, Ver. (apro).- La Comisión de Vigilancia del Congreso local entregó el dictamen de la Cuenta Pública correspondiente al quinto año de gobierno del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, donde se confirma un presunto daño patrimonial de 14 mil 220 millones 441 mil 220 pesos.
En sesión ordinaria, este procedimiento de consolidación de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo detectó observaciones, irregularidades e inconsistencias por esa cantidad, que sobrepasa las cuatro cuentas públicas (juntas) de la primera mitad del sexenio de Duarte, actualmente prófugo de la justicia.
Dentro del documento de 52 hojas y cuya copia tiene este reportero, el Órgano de Fiscalización (Orfis) encontró un daño patrimonial por 180 millones de pesos, según el pliego de observaciones FP-033-2015/006-DAÑ, dentro del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

En esa misma observación se encontró un impago al transferir a la reserva técnica del IPE más de dos mil 709 millones 60 mil 306 pesos.
En el caso de los ayuntamientos, en 42 municipios se hallaron inconsistencias de un presunto daño patrimonial de 134 millones 252 mil 497 pesos.
En el Informe de Resultados (documento en poder de Proceso), el Orfis advierte que en la observación número FP-014/2015/004 ADM, realizada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el gobierno recibió 44 millones 530 mil 765 pesos como parte del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), sin embargo, la dependencia no entregó reporte de la aplicación de los recursos y, en su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación, ni tampoco la constancia de cancelación de la cuenta bancaria específica abierta en el ejercicio fiscal. El destino de los 44 millones de pesos el Orfis los ignora.
En el caso del Fondo Metropolitano –recursos federales para fortalecer las obras públicas en los ayuntamientos–, la administración de Duarte también cometió un presunto daño patrimonial de 215 millones 617 mil 945 pesos.
En el área de prensa existe la observación número FP-027/2015/011ADM, donde se advierte que de 428 comprobantes fiscales para la “Difusión de Mensajes sobre Programas y Mensajes Gubernamentales”, 410 facturas carecían de soporte, orden de inserción y testigos presentados, como prueba documental, “por lo que no acreditan de manera fehaciente el ejercicio del gasto por un monto de 138 millones 610 mil 744 pesos”.
Por si fuera poco, en un diagnóstico financiero del gobierno, el Orfis ataja que el gasto corriente se incrementó en 6.4% respecto del ejercido en 2014, pues de 56 mil 540 millones 900 millones etiquetados, finalmente se devengaron 67 mil 952 millones 500 mil pesos.
En contraparte, para la amortización de la deuda pública se devengaron 3 mil 328 millones 100 mil pesos, lo que significó una reducción de 7.3% respecto al ejercicio 2014. Así, aunque Duarte presumía que había “austeridad” y que “se apretó el cinturón”, la realidad de los números dice otra cosa.
Los diputados de oposición (PAN y PRD) llegaron a la conclusión de que hay un desvío global sexenal de 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, es decir que el gobierno de Duarte cometió daño patrimonial equivalente al presupuesto total de dos de los seis años que gobernó.
En números coloquiales, el Órgano de Fiscalización, la Auditoria Superior de la Federación y las comisiones de Vigilancia y de Hacienda del Congreso local “desconocen” dónde están y en qué se gastaron 3.5 pesos de cada diez pesos del erario.
En días pasados, los diputados locales panistas Ana Cristina Ledezma y Julen Rementería detallaron que la deuda pública bancaria ascendía a 48 mil 183 millones de pesos, que se suman a los 12 mil 877 millones de pasivo circulante por deudas con contratistas, proveedores, terceros institucionales y medios de comunicación, y 12 mil 775 millones de ministraciones pendientes de transferir a otros.
De igual manera, más de mil 363 millones de juicios pendientes de resolución del gobierno central, alrededor de 38 mil 300 millones de cuentas pendientes por regularizar, 3 mil 568 millones de resolución de Fideicomisos, 5 mil 549 millones de un juicio perdido con Finamed, seis millones 395 mil de pasivo con la empresa Airbus Helicopters, dos mil 338 millones 700 mil pesos de adeudos con la Universidad Veracruzana, 5 mil 309 millones de adeudo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), más de 940 millones de pesos por las “empresas fantasma” que detectó la Procuraduría General de la República (PGR), así como 645 millones de pesos que, según el portal Animal Político, el gobierno de Duarte facturó sin que le prestaran servicios.
Y, como colofón, en las denuncias por reintegro de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hay acumulados 35 mil millones de pesos.

El país, con deuda histórica; y en Los Pinos gastan más y en Sedesol cargan hasta notas de tintorería

Resultado de imagen para peña y familia en los pinos


En los últimos dos años, la administración federal ha basado su política económica en la austeridad. Sin embargo, en este lapso las acciones muestran un comportamiento muy diferente al discurso, plantearon analistas económicas. Tanto la Presidencia de la República como varias secretarías de Estado insisten en conservar privilegios que no tienen nada qué ver con la realidad que viven millones de mexicanos, destacaron. También expusieron que, a pesar de que tienen trabajos bien pagado, con todas las prestaciones que la Ley otorga y además otros “apoyos” como automóviles, chóferes, seguros de gastos médicos, seguridad personal, despensa, celulares y hasta el pago de la tintorería, la alta burocracia es incapaz de solidarizarse en un momento en que el país está sumido en una crisis económica.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– Luego de dos años de recortes presupuestales, de cancelación de obras públicas relevantes, de una deuda histórica, de un crecimiento económico que no rebasa el 1 por ciento y con 53 millones de pobres, las alarmas de la economía mexicana están encendidas. Sin embargo, de acuerdo con especialistas consultados, el discurso de “austeridad” y de “apretarse el cinturón”, que ha repetido el Gobierno federal en los últimos años, no ha tocado a la alta burocracia ni a la oficina y la casa donde vive y despacha el Presidente Enrique Peña Nieto.
En tiempos de desafíos, con una deuda que esta administración ha disparado a niveles históricos, si hay un círculo que parece estar intacto ese es el de los altos funcionarios y quienes trabajan de forma más cercana con el Ejecutivo federal, ya que a pesar de las dificultades económicas del país casa año se han asignado un presupuesto mayor, destacan.
Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana; Alfredo Bravo Olivares, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), coincidieron en que el actual Gobierno federal no sólo incurre en ilegalidad cuando endeuda de manera exorbitante al país, sino también en una falta de ética por los niveles de desigualdad social que se observan en México.
El 28 de octubre pasado, la SHCP reconoció que en el tercer trimestre de 2016, la deuda neta del Gobierno federal se situó en 35.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); la deuda neta del Sector Público se ubicó en 47.6 por ciento del PIB, mientras que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 48.0 por ciento del PIB.
La deuda de México alcanzó 35 por ciento del PIB con Carlos Salinas de Gortari en 1995, cuando estalló una crisis de grandes dimensiones que no sólo afectó al país sino que contagió al resto del mundo.
De acuerdo con el Informe Trimestral del Poder Ejecutivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Presidencia de la República gastó 11 millones de pesos más de lo que el Congreso de la Unión le aprobó para el ejercicio fiscal 2016.
Además, la Secretaría de Turismo, actualmente comandada por Enrique de la Madrid Cordero, registró un gasto 50.7 por ciento mayor, seguido de la Secretaría de Función Público (SFP), ahora liderada por Arely Gómez González,  con 50.5 por ciento más.
En general, en todos los Ramos Administrativos, que son también todas las secretarías federales, el gasto tuvo una variación a la alza de 12.3 por ciento.
Además, de acuerdo con el Informe Trimestral de la SHCP, el gasto de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, pasó de 837 mil 769 millones 370 mil 829 pesos a 872 mil 721 millones 372 mil 711 pesos, en rubros señalados como “Otros bienes inmuebles”, que no incluyen terrenos, viviendas y edificios no habitacionales.
Ese gasto corresponde a Mobiliario y Equipo de Administración, Vehículos y Equipo de Transporte [donde la cifra pasó de 66 mil 450 millones 748 mil 621 pesos a 69 mil 512 millones 757 mil 560 pesos], así como Equipo de Defensa y Seguridad [que aumentó de 18 mil 540 millones 348 mil 500 pesos a 23 mil 726 millones 054 mil 934 pesos–.
Mientras tanto, el gasto total de las Empresas Productivas del Estado –las que más aportan a los ingresos fiscales de la hacienda pública– se redujo.
El de Petróleos Mexicanos (Pemex) tuvo una variación real de -11.8 por ciento y el de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de -0.2 por ciento.
Las cifras de gasto, además, también revelan que estas empresas, pese a su delicada situación financiera, han gastado en rubros que no necesariamente tienen que ver con productividad.
Por ejemplo, hay contratos en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) para un “Evento fiesta de seguridad” de la CFE en el Manzanillo Holdings, por el que se pagaron 31 mil 400 pesos hace cuatro meses.
El resto de las dependencias, también hacen gala de dispendio, si se revisan a detalles algunos de los contratos contenidos en el POT.
En agosto pasado, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagó 47 mil 401 pesos para la presentación de la remodelación del Puerto de Veracruz en la Ciudad de México, en el Hotel Fiesta Americana de la Avenida Paseo de la Reforma.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) también pagó en mayo pasado 45 mil pesos por alimentos en la oficina, o en marzo, cuando erogó 39 mil 059 pesos por servicios de tintorería.
La propia SHCP, dependencia que se encarga de administrar los recursos públicos, tanto ingresos como egresos, no se queda atrás:  pagó 294 mil 151 pesos para la Celebración de la Reunión de Análisis de “la estrategia” –no se sabe cuál–, de acuerdo con lo que reporta el contrato ubicado en el POT.
Los gastos de la burocracia no terminan ahí.
Durante todo 2015, la Presidencia de la República y las 18 secretarías gastaron 11 millones de pesos diarios en publicidad, un total de 4 mil 055 millones 699 mil 689 pesos, de acuerdo con un corte realizado por SinEmbargo con base en solicitudes de transparencia.
El último reporte de la Secretaría de la Función Pública, la Partida 33605 de Información en Medios Masivos, al 10 de agosto pasado, planteó que el gasto en el rubro fue de 724 millones 869 mil 521 pesos.
Por otro lado está la seguridad social de la clase política.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al año fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda no propuso un aumento en el sueldo base de Enrique Peña Nieto, pero sí para dos de las prestaciones que el Estado le brinda al Presidente: su ayuda para despensa y el seguro de gastos médicos mayores. En conjunto, estos rubros le sumarán a sus percepciones brutas cerca de 13 mil 843 pesos, debido a que recibirá mil 200 pesos extras para Ayuda para despensa y 10 mil 315 pesos por Seguro de gastos médicos mayores.
Así, la remuneración total del Primer Mandatario para 2017 será de 3 millones 002 mil 971 pesos.
Es decir, que para el siguiente año el Primer Mandatario tendrá en ambos rubros 6 mil 780 pesos y 27 mil 935 pesos, respectivamente.
La acción se repitió tanto para sus colaboradores como para otros órganos del Gobierno federal, como los vales de fin de año de los Secretarios de Estado, o también la gratificación de fin de año de Lorenzo Córdova Vianello, Comisionado presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Mientras, la discusión sobre el salario mínimo de los trabajadores mexicanos –que está entre los más bajos en América Latina– toma fuerza por el anuncio del aumento que año con año anuncia la Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Hace un año, con todo y la unificación de las dos zonas en que el país estaba divido, esos organismos decretaron un aumento de 2.94 pesos, para quedar en 73.04 pesos diarios.
Ese salario se toma como referente para fijar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional o el ahorro voluntario.
Desde la perspectiva de Roberto Villareal Páez, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, no se ve que los gobernantes estén recortando sus gastos y sus partidas personales. Sólo están cuidando a la burocracia, acto que agudizará una crisis política que ya se vive.
“Ya que no se van a apretar el cinturón deben acatarse al dinero al que se les dio. Ya es un aspecto moral, ético. Si el país está pasando en lo que yo considero una de las etapas más difíciles, realmente la crisis que vivimos es similar a las de los años 80, donde la crisis fue económica, política y social”, comentó Villarreal.
Todo se conjunta, expuso, en “la crisis económica –de la cual no hemos salido–, la crisis social que está vigente y ahora debemos añadir la crisis política”.
Para Alfredo Bravo Olivares, el economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay algo aún más grave que la falsedad del discurso y son los ingresos extraordinarios que el reporte bimestral reporta de las secretarías, que se manejan con un presupuesto asignado.
“Es grave porque hay dos opciones: o se está enviando a gasto corriente los recursos que estaban destinados a otras áreas o te estás endeudando. Y esa deuda está sirviendo para financiar el gasto corriente”, consideró Bravo Olivares.
El problema, dice, es que están gastando más de lo que se presupuesto y lógicamente hay un desequilibrio que a la larga se convierte en la reducción o eliminación de otros programas o en deuda. Ambas cosas impactan a los contribuyentes.
La respuesta a estos comportamientos sería un impedimento para que las secretarías y Presidencia pudieran rebasar su tope presupuestal; el encargado sería el Congreso de la Unión, pero no cuenta con mecanismos legales para poder llevar a cabo medidas de control sobre la base de la cuenta pública. El tiempo pasa y lo único que se logra hacer son observaciones.
“Lo importante es que se pudiera actuar con el órgano de fiscalización que es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el Congreso pudiera intervenir. El dinero que ahorita están gastando de más impactará a otros programas en el futuro. El sector salud ha tenido una reducción en su gasto durante los últimos dos años y eso se traduce en clínicas que no sacan radiografías, sin equipo, no se pueden hacer análisis… ahí no hay para hacer gastos, pero en Presidencia de la República sí”, agregó.
Para el economista, este “gasto discrecional” tiene también alcances legales, ya que se tiene que ver de dónde viene el dinero excedente o si se está incrementando la deuda, lo que resultaría ilegal.
“Se supone que por eso tienen una asignación programática que tienen que respetar. Ya no es sólo que no sea ético, están cayendo en la ilegalidad y el uso que le están dando al presupuesto es por completo cuestionable, pero a fin de cuentas, se carece de una figura que investigue esos actos, los periodos fiscales siempre se terminan revisando casi dos años después y ya no sirve de nada. No hay un mecanismo de congruencia entre los mecanismos de evaluación y de control de la asignación de los recursos públicos”.

 El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2017 mostró mínimas variaciones en el gasto destinado a cada una de las secretarías, pero son cinco las dependencias que salieron peor libradas.
Estas son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tendrá una reducción en su presupuesto de 26.13 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de 26.72 por ciento; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 20.71 por ciento; Pemex, de 18.05 por ciento, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un recorte de 14.03 por ciento. A estas cinco dependencias, en conjunto, se les restaría un total de 384 mil 821 millones 013 mil 227 pesos, en caso de que este documento se apruebe así en los siguientes 15 días.
Para Villareal Páez, el presupuesto para el año que viene contempla una serie de reducciones, no nada más en Presidencia sino también en rubros más sensibles y que tienen un mayor impacto social, como educación, salud o infraestructura en ciertas poblaciones, “normalmente, en los presupuestos anteriores se habían dejado intactos o con una partida presupuestal casi similar o un poco incrementada. Sin embargo, hoy día en términos generales el presupuesto contempla una serie de reducciones que van a tener definitivamente un impacto importante”, dijo.
“Yo no veo que se aprieten el cinturón, no sé de qué manera lo estén haciendo. Cualquier persona, a nivel de su presupuesto personal y familiar, nos reducimos gastos y nos apretamos el cinturón a la fuerza, pero el Gobierno federal no, no se ve de dónde. Independientemente de las reducciones, nos damos cuenta que constantemente hay aspectos de corrupción, fraudes, elevación del costo de las obras y entonces vemos que una cosa es el discurso y otra la realidad. No respetaron el presupuesto que se les otorgó”, sostuvo.
En entrevista con SinEmbargo, Sunny Villa Juárez, investigadora del gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, comentó que lo que se ha visto reflejado en el ejercicio del presupuesto, tanto en el de 2015, en el que se hicieron los recortes y en el actual con los ajustes, existe, por un lado, una contracción importante en la inversión pública que es aquella que puede incentivar el crecimiento económico, y por otro lado, que existe una reasignación del gasto que quiere favorecer los servicios generales o los gastos de operación, como el dinero destinado a publicidad.
“El problema que tiene la política fiscal en México va más allá de la reducción en los gastos de operación, ya que también existe un reducido espacio fiscal debido a la presión que existe para la asignación a pagos que se podrían considerar ineludibles como lo es la obra pública, las participaciones a los estados, las pensiones […] El recorte del Gobierno federal no es suficiente y el resto de las instituciones también deberían tener modificaciones a su gasto”, dijo Villa Juárez.

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