Modelo de comunicación y reforma política

JENARO VILLAMIL

13 DE MAYO DE 2014
ANÁLISIS

Peña durante su mensaje en cadena nacional sobre la reforma energética. Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- Cuatro temas quedaron como “insalvables” o encorchetados en las negociaciones entre el PRI, PAN y PRD sobre la reforma político-electoral realizadas durante estos dos meses: El modelo de comunicación política, el financiamiento privado, las candidaturas comunes y los alcances de las funciones del Instituto Nacional Electoral en relación con los institutos estatales.

Bastante se avanzó en las negociaciones. Iniciaron con cerca de 30 temas de desencuentro, luego llegaron a 16 muy álgidos. El asunto del prorrateo de los gastos de campaña, una de las diferencias más importantes, se resolvió entre la madrugada del domingo 11 y el lunes 12 de mayo.

Este martes 13 las comisiones unidas decidieron aprobar, en lo general, el dictamen acordado por los negociadores y que el pleno del Senado resolviera las diferencias. Además, la Comisión Permanente convocó a un periodo extraordinario para este miércoles 14 y se espera que, a más tardar, el 16 de mayo deben ser discutidas y votadas en la Cámara de Diputados y el Senado las cuatro leyes secundarias.

Los “corchetes” no son asuntos menores. Están en la esencia de la imposibilidad de tener una reforma político-electoral definitiva que deje de pensar sólo en los términos de la partidocracia y decida pensar en los ciudadanos.

También definirá los alcances de un modelo centralizado de organización electoral que provocó la desaparición del IFE para dar paso a un órgano híbrido que es el INE.

Y, en tercer lugar, el PAN insistió en incrementar el financiamiento privado para que rebasara el tope de gastos que representaba el 10% y llegara al 25%. Este tema aún falta analizarlo en todas sus consecuencias para un país donde las donaciones de personas físicas se pueden convertir en una fórmula de chantaje y de opacidad enorme.

Modelo de Comunicación Política

El senador Javier Corral es uno de los legisladores que más ha insistido en este punto. El panista fue el único que se abstuvo en la votación de la Comisión Permanente y argumentó que aún existen serias deficiencias en los artículos del 159 al 186 dentro de la Ley General de Procesos Electorales.

Lo que se apruebe en este punto definirá las relaciones entre cuatro partes importantes de la ecuación: Los medios de comunicación y la información que manejan en el proceso electoral, los partidos políticos y sus candidatos, los ciudadanos que son las audiencias receptoras de esos mensajes y las autoridades gubernamentales.

En el proyecto de dictamen se vuelve a caer en un vicio que tanta animadversión le ha creado a los partidos políticos: La excesiva partidocracia que ignora o limita a los candidatos independientes, figura que ya ha sido aceptada en la reforma constitucional.

a) Se debe establecer que los candidatos independientes tendrán derecho de “acceso a las prerrogativas para las campañas”, incluyendo el acceso a los medios de comunicación electrónica, sin necesidad de comprar ni adquirir estos espacios.

b) En el proyecto de dictamen también es indispensable “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”. Pero también es necesario prohibir la transmisión de la misma publicidad o propaganda en los programas de entretenimiento.

c) Hemos visto, desde el ascenso de Enrique Peña Nieto al poder, que el uso y abuso de los infomerciales o de la inserción de menciones pagadas en programas de variedades y de espectáculos se convirtió en un modelo de despilfarro de recursos públicos y una sospechosa fórmula para mantener una doble contabilidad, sin que los organismos electorales puedan ejercer una fiscalización puntual y precisa.

El modelo Peña Nieto –impune hasta ahora porque nunca fue sancionado ni él ni el PRI- ha sido replicado y repetido por todos aquellos gobernadores, alcaldes y hasta delegados capitalinos que pretenden promoverse como candidatos o precandidatos. En este caso, se trata de respetar y admitir uno de los derechos de audiencia más importantes: Diferenciar entre información, entretenimiento y publicidad política.

d) También es necesario subrayar la necesidad de que el INE ordene la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas en las estaciones de radio y televisión que se vean o escuchen en el ámbito geográfico de la elección que se celebre, incluyendo también los canales de televisión restringida.

e) El otro punto delicado del modelo de comunicación política es la posibilidad –siempre presente– de inducir y alentar la guerra sucia en los mensajes de campaña, ya no sólo a través de medios electrónicos (radio y televisión) sino de estas nuevas y dinámicas formas de comunicación que son las redes sociales.

¿Son válidos los blog centers, la contratación de cuentas falsas y la promoción de un lenguaje de odio contra adversarios, comunicadores y periodistas? ¿Cómo se hará la vigilancia y el monitoreo en estos medios? ¿De qué manera la vigilancia respetará el derecho a la información y a la libertad de expresión de manera irrestricta?

Éstas y otras dudas aún no están resueltas. Y es el debate que vendrá, con toda su fuerza, en los comicios del 2015, tanto federales como estatales.

Twitter: @JenaroVillamil

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Fiscal de Moreira supo de la masacre en Allende pero no hizo nada para detenerla

El extitular del PRI, Humberto Moreira. Foto: Octavio Gómez

SALTILLO, Coah. (apro).- Jesús Torres Charles, fiscal general durante el gobierno de Humberto Moreira, supo de la masacre que en 2011 ocurría en los municipios de Nava y Allende, donde alrededor de 300 personas fueron asesinadas manos de Los Zetas, pero no hizo nada por evitarla, pues era un asunto de narcotráfico fuera de su competencia, justificó.

En conferencia, dijo que el gobierno de Coahuila entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) el resultado de sus investigaciones, pero hasta junio de ese año, un mes después de que terminó la matanza.

“Iniciamos averiguaciones previas muy serias. Entregamos un desglose a la Procuraduría General de la República a través de la SIEDO donde dimos los detalles de nuestras investigaciones”, precisó Torres Charles previo a su participación la conferencia “Reforma penal y derechos humanos”, realizada en Instituto de Cultura.

Sin embargo, dejó ver que las autoridades de entonces no actuaron para detener la masacre pues se trataba de asuntos del crimen organizado y, por lo tanto, no era de su competencia.

Luego, rechazó que policías estatales o elementos de la desaparecida Fiscalía General estuvieran relacionados con los grupos criminales autores de esos crímenes.

La masacre en los municipios de Allende y el Norte de Coahuila fueron a consecuencia de una venganza de Miguel Ángel Treviño, uno de los principales líderes de Los Zetas, contra dos de sus socios que denunciaron ante el gobierno de Estados Unidos el tráfico de narcóticos que se realizaba por la frontera de Piedras Negras.

Héctor Moreno Villanueva fue uno de los delatores, junto con José Luis Garza Gaytán. Ambos huyeron a Estados Unidos cuando fueron descubiertos.

El pasado 29 de abril, el ahora gobernador Rubén Moreira informó que la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila informó que ya citó a exfuncionarios públicos por la masacre de Allende.

“No puedo adelantar, pero ya fueron citados funcionarios públicos de ese tiempo para seguir con las indagatorias”, mencionó el mandatario sin ahondar al respecto.

Rubén Moreira comentó que la Procuraduría de Justicia estatal emprende una serie de indagatorias que arrojan que los hechos de Allende  sucedieron entre abril y agosto del año 2011.

Se le cuestionó por qué las autoridades de esa época no informaron sobre la masacre, a los que respondió: “Todo eso se investigará”.

Todo comenzó la tarde del 18 de marzo de 2011 cuando llegaron al poblado de Allende alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados que viajaron desde Tamaulipas buscando a las familias los detractores.

La barbarie ocurrió entre marzo y mayo. Durante ese tiempo, los sicarios estuvieron “levantando” a decenas de personas que tuvieran alguno de esos apellidos. Se llevaron hasta a sus amigos y empleados y luego de asesinarlos, desaparecían los cuerpos en las llamadas “narco cocinas”.

Los agresores también destruyeron con maquinaria pesada 40 residencias y siete ranchos en busca del dinero robado por sus socios a Treviño y  de un libro de contabilidad donde Héctor Moreno anotaba los negocios y el dinero que lavaba a nombre del que fuera su socio.

Según Luis Reynaldo Tapia,  alcalde de Allende, las víctimas de la masacre fueron unas 300 personas. Sin embargo, se suman unas 100 víctimas, producto de la limpia de su organización en el norte del estado. La mayoría de los cadáveres fueron deshechos en una “narco cocina” que operaba en el interior del Cereso de Piedras Negras.

Un mes después de la masacre y la retirada de los sicarios de Los Zetas, los militares llegaron a Allende y la región norte de Coahuila para reforzar la seguridad en la zona.

Mireles, el malo

JOSÉ GIL OLMOS
14 DE MAYO DE 2014 
ANÁLISIS

Mireles. Oposición al desarme. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Uno de los pilares que sostenía a los grupos de autodefensa ciudadana desde que nacieron el 24 de febrero de 2013 en la Tierra Caliente, Michoacán, era su autonomía del gobierno estatal y del federal. Esto daba legitimidad y credibilidad al movimiento, no obstante que el uso de las armas podría ser calificado como ilegal.

Por más de un año fueron considerados en muchas partes del país –con los mismos problemas de violencia e inseguridad– como la respuesta más legítima de una sociedad harta de los abusos del crimen organizado y sus cómplices en el gobierno, las fuerzas armadas y los policías que propiciaron un ambiente de desconfianza para cualquiera que se atrevía a denunciar.

En los meses que estuvieron operando sin el peso de los reflectores ni de las tentaciones del poder, el dinero y las posiciones políticas, las autodefensas hicieron lo que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no pudieron: arrebatar Michoacán de las manos de los Caballeros Templarios.

Con las armas en las manos los calentanos primero, y los costeños y purépechas después, avanzaron por regiones que estaban bajo el yugo de los Templarios. Les quitaron de sus dominios 24 municipios y lograron poner en cada uno de ellos grupos de autodefensas propios y hasta consejos ciudadanos que hacían las veces de alcaldes o cabildos.

José Manuel Mireles, un médico de Tepalcatepec con formación política alejada del PRI, concentró la atención de los medios por su discurso coherente y contestatario que chocaba con el oficial. Su figura alta, desgarbada y de tupido bigote, con sombrero, se hizo emblemática de las autodefensas que en el primer año mantuvieron su lejanía del gobierno federal.

Conforme pasó el tiempo el gobierno cooptó a varios de los representantes de las autodefensas que desde enero tomaron un papel protagónico en cada avance que tenían en los poblados que estaban bajo el control de los criminales Templarios.

El 4 de enero, Mireles sufrió un accidente aéreo y ante su ausencia el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo, pidió que pusieran a otro representante de las autodefensas, y desde entonces trepó al escenario Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, un limonero de Buenavista Tomatlán.

Sin la presencia de liderazgo ni el discurso político independiente del gobierno, Estanislao Beltrán resultaba más cómodo que Mireles en los planes del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas, que para entonces ya eran un icono para otros grupos inconformes con la incapacidad e ineptitud del gobierno para combatir al crimen organizado.

El 24 de febrero, a su regreso a Tepalcatapec, y luego de su convalecencia por el percance aéreo, Mireles recuperó las calles y entre sus pares autodefensas no sólo el papel de vocero, sino que fue nombrado coordinador general de las autodefensas ciudadanas. Con ese cargo el médico cirujano se convirtió en “la piedra en el zapato” del gobierno del priista Peña Nieto.

Durante semanas, Castillo se reunió con las autodefensas pero sin incluir a Mireles. Asistían Papá Pitufo, Alberto Gutiérrez, El Comandante Cinco; Nicolás Sierra, jefe de la banda de Los Viagras, y otros más, con quienes el comisionado tomó el acuerdo para el desarme y desmovilización de las autodefensas a partir del sábado 10 de mayo.

A principios de abril, Mireles protestó por su exclusión y después de una serie de movilizaciones en varios municipios de Tierra Caliente y pueblos purépechas fue invitado a las siguientes reuniones, donde era la única voz disidente a las intenciones del gobierno federal de desaparecer a las autodefensas. Además, denunció el enriquecimiento de algunos de sus compañeros y su vinculación con grupos del crimen organizado.

Para el gobierno peñista era cada vez más incómoda la presencia de Mireles y, antes de que llegara el día del desarme, se desplegó una estrategia para anularlo y desprestigiarlo, aprovechando las propias debilidades del jefe de las autodefensas.

Papá Pitufo y el Comandante Cinco, que varias veces sirvieron de mensajeros de Castillo, fueron los peones en la estrategia gubernamental: acusaron a Mireles de deficiencia mental, de aprovecharse del movimiento, de la muerte de cinco jóvenes en un enfrentamiento en Caleta de Campos y solo faltó que señalaran que también era Templario.

Lo traicionaron a pesar de haber sido compañeros de causa. El comisionado cerró la estrategia al decir que se investigaría a Mireles por la muerte de los jóvenes, así como de confirmar que ya no era más el interlocutor con las autodefensas.

Hoy el movimiento de autodefensas michoacanas dejo de existir en Tierra Caliente. Siguen operando algunas en la región de la Costa y zona purépecha, junto con las rondas y policías comunitarias. El gobierno mediatizó e inutilizó al movimiento convirtiéndolo en una fuerza rural bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, la misma que fue infiltrada por el crimen organizado.

Quizá el gobierno federal apueste a que con la anulación del liderazgo de Mireles podrá controlar el movimiento de autodefensas en Michoacán y lograr una pacificación en la entidad.

Sin embargo, no toma en cuenta que ya existen municipios, como Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija, que han rechazado la sumisión y por el contrario han expresado su apoyo al doctor de Tepalcatepec.

También han resaltado que persiste una intención de formar un movimiento nacional de autodefensas que pretende canalizar la expresión de inconformidad social en todo el país ante la incapacidad del gobierno federal de sofocar al crimen organizado.

La anulación del liderazgo de Mireles y la institucionalización de las autodefensas no acaba con el problema del crimen organizado en Michoacán, tampoco la detención de los líderes de los Templarios y el encarcelamiento de algunas autoridades, como el exgobernador interino Jesús Reyna.

Peor aún, los grupos que antes estaban en el estado, como el Cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han regresado y la estructura social que soportó por tantos años a los Templarios sigue intacta. Tal vez haya una pausa en la violencia, pero el problema a todas luces no ha sido resuelto.

Twitter: @GilOlmos

Un gobierno de portada

Eduardo Cervantes.

La historia actual nos remite a los tiempos de Carlos Salinas Gortari. Promesas, bonanza, futuro prometedor y halagos por doquier en el contexto internacional.

Cuando Salinas de Gortari gobernaba, las publicaciones con mayor prestigio del mundo, lo retrataban en sus portadas. Era Salinas el visionario, el modernizador, el hombre que México había esperado décadas y décadas; el hombre que haría posible lo que ningún otro Presidente, sacar a México del tercer mundo.

Y en parte lo hizo, se modernizó una parte del territorio nacional, el Estado se deshizo de empresas paraestatales que generaban más gastos que dividendos –no significa que no tuvieran futuro-, entramos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –club de ricos al que cualquier otro país latinoamericano no podía aspirar-, la Organización Mundial de Comercio elogiaba nuestras políticas comerciales y el Fondo Monetario Internacional, nuestra política monetaria y fiscal. La cereza en el pastel, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Salinas fue el consentido de los medios, principalmente de las publicaciones especializadas en economía, política, finanzas, energía, telecomunicaciones, etc.

Se dejaba apapachar por intelectuales y académicos, lo que arrastraba una estela de tranquilidad y confianza al resto de la poblacion.

Y el encanto se deshizo: el levantamiento en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y otros más, los antecedentes de una probable devaluación y las demandas de libertades civiles y derechos políticos, fracturaron el teatrito.

Las portadas y halagos del exterior no sirvieron, el país se nos deshizo entre las manos y con ello, varias generaciones quedaron privadas de oportunidades de desarrollo y crecimiento, riquezas se esfumaron y el patrimonio de una clase media vapuleada por 15 años de crisis económicas, desapareció.

Y las portadas quedaron para el recuerdo, la anécdota, la denuncia y la burla.

A 20 años, transitamos por un paraje igual de peligroso, el Presidente es el salvador de México para la revista Time y es vendido como un objeto de la cultura pop, en la Rolling Stone; Luis Videgaray es homenajado como el Ministro de Finanzas más importante del mundo y Emilio Lozoya, es el petrolero del año.

Siempre nos acusan de ser un país desmemoriado, sin conciencia y sin aprendizaje histórico. Hoy las condiciones son distintas, la democracia –bien o mal construida-, la libertad de la que gozamos y las redes sociales, pueden ser el anclaje a un pasado que no nos puede vender espejitos (otra vez, otra vez).

La ingeniería de una ciudadanía crítica e informada -a pesar de aun ser un ideal lejano-, se va construyendo poco a poco y liderazgos horizontales emergen para exigir y para denunciar los excesos y abusos del poder. Para demandar portadas que no nos afirman como nación y sí, nos distraen de lo importante.

Ojalá y esté equivocado, y ésta no sea una pantomima más del sistema político mexicano. Porque estos vicios no son propios del partido en el poder, son características que comparten todos en menor o mayor escala.

Nuestro régimen debe madurar y abandonar la retórica mediática, debe propiciar espacios de diálogo y de confrontación de ideas basados en argumentos y no en creencias. No en portadas.

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Dip. Luisa Alcalde (MC) - Ley General en Materia de Delitos Electorales ...

Indigna asesinato de madre que buscaba a su hijo en Sinaloa; ONG exigen justicia

GLORIA LETICIA DÍAZ
14 DE MAYO DE 2014 
DESTACADO

Exigen investigar el asesinato de Sandra Luz Hernández en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz

MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la activista Sandra Luz Hernández, quien buscaba a su hijo desaparecido en Sinaloa, provocó una ola de indignación entre organizaciones de derechos humanos, incluida la recién creada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La CEAV, Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos (CMDPDH) y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigieron al gobierno federal y, en especial al gobernador Mario López Valdez, el esclarecimiento del homicidio ocurrido el lunes 12 en el centro de Culiacán, hasta donde acudió Sandra Luz presuntamente en busca de un informante que daría datos sobre la ubicación de su hijo, Edgar García Hernández.

Edgar, recordó la CEAV, era “empleado de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 12 de febrero de 2012 fue sacado de su casa por personas armadas que irrumpieron en su domicilio”.

En su comunicado, la CEAV destaca que desde entonces “Sandra Luz Hernández se sumó a las investigaciones de la desaparición de su hijo ante la inacción de la autoridades estatales que, en dos años, no habían logrado generar información y avances firmes que permitieran conocer el paradero de su hijo”.

El organismo resaltó que Sandra Luz no sólo luchó por encontrar a su hijo, también “se unió a fuerzas y voluntades con madres de otras personas desaparecidas en Sinaloa”.

Para la CEAV “es lamentable que, en especial, las y los activistas que empeñan sus esfuerzos y determinación por ayudar a las víctimas y demandar su derecho a la justicia y la verdad, sean blanco de la intimidación, la violencia y los atentados que ponen en peligro su integridad física o incluso, como en el caso de Sandra Luz, desgraciadamente, la pérdida de la vida”.

Al solidarizarse con la familia de la activista “para que este crimen no sea un caso más en la larga lista de la impunidad”, la CEAV exigió al gobierno de López Valdez “una pronta respuesta y firmeza para esclarecer este homicidio que ensombrece, en todo el país, la causa de las víctimas y de sus defensores agrupados en organizaciones de la sociedad civil”.

La RNDDHM, integrada por 135 defensoras de derechos humanos de 19 entidades del país y el Distrito Federal, envió una carta al gobernador de Sinaloa para exigir el esclarecimiento del asesinato de Sandra Luz, quien formaba parte de Grupos de Familias en Búsqueda de sus Hijos/as.

Luego de solicitar a la CNDH la apertura de una queja de oficio, la Red informó a López Valdez en su carta que con el de Sandra Luz “suman 31 asesinatos de defensoras de derechos humanos en nuestro país, de 2010 a la fecha”, y que en los primeros tres meses esta ONG documentó “41 agresiones directas contra 25 defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, así como seis agresiones contra sus organizaciones”.

También recordó que Sandra Luz no ha sido la única madre asesinada en busca de justicia, y que muestra de ello es el caso de Marisela Escobedo, acribillada el 16 de diciembre de 2010 a unos pasos del Palacio de Gobierno de Chihuahua luego de exigir justicia por el homicidio de su hija.

“Ante este clima de violencia e inseguridad contra las defensoras de derechos humanos en México, hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que atiendan esta situación y tomen medidas efectivas para garantizar el ejercicio de defender derechos humanos”, señaló la Red en su misiva.

A la condena se sumó la CMDPDH, que en comunicado parte detalló que Edgar García Hernández trabajaba en la oficina del procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, cuando fue sustraído con violencia de su domicilio.

La ONG destacó que el lunes 12, “luego de una reunión con funcionarios de la PGJE, Sandra Luz recibió una llamada donde le dieron instrucciones para encontrarse con un supuesto informante. Sandra Luz, con una compañera activista, se dirigió al lugar y alrededor de las 16:00 horas, cuando caminaban por la colonia Benito Juárez en la zona centro de la ciudad, fue atacada por un sujeto que le disparó en al menos 15 ocasiones con una pistola calibre .9 milímetros, y quien de inmediato huyó del lugar”.

La CMDPDH consideró “inadmisible que las deficiencias en la procuración de justicia en el país obliguen a las víctimas a llevar a cabo investigaciones para lograr justicia, así como para buscar y localizar a personas desaparecidas”.

En respuesta, lamentó, “las víctimas de violaciones a derechos humanos, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil sufran represalias por luchar por justicia y verdad”.

¡ Inmensa la hipocresía de Belaunzarán !