AMLO impulsa plan en favor de jornaleros; ganan siete veces menos que en EU, afirma

Líder empresarial de Monterrey exhorta a apoyar al precandidato a la Presidencia

 



Andrés Manuel López Obrador recibió el cariño de indígenas en el valle de San QuintínFoto Carlos Ramos Mamahua



 

Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 15

Ensenada BC, 10 de enero. Ante la desigualdad económica y los problemas de salud y educación que se viven en el valle de San Quintín, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por un programa especial para jornaleros agrícolas que se aplique en todas las regiones del país.

De ganar la Presidencia, dijo, construirá un programa especial en favor de los jornaleros agrícolas y nombró al agrónomo rural Víctor Suárez como encargado para llevarlo a cabo.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal se comprometió a buscar la solución para que los trabajadores agrícolas puedan vivir con justicia, que se les respeten sus derechos laborales, tener buenos salarios, porque no es justo que un trabajador mexicano gane siete veces menos que uno de Estados Unidos.
En el salón ejidal de la colonia Vicente Guerrero, López Obrador añadió que es necesario cuidar la salud de los jornaleros que sufren, porque en muchos plantíos donde trabajan se utilizan tóxicos.
Indicó que el nuevo gobierno procurará dar educación especial para que los jornaleros puedan estudiar al mismo tiempo que trabajan y tengan una vivienda digna con servicios públicos: agua, drenaje y energía eléctrica.
Adelantó que de ganar la Presidencia convocará a los patrones a hacer convenios para que los trabajadores reciban buenos salarios, cuenten con servicio médico y tengan vivienda.
Ante 2 mil indígenas que residen en este valle, ubicado 200 kilómetros al sur de Ensenada, y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el precandidato presidencial explicó la necesidad de realizar un cambio verdadero para detener la monstruosa desigualdad, la pobreza, la inseguridad y la violencia en el país.
Se pronunció por una pensión universal para indígenas a los 65 años de edad, becas para estudiantes, discapacitados y madres solteras, así como cumplir con el derecho a la salud, porque en México la mitad de la población carece de seguridad social.
Al dar la bienvenida al candidato, una indígena parafraseó a Amado Nervo: Aquí estamos en el valle, con hambre de pan, con hambre de amor y con hambre de conocimiento.
La jornalera mixteca Lucila García Martínez dijo que las mujeres trabajan en condiciones extremas y una de cada tres no sabe leer ni escribir. Sufren triple opresión, pues son pobres, mujeres e indígenas, y aunque trabajan jornadas de 14 horas reciben menos salario que el hombre.
La mayoría trabaja en riego, recolección y empaque de los productos agrícolas, aunque también aplican fertilizantes y pesticidas, por lo que sufren diversos tipos de cáncer, diabetes y asma, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sólo atiende intoxicaciones y afectaciones de piel.

El estudiante triqui Juan Pérez Guzmán demandó para todos los jornaleros su afiliación al IMSS, a las Administradoras de Fondos para el Retiro y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Queremos sindicato de trabajadores de campo, no sindicatos de patrón, y que se garanticen los derechos políticos, de salud y vivienda de los indígenas. Luego de denunciar que trabajan sin descanso y no les pagan el séptimo día, dijo que algunas veces les pagan con cheques y para poder cambiarlos deben comprar 80 por ciento de su monto en tiendas cercanas a los patrones.
En otros asuntos, el precandidato presidencial anunció que en caso de ganar la Presidencia buscará la autosufieciencia y la soberanía alimentaria, porque exportamos mano de obra e importamos alimentos que podemos producir.
El precandidato presidencial de las izquierdas propuso a sus contrincantes políticos, una vez que se conviertan en candidatos oficiales, que hagan el compromiso de no aparecer en anuncios de radio y televisión durante la campaña. Será saludable quitar los anuncios en general y que nada más se den los debates en el caso de la campaña presidencial, que se den los debates uno por semana, que se suspendan todos los mensajes, todos los anuncios de radio y televisión con los temas que realmente le interesan a la gente, y que nosotros hagamos propuestas de cómo vamos a enfrentar los grandes y graves problemas nacionales expuso.
En Monterrey, el empresario Fernando Turner Dávila destacó que el programa económico del precandidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, merece ser apoyado por el sector empresarial, ya que incluye el combate a los oligopolios privados, disminuye el gasto público y las tarifas eléctricas, entre otras medidas.
El también presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes presentará en una reunión nacional de inversionistas en Saltillo, que se realizará el 17 de enero, el programa del tabasqueño, e invitó a empresarios a plantear su problemática, para enriquecer el plan económico que prepararon economistas y los propios empresarios.
(Con información de María Alejandra Arroyo, corresponsal)

Casi se duplicó el número de pobres en México en dos años : Coneval

Hace dos años 28 millones vivían en inseguridad alimentaria, destaca el organismo federal

Llegó a 52 millones el número de pobres en 2008-2010: Coneval
El reto de programas sociales será resolver problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 39
La ausencia de una alimentación adecuada y la dificultad de 28 millones de mexicanos para adquirir la canasta básica fue el factor que más incidió en el aumento de la pobreza –que llegó a 52 millones– entre 2008 y 2010, a pesar de que para cubrir esta carencia se orientó uno de cada dos pesos que el gobierno federal destinó a los programas de este rubro. Este año y los próximos, el tema será prioridad para el país, y el reto es que la población vulnerable resuelva problemas de desnutrición.

El Informe de evaluación de la política social 2011, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) –divulgado ayer–, señala que hasta 2010 había 273 programas federales de desarrollo social, y el presupuesto creció 42 por ciento, pero existe gran dispersión en ellos y cada año se señalan nuevas acciones, sin que quede clara la razón por las cuales se establecen.

Unos programas son creados por el Poder Ejecutivo, otros por el Legislativo o por las entidades federativas; “posiblemente varios de ellos son ideados para resolver problemas concretos de la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros, la sospecha de uso político es inevitable”.

Contribución a la desigualdad

El documento considera “progresivos” programas como Oportunidades, mientras los más regresivos, que se otorgan a la pobla- ción de ingresos altos, son los del sistema de pensiones del Issste y la deducibilidad de colegiaturas, los cuales, además, contribuyen a la desigualdad.

Agrega que Procampo, a pesar de que cuenta con nuevas reglas, “proporcionalmente beneficia más a los mayores productores”. Refiere que hay mecanismos que han sido probados con el fin de promover la inversión y mejorar la productividad, pero no han dado resultados satisfactorios y no se han extendido.

El año pasado, el Coneval reportó que entre 2008 y 2010 aumentó 3.2 millones el número de mexicanos en pobreza multidimensional, por lo que se llegó a 52 millones (46.2 por ciento de la población). Esto –puntualiza– se debió en parte a las crisis económica y energética, y al aumento en el precio de alimentos.

Explica que el incremento de personas en situación de pobreza estuvo relacionado con el aumento de la población en carencia de acceso a la alimentación, la cual se elevó en 4.2 millones entre 2008 y 2010. En esto también incidió la reducción del ingreso real de los hogares, sobre todo en zonas urbanas. Así, para 2010 había 28 millones de mexicanos con inseguridad alimentaria –en 2008 había 23.8 millones–, de los cuales 12.2 millones vivían en un grado “severo”.

El documento detalla que en los hogares mexicanos el problema de la seguridad alimentaria es multifactorial, ya que hay dificultades que van desde disponibilidad hasta acceso y consumo. “Acceder apropiadamente a ellos no es suficiente para contar con una buena nutrición, pues además deben ser de calidad y diversidad adecuadas, así como ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo saludable.”
Advierte que en México existen grupos de población con malnutrición, sobrepeso y obesidad. “Esta situación impone retos adicionales a la atención de los problemas de seguridad alimentaria y nutricional.” Recuerda que en 2010 se lanzó la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, “pero no se conoce aún su impacto. Será importante evaluar y monitorear las acciones y sus resultados para hacer las correcciones necesarias”.

El Coneval señala que el incremento en el precio de los alimentos registrado en los pasados dos años afecta más a los hogares pobres, ya que los del decil de ingreso más bajo destinan en promedio 52 por ciento de su gasto a la compra de comestibles, y quienes están en el más alto utilizan 23 por ciento.

En 2010 –detalla el informe–, el gobierno federal tenía cinco programas relacionados directamente con la alimentación, los cuales captaban 50 por ciento de los recursos aprobados para el gasto en desarrollo social; en total fueron 39 mil 198 millones de pesos. Sin embargo, estas acciones apenas representan 2 por ciento de los 273 programas de desarrollo social inventa- riados por el Coneval.

Abunda que hay algunos mecanismos de protección social para fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país entre 2008 y 2010, pero son insuficientes. En ausencia de estos mecanismos y ante las crisis recientes se han impulsado instrumentos como Oportunidades o subsidios energéticos generalizados que no están focalizados en los pobres.

Refiere que en cuanto a los grupos vulnerables, 45.7 por ciento de los adultos mayores estaban en pobreza, mientras la población menor a 18 años en esa condición ascendía a 53.8 en 2010.

Entre las recomendaciones que plantea está que ante los alcances limitados de los programas presupuestarios para fomentar el empleo y mejorar el ingreso, el incremento sostenido del poder adquisitivo en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, empleo, salarios, inversión y estabilidad de precios. En cuanto a alimentación, propone analizar los subsidios y apoyos alimentarios y de nutrición, tomando en cuenta el contenido calórico de los productos en poblaciones urbanas cuyos ingresos sean mayores a los de la población en extrema pobreza, donde el principal riesgo es el sobrepeso, no la desnutrición.

En relación con la desigualdad, plantea que se debe hacer un sistema fiscal más progresivo para que incida sobre la distribución del ingreso y eliminar algunos subsidios regresivos; mejorar la calidad de los servicios básicos en áreas de mayor pobreza, sobre todo en las zonas prioritarias indígenas.

Robo en despoblado en la #esteladepus

El incremento en el costo de la obra resulta inexplicable: Colegio Mexicano de Ingenieros

Las modificaciones a la Estela de Luz no superan los $10 millones, revela peritaje

César Pérez Becerril y José María Cortez entregaron al diputado Pablo Escudero (al centro) las conclusiones del peritaje del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles sobre la Estela de LuzFoto José Antonio López

 

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 7

El Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles entregó a la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados el peritaje de la obra Estela de Luz, inaugurada el sábado pasado por Felipe Calderón Hinojosa. El documento de 250 cuartillas concluye que las modificaciones al proyecto original no implicaban un costo tan elevado como el que el erario tuvo que saldar para su edificación.

El consejo directivo del Colegio de Ingenieros advierte que el incremento inexplicable en el valor de la Estela de Luz debe ser motivo de revisión presupuestal y de una auditoría, a fin de conocer el costo real de la obra ejecutada.
Al comentar los argumentos técnicos presentados por la empresa que edificó el monumento –respaldados por el gobierno federal– para justificar la modificación en la cimentación de la obra, el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles señala que la variación del proyecto original en la cimentación respecto de todos los cambios finales entregados por el proyectista no superaría los 10 millones de pesos.
Pablo Escudero (PVEM), presidente de la comisión legislativa que recibió el peritaje de más de 250 cuartillas, y el arquitecto César Pérez Becerril, en nombre del Colegio de Ingenieros, demandaron al gobierno federal que inicie una investigación a fondo sobre el costo de la obra, y el primero exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscalice en detalle el fraude en torno al citado monumento.
El diputado Escudero refirió que, según lo dictaminado por la empresa Geotécnica y la evaluación elaborada por el ingeniero Raúl Izquierdo, calculista y diseñador estructural de la Estela de Luz, se generaron modificaciones al diseño de la cimentación, el incremento de la profundidad y desplante de las pilas de 40 a 49 metros con 20 centímetros de profundidad. Asimismo, las pilas complementarias y muros de pila pasaron de una profundidad de 27 a 37 metros, mientras los muros de milat pasaron de 12.8 a 14 metros.
Las conclusiones a las que llegó el Colegio de Ingenieros señalan que los cambios finales entregados por el proyectista, derivados del volumen de excavación y de algunos precios unitarios conexos a los incrementos por la variación real del proyecto original en la cimentación, no superan los 10 millones de pesos. Es decir, las modificaciones de las que nos han hablado en la profundidad nos dicen que no superan los 10 millones.

A su vez, el peritaje que recibió la Comisión de la Función Pública señala que los catálogos de conceptos que se entregaron originalmente se modificaron de manera dramática.
Destacamos que el presupuesto presentado para la realización del convenio modificatorio se basa en la cancelación de la mayoría de los conceptos del catálogo original, entregado por el arquitecto César Pérez Becerril, pero con la intención de sacarlos del contexto modificando su contenido al cambiar la descripción de algunos de los componentes con nombres distintos, variando medidas o cambiando acabados con la finalidad de elevar sus precios, y haciendo creer que se trata de algún concepto completamente distinto al inicialmente considerado, y que nos da una lista de algunos de estos conceptos, es decir, hubo fraude.
El legislador sostuvo que se cambiaron los nombres de los conceptos otorgándoles un nombre más complicado, y aumentando el precio hasta en 200 por ciento para hacer creer que son nuevos conceptos.
Aun cuando el valor de la ejecución de la obra se ha incrementado más de 100 por ciento del monto estimado en el presupuesto elaborado y entregado por el proyectista, la realidad es que se está ejecutando una obra de menor valor, ya que las especificaciones en los acabados del proyecto y presupuestos originales se han reducido realizando trabajos de menor valor a un precio más elevado, como es el caso de la cancelación y colocación de las placas de obsidiana, sustituyéndolas por tablarroca.
El diputado Escudero anunció que entregará el peritaje a la procuradora Marisela Morales, para que se integre al expediente de la investigación, porque la obra costaba inicialmente 497 millones de pesos y tan sólo el cambio de conceptos de los productos utilizados incrementó el monto en 375 millones.

Contención. Naranjo



La gira de Ahmadineyad. Boligán



Peña Nieto y la violencia

Pedro Miguel


El lenguaje no es lo suyo, ni aunque lea el discurso. El pasado fin de semana el aspirante presidencial priísta ofreció, en Chihuahua, acabar y combatir de manera sensible, significativa, la violencia, y dijo que la causa de que miles de jóvenes se incorporen a la delincuencia organizada es la falta de oportunidades en educación y empleo. Otra: los mexicanos desean cambios, rumbos diferentes y paz, pero sobre todo, que haya orden.

Esas frases, de suyo vagas e imprecisas, resultan hasta irritantes en el contexto de un país desangrado y desarticulado por las delincuencias y los atropellos de las fuerzas públicas. Además, a la luz de los antecedentes de gobierno de Peña Nieto y de su partido, son pura palabrería electorera y hueca.

Por ejemplo: la última presidencia priísta, la que encabezó Ernesto Zedillo entre 1994 y 2000, fue una secuencia macabra de masacres de campesinos, desde Aguas Blancas hasta Acteal. Por la segunda, Zedillo enfrenta una demanda ante una corte de Connecticut, e independientemente de que Salinas de Gortari esté o no tras la acusación, como se ha señalado, la causa es ilustrativa de la clase de paz con orden que podría esperarse de una nueva presidencia priísta. Más allá de eso, es en los sexenios de Zedillo y del propio Salinas cuando se implanta el modelo que orilla a millones de ciudadanos a la disyuntiva de la emigración, la mendicidad o la delincuencia, y es en ellos cuando se gesta la descomposición institucional que culminaría en los gobiernos de Fox y de Calderón con el auge de las cabezas cortadas. Y últimadamente, Salinas, el padrino indisputado de Peña Nieto, estaba vinculado con el narco, como lo afirmó su antecesor, Miguel de la Madrid, aunque después lo obligaran a desdecirse.

Al margen del partido, los saldos del gobierno de Peña Nieto en el estado de México son un referente claro de lo que podría esperarse de una presidencia a su cargo. Recordemos, de entrada, su estreno como represor y encubridor de policías violadores y torturadores (Texcoco-Atenco, 2006). Mencionemos el auge de los feminicidios en la entidad –922 en cinco años, la cifra más alta del país– y de la violencia de género en general: cuatro mil 773 denuncias por violación en año y medio y un tercio de las mujeres casadas con historias de agresiones graves por sus parejas; cuando el año pasado se pidió al gobierno mexiquense que adoptara una alerta de género por los asesinatos de mujeres, la respuesta, por medio del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, fue que no, que de ninguna manera, y que la petición era una estrategia para afectar la imagen de Peña Nieto en vísperas del proceso electoral de 2012.


Tengamos en mente, asimismo, el auge de los secuestros y de las extorsiones en el estado de México gobernado por Peña Nieto; la proliferación de los homicidios relacionados con delincuencia organizada, cuya cifra anual se incrementó, en el periodo 2007-2010, en 561 por ciento; la flagrante corrupción de los cuerpos policiales estatales; la penetración de La Familia Michoacana en la entidad; agréguese, para completar el cuadro, el montaje fársico con el que se dio carpetazo –con la aprobación de Peña Nieto– a la trágica muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

La violencia que padece México es resultado de la descomposición económica, institucional y social ocurrida en el último cuarto de siglo bajo gobiernos federales y estatales priístas y panistas, del desmantelamiento de derechos y servicios básicos, de la privatización de bienes públicos, de la abdicación del Estado a obligaciones fundamentales, y de los pactos entre las cúpulas gobernantes y estamentos delictivos con y sin corbata. El aspirante presidencial del PRI es coprotagonista y beneficiario de esos procesos y, por ello, no cabe esperar de él nada sustancialmente distinto, en materia de seguridad pública, al catastrófico manejo calderonista.

De llegar al gobierno federal, Peña Nieto y su partido agravarían la situación actual. A fin de cuentas, ellos son parte de la inseguridad y la violencia.

Alcalde panista confiesa que vendería la alcaldía ...