La aprobación de la nueva legislación sobre seguridad nacional”, impulsada desde Los Pinos, sería un acto de traición a México y a los mexicanos; de ahí la viva oposición a este engendro seudojurídico.
1. La decisión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados de aprobar “en lo general” el martes 2, en un verdadero albazo, el proyecto de ley fascistoide “de seguridad nacional” que les fue remitido por el Senado, pasando por sobre las impugnaciones y señalamientos de las últimas semanas, constituye un verdadero desafío a la comunidad nacional e internacional, que había hecho severos señalamientos sobre el carácter totalitario de dicha “legislación”, que a fin de legitimar la supuesta guerra de Washington y de Calderón “contra el narco” mexicano pretende “legitimar” la función policial de las fuerzas armadas y crear un marco de permisividad para que el Ejecutivo y los cuerpos militares pasen por sobre los derechos fundamentales de los mexicanos.
2. La nueva legislación totalitaria la vislumbra la mafia en el poder como una garantía de la seguridad de sus intereses después de 2012, de ahí que no haya causado estupor el que la hayan aprobado legisladores del PRI, del PAN y del PVEM y los chuchos del PRD coludidos abiertamente con Los Pinos, con la sola oposición de legisladores del PT.
3. Un cuerpo legal debe entenderse, antes que por sus disposiciones secundarias –por muy graves que sean–, por el objetivo fundamental que persigue, y el de este mamotreto seudolegal, que ha sido descalificado por los juristas más eminentes del país y del extranjero, es más que evidente: pretende hacer legal la función policial y de Ministerio Público de las fuerzas armadas, lo que está terminantemente prohibido por la Constitución en sus artículos 21 y 129 y descalificado por la teoría, por el derecho penal internacional y por múltiples acuerdos y convenios internacionales, pues da a los cuerpos militares mexicanos, que en los hechos se hallan ya sometidos a las agencias policiales estadunidenses, la vía libre para intervenir en todo el territorio, pasando por sobre la autonomía de estados y municipios y los derechos de las personas.
4. Esta “ley” urdida por la extrema derecha mexicana no se oculta que busca amarrar las políticas del nuevo gobierno luego de 2012, al dar aliento y sustento por un largo periodo a la “guerra contra el narco”, que ya se sabe es contra el pueblo, alentando al sector más duro de las fuerzas armadas a actuar con impunidad, y allanando aún más el camino para la intervención estadunidense en México; de ahí su gravedad.
5. Las amenazas de esta iniciativa para la integridad de la nación y los derechos de los mexicanos fueron avistadas desde 2010 en que Felipe Calderón la envió al Senado, y suscitaron la oposición de múltiples analistas, de eminentes juristas, de instancias internacionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de un sinnúmero de agrupaciones defensoras de los derechos humanos y del movimiento encabezado por el escritor Javier Sicilia, que en su encuentro de Chapultepec con los legisladores hizo suyo el reclamo de que se enviara al basurero de la historia. México está al borde de “una represión sistematizada” si se sigue por esta pendiente y está en riesgo de vivir una situación similar a la del cono sur en los años 70 y 80, advirtió a su vez Amnistía Internacional el primero de agosto en Madrid.
6. La afirmación hecha a la defensiva y casi al unísono el día 3 por las legisladoras Beatriz Paredes (PRI) y Josefina Vázquez Mota (PAN) ante las acusaciones ese mismo día de Javier Sicilia de haber traicionado a los mexicanos, diciendo que sólo se le aprobó “en lo general” y pretendiendo que al no haberse discutido “en lo particular” aún puede cambiarse, es por lo tanto un absurdo, que sólo muestra la tontería y la perversidad de ambas, y constituye una burla a los mexicanos. La ley que se impugna se ha rechazado en su conjunto porque su objetivo fundamental es legalizar el principio aberrante de la actuación policial de las fuerzas armadas, y no se trata de ninguna manera de avalar esta barbaridad para, en “lo particular”, buscar sólo suavizarla. La exigencia de que las fuerzas armadas regresen cuanto antes a sus cuarteles, y se respete el orden constitucional, no es negociable.
7. En un régimen constitucional de derecho no es admisible que se reglamenten, pretendiendo suavizarlos, principios aberrantes, y esa es la lógica con la que el poder panista busca que actúen los opositores: se puede transigir, se les está diciendo, en lo secundario; en lo fundamental, no. El 12 de julio la Suprema Corte pretendió con un fallo reglamentar el aberrante fuero militar, cuando lo que debió hacer es pronunciarse en contra de esa prerrogativa anacrónica conforme a los tratados suscritos por México, y ahora se quiere que se reglamente la aberrante participación policiaca de los militares, y con eso se dé por satisfecha la inconformidad social.
8. El error fundamental del movimiento de Sicilia es haber visto el sufrimiento de la víctimas de la violencia de Calderón pero no haber entendido las dimensiones ni la perversión de sus políticas, que son contra la nación. La “guerra contra el narco”, que no lo es, constituye una estrategia del capital multinacional y de Washington para adueñarse por completo del país, y Calderón es sólo un pelele de dichos intereses, por lo que él y los panistas criminales no van a dar marcha atrás con besuconeos y escapularios, sino mediante una vigorosa movilización social; de ahí la burla de que fue objeto el escritor.
9. La “ley” en proceso de aprobarse abriría también de manera más amplia la vía para que las agencias de Washington puedan, a través de la Marina y del Ejército mexicanos, cuerpos ya sometidos a ellas, intervenir más libremente con base en la Iniciativa Mérida, sobre todo ahora que Calderón autorizó a Washington incrementar su personal policiaco-militar en territorio mexicano, y ha aceptado que opere cada vez más libremente desde su búnker de Reforma 265 (Proceso 1812). De ahí la decisión del Senado estadunidense de ratificar de volada el mismo martes 2 al nuevo embajador Earl Anthony Wayne, experto en asuntos militares traído desde Afganistán, que viene no para recomponer ninguna relación (que no está descompuesta), sino para llenar el vacío de poder existente en México en lo relativo a la “seguridad nacional” (de Estados Unidos, naturalmente).
10. La “guerra contra el narco” es crucial para los intereses oligárquicos que dominan México, y la contrarreforma de seguridad nacional se ha tornado, desde su lógica perversa, indispensable para mantener el escenario de violencia en el que tienen hundido al país, por lo que ante el riesgo gravísimo de que el Congreso la apruebe es urgente una mayor movilización nacional, reiterando una y otra vez a Calderón y a sus aliados que: “¡Ya basta!”
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