Ante los escándalos de opacidad, conflicto de interés y corrupción, como los de la Casa Blanca y el tren rápido México-Querétaro, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por cambiar la legislación. Para asegurar la opacidad en muchos tipos de contratos gubernamentales, se valió de un artículo añadido de último momento a la reforma de la Ley de Obras Públicas, que el Congreso aprobó con los ojos cerrados.
En una acción sin precedente, la Cámara de Diputados le dejó las manos libres al gobierno federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente, con lo cual se abre la puerta a más escándalos de opacidad y conflicto de interés, como los de la Casa Blanca y la cancelación del tren rápido México-Querétaro.
El martes 9 los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas fueron aprobados con los votos a favor de 377 legisladores; 26 votaron en contra y otros 90, de todos los partidos, se ausentaron.
Así se cierra la pinza de las reformas constitucionales en materia energética y de telecomunicaciones, que en opinión de los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano, permiten que en la práctica no sean regulados los contratos para construir hospitales, escuelas, transporte ferroviario, autopistas concesionadas o distribuidores viales.
De acuerdo con Mejía Berdeja, al no estar sujetas dichas obras públicas a una ley que presuntamente debería evitar los conflictos de interés, se alienta la posibilidad de que “amigos” del poder en turno, como los Hank, HIGA de Armando Hinojosa Cantú, OHL, Vázquez Raña u otros, “se queden con los contratos sin que uno se entere. Es dejarlos sin fiscalización”.
A su vez, Manuel Huerta, entrevistado la tarde del 24 de diciembre, confirma que todos los contratos que deriven de la reforma energética, por ejemplo los que se firmen para explotar petróleo o generar electricidad, quedan fuera de esta supervisión.
Para él, con esta ley de obra pública que se aprobó sin discusión, los diputados fueron más allá de los contratos que vendrán con la reforma energética o de telecomunicaciones, pues también dejan fuera de la regulación las obras para escuelas, hospitales, seguridad pública y caminos rurales. En síntesis, alerta, ofrece manos libres para el robo y adjudicaciones sin auditoría.
Las exclusiones
Cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la reforma energética, se previó crear las siguientes nuevas leyes: de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, de Ingresos sobre Hidrocarburos, de Hidrocarburos, del Fondo Mexicano del Petróleo, de Energía Geotérmica, de Órganos Reguladores Coordinados, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente y la de la Industria Eléctrica.
También se incluyeron cambios a 12 ya existentes, como la de Inversión Extranjera, la Minera, de Aguas Nacionales y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Esta última la envió Peña Nieto a la Cámara de Diputados el pasado 4 de noviembre.
Los legisladores no repararon en los cambios que estaban aprobando por enfrascarse en los escándalos de la Casa Blanca y la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro por la participación de empresas vinculadas con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la de Juan Armando Hinojosa Cantú, dice Huerta, quien prevé que la nueva licitación del tren rápido va a enmarcarse en la opacidad que estas modificaciones favorecen.
La ley modificada destaca la “transparencia” porque las obras públicas contratadas deberán estar en el portal Compranet pero, mediante el artículo 1 bis adicionado, el gobierno excluyó de esta norma las obras concesionadas a particulares, las que se realicen con créditos del extranjero, las que contraten Pemex, la CFE y sus empresas productivas subsidiarias y aquellas en las cuales los contratos se firmen en el extranjero.
Es una simulación más, señala Mejía Berdeja, pues si bien Pemex y la CFE tienen una ley específica y el titular de Hacienda se encargará de los contratos, finalmente las compras que realicen no se regularán por la Ley de Obras. Además, reitera, “también se excluyen los proyectos concesionados, así como las obras que se requieran para la prestación de servicios como el transporte ferroviario, las autopistas y distribuidores viales”.
Aún más, el diputado Manuel Huerta detalla: “En el párrafo II del 1 bis se excluyen las obras ‘con cargo a recursos federales procedentes de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, y si te vas a la ley que citan te das cuenta de que es prácticamente todo lo que tiene que ver con el presupuesto federal para obra pública”.
Dicho artículo está constituido por fondos de seguridad pública de los estados, por lo cual obras locales como la construcción de casetas de vigilancia e instalaciones de entrenamiento tampoco estarán sujetas a la ley modificada. En el mismo caso están las aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, lo que abarca los caminos rurales y las carreteras estatales.
También se incluyen el fondo de salud y el educativo, así es que la construcción de clínicas, hospitales y escuelas quedan fuera de la vigilancia que prevé la regulación de obra pública, lo que significa entregar a las empresas influyentes y a sus amigos del poder casi todo el presupuesto para obra social, sostiene Huerta.
El párrafo IV del artículo 1 bis dice que se excluyen de la Ley de Obras Públicas aquellas destinadas a “crear infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados”. Aquí encajan la construcción del hangar presidencial con un costo de mil millones de pesos y que se le encargó a Juan Armando Hinojosa Cantú, y la construcción del nuevo aeropuerto del Distrito Federal o las obras de los distribuidores viales y las autopistas, señala el diputado petista.
El párrafo V se refiere a obras “que sean financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por órganos financieros regionales”. Huerta recuerda que en sus dos años el gobierno de Peña Nieto ha adquirido deuda externa por 1.5 billones de pesos; entonces toda la obra pública que se realice con ese dinero, el que venga del exterior, no estará sujeta a esta ley “y se adjudicará a sus amigos, a los socios de la mafia del poder”.
El siguiente párrafo excluye de la regulación de obra pública a aquella que se realice “fuera del territorio nacional”, como la ampliación de embajadas, gasoductos de Pemex en sus ramales hacia Estados Unidos, refinerías mexicanas en el extranjero o las obras que requiera la refinería que ya existe y que está en Texas, por ejemplo.
En cuanto al VII, excluye de la Ley de Obras a las que se realicen en territorio nacional y “cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero”. Para Huerta, en este supuesto caen todos los contratos en materia energética y de telecomunicaciones, que seguramente conseguirán empresas extranjeras; firmarán los contratos en sus países de origen, a cuyas leyes e intereses se sujetarán.
“Ahí en el 1 bis está la trampa, pero esta ley la vendieron con el argumento de que habrá más transparencia porque los procesos de licitación estarán en Compranet. ¿Pero cuáles obras, me pregunto, si casi todas las que realiza el gobierno federal y las que hacen los estados quedan fuera de la Ley de Obras Públicas”, cuestiona el legislador del PT.
Una vez aprobados en comisiones los cambios a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, el agregado del artículo 1 bis se dio a conocer el martes 9, día de la votación, recuerda el diputado Huerta, y reitera que muchos de sus colegas ni siquiera entendieron el alcance de lo que avalaron.
Cuando se sometió a votación el artículo de las exclusiones estuvieron ausentes 102 diputados, 35 votaron en contra, ocho se abstuvieron y 355 se manifestaron a favor.
En cambio no se modificaron sustancialmente los artículos 40, 47 y 51, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, usó para justificar la cancelación de la primera licitación del tren rápido México-Querétaro el lunes 22, al comparecer ante los diputados.
Para los amigos
El 3 de noviembre se dio el fallo de la licitación en beneficio de la empresa china Railway Corporation (con el crédito ofrecido por el gobierno chino mediante el Exim Bank) y sus socios Teya (propiedad de Armando Hinojosa Cantú), Constructora y Edificadora GIA (propiedad de Hipólito Gerard, pariente político del expresidente Carlos Salinas de Gortari) y Prodemex (de Olegario Vázquez Raña).
El día 6 Ruiz Esparza sostuvo ante los legisladores que no se cancelaría el fallo, pero horas más tarde el presidente Peña Nieto decidió hacerlo.
Este lunes 22 el secretario de Comunicaciones y Transportes aceptó que fue una decisión política ante el malestar social por los vínculos de las empresas con el expresidente Salinas de Gortari y con Peña Nieto, aunque nunca mencionó sus nombres.
“A lo largo de la reunión (con senadores) se cuestionó el fallo. Anteriormente se había pedido suspender la licitación, dada la participación de las empresas mexicanas en el consorcio. Se mostraron suspicacias por los nombres de los dueños de las empresas ganadoras que forman parte del consorcio y se insinuó la posibilidad de que el consorcio ganador hubiera contado con información privilegiada y por esa razón los demás competidores decidieron declinar. Se hizo mención de la vinculación de una de las empresas mexicanas con un expresidente de México por conducto de una persona con quien tenía una relación de parentesco”, dijo Ruiz Esparza.
Tras el encuentro con los senadores, añadió, “reflexionamos en la secretaría sobre el riesgo de continuar el proyecto en condiciones de duda acerca de la legalidad y transparencia del proceso de licitación, con la posibilidad de acciones políticas para obstaculizar su ejecución y la limitación o cancelación de los recursos necesarios para llevarla a cabo”.
Después el secretario dijo a los diputados que para realizar bien el proyecto del tren rápido se necesitaba una “gran aceptación popular” y eso sólo se lograría con una nueva licitación. Aclaró entonces que el gobierno tenía la posibilidad de “cancelar” la licitación o aplicar “la no firma” del contrato, pues la primera opción se prevé en el artículo 40 y la segunda en el 47.
Peña Nieto optó por la segunda. Ruiz Esparza intentó dar razones: “Sentíamos que no iba a ser factible, que iba a haber, por todo lo emitido, la intención de hacer un freno político al proyecto”. Por consiguiente, anunció que en los primeros días de enero se lanzará la convocatoria para la nueva licitación. Sólo que ahora se regirá bajo la nueva Ley de Obra Pública.
Mejía Berdeja, basado en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, le reprochó al secretario que hubo tráfico de influencias y conflicto de interés porque Hinojosa Cantú es el propietario de la casa que tiene Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y porque “los amigos” del presidente participaron en dicha licitación y en otras del gobierno federal.
“OHL, donde participaba Emilio Lozoya, hoy director de Pemex, es la empresa que junto con HIGA, junto con Alcántara, junto con las empresas de Carlos Hank y otras, ganan los contratos más jugosos. Se han dado licitaciones por más de 200 mil millones. Pero nada más HIGA, quitando la licitación del tren, ha ganado casi 100 mil millones de pesos en este gobierno, entre ellos 47 mil del Acueducto Monterrey y mil de la remodelación del hangar presidencial. Y le iban a dar 50 mil 800 millones junto con el consorcio para la operación del tren México-Querétaro”.
Remata el legislador de Movimiento Ciudadano: “En el tren México-Toluca va OHL. Y en muchas del Edomex fueron OHL e HIGA las beneficiadas. En el caso del tren México-Querétaro hubo conflicto de interés, como dice el artículo 51”.
Ruiz Esparza sostuvo que no hubo tal conflicto y aclaró que hasta el 15 de octubre, cuando se dio el fallo del tren rápido, la secretaría se enteró de que en ese proyecto estaban asociados Hinojosa Cantú y el pariente político de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, informó que las empresas mexicanas no participarán en la nueva licitación del tren rápido pero que la empresa china sí lo hará, por lo cual no exigió el pago de compensación por la “no firma” del contrato.
El problema ahora, dice Mejía Berdeja, es que si en ese proyecto entra capital del Exim Bank chino y por ese motivo la obra no puede ser regulada conforme a la Ley de Obras Públicas, “la opacidad seguirá”.
