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sábado, 17 de febrero de 2018

El gobernador de Veracruz, problema para Anaya

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Enrique Calderón Alzati
L
uego de declarar su compromiso de terminar con la corrupción, en caso de triunfar en las próximas elecciones, el candidato del PAN a la Presidencia de la República, arropado también por el PRD y el PMC, visitó Veracruz durante la celebración del carnaval para cerrar su precampaña, desconociendo seguramente que en esos mismos días, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, que fuera postulado también por el PAN y el PRD estaba envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la distribución de miles de despensas con alimentos descompuestos en el municipio de Minatitlán, las cuales habían sido entregadas a las familias que habían perdido sus viviendas por el sismo de septiembre pasado, siendo ya del conocimiento público que el gobernador las había comprado con sobreprecio a una empresa fichada ya por fraudes anteriores.
Para la mayor parte de la población de Veracruz, el actual gobernador veracruzano es un personaje que lejos de cumplir con sus compromisos de campaña, ha llegado a un nivel de descredito similar al de Javier Duarte, en virtud de su comportamiento autoritario, siendo incapaz no sólo de acabar con los niveles de inseguridad y violencia que han afectado seriamente a miles de familias, sino de impedir que estos problemas sigan en aumento, comenzando con el de las desapariciones forzadas.
¿Cuánto tiempo más durará esta situación de violencia e inseguridad? Nadie lo sabe. La opinión del gobernador y de su hijo, ahora candidato del PAN a la próxima gubernatura, es que se trata de una visión equivocada y exagerada de la sociedad veracruzana, no obstante que las estadísticas de desapariciones, de crímenes contra periodistas y de continuos actos de violencia, tanto en la capital del estado como en el puerto de Veracruz y en las regiones del norte y sur del estado continúan haciendo que la entidad se encuentre entre las más peligrosas del país.
En este sentido, las apariciones de Anaya, acompañado por el hijo de Yunes, a quien dio su apoyo como candidato a la gubernatura de Veracruz, resultó ser una incongruencia y un grave error para quien habla de luchar contra la corrupción. Veracruz es la tercera entidad del país que genera más votos y en las elecciones de 2012, su candidata Josefina Vázquez Mota obtuvo 1 millón 181 mil 140 votos contra 1 millón 14 mil 83 de López Obrador y menos de 1,000 votos por debajo de Peña Nieto. Está equivocado Anaya si piensa que al dar su aval al actual gobernador de Veracruz, ello le redituará votos en las elecciones, razones existen, y muchas, para que suceda lo contrario en Veracruz, con repercusiones también en otras entidades.
La falta de respeto a las leyes por parte de Miguel Ángel Yunes, quien afirma que él no va a pagar deudas contraídas por el PRI –como si se tratase de sus recursos personales, ignorando que tales recursos no pueden ser manejados de acuerdo con sus deseo, conveniencia o capricho, sino de acuerdo con las leyes y compromisos contractuales establecidos– revelan su escaso interés por el bienestar y el futuro del estado que gobierna, en virtud de que el pago de esas deudas significaría una derrama económica importante para la economía estatal. Además, el dinero que debe a las empresas, éstas lo adeudan a sus empleados y acreedores que, a su vez, mantienen deudas con terceros, formando una cadena sin fin que ha venido afectando a todo el estado.
Ciertamente, Miguel Ángel Yunes ha actuado en repetidas ocasiones como un golpeador lanzado contra López Obrador, aunque esto no lo ha hecho buscando apoyar a Anaya y mucho menos logrando algún resultado que melle la imagen de aquél; por el contrario, sus puyas sólo han dado como resultado quedar como un buscapleitos más al servicio de Meade y Peña Nieto, a cambio de lograr mediante un pacto, su propia impunidad ante los desacatos a las leyes, al negarse a pagar a los cientos de acreedores del gobierno, repitiendo las mismas prácticas de Javier Duarte, incrementadas con su propia inventiva, a partir de la cual ha podido quitarle a los cómplices del ex gobernador encarcelado una buen parte de los robos, desvíos y operaciones ilegales hechas por ellos, seguramente siguiendo la famosa frase de ladrón que roba a ladrón.
Desde luego, esto ya de nada sirve, ni al Presidente ni a su candidato, dados los bajísimos niveles de credibilidad y simpatía que les quedan, pero sí tendrá un efecto negativo importante para el PAN y su candidato a la Presidencia, al presentarse éste como aval de un acto político que no tiene precedente en la historia de nuestro país: el que un gobernante pretenda utilizar todos los recursos, tanto legales como ilegales, para imponer a su hijo como sucesor, como si se tratara de una dinastía.
Ciertamente, el precandidato Miguel Ángel Yunes Márquez no tiene los antecedentes de corrupción de su padre, pero su discurso político en los eventos en que apareció con Ricardo Anaya dieron muestra de sus limitaciones y concepciones políticas, al tratar de señalar las ventajas del candidato del PAN sobre AMLO, en virtud de sus logros. ¿? Y del hecho de tener una mejor preparación porque habla inglés, resultando igualmente absurda su crítica a los alcaldes de Morena por su falta de resultados, a escasos 40 días de haber tomado sus cargos, cuando su padre, Miguel Ángel Yunes Linares lleva 13 meses en el gobierno del estado, sin haber logrado superar ninguno de los problemas heredados de su antecesor.
Bien haría Miguel Ángel Yunes Linares en solventar los problemas que tiene pendientes, que son muchos e importantes, para responder a la confianza que en él depósito un amplio número de veracruzanos con sus votos, comenzando por transparentar el uso de los recursos públicos, pagar a quienes de buena fe trabajaron para el gobierno de Veracruz, acabar con la nueva modalidad de corrupción mediante la utilización de empresas fantasma, acatar las leyes en lugar de seguir pensando que él está por arriba de éstas, dando el ejemplo a los secretarios y funcionarios de su gobierno, con objeto de eliminar la prepotencia con la cual éstos vienen actuando. Quizá sea tiempo de enmendar su conducta.

jueves, 12 de junio de 2014

PAN negocia leyes energéticas sólo con el gobierno de EPN y el PRI

El coordinador de los senadores panistas se levantó de la mesa donde se discuten las leyes y aceptó que su partido ha negociado desde el principio con el gobierno federal y los priistas.
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El coordinador de la bancada del PAN en el Senado,Jorge Luis Preciado, dijo que su partido sólo construirá las leyes energéticas con el gobierno federal y el PRI.
Luego de dos días de discusión y de que el PRD acusara que se intenta limitar el debate, Preciado consideró que no se ha avanzado en “lo más mínimo” por lo que se levantó de la mesa de las comisiones que dictaminan las leyes.
“Nosotros, sí que hay que decirlo y hay que reconocerlo, efectivamente hay una mesa de trabajo en materia energética con el gobierno y con el PRI, construyendo una Reforma Energética impulsada por el Partido Acción Nacional, desde un principio y no desde ahora”, dijo.
“Y lo hemos hecho abiertamente y no ocultamos que estamos tratando de llegar a un acuerdo para concluir los dictámenes que sean necesarios para sacar esta reforma adelante”, adelantó. 
Sostuvo que cuando hay dos visiones que coinciden se sientan a la mesa y acuerdan, “y si hay una tercera visión que no coincide con el punto de vista de las otras dos pues se le escuchan sus argumentos, se le respeta su opinión, pero al final del día se impone la mayoría. Y eso no le debe sorprender a absolutamente nadie”. 
“Nosotros (el PAN) vamos a estar viniendo de manera intermitente para que no se rompa el quórum, pero vamos a ir a terminar de construir los dictámenes porque sí queremos una reforma energética, la queremos ya”, aseveró.
Agregó que hasta ahora en las comisiones del Senado “nos hemos encontrado ya durante dos días que ese tema no ha avanzado en lo más mínimo porque obviamente entendemos que parte de la estrategia es que el tema se prolongue lo suficientemente para que se vaya después del futbol, o algo así, que se ha venido planteando mediáticamente”.

martes, 21 de enero de 2014

El fantasma de la corrupción

http://www.losangelespress.org/el-fantasma-de-la-corrupcion/

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Jorge Villalobos, vicecoordinador del PAN en la cámara de Diputados, acusado de extorsión legislativa. Foto: adnpolitico.com
Francisco Bedolla Cancino*
Un fantasma recorre al Estado mexicano: el fantasma de la corrupción. No se trata de un mal público cualquiera y mucho menos de un problema ajeno al cuerpo político, sino de una circunstancia que terminó volviéndose congénita. Para decirlo en el lenguaje médico, en nuestro país, la corrupción país no es como una afectación viral o bacterial proveniente del entorno, a la que el cuerpo se resiste y, con la ayuda de alguna vacuna, logra desalojar; por el contrario, es como un cáncer, una afectación que se vuelve interna, al modificar la información genética de las células para reproducirse y, por ese medio, tornarse sistémica. Dicho en otras palabras: la corrupción del Estado mexicano no constituye un problema de funcionamiento, sino que es su modus operandi.
En este contexto, viene a cuento la noticia acerca de la acusación de un presidente municipal, víctima presunta de la extorsión de un vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, que le habría condicionado la canalización de una asignación presupuestal para obra de infraestructura por 160 millones de pesos al pago de una comisión por el 30% de ese monto y a licitar tramposamente los proyectos, para beneficiar a las empresas que se le señalaran.
El problema no es menor. Tan sólo por los valiosos servicios de engrasar la maquinaria legislativa a su favor, el mencionado edil estaría sangrando la bolsa pública con 48 millones de pesos. Si a eso se le agrega, digamos un 20% por concepto del sobreprecio que se generaría a resultas de trucar las licitaciones públicas de ley, el costo global ascendería a los 80 millones de pesos, más o menos el 50% de esta nada desdeñable bolsa de recursos públicos.
Y, no es menor el problema, ante los indicios públicos de que recibir jugosas tajadas, “moches”, para decirlo coloquialmente, no es una práctica privativa de los integrantes de la fracción parlamentaria del PAN, sino una de uso generalizado por los connotados representantes políticos, sin importar la fracción a la que pertenezcan.
En tal virtud, y ante los indicios de que, en el caso de la fracción parlamentaria del PAN, la corrupción pudo haberse ejercido de manera organizada y bajo el amparo y promoción de los líderes de la fracción, llama poderosamente la atención la negativa abierta de Pablo Emilio Madero, el presidente del PAN, de ceñirse a la propuesta de sus adversarios panistas, diputados y senadores, consistente en instalar una comisión encargada de investigar los señalamientos públicos del edil guanajuatense.
El argumento del líder panista de que la “ropa sucia se lava en casa”, ciertamente, no viene ni al caso, al menos por un par de poderosas razones: una, que la comisión en comento encaja perfectamente en el supuesto de una indagación interna al PAN, diferente, por ejemplo, a la que podría impulsar el pleno de la Cámara de Diputados o la Procuraduría General de Justicia de la República; y dos, que el cuerpo del presunto delito no es dinero del PAN, sino fondos públicos, es decir, dinero de todos los mexicanos.
El sólo hecho de que el PAN, constitucionalmente hablando, sea un órgano de interés público dentro del Estado mexicano, obliga a la consideración de que estamos frente a uno de los síntomas mayúsculos de la descomposición estatal y, quizás, frente a una oportunidad histórica de iniciar el camino hacia su reversión.
Señalado por senadores y diputados panistas, son preocupantes los indicios de que la corrupción al interior del PAN alcanza a sus estructuras de mando del más alto nivel. Inclusive, se insiste en que posiblemente se trata de una estrategia del presidente del PAN para allegarse de recursos para financiar ilegalmente su campaña para permanecer en su actual cargo.
Tiene especial significado que los indicios de la corrupción suceden al interior y toquen las fibras más sensibles del PAN. Por tradición histórica, unos de sus estandartes principales como fuerza opositora han sido la moralidad de sus integrantes y el combate a la corrupción. En tal sentido, el dilema actual para el PAN estriba en “hacerse de la vista gorda” y convertirse en cómplice de la corrupción de sus integrantes, al costo de negar una parte importante de su herencia ideológico-política; o bien, en tomar la iniciativa de hacer una indagatoria seria y convincente sobre los actos de corrupción señalados, al costo del deterioro de su imagen por la implicación de algunos de sus connotados diputados.
El dilema para las fracciones parlamentarias de los demás partidos es similar a la del máximo líder del PAN: o colocarse como defensores del interés público y del buen uso del dinero de los contribuyentes, con los riesgos y costos de que inmediatamente la espada de Damocles se oriente hacia los corruptos dentro de sus propios partidos; o hacerse de la vista gorda, en espera de recibir un trato de recíproca complicidad por la corrupción propia.
Como es de observarse, estamos frente a un momento sintomático y crucial. Si como siempre pasa, ninguna acción relevante se emprende en torno a estos actos de corrupción, la conclusión es simple y cruda: imperó entre los partidos políticos el consenso tácito de que la corrupción somos todos. El costo de este curso de acción es una cuestión que merece un cálculo detenido. Para iniciar, tácitamente, esto implicaría el compromiso de la clase político-partidaria de fortalecer la decisión de dejar en el vacío el principal problema público del Estado mexicano: la corrupción.
Bajo el cálculo simple, pero no simplón, del caso del edil mencionado, estaríamos hablando de que la mitad del presupuesto de la partida federal de infraestructura se destina a gastos en extorsión y pago de sobreprecios. Significa, pues, que el Estado mexicano estaría instalado en la apuesta de lastrar sus posibilidades de desarrollo y promoción del bienestar público, a cambio de preservar bien engrasada la maquinaria de la gobernabilidad.
Si alguna duda hay al respecto, bastaría con tomar al azar cualquier organismo político, público o gubernamental y pasarlo por la prueba del ácido de la anticorrupción. Probablemente, no habría organización pública, privada o social que pasara por el ojo de esa aguja. ¿Cómo entonces hablar con sentido de que se quiere fortalecer el tejido social y revertir la pobreza?
* Analista político
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