Ministros, jueces y magistrados ocultan su declaración patrimonial

Rechazan peticiones de información, esgrimen excusas y dan largas a las respuestas

La transparencia y apertura proclamadas por el Poder Judicial Federal están sólo en declaraciones

Jesús Aranda

 

Periódico La Jornada
Martes 27 de mayo de 2014, p. 3

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y consejeros de la Judicatura Federal están en contra de que se haga pública su declaración patrimonial.

Escudados en que es su derecho decidir si la información sobre sus ingresos y bienes puede ser conocida por la sociedad, los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial Federal rechazan dar a conocer su situación económica, solicitada a través de peticiones de información, o bien sus órganos de transparencia esgrimen excusas o dan largas a las peticiones.

Así, la transparencia y apertura proclamadas por ministros y magistrados electorales no incluye la difusión pública de sus ingresos y propiedades.

Un ciudadano solicitó por medio del Portal de Transparencia del Poder Judicial saber ‘‘cuántos funcionarios públicos obligados a presentar anualmente su declaración patrimonial dieron su consentimiento para hacer públicos’’ dichos datos.

De los primeros niveles jerárquicos (ministros consejeros, magistrados electorales y jueces) ninguno hizo pública su declaración patrimonial.

Incluso, cuando la Corte avaló el año pasado la negativa de 500 diputados federales a que se hiciera pública su declaración de ingresos y bienes, sólo tres ministros –Juan N. Silva Meza, Sergio Valls y José Ramón Cossío– votaron en favor de la ‘‘máxima publicidad’’ y porque la información fuera pública.

Sin embargo, cuando este medio solicitó las declaraciones patrimoniales de los 11 ministros, el órgano de transparencia de la Corte evadió entregar la información, argumentando que por tratarse de datos personales, la petición –con el expediente 27/2013-A– tendría una prórroga de 10 días para ser respondida. La notificación ‘‘correría del 22 de enero al 6 de febrero de 2014’’; sin embargo, hasta la fecha no ha habido respuesta a la petición.

Los funcionarios judiciales que aceptaron que se revelaran datos sobre sus ingresos eran en su mayoría personal operativo. Por otra parte, las versiones públicas autorizadas tampoco garantizan que la sociedad conozca la situación económica del funcionario.

Información light

La ‘‘versión pública’’ de una declaración, entregada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, incluye únicamente el nombre del funcionario, el inicio o conclusión de su encargo, el área a la que está adscrito, los años en el Poder Judicial, la ubicación de su lugar de trabajo, el correo electrónico oficial y el teléfono de su oficina. El resto de los datos de la declaración están tachados.

Es decir, la clave única de población, registro federal de causantes, número de expediente único del Poder Judicial de la Federación, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, correo electrónico personal, domicilio, teléfono particular, así como lo referente a otros ingresos, los del cónyuge, los de dependientes económicos, bienes inmuebles, baja de éstos, inversiones, adeudos y aclaraciones. El único dato que se incluye es el sueldo mensual.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de Responsabilidades de la Contraloría del Poder Judicial Federal, todos los funcionarios de primer nivel y mandos superiores ‘‘cumplieron con su obligación de entregar su declaración patrimonial en 2012, 2013 y lo que va de 2014’’. Sin embargo, sólo unos cuantos autorizaron la publicación, pero ‘‘en una versión pública’’.

A pesar de todo, el PRI paga a sus cómplices con el dinero del pueblo

El Congreso de la Unión debe modificar o detallar los alcances del subsidio

Confirman pago del haber de retiro a magistrados; publican decreto en el DOF

El PRI propone acotar la jubilación a dos años, el PRD busca que se derogue la compensación

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 24 de mayo de 2014, p. 7

Los decretos relacionados con las reformas en materia político- electoral fueron publicados ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En uno de los transitorios se confirma el pago extraordinario concedido a los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una vez que concluyan su encargo.

Determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior, se indica en uno de los transitorios de la enmienda al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El cambio anterior desató una polémica respecto de esta compensación adicional a los siete magistrados del tribunal electoral del país, pagadera al término de su encargo, en 2016. Alejandro Luna Ramos, quien es magistrado del TEPJF desde 2005 y, a partir de agosto de 2011 presidente del mismo, concluye su función un año antes que sus compañeros.

Una vez que el decreto ha sido publicado se procederá a dictaminar, en el Congreso de la Unión, una iniciativa que modifique o detalle los alcances delhaber de retiro. El PRI propone acotar el haber a dos años y el PRD busca que se derogue esa compensación.

El haber de retiro fue aprobado la madrugada del 15 de mayo pasado; algunos legisladores advirtieron desde la víspera que se trataba de una pensión vitalicia, lo que provocó una ola de críticas en la opinión pública.

Horas después, el tribunal emitió un comunicado de prensa en la que defendieron el haber, el cual, subrayaron, está previsto ante la prohibición de los ex integrantes de la sala superior para desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesiónen un periodo de dos años.

El miércoles pasado, los magistrados anunciaron su determinación de no cobrar ni un solo peso del haber, pero hicieron énfasis en que no debe ser eliminado porque atiende a un precepto constitucional en beneficio, aseguraron, de los próximos magistrados y representa una garantía de la independencia judicial.

Ridícula justificación del magistrado Salvador Nava

Trabajo 60 horas a la semana, dice magistrado para justificar ‘sueldazo’

Redacción 24 HORAS Mayo 23, 2014    12:01 pm

Salvador Nava Gomar admitió que perciben sueldos altos, pero consideró que se compensa con la carga de trabajo y la responsabilidad que tienen

Foto: Archivo | CUARTOSCURO

El magistrado Salvador Nava Gomar admitió que los salarios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son altos, pero, dijo, son justos respecto a las horas de trabajo y a la responsabilidad que tiene.

En entrevista con MVS Radio, justificó los sueldazos que perciben los magistrados al comentar que en 7 años han resuelto 107 mil asuntos, para lo cual “se necesita una estructura, recursos humanos y materiales”.

“Claro que tenemos una alta responsabilidad y un muy buen salario. Es un salario alto, pero si se ve desde la responsabilidad que tenemos me parece justo.

“Nadie pregunta cuántas horas trabajo a la semana, yo supongo que 60, 50, en derecho electoral todos los días y horas hábiles, nadie pregunta cuántos sábados y domingos hemos trabajado, cuántas madrugadas”, dijo Nava Gomar.

“Yo desayuno un sandwich de atún todos los días en mi escritorio trabajando”, agregó.

El sueldo de un magistrado electoral asciende a los 34 mil 568 pesos mensuales, más una compensación garantizada de 147 mil 872 pesos.

También cuentan con prima vacacional de 4 mil 870 pesos, aguinaldo de 30 mil 309 pesos, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, auto y celular, entre otros beneficios que se pagan con los impuestos de los mexicanos.

Sobre el haber de retiro, comentó que, hasta donde sabe, ningún magistrado cabildeo en el Congreso de la Unión para que se agregara el tema en las leyes secundarias de la reforma electoral.

“Por supuesto que no hubo cabildeo alguno, de nadie, hasta donde yo sé”, dijo.

Agregó que al rechazar el haber del retiro están protegiendo la imagen del Tribunal.

‘‘Ofendidos’’, los magistrados del TEPJF rechazan ‘‘haber de retiro’’

Anuncian que no cobrarán ‘‘ni un solo peso’’ y culpan del escándalo a los medios

No estamos aquí por dinero, dice Nava

‘‘Periodismo improvisado y sin ética’’, acusa Galván

Sesión de ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónFoto Luis Humberto González

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Jueves 22 de mayo de 2014, p. 3

Los siete magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunciaron que no cobrarán ‘‘ni un solo peso’’ del ‘‘haber de retiro’’, pago autorizado por el Congreso de la Unión para ser entregado al término de la gestión de los jueces electorales, quienes son de los mejor pagados en el sector público nacional, con sueldo y prestaciones anuales por encima de los 4 millones de pesos.

Muy molestos, los magistrados abrieron la sesión de ayer con mensajes en los que calificaron la información del ‘‘haber de retiro’’ (señalado por algunos legisladores como pensión vitalicia) de ‘‘imprecisa, maliciosa y tendenciosa’’. Centraron su enojo en el trabajo de los medios de comunicación y en la ‘‘imprecisión’’ de algunos senadores. Con variados argumentos subrayaron que su estancia en el máximo tribunal electoral del país no tiene una motivación económica.

‘‘Nos han abrumado’’: Luna

‘‘Se ha vulgarizado el tema a pesos y centavos; especulaciones de algunos medios de comunicación respecto de montos no tienen precedente y nos han lastimado. Los que aquí trabajamos, con nuestros conocimientos y con nuestra dedicación podríamos ganar más dinero si litigáramos los asuntos que nosotros mismos resolvemos’’, aseveró el magistrado Salvador Olimpo Nava.

Mientras en la Comisión Permanente se presentaban iniciativas para acotar o de plano eliminar dicho ‘‘haber’’, el presidente del tribunal electoral, Alejandro Luna Ramos, pedía a sus compañeros emitir un pronunciamiento relacionado con las noticias que últimamente –dijo– han abrumado a este tribunal, y que ‘‘han tratado de alguna manera de menoscabar la integridad y la pulcritud con que el TEPJF se ha manejado desde que formamos esta nueva integración’’.

En su turno, dijo que el ‘‘haber’’ no representa pago anticipado o vitalicio ni dádiva alguna que ponga en tela de juicio la integridad del tribunal. Recordó que los propios magistrados del TEPJF disolvieron un fideicomiso creado para su retiro. Si ese fondo existiera, sostuvo, ya tendría más de 10 millones de pesos en cartera.

Los magistrados electorales (en el cargo por una década) pertenecen al Poder Judicial y tienen altos beneficios, como pago anual ‘‘por riesgo’’, compensación garantizada, ayuda por jornadas electorales e incluso la prestación de viajar en primera clase, hospedarse en hoteles de ‘‘nivel gran turismo’’ en México y el extranjero. Los magistrados y altos funcionarios del tribunal electoral están exentos de comprobar hasta 30 por ciento de los viáticos recibidos (La Jornada, 20/4/12).

Resaltaron, sin embargo, que aunque no cobren el ‘‘haber’’, es necesaria su aprobación para compensar el trabajo y garantizar la independencia judicial. ‘‘Luego entonces, nuestra cara está de frente al cien. Podemos ver de frente la cara de la ciudadanía; 46 años de juez nunca han sido maculados bajo ningún aspecto de recibir alguna dádiva’’, expresó Luna Ramos.

El primero en tomar la palabra fue Nava, quien desde la primera expresión enfocó su crítica a los medios. Al igual que sus compañeros, argumentó que la independencia judicial descansa en la garantía de inamovilidad (un juez no puede ser removido por el sentido de sus sentencias) y por un salario digno y proporcional a la encomienda.

Por ello dijo que es ‘‘correcto’’ que quienes se vayan del TEPJF tengan una compensación por ello. ‘‘Así lo entendió el Poder Legislativo’’, dijo, aunque consideró que algunos senadores votaron sin leer la iniciativa y dieron pie a ‘‘una especulación mediática sin precedentes’’.

Flavio Galván, quien renunció a la presidencia del tribunal en 2007, supuestamente por motivos de salud, aunque luego se supo de una denuncia de la contraloría interna por presuntos actos de corrupción de su asesora, dijo que ‘‘ahí están los expedientes’’ y que él, como los árboles, caerá de pie y ‘‘nunca, nunca por la podredumbre de la corrupción’’. Defendió a su ex colaboradora y a él mismo: ‘‘No tengo doble discurso (…) quiero honrar y dejar a mis hijos un nombre limpio’’.

También endosó la responsabilidad de las críticas a los medios: ‘‘Si hay plumas mercenarias, no es mi culpa. Si hay falta de ética en el periodismo improvisado que no investiga, tampoco es culpa mía’’, expresó.

María del Carmen Alanís dijo que el ‘‘haber’’ sería equivalente a dos años de salario, ‘‘porque cuando terminemos el cargo estamos impedidos por dos años no sólo para litigar sino para asumir cualquier cargo público, derivado de alguna elección que hayamos calificado’’.

A su vez, Manuel González Oropeza mostró carpetas amarillas y puso a disposición los documentos ahí contenidos. Mencionó que son las renuncias a sus trabajos previos en el sector académico. Señaló que la ‘‘desinformación’’ ha llegado al extremo… con epítetos, calificativos, vituperio partidista político e imputaciones injustas y maliciosas.

Pedro Esteban Penagos también imputó el escándalo a la labor de los periodistas y subrayó que jamás se aprobó una pensión. Dijo que es un juez con 38 años en el Poder Judicial y cuando venza su actual nombramiento tendrá 75 años, pero no ha pasado por su mente retirarse ni pensionarse, aunque sí es necesario legislar para los futuros magistrados.

Constancio Carrasco Daza explicó que lo que aprobó el Legislativo fue un ‘‘haber de retiro acotado’’, pero admitió que el tema es sensible frente a una realidad económica mexicana, en la que dos terceras partes de la población no tienen ingresos suficientes para una subsistencia digna o para la separación laboral. Sin embargo, hizo énfasis en que ese debate corresponde a los legisladores, pero es necesario informar a la sociedad de manera respetuosa acerca de la situación que tendrán cuando los magistrados concluyan su encargo en 2016.

“Haber de retiro” no se justifica: magistrados sí tendrán empleo al salir del TEPJF.- investigación MVS

El Congreso aprobó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo. Esto pese a que anualmente, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.

Al menos cinco de los siete magistrados delTribunal Electoral federal que recibirán el “haber de retiro” aprobado por el Congreso, no quedarán en el desempleo cuando dejen sus puestos como se ha argumentado para justificar este beneficio económico, pues en realidadcuentan con plazas en el Poder Judicial de la Federación y en la UNAM.
Los magistrados Alejandro Luna Ramos, actual presidente del Tribunal, y sus compañeros Esteban Penagos, Flavio Galván y Constancio Carrasco solicitaron licencias en los puestos que ocuparon hasta noviembre de 2006, antes de integrarse al Tribunal Electoral, y podrán reincorporarse a sus antiguos encargos, de acuerdo con información confirmada por el Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador de tiempo competo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el año 1982.
Durante la aprobación de las leyes secundarias en materia política-electoral, el Congreso incluyó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo, en 2015. Al año, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.
La falta de precisión sobre la cantidad de dinero que se les entregará y durante cuánto tiempo, ha causado que el “haber de retiro” se equipare con la pensión vitalicia que reciben los exministros de la Suprema Corte.
Senadores, diputados e incluso el presidente nacional reelecto del PAN, Gustavo Madero, han justificado el “haber de retiro”, argumentando que la Ley impide a los magistrados litigar durante los dos años posteriores a que dejen sus puestos y no tendrán ningún ingreso económico. Aunque también hubo quienes lo han rechazado, como el diputado federal Carol Antonio Altamirano, del PRD.
Pero el artículo 101 de la Constitución es claro: “No podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
Es decir, la única limitante para los exmagistrados será litigar, pero podrán ejercer las demás actividades asociadas a su profesión.
Los magistrados Luna Ramos, Penagos, Galván y Carrasco en realidad nunca han litigado como abogados privados, pues desde hace décadas forman parte del Poder Judicial de la Federación.
Alejandro Luna Ramos, actual presidente del organismo, ingresó en 1968 a la carrera judicial, cuando tenía 27 años, y desde ahí fue escalando: empezó como secretario, subió a juez y finalmente ascendió a Magistrado.
Su cargo previo al Tribunal electoral, fue el de Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El sueldo de este cargo es de 250 mil pesos mensuales, sin contar bonos ni prestaciones.
El magistrado Esteban Penagos ingresó a la carrera judicial en 1975, cuando sólo tenía 24 años. Para llegar a la Sala Superior del Tribunal electoral, solicitó licencia en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del mismo organismo.
Lo mismo ocurre con Flavio Galván y Constantito Carrasco. Desde 1987, Galván forma parte del poder judicial electoral y Carrasco fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
Los cuatro tienen licencia en los cargos que ocuparon previamente al Tribunal electoral y podrán reintegrarse a los mismos, por lo que no quedarán desempleados y seguirán ganando como funcionarios públicos.
Hay un quinto caso: desde 1982, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador titular nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, tiene esa puesto desde 24 años antes de que ascendiera como magistrado electoral.
Además de su plaza, actualmente recibe dos beneficios extras: forma parte del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Competo de la UNAM, conocido como PRIDE, con el nivel más alto de apoyo económico, y además tiene el Nivel 2 en el tabulador del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En su oficina de la Universidad Nacional, confirman que el magistrado hace mucho tiempo que no asiste, aunque no hay duda de que sigue laborando ahí.
Se solicitó la versión del Tribunal electoral y de la UNAM, pero hasta ayer no respondieron a las peticiones realizadas por MVS Radio.
Los únicos Magistrados que no cuentan con plazas en algún organismo son Salvador Nava y María del Carmen Alanís, quienes han combinado la academia con cargos públicos.
Volver a las antiguas plazas del Poder Judicial de la Federación no es algo inédito. Los magistrados que concluyeron su encargo en 2006, como Leonel Castillo o Alfonsina Bertha Navarro, entre otros, se reintegraron a los cargos con licencia que dejaron por haberse sumado al Tribunal, y rechazaron el Fideicomiso de retiro por 87 millones que se habían autorizado.
El 16 de mayo pasado, los magistrados emitieron un comunicado conjunto para fijar su postura, ante las críticas recibidas: “Es incorrecta la interpretación que se ha difundido sobre el tema del haber de retiro… No se trata de una pensión vitalicia, tampoco de un bono”. Sin embargo, tampoco lo rechazaron
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“Haber de retiro” no se justifica: magistrados sí tendrán empleo al salir del TEPJF.- investigación MVS

El Congreso aprobó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo. Esto pese a que anualmente, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.

Al menos cinco de los siete magistrados delTribunal Electoral federal que recibirán el “haber de retiro” aprobado por el Congreso, no quedarán en el desempleo cuando dejen sus puestos como se ha argumentado para justificar este beneficio económico, pues en realidadcuentan con plazas en el Poder Judicial de la Federación y en la UNAM.
Los magistrados Alejandro Luna Ramos, actual presidente del Tribunal, y sus compañeros Esteban Penagos, Flavio Galván y Constancio Carrasco solicitaron licencias en los puestos que ocuparon hasta noviembre de 2006, antes de integrarse al Tribunal Electoral, y podrán reincorporarse a sus antiguos encargos, de acuerdo con información confirmada por el Poder Judicial de la Federación.
Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador de tiempo competo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el año 1982.
Durante la aprobación de las leyes secundarias en materia política-electoral, el Congreso incluyó una reforma al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial federal, que permitirá entregar un “haber de retiro” a los siete magistrados electorales cuando concluyan su encargo, en 2015. Al año, cada uno recibe un salario superior a 3.7 millones de pesos.
La falta de precisión sobre la cantidad de dinero que se les entregará y durante cuánto tiempo, ha causado que el “haber de retiro” se equipare con la pensión vitalicia que reciben los exministros de la Suprema Corte.
Senadores, diputados e incluso el presidente nacional reelecto del PAN, Gustavo Madero, han justificado el “haber de retiro”, argumentando que la Ley impide a los magistrados litigar durante los dos años posteriores a que dejen sus puestos y no tendrán ningún ingreso económico. Aunque también hubo quienes lo han rechazado, como el diputado federal Carol Antonio Altamirano, del PRD.
Pero el artículo 101 de la Constitución es claro: “No podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
Es decir, la única limitante para los exmagistrados será litigar, pero podrán ejercer las demás actividades asociadas a su profesión.
Los magistrados Luna Ramos, Penagos, Galván y Carrasco en realidad nunca han litigado como abogados privados, pues desde hace décadas forman parte del Poder Judicial de la Federación.
Alejandro Luna Ramos, actual presidente del organismo, ingresó en 1968 a la carrera judicial, cuando tenía 27 años, y desde ahí fue escalando: empezó como secretario, subió a juez y finalmente ascendió a Magistrado.
Su cargo previo al Tribunal electoral, fue el de Magistrado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El sueldo de este cargo es de 250 mil pesos mensuales, sin contar bonos ni prestaciones.
El magistrado Esteban Penagos ingresó a la carrera judicial en 1975, cuando sólo tenía 24 años. Para llegar a la Sala Superior del Tribunal electoral, solicitó licencia en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del mismo organismo.
Lo mismo ocurre con Flavio Galván y Constantito Carrasco. Desde 1987, Galván forma parte del poder judicial electoral y Carrasco fue integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
Los cuatro tienen licencia en los cargos que ocuparon previamente al Tribunal electoral y podrán reintegrarse a los mismos, por lo que no quedarán desempleados y seguirán ganando como funcionarios públicos.
Hay un quinto caso: desde 1982, el magistrado Manuel González Oropeza es investigador titular nivel C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es decir, tiene esa puesto desde 24 años antes de que ascendiera como magistrado electoral.
Además de su plaza, actualmente recibe dos beneficios extras: forma parte del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Competo de la UNAM, conocido como PRIDE, con el nivel más alto de apoyo económico, y además tiene el Nivel 2 en el tabulador del Sistema Nacional de Investigadores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En su oficina de la Universidad Nacional, confirman que el magistrado hace mucho tiempo que no asiste, aunque no hay duda de que sigue laborando ahí.
Se solicitó la versión del Tribunal electoral y de la UNAM, pero hasta ayer no respondieron a las peticiones realizadas por MVS Radio.
Los únicos Magistrados que no cuentan con plazas en algún organismo son Salvador Nava y María del Carmen Alanís, quienes han combinado la academia con cargos públicos.
Volver a las antiguas plazas del Poder Judicial de la Federación no es algo inédito. Los magistrados que concluyeron su encargo en 2006, como Leonel Castillo o Alfonsina Bertha Navarro, entre otros, se reintegraron a los cargos con licencia que dejaron por haberse sumado al Tribunal, y rechazaron el Fideicomiso de retiro por 87 millones que se habían autorizado.
El 16 de mayo pasado, los magistrados emitieron un comunicado conjunto para fijar su postura, ante las críticas recibidas: “Es incorrecta la interpretación que se ha difundido sobre el tema del haber de retiro… No se trata de una pensión vitalicia, tampoco de un bono”. Sin embargo, tampoco lo rechazaron.
(Investigación: Rafael Cabrera, reportero. Daniel Lizárraga, coordinación.  Unidad de Investigacioness Especiales, Noticias MVS primera emisión
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