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domingo, 12 de julio de 2015

Pagan con nuestro dinero para espiarnos

PROCESO 2019

El gobierno federal se tomó muy en serio la contratación del sistema de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. El Cisen, la PGR, la Semar y la Sedena, además de las procuradurías estatales, destinaron millones de euros y enviaron a funcionarios clave a informarse y negociar la adquisición de dicho software. Todo se hizo con una opacidad total, sin apenas reparar en las implicaciones legales o éticas de las intervenciones, jugando con los tiempos electorales y proyectando desviar el presupuesto federal sin ningún pudor.
El gobierno de Enrique Peña Nieto analizó y negoció la adquisición de un sistema de intervención de comunicaciones en todo el país mediante el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio. Al mismo tiempo, hizo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a cargo de Eugenio Ímaz, una plataforma para atacar a opositores de su gobierno.
El proyecto para armar una red nacional de espionaje fue comunicado a la empresa italiana Hacking Team por Gilberto Enríquez, presidente de Neolinx, quien provee de equipo y software de comunicaciones a Zerón.
El 29 de octubre de 2013 Enríquez se comunicó –vía correo electrónico– con el entonces principal contacto de la empresa italiana en México, Alex Velasco, un ciudadano estadunidense de origen mexicano: “Como te expliqué ayer, México creó una nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC), que es una unidad autónoma y desconcentrada bajo la PGR… (Su) director en jefe es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”. De hecho, el primer cliente de Hacking Team en México fue justamente esa entidad, cuando el actual presidente de la República la gobernaba.
Como encargado de coordinar los esfuerzos a escala federal y estatal contra la delincuencia, la AIC mantiene un proyecto piloto con la PGJ del Estado de México. “Si el piloto trabaja bien, la misma configuración se va a hacer para comprar en todos los estados y hacer una grande para la AIC”, dice el empresario en uno de los miles de emails intervenidos a la empresa gracias al ataque cibernético dado a conocer el pasado lunes 6.
Enríquez explica que la orden de compra saldrá del Estado de México, pero se pagará con presupuesto federal. “Firmamos el acuerdo hace casi dos meses y con todo el papeleo burocrático que es necesario vamos a recibir el dinero esta semana”, para que la instalación del equipo y el entrenamiento se hagan cuanto antes. “(Pero) te pido total discreción debido a que es un proyecto muy secreto”, escribió el intermediario.
El plan sorprendió a los propios ejecutivos de Hacking Team. En un correo del 27 de noviembre, firmado por “Marco” y dirigido a Alex Velasco, el primero señaló con admiración la manera en que se planeaba fondear el sistema: “El cliente donde vamos a instalar es la PGJ de México (Toluca), pero el dinero viene de PGR (Mr Zeron)!!!”.
Remarcó también el tamaño de la propuesta: “El gran proyecto planea instalar el mismo sistema en otras 42 (sic) procuradurías en todos los estados de México y un gran sistema en la PGR como paraguas”.
Los correos posteriores se refieren a la inconformidad de Zerón con uno de los proveedores de Hacking Team en este país, la empresa Teva Tech de México, así como pruebas “de infección en vivo” requeridas por Tomás Zerón. Los siguientes correos ya no refieren el plan de comprar equipos para todas las procuradurías del país con fondos federales.
Hacking Team cataloga a sus clientes en México en la categoría de “ofensivos”, es decir, aquéllos que utilizan las amplias posibilidades intrusivas de los Remote Control Systems (RCS) con el fin de penetrar e incluso manipular los aparatos.
Hacking Team estableció un trato directo con el Cisen a través de su director de Servicios Tecnológicos, Raúl Villegas, ya que los funcionarios de los servicios de inteligencia mexicana “no quieren que nadie más les ofrezca RCS”. El Cisen, al que los empleados de Hacking Team denominaron “El cliente en México”, gastó más de 1 millón 300 mil euros (22.8 millones de pesos al cambio actual) y renovó su licencia de usuario del sistema de espionaje en marzo pasado.
Para infectar una máquina, Hacking Team ofrece a sus clientes “Servicios de Ataque Vectorial” por 120 mil euros anuales, de acuerdo con los últimos precios. Estos “servicios” consisten en introducir un programa espía en un archivo electrónico –de Word o Powerpoint– y fabricar así un “exploit” (un archivo contaminado), que posteriormente será enviado al objetivo final. Para que la infección sea exitosa, es necesario que el receptor abra el documento.
Es decir: un cliente manda a Hacking Team un archivo que considera que el “objetivo” estará interesado en abrir. El equipo de soporte de los italianos inyecta el programa en el archivo, que los operadores enviarán luego a la víctima. Al abrirlo, éste instalará el agente malicioso en su máquina.
Y en más de 30 ocasiones durante 2013, el Cisen solicitó a Hacking Team que contaminara archivos con el fin de espiar a ciudadanos mexicanos, a quienes les podrían interesar documentos con los siguientes títulos:
“Propuesta reforma PRD”, “Reforma Energética”, “EZLN plan militar de 1993”, “La policía secuestra”, “Anarquistas y PGR”, “CNTE”, “Estados y Reforma Energética”, “Limitaciones Reforma Energética”, “Mini Manual del Guerrillero Urbano”, “Escuela de las Américas Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana”… e incluso “Marcos y Julio Sherer” (sic).
En Puebla, los agentes al servicio de Rafael Moreno Valle infectaron un archivo titulado “Estimado Juan Carlos Lastiri”, probablemente enviado al político poblano priista que se desempeña como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el fin de espiarlo.
En Baja California, a raíz del cambio de administración por las elecciones, el responsable del sistema de espionaje expresó a los empleados de Hacking Team su preocupación para justificar el uso del programa de monitoreo ilegal. “Quiere ‘cubrir su trasero’”, se puede leer en un correo fechado el 29 de junio.
Entre otras dudas, el funcionario de Tijuana preguntó si el programa era indetectable y no dejaba huellas después de ser activado, y se preocupó ante la legalidad del espionaje cibernético, sobre todo “refiriéndose a temas de privacidad, violación de derechos individuales”.
Objetivos innobles
Desde su fundación en 2003, Hacking Team ha perfeccionado la tecnología y la capacidad de espionaje de los Remote Control Systems. A través de su versión más reciente –Galileo– los clientes pueden infectar un “objetivo” al insertar en él un “agente” que extrae los datos de la máquina bajo las instrucciones de los operadores. Según un documento interno de la empresa, el paquete de 10 “agentes” cuesta 50 mil euros. El de 200 “agentes” se negocia en 400 mil euros.
El “agente” se infiltra tanto en los celulares como en las computadoras mediante un “exploit”, de manera física –con un USB o un CD– o a través de las redes inalámbricas, mediante un “Inyector Táctico de Redes”, propuesto en el sistema RCS por 140 mil euros.
De acuerdo con los datos técnicos de la empresa exhibidos en internet, la plataforma Galileo puede infectar todos los sistemas operativos de computadoras –Windows, OS X (Mac) y Linux– así como de celulares –iOS (iPhone), Android, Windows Phone y Blackberry.
Una vez en la computadora, el operador puede programar el “agente” para que recolecte de manera semiautónoma las evidencias que desee. En una computadora, por ejemplo, tiene acceso a las llamadas por Skype, los chats y los correos, el historial de búsqueda, los archivos abiertos y las contraseñas, pero también puede activar la cámara y el micrófono para espiar al usuario.
En un celular puede cosechar los datos de WhatsApp y otros sistemas de chat, el historial de llamadas, la agenda, los correos y mensajes, las contraseñas, la posición geográfica y, al igual que en el caso de las computadoras, puede tomar el control de la cámara y el micrófono.
Y no sólo esto: la semiinteligencia del programa permite a un operador activar ciertas funciones según factores predefinidos. Por ejemplo, puede ordenar activar el micrófono cada vez que el “objetivo” se encuentra en cierta zona, o hacer un registro instantáneo de cada llamada telefónica.
Además, realiza un sondeo de las interacciones que el “objetivo” tiene con otras personas a través de sus cuentas de redes sociales, su uso del celular o de los lugares que visita.
La señal del “agente” pasa, encriptada, por una cadena de distintos servidores “anonimizadores” repartidos en todo el mundo, de tal suerte que el rastreo resulta prácticamente imposible.
Desde Milán, Hacking Team entró paulatinamente en México. La actual cónsul de México en esta ciudad es Marisela Morales, extitular de la PGR, designada por Enrique Peña Nieto.
El agente de la empresa italiana en Washington, un latino estadunidense llamado Alejandro Velasco, tejió en México una red de empresas intermediarias –muchas de las cuales están relacionadas con la industria israelí del espionaje–, a través de las cuales se vendieron licencias y las versiones más recientes de los RCS.
Otros integrantes de la empresa respaldaron a Velasco, tanto durante las presentaciones del sistema de espionaje como en el ofrecimiento de asistencia técnica y de capacitación a los futuros operadores mexicanos, y asistieron a reuniones con altos funcionarios, servidores públicos o intermediarios.
Así, por ejemplo, a finales de noviembre de 2013, a una presentación del programa acudió Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, junto con empleados de TEVA, una empresa intermediaria.
Meneses “supervisa las actividades desplegadas por el Cisen, la PGR y la SSP. Es una clave y un elemento decisivo en este proceso”, comentó Mike Chocron, el representante de TEVA, quién acompañó al legislador.
“Inundar toda América”
El pasado 11 de noviembre, Daniel Martínez fue incorporado como enlace de Hacking­ Team en México, en complemento de Alejandro Velázquez, quien desde 2012 se desem­peña como contacto para las Américas. “¡A inundar toda América de RCS!”, envió entonces en un correo destinado a todos los integrantes de Hacking Team.
Apenas un mes después de su incorporación, Daniel Martínez presentó a los demás integrantes de Hacking Team al exconsultor de la Secretaría de Gobernación (Segob) y exintegrante del Cisen Francisco Villegas Landín y su recién fundada empresa Cloudsec. “Tengo contactos con el gobierno mexicano (…) ayer me reuní con gente de la Semar y les platiqué de Galileo”.
Una vez presentados, Villegas no tardó en activar sus redes. El 17 de enero, se sentó con el director de narcóticos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Eduardo Pliego, quien le pidió más información acerca de Hacking Team. Cinco días después, solicitó un resumen de Galileo para el director general de Recursos Materiales y para el oficial mayor de la PGR.
El 12 de febrero estableció el enlace con el capitán Luis Cruz, de la Segunda Sección del Estado Mayor Presidencial  (“No conocen Galileo y veo mucha oportunidad”, precisó); el capitán Almaraz, de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, y el capitán César Esquivel, de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Semar, quien posteriormente sería sustituido por el capitán Treviño.
“El capitán Treviño me dio una expectativa de cierre en el mes de julio a finales o bien agosto”, aseveró Villegas el 18 de junio, al resaltar que si bien “el presupuesto ha sido todo un tema”, el dinero “que tienen disponible son 1,350,000 USD, ese es el número mágico”.
En enero pasado comentaba a Martínez: “Un amigo que es el único autorizado para vender ‘juguetes’ me invitó para venderle a Marin”, y precisó: “Es muy seguro y no hay licitación y yo me encargo del proceso”.
Y el 21 de marzo aseveró que el gobernador y el fiscal de Nayarit habían “autorizado verbalmente” la compra de los RCS, y luego agendó reuniones con el gobernador de Campeche y el alcalde de Huixquilucan.
En mayo, el recién integrado Philippe Vinci resumía: “Entendí que las dos oportunidades a muy corto plazo (semanas) son las de Sedena y de la Policía Federal Unidad Cibernética”, y felicitó a Martínez: “Sabemos que el manejo de los (socios) históricamente en México no ha sido fácil”.
Desde enero de 2014 Hacking Team presentó a la Sedena una cotización de 1 millón 550 mil euros para la operación de 600 agentes en una versión completa de su programa Da Vinci, con 25% de comisión para el intermediario incluido. Sin embargo las demoras, intrigas entre empresas competidoras y mala coordinación por parte de Velasco aplazaron la operación.
Y el pasado 25 de junio, con un tono triunfal, el mismo Vinci planteó: “Ya que se acabaron las elecciones, las cosas evolucionan de nuevo y los clientes quieren seguir adelante. La Sedena quiere venir a Italia a visitarnos, tener una presentación en nuestros laboratorios… ¡Es una excelente noticia!”.
En cuanto a la Policía Federal, subrayó que la situación era similar. “Elecciones pasadas. La PF quiere ahora utilizar el presupuesto que rechazaron gastar a finales de 2014, habrá mucha ‘pesca’ estos días… es tiempo de presupuesto”. Se trató, según el intermediario Gilberto Jaime, de “20 millones de pesos ahora mismo”.
A inicios de julio pasado, Martínez cumplía con su misión: la de convertir a Hacking Team en uno de los principales proveedores del gobierno federal en materia de ciberespionaje.

domingo, 14 de julio de 2013

El gobierno espía todo al servicio de Washington

PROCESO 1915

Con el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de intercepción de comunicaciones, que operan con apoyo de las dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima, todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto.
La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.
No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.
En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.
El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.
El destinatario del equipo fue la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal; pero según la licitación estadunidense, la encargada de la operación fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García Luna, quien dijo a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo: correos electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos, conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación posibles.
“El sistema propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por la AFI”, dice el anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de México.
García Luna propuso “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy. “Adicionalmente, el cliente desea el establecimiento de un centro de monitoreo con capacidad de reproducción en tiempo real, decodificación de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de llamadas de al menos 25 mil horas, almacenamiento de las sesiones de información, 30 estaciones de monitoreo e impresoras y localización de celulares y transporte de señales”. A cambio, la AFI entregó la cartografía del Atlas de las Telecomunicaciones de México.
Vicente Fox y George W. Bush decidieron que sus gobiernos tuvieran acceso a la información intervenida para crear redes de comunicación entre agentes de seguridad de ambas naciones. En las cláusulas de la licitación, una de ellas reservada, se establece que la empresa ganadora debía integrar el sistema de intervención que hiciera posible a México “compartir la información con las agencias del gobierno de Estados Unidos encargadas del cumplimiento de la ley”.
Además los dos gobiernos crearon un Comité de Administración integrado por la AFI, la embajada de Estados Unidos en México, el contratista y la Sección de Asuntos de Narcóticos ubicada en la legación estadunidense y encargada de entregar los equipos de la Iniciativa Mérida.
La adjudicación no se concretó sino hasta el 23 de febrero de 2007, cuando comenzaba el gobierno de Calderón y García Luna ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora desaparecida y cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Tecnología de Israel

La ganadora de la licitación fue la empresa Verint Technology Inc., establecida en México desde 2006 con el nombre de Verint Systems. Nació como filial de Comverse Technologies, fundada en 1982 por tres exmiembros de la secreta Unidad 8200, la sección de élite en tecnologías de inteligencia del ejército israelí.
Especializada en telecomunicaciones, Comverse se convirtió en uno de los líderes mundiales de su sector en los 90 y desarrolló tecnologías de inteligencia e intercepción de datos “directamente inspiradas en las de la Unidad 8200”, señaló el jefe de dicha unidad, general Hanan Gefen, a la revista Forbes en 2007.
Verint tiene vínculos con empresas en todo el mundo, desde Israel hasta China, pasando por Macao y las Islas Caimán. Comverse inició sus relaciones con Telmex en 1992 con la entrega de un servicio de telefonía virtual. Hoy tiene lazos comerciales con los gigantes de las telecomunicaciones del continente: América Móvil (Telcel), AT&T, Telefónica, Telmex, Vivo, Claro, Verizon y Nextel, entre muchos otros.
En Brasil adquirió SunTech, empresa encargada de 90% de las intercepciones de telecomunicaciones en 2004 y que tiene entre sus clientes a Claro, propiedad de América Móvil, de Carlos Slim.
La ganancia para Washington con el primer contrato del Departamento de Estado para la AFI fue mucho más elevada que los 2 millones 963 mil 438 dólares pagados por el equipo: fue la puerta de entrada a la intrusión que el gobierno de Calderón hizo extensiva a otras agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, incluidas las militares.
De acuerdo con la información del gobierno estadunidense, el contrato con Verint se modificó en 2005 y 2006. El cambio más reciente ocurrió el 13 de abril del año pasado, aunque no se precisa cuáles fueron las variaciones.
García Luna no paró ahí. También en abril de 2012, a petición de la SSP, el gobierno de Estados Unidos lanzó otra licitación, la SINLEC12Q0006, también de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado.
Con el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, el Departamento de Estado precisó que ese nuevo contrato tenía como objetivo proveer equipo de expansión y mantenimiento del sistema de vigilancia técnica “propiedad y operado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. El aumento de la capacidad propuesto fue pasar de las 30 estaciones de monitoreo instaladas por Verint a 107, además de 300 canales de entrada análogos.
“En respaldo del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos procura un sistema de monitoreo de comunicaciones que posibilite la recepción oportuna, procesamiento, análisis y almacenamiento de comunicaciones de proveedores nacionales de telefonía y otros proveedores de servicios de comunicación en México”, dice la convocatoria publicada el 27 abril de 2012.
El Departamento de Estado canceló la licitación el 6 de septiembre siguiente. Sin más justificación expresó que “el gobierno ya no requiere el Sistema de Vigilancia Técnica México. Se cancela la licitación y no se hará adjudicación alguna”, señaló en una nota publicada en su portal en internet.
Dos semanas antes, el 24 de agosto, se había perpetrado el ataque contra un automóvil de la embajada estadunidense por parte de policías federales en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac. En el vehículo viajaban instructores estadunidenses. Sin embargo, apenas el 27 de abril último el Departamento de Estado, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reabrió la licitación.

También, Sedena y PGR

García Luna no estuvo solo en la adquisición de equipo para espiar. Con el gobierno de Calderón las compras para interceptar comunicaciones las hicieron también, por lo que se sabe hasta ahora, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En junio pasado se filtró que la Sedena adquirió de la empresa Security Tracking Devices equipos de intercepción de mensajes de texto, correos electrónicos, listas de contactos, voz y audio ambiental, mensajería instantánea e imágenes de pantalla de dispositivos móviles.
La PGR tampoco se quedó atrás. El 6 de junio pasado el periódico Reforma informó que durante la gestión de Marisela Morales –ahora cónsul en Milán– la dependencia adquirió de la empresa Obses de México equipos de intrusión: el software FinFisher/Finspy y el geolocalizador Hunter Punta Tracking/Locsys. Pagados con sobreprecio, ambos permiten la intrusión de aparatos móviles.
A pesar de las evidencias sobre el equipo gestionado por el Departamento de Estado a favor de la AFI y la SSP, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb –quien heredó en la Segob las funciones de García Luna– declaró el jueves 11 a Televisa que no hay “elementos” para suponer un espionaje de Estados Unidos en México.
Un día antes el presidente Peña Nieto se refirió a ese espionaje como una mera “posibilidad” que sería “inaceptable”. Sus declaraciones las hizo antes de reunirse en California con los principales desarrolladores tecnológicos estadunidenses.
El gobierno mexicano no encuentra la manera de justificar esa infraestructura de espionaje que ahora está en sus manos. La PGR, la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hablan de una investigación. El miércoles 10 el vocero del gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, quien depende de Gobernación, declaró que la PGR hará una indagatoria sobre el espionaje. Ambas instituciones, sin embargo, fueron beneficiadas con las licitaciones, según lo publicado por el Departamento de Estado.
La SRE también se dice sorprendida. El subsecretario para América del Norte, Sergio González Alcocer, declaró el jueves 11 al periódico Excélsior que Estados Unidos debe explicar el acuerdo de espionaje previsto en la Iniciativa Mérida. Pero en Washington la SRE tiene al principal negociador de ese plan: el embajador Medina Mora.
Con todo y la confrontación que tenía con García Luna, Medina Mora estableció una relación estrecha con Estados Unidos desde el Cisen durante el gobierno de Fox. La relación formal terminó cuando el ahora diplomático salió de la PGR en septiembre de 2009. Pero la retomó cuando Peña Nieto lo hizo embajador.

Presencia del Pentágono

El gobierno mexicano tampoco encuentra la manera de sacar de México a los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos a los que Calderón les dio entrada con el pretexto de la Iniciativa Mérida y de la guerra contra el narcotráfico. Nueve agencias de inteligencia se instalaron en un edificio en el número 265 de Paseo de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos (Proceso 1776).
A ese inmueble llegaron agentes del Pentágono –lo que siempre ambicionó Estados Unidos en México–, del Departamento de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro, integrados en la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), creada por la Iniciativa Mérida.
La OBI abrió tres oficinas “satélites”, en Ciudad Juárez, en Tijuana y en la zona militar de Escobedo, Nuevo León.
La relación entre el gobierno de Peña Nieto y esas agencias está “temporalmente” congelada, según funcionarios de los dos países. “Desde que descubrimos el tipo de labor policial y de espionaje que llevaban a cabo la DEA y la CIA en el país, entre otras agencias, la orden emitida por la Presidencia fue: ‘Pónganles un alto’”, dice a Proceso un funcionario mexicano que participa en el intercambio cotidiano con las agencias de inteligencia estadunidenses.
El funcionario, quien por razones de seguridad pidió el anonimato, asegura que desde el inicio del proceso de transición entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto Gobernación supo que los sistemas de espionaje de Estados Unidos no se dedicaban exclusivamente a combatir al narcotráfico.
“Fuimos testigos de cómo los agentes de la CIA manejaban los sistemas de interceptación de llamadas telefónicas y de la red de internet para otro tipo de actividades de inteligencia: entiéndase el espionaje político”, agrega el funcionario mexicano.
Lo más grave “fue que los agentes del Cisen, quienes supuestamente trabajan en colaboración con los estadunidenses para combatir al narcotráfico al cobijo de la Iniciativa Mérida, denunciaron ante la Segob el doble espionaje que realizaban esas agencias extranjeras, pero el gobierno de Calderón no hizo nada”, asegura.
Encerrados en las OBI del Distrito Federal y de Escobedo, los agentes del Cisen, entre otros, fungían como subordinados de los representantes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en especial de la CIA.
“Los agentes de Estados Unidos utilizan sistemas de espionaje con lenguajes encriptados totalmente ajenos a los que establece el manual de colaboración bilateral de la Iniciativa Mérida en materia de inteligencia”, dice una de las quejas que un agente del Cisen presentó a la Segob en junio de 2011 y que la fuente del gobierno peñanietista leyó a Proceso.
La fuente admite que aunque sabían que desde la embajada de Estados Unidos en México el espionaje seguiría llevándose a cabo, entre otras agencias por la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la DEA, el de las OBI quedaría paralizado.
“Nos cerraron todo. Bueno, casi todo”, admite un agente de inteligencia de Estados Unidos que labora en México.
“No les importó que les advirtiéramos que esto podría afectar los avances logrados en el combate al narcotráfico”, apunta el agente estadunidense, quien habló a condición del anonimato.
Las fuentes consultadas sostienen que el gobierno de Peña Nieto estudia y analiza los marcos legales para retirarles la licencia emitida por Calderón merced a la Iniciativa Mérida. Lo más grave es que la licencia de espionaje la ratificó el Congreso cuando le dio el aval a esa iniciativa.
Las agencias estadunidenses más afectadas por la orden de Peña Nieto son la DEA, la CIA y el FBI, confirman las dos fuentes. “Nos han dicho que será hasta finales de este año o principios del otro cuando quede terminada la nueva estructura de cooperación”, dice el agente estadunidense.
Pero otra vez, la nueva estructura o sistema de inteligencia del gobierno de Peña Nieto y su cooperación con Estados Unidos se elaboran con la asesoría de especialistas estadunidenses, exagentes de la CIA, del FBI, la DEA y la NSA.
“Las empresas de seguridad contratadas para esta labor se coordinan directamente en la Segob y desarrollan los proyectos en colaboración con el Cisen. Esta asesoría le costará al país 5 millones de dólares, lo cual es mejor que permitir que Washington siga metiéndose hasta debajo de la sábanas”, dice a Proceso un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía correo electrónico, quien pidió no revelar su nombre.

jueves, 4 de julio de 2013

¿Quién espía a los activistas en México? Descubren servidor de FinFisher en el país




El centro de investigaciones
 Citizen Labs dio ayer a conocer el resultados de su monitoreo sobre la presencia y actividad de la plataforma de espionaje FinFisheren los que se ha descubierto la presencia de al menos un servidor de esta empresa operando en México. En reportes anteriores se ha denunciado el uso de este software para el espionaje de activistas en países como Etiopía, Bahrein yEgipto
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El mapa muestra la presencia del software malicioso en el mundo, México junto a otros países aparecen en ese nuevo muestreo de Citizen Labs
Es a través de un escaneo de todas las conexiones a internet que Citizen Labs siguió los rastros de la infección de este spyware que burla la protección de los equipos en los que se instala y que es capaz de utilizar los micrófonos y webcams para grabar conversaciones y hacer tomas de video de los vigilados:

Este video promocional filtrado por Wikileaks muestra cómo es que se instala el equipo de FinSpy y cómo infecta a los equipos y el alcance de la infiltración en el que se puede tener acceso al micrófono y cámara del afectado. El software se ha detectado también en cafés internet ubicados en “zonas sensibles” para las autoridades.
La empresa Gamma es quien distribuye este sofisticado sistema de espionaje principalmente a gobiernos y agencias de inteligencia y que como ha revelado Wikileaks al filtrar un documento enviado al expresidente egipcio Hosni Mubarak “ofrece un perfecto y legal espionaje” de activistas y organizaciones criminales.
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Presentación de FinFisher filtrada por Wikileaks
En la presentación de los resultados de su monitoreo, Citizen Labs menciona que  junto a México otros 5 países aparecen en la lista donde aparece el uso de este software desde octubre de 2012:
…he servers operated in 19 different countries. Among the FinSpy servers we found, 7 were in countries we hadn’t seen before.
New Countries:
Canada, Bangladesh, India, Malaysia, Mexico, Serbia, Vietnam

¿Cómo opera en México? Telmex podría estar involucrado

Siguiendo los rastros de su operación en México publicados por Citizen Labs  se puede ver que este servidor se sirve de la red de UniNet (Telmex). Tomando en cuenta que esta plataforma debe ser instalado en un ISP debería contar con la aprobación del proveedor del servicio.
Captura de pantalla 2013-03-14 a la(s) 14.43.35
La tabla muestra las redes de proveedores de servicios donde aparecieron los residuos del software que se instala a través de falsas actualizaciones de seguridad, a través de emails y en imágenes con los que logra infiltrarse en el equipo de la víctima. Iusacell en Malasia aparece como un albergue de esta tecnología.

Preguntas razonables

Ha sido en Bahrein, Etiopía y Egipto en donde se ha denunciado el uso de este programa para el seguimiento de activistas y señalarlos como objetivos por parte de la autoridades. Si bien el reporte de Citizens Labs menciona que la presencia de los servidores en un país no significa que estén siendo operados por el gobierno, la sola presencia de esta red en México y el historial de ataques a la libertad de expresión dan a lugar a preguntas razonables:
¿Para qué está instalada la red FinFisher en México? ¿Qué gobierno o autoridad la opera?
¿Telmex  no ha detectado un sistema tan sofisticado en su red, o está albergado en UniNet con su consentimiento?
¿A quién se espía con este software? 
Tomando en cuenta que este software solo se encuentra disponible para gobiernos y agencias de inteligencia ¿bajo qué justificación lo está usando el gobierno mexicano? si es que es así. Y si no tienen conocimiento ¿Qué gobierno o agencia está violentando la soberanía del país utilizado esta red que viola la privacidad de sus ciudadanos?

Green Go