Pagan con nuestro dinero para espiarnos

El gobierno federal se tomó muy en serio la contratación del sistema de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. El Cisen, la PGR, la Semar y la Sedena, además de las procuradurías estatales, destinaron millones de euros y enviaron a funcionarios clave a informarse y negociar la adquisición de dicho software. Todo se hizo con una opacidad total, sin apenas reparar en las implicaciones legales o éticas de las intervenciones, jugando con los tiempos electorales y proyectando desviar el presupuesto federal sin ningún pudor.

El gobierno de Enrique Peña Nieto analizó y negoció la adquisición de un sistema de intervención de comunicaciones en todo el país mediante el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón de Lucio. Al mismo tiempo, hizo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a cargo de Eugenio Ímaz, una plataforma para atacar a opositores de su gobierno.

El proyecto para armar una red nacional de espionaje fue comunicado a la empresa italiana Hacking Team por Gilberto Enríquez, presidente de Neolinx, quien provee de equipo y software de comunicaciones a Zerón.

El 29 de octubre de 2013 Enríquez se comunicó –vía correo electrónico– con el entonces principal contacto de la empresa italiana en México, Alex Velasco, un ciudadano estadunidense de origen mexicano: “Como te expliqué ayer, México creó una nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC), que es una unidad autónoma y desconcentrada bajo la PGR… (Su) director en jefe es Tomás Zerón de Lucio, exdirector de Inteligencia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México”. De hecho, el primer cliente de Hacking Team en México fue justamente esa entidad, cuando el actual presidente de la República la gobernaba.

Como encargado de coordinar los esfuerzos a escala federal y estatal contra la delincuencia, la AIC mantiene un proyecto piloto con la PGJ del Estado de México. “Si el piloto trabaja bien, la misma configuración se va a hacer para comprar en todos los estados y hacer una grande para la AIC”, dice el empresario en uno de los miles de emails intervenidos a la empresa gracias al ataque cibernético dado a conocer el pasado lunes 6.

Enríquez explica que la orden de compra saldrá del Estado de México, pero se pagará con presupuesto federal. “Firmamos el acuerdo hace casi dos meses y con todo el papeleo burocrático que es necesario vamos a recibir el dinero esta semana”, para que la instalación del equipo y el entrenamiento se hagan cuanto antes. “(Pero) te pido total discreción debido a que es un proyecto muy secreto”, escribió el intermediario.

El plan sorprendió a los propios ejecutivos de Hacking Team. En un correo del 27 de noviembre, firmado por “Marco” y dirigido a Alex Velasco, el primero señaló con admiración la manera en que se planeaba fondear el sistema: “El cliente donde vamos a instalar es la PGJ de México (Toluca), pero el dinero viene de PGR (Mr Zeron)!!!”.

Remarcó también el tamaño de la propuesta: “El gran proyecto planea instalar el mismo sistema en otras 42 (sic) procuradurías en todos los estados de México y un gran sistema en la PGR como paraguas”.

Los correos posteriores se refieren a la inconformidad de Zerón con uno de los proveedores de Hacking Team en este país, la empresa Teva Tech de México, así como pruebas “de infección en vivo” requeridas por Tomás Zerón. Los siguientes correos ya no refieren el plan de comprar equipos para todas las procuradurías del país con fondos federales.

Hacking Team cataloga a sus clientes en México en la categoría de “ofensivos”, es decir, aquéllos que utilizan las amplias posibilidades intrusivas de los Remote Control Systems (RCS) con el fin de penetrar e incluso manipular los aparatos.

Hacking Team estableció un trato directo con el Cisen a través de su director de Servicios Tecnológicos, Raúl Villegas, ya que los funcionarios de los servicios de inteligencia mexicana “no quieren que nadie más les ofrezca RCS”. El Cisen, al que los empleados de Hacking Team denominaron “El cliente en México”, gastó más de 1 millón 300 mil euros (22.8 millones de pesos al cambio actual) y renovó su licencia de usuario del sistema de espionaje en marzo pasado.

Para infectar una máquina, Hacking Team ofrece a sus clientes “Servicios de Ataque Vectorial” por 120 mil euros anuales, de acuerdo con los últimos precios. Estos “servicios” consisten en introducir un programa espía en un archivo electrónico –de Word o Powerpoint– y fabricar así un “exploit” (un archivo contaminado), que posteriormente será enviado al objetivo final. Para que la infección sea exitosa, es necesario que el receptor abra el documento.

Es decir: un cliente manda a Hacking Team un archivo que considera que el “objetivo” estará interesado en abrir. El equipo de soporte de los italianos inyecta el programa en el archivo, que los operadores enviarán luego a la víctima. Al abrirlo, éste instalará el agente malicioso en su máquina.

Y en más de 30 ocasiones durante 2013, el Cisen solicitó a Hacking Team que contaminara archivos con el fin de espiar a ciudadanos mexicanos, a quienes les podrían interesar documentos con los siguientes títulos:

“Propuesta reforma PRD”, “Reforma Energética”, “EZLN plan militar de 1993”, “La policía secuestra”, “Anarquistas y PGR”, “CNTE”, “Estados y Reforma Energética”, “Limitaciones Reforma Energética”, “Mini Manual del Guerrillero Urbano”, “Escuela de las Américas Manual de Terrorismo y Guerrilla Urbana”… e incluso “Marcos y Julio Sherer” (sic).

En Puebla, los agentes al servicio de Rafael Moreno Valle infectaron un archivo titulado “Estimado Juan Carlos Lastiri”, probablemente enviado al político poblano priista que se desempeña como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el fin de espiarlo.

En Baja California, a raíz del cambio de administración por las elecciones, el responsable del sistema de espionaje expresó a los empleados de Hacking Team su preocupación para justificar el uso del programa de monitoreo ilegal. “Quiere ‘cubrir su trasero’”, se puede leer en un correo fechado el 29 de junio.

Entre otras dudas, el funcionario de Tijuana preguntó si el programa era indetectable y no dejaba huellas después de ser activado, y se preocupó ante la legalidad del espionaje cibernético, sobre todo “refiriéndose a temas de privacidad, violación de derechos individuales”.

Objetivos innobles

Desde su fundación en 2003, Hacking Team ha perfeccionado la tecnología y la capacidad de espionaje de los Remote Control Systems. A través de su versión más reciente –Galileo– los clientes pueden infectar un “objetivo” al insertar en él un “agente” que extrae los datos de la máquina bajo las instrucciones de los operadores. Según un documento interno de la empresa, el paquete de 10 “agentes” cuesta 50 mil euros. El de 200 “agentes” se negocia en 400 mil euros.

El “agente” se infiltra tanto en los celulares como en las computadoras mediante un “exploit”, de manera física –con un USB o un CD– o a través de las redes inalámbricas, mediante un “Inyector Táctico de Redes”, propuesto en el sistema RCS por 140 mil euros.

De acuerdo con los datos técnicos de la empresa exhibidos en internet, la plataforma Galileo puede infectar todos los sistemas operativos de computadoras –Windows, OS X (Mac) y Linux– así como de celulares –iOS (iPhone), Android, Windows Phone y Blackberry.

Una vez en la computadora, el operador puede programar el “agente” para que recolecte de manera semiautónoma las evidencias que desee. En una computadora, por ejemplo, tiene acceso a las llamadas por Skype, los chats y los correos, el historial de búsqueda, los archivos abiertos y las contraseñas, pero también puede activar la cámara y el micrófono para espiar al usuario.

En un celular puede cosechar los datos de WhatsApp y otros sistemas de chat, el historial de llamadas, la agenda, los correos y mensajes, las contraseñas, la posición geográfica y, al igual que en el caso de las computadoras, puede tomar el control de la cámara y el micrófono.

Y no sólo esto: la semiinteligencia del programa permite a un operador activar ciertas funciones según factores predefinidos. Por ejemplo, puede ordenar activar el micrófono cada vez que el “objetivo” se encuentra en cierta zona, o hacer un registro instantáneo de cada llamada telefónica.

Además, realiza un sondeo de las interacciones que el “objetivo” tiene con otras personas a través de sus cuentas de redes sociales, su uso del celular o de los lugares que visita.

La señal del “agente” pasa, encriptada, por una cadena de distintos servidores “anonimizadores” repartidos en todo el mundo, de tal suerte que el rastreo resulta prácticamente imposible.

Desde Milán, Hacking Team entró paulatinamente en México. La actual cónsul de México en esta ciudad es Marisela Morales, extitular de la PGR, designada por Enrique Peña Nieto.

El agente de la empresa italiana en Washington, un latino estadunidense llamado Alejandro Velasco, tejió en México una red de empresas intermediarias –muchas de las cuales están relacionadas con la industria israelí del espionaje–, a través de las cuales se vendieron licencias y las versiones más recientes de los RCS.

Otros integrantes de la empresa respaldaron a Velasco, tanto durante las presentaciones del sistema de espionaje como en el ofrecimiento de asistencia técnica y de capacitación a los futuros operadores mexicanos, y asistieron a reuniones con altos funcionarios, servidores públicos o intermediarios.

Así, por ejemplo, a finales de noviembre de 2013, a una presentación del programa acudió Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, junto con empleados de TEVA, una empresa intermediaria.

Meneses “supervisa las actividades desplegadas por el Cisen, la PGR y la SSP. Es una clave y un elemento decisivo en este proceso”, comentó Mike Chocron, el representante de TEVA, quién acompañó al legislador.

“Inundar toda América”

El pasado 11 de noviembre, Daniel Martínez fue incorporado como enlace de Hacking­ Team en México, en complemento de Alejandro Velázquez, quien desde 2012 se desem­peña como contacto para las Américas. “¡A inundar toda América de RCS!”, envió entonces en un correo destinado a todos los integrantes de Hacking Team.

Apenas un mes después de su incorporación, Daniel Martínez presentó a los demás integrantes de Hacking Team al exconsultor de la Secretaría de Gobernación (Segob) y exintegrante del Cisen Francisco Villegas Landín y su recién fundada empresa Cloudsec. “Tengo contactos con el gobierno mexicano (…) ayer me reuní con gente de la Semar y les platiqué de Galileo”.

Una vez presentados, Villegas no tardó en activar sus redes. El 17 de enero, se sentó con el director de narcóticos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Eduardo Pliego, quien le pidió más información acerca de Hacking Team. Cinco días después, solicitó un resumen de Galileo para el director general de Recursos Materiales y para el oficial mayor de la PGR.

El 12 de febrero estableció el enlace con el capitán Luis Cruz, de la Segunda Sección del Estado Mayor Presidencial  (“No conocen Galileo y veo mucha oportunidad”, precisó); el capitán Almaraz, de la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, y el capitán César Esquivel, de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Semar, quien posteriormente sería sustituido por el capitán Treviño.

“El capitán Treviño me dio una expectativa de cierre en el mes de julio a finales o bien agosto”, aseveró Villegas el 18 de junio, al resaltar que si bien “el presupuesto ha sido todo un tema”, el dinero “que tienen disponible son 1,350,000 USD, ese es el número mágico”.

En enero pasado comentaba a Martínez: “Un amigo que es el único autorizado para vender ‘juguetes’ me invitó para venderle a Marin”, y precisó: “Es muy seguro y no hay licitación y yo me encargo del proceso”.

Y el 21 de marzo aseveró que el gobernador y el fiscal de Nayarit habían “autorizado verbalmente” la compra de los RCS, y luego agendó reuniones con el gobernador de Campeche y el alcalde de Huixquilucan.

En mayo, el recién integrado Philippe Vinci resumía: “Entendí que las dos oportunidades a muy corto plazo (semanas) son las de Sedena y de la Policía Federal Unidad Cibernética”, y felicitó a Martínez: “Sabemos que el manejo de los (socios) históricamente en México no ha sido fácil”.

Desde enero de 2014 Hacking Team presentó a la Sedena una cotización de 1 millón 550 mil euros para la operación de 600 agentes en una versión completa de su programa Da Vinci, con 25% de comisión para el intermediario incluido. Sin embargo las demoras, intrigas entre empresas competidoras y mala coordinación por parte de Velasco aplazaron la operación.

Y el pasado 25 de junio, con un tono triunfal, el mismo Vinci planteó: “Ya que se acabaron las elecciones, las cosas evolucionan de nuevo y los clientes quieren seguir adelante. La Sedena quiere venir a Italia a visitarnos, tener una presentación en nuestros laboratorios… ¡Es una excelente noticia!”.

En cuanto a la Policía Federal, subrayó que la situación era similar. “Elecciones pasadas. La PF quiere ahora utilizar el presupuesto que rechazaron gastar a finales de 2014, habrá mucha ‘pesca’ estos días… es tiempo de presupuesto”. Se trató, según el intermediario Gilberto Jaime, de “20 millones de pesos ahora mismo”.

A inicios de julio pasado, Martínez cumplía con su misión: la de convertir a Hacking Team en uno de los principales proveedores del gobierno federal en materia de ciberespionaje.

Los mexicanos, espiados hasta en la cocina

JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y MATHIEU TOURLIERE

2015-07-11 08:52:07 ·

Durante años el gobierno mexicano ha usado una poderosa herramienta cibernética para espiar a los ciudadanos. En teoría nadie escapó al fisgoneo de sus cuentas de correo, redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto. Y esa herramienta la maneja una compañía, Hacking Team, que tiene entre sus clientes, además de la federal, a muchas administraciones estatales. Pero la empresa del superespionaje fue espiada y vulnerada, así que la información ilegal –política, financiera e incluso personal– de sus espiados está ahora al alcance de casi cualquiera en internet.

El ataque cibernético en contra de la empresa italiana Hacking Team –asunto que se hizo público el domingo 5– fue catastrófico para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y una docena de gobernadores. La intervención y filtración de las bases de datos de la empresa productora de programas y desarrollos informáticos puso al descubierto que desde el sexenio pasado las autoridades mexicanas espían a sus ciudadanos.

Aunque la información se refiere sólo a una empresa proveedora de ese tipo de software, las bases de datos hackeadas (es decir, vulneradas, descifradas y robadas) demuestran la intensidad de los gobernantes mexicanos en materia de espionaje. La referencia principal es que, hasta antes del ataque, México era la principal fuente de ingresos de Hacking Team. Por entidades, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era su tercer cliente más importante en el mundo.

La puerta de entrada de Hacking Team a México fue el propio Peña Nieto. Cuando era gobernador del Estado de México, su administración contrató en 2009 a esa empresa de Milán. El propósito fue equipar a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) con un software que le permitiera hacer el seguimiento de personas, instituciones y organizaciones consideradas “objetivos” de su gobierno.

Computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos, cuentas de correo, redes sociales, contactos, mensajes escritos o de voz, chats, conversaciones por Skype, imágenes… toda la información de esos “objetivos” ha sido hurgada desde entonces no sólo por el gobierno del Estado de México, sino por el federal y, desde hace dos años, por otros gobiernos estatales y hasta por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Abierto así el camino en México, Hacking Team es desde hace seis años proveedor del gobierno federal, y desde hace dos, de una creciente lista de administraciones estatales.

El principal producto que han comprado es un potente sistema llamado Remote Control System, capaz de penetrar de manera simultánea “miles” de celulares y computadoras, desde donde infiltra las cuentas personales en Facebook, Google, Yahoo, Gmail, etcétera, para extraer imágenes, correos, chats y mensajes de texto con archivos adjuntos de voz. También puede extraer datos y multimedia y hacer inútil la encriptación.

Con México como uno de sus principales compradores, hasta antes del ataque cibernético Hacking Team tenía planeado expandirse. Para octubre próximo está anunciado como uno de los patrocinadores del encuentro internacional Telestrategias, que se realizará en la Ciudad de México organizado por ISS World Latin America, empresa dedicada a los sistemas de apoyo de inteligencia para intercepción legal, vigilancia electrónica y obtención de ciberinteligencia.

Pero más importantes eran las intenciones de compra que le habían manifestado tanto el gobierno federal como algunos estatales, una vez que pasaran las elecciones del pasado 7 de junio.

Tierra de oportunidades

En el gobierno federal, los programas de la empresa italiana han sido comprados desde el sexenio pasado para las secretarías de Gobernación (Cisen y Policía Federal), de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Procuraduría General de la República (PGR) y hasta para Pemex.

Entre la información de la empresa hecha pública el lunes 6, está el plan estratégico de Hacking Team para México, al cual la empresa caracteriza como clave para sus ventas en el Continente Americano.

Además del gobierno federal, el plan identifica como clientes a los del Estado de México, Querétaro, Puebla, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Durango, Jalisco y Baja California. La peculiaridad común es que la agencia responsable ante la empresa italiana es, en todos los casos, la “oficina del gobernador”. Por el tiempo en que esos gobiernos compraron los equipos se trata de los actuales mandatarios estatales.

En el caso del Estado de México, los equipos han sido para los Cusaem y la Procuraduría General de Justicia.

Además, según la información intervenida, Sonora y Nayarit eran considerados el año pasado por la empresa como “oportunidades”, mientras que los actuales gobiernos de Chihuahua, Guerrero y Zacatecas, además de la Sedena y la Policía Federal (PF), tenían prometidas compras para el tercer trimestre del año pasado. En el caso de la Defensa, por 510 mil euros, y en el de los gobiernos, 350 mil cada uno.

Desde 2009 la inversión conjunta del gobierno federal y los estatales ha sido de 5 millones 808 mil euros, que al tipo de cambio actual equivalen a unos 100 millones de pesos, que han salido de los presupuestos públicos. Un costo relativamente bajo para las ganancias que las autoridades federales y estatales han obtenido en el conocimiento de sus blancos a seguir.

Pero 2015 iba a disparar esa cifra. Pasadas las elecciones, los vendedores de Hacking­ Team respondieron a solicitudes de cotizaciones por parte de varias instituciones y entidades para adquirir la última versión de su sistema Galileo.

Días antes del hackeo y de la exhibición de la base de datos de la empresa, sus intermediarios advertían que los contratos estaban prácticamente ganados. Otra vez, para el gobierno federal y otros gobiernos estatales. Para la PF se elevaba a 785 mil euros. Para la Sedena, a más de 1 millón 500 mil euros. Para la Unidad Antisecuestro de Jalisco, a 925 mil euros. La propuesta para Guerrero, fechada al 21 de enero de 2014 y calificada de “extremadamente confidencial”, se elevaba a 610 mil euros.

Las bases de datos de Hacking Team incluyen listas e historial de sus clientes, las empresas intermediarias que colocaron el equipo en México y otros países, nombres de ejecutivos y operadores, correos electrónicos, facturas, cartas de crédito, bitácoras y todo tipo de información que muestra las relaciones comerciales de la empresa.

En total, más de 400 gigabytes de la empresa italiana y sus clientes, entre los que destaca México. Otros de los compradores de software de intrusión son Marruecos, Arabia Saudita, Malasia, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Chile, además de Italia y Estados Unidos.

Desde el sexenio pasado

El sofisticado ataque cibernético llevó días, incluso semanas, superando nuestras defensas, explica a Proceso Eric Rab, jefe de marketing y oficial de comunicaciones de Haking Team. “Hemos hablado con nuestros clientes, les hemos explicado lo que sabemos del ataque y les hemos pedido suspender cualquier investigación que tengan en curso. Todos los clientes han acordado hacer eso”, respondió vía electrónica.

En esa condición se encuentran por lo menos una veintena de compradores mexicanos, a decir de la información consultada por este semanario. Después de las compras en 2009 del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, se desató la adquisición de equipo por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón y luego de gobiernos estatales.

En 2010 el gobierno federal empezó a comprar a través del Cisen y de la PF. Al siguiente año, la Marina se convirtió en nuevo cliente. Según lo reportado por las propias dependencias a la empresa italiana, el Cisen tenía 140 “objetivos”; la Marina, 100, y los Cusaem, 100.

A cargo entonces de Guillermo Valdés Castellanos, el Cisen ha sido el principal comprador de software intrusivo y ofensivo a Hacking Team.

Entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, la agencia de seguridad del Estado mexicano ha comprado a la empresa italiana equipos y software por 1 millón 390 mil euros.

El Cisen y los Cusaem han sido los únicos adquirientes mexicanos directos de ese tipo de programas informáticos. Las demás autoridades mexicanas han adquirido el llamado software “defensivo” y lo han hecho a través de empresas privadas.

Las empresas identificadas como intermediarias son Teva Tech de México, Sym Servicios Integrales, Elite by Carga y Dynamic Trading Exchange, con contratos firmados. También están como distribuidores oficiales Neolinx, Grego y Cloudsec, aunque hasta donde indica la información no habían concretado ventas en el momento del hackeo.

El empresario de seguridad Eduardo Margolis, implicado por Florence Cassez­ en su caso judicial en México, también intentó convertirse en intermediario de Hacking Team con su empresa Epel, al ofrecer a los ejecutivos italianos sus “relaciones de alto nivel con el gobierno mexicano” y sus contactos con el de Israel.

De acuerdo con las facturas exhibidas, esas empresas intermediarias adquirieron entre 2012 y 2014 licencias para explotar el Remote Control System, en sus sucesivas versiones, primero Da Vinci y luego el más sofisticado Galileo, capaces de penetrar varios targets (objetivos) al mismo tiempo.

Mina mexiquense

Después del Cisen, la entidad que más ha gastado en el software de la empresa italiana es el Estado de México. Con Peña Nieto, en 2009, gastó 400 mil euros; después, en 2012, ya en el actual gobierno de Eruviel Ávila, 783 mil euros para la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

En el primer caso, el responsable de los Cusaem era Ciro Mendoza Becerril, considerado protegido del entonces gobernador Peña Nieto. El organismo dependía de la Agencia de Seguridad Estatal –hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana–, a cargo entonces de David Garay Maldonado, actual responsable de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

Por lo que hace a la PGJ mexiquense, la primera vez que entró en contacto con la empresa de Milán fue en 2012. Ese año la procuraduría tuvo dos titulares: Alfredo Castillo, excomisionado del gobierno de Peña Nieto en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional del Deporte; y Miguel Ángel Contreras Nieto, actual secretario de Medio Ambiente del gobierno de Eruviel Ávila y procurador de Protección Ambiental del gobierno estatal de Peña Nieto.

Después del Estado de México y el gobierno federal, a partir de 2013 los gobiernos estatales empezaron a comprar el software y su actualización. Ese año fueron Querétaro, Puebla y Campeche; además de Pemex, con Emilio Lozoya Austin como director.

En 2014 se sumaron Tamaulipas, la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, Yucatán, Durango y Jalisco. De acuerdo con los reportes, durante 2015 esas entidades han hecho o tienen que hacer pagos de mantenimiento.

En cuanto se conoció que México era un importante comprador de software para espiar, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien depende el actual director del Cisen, Eugenio Ímaz, aseguró que la adquisición había ocurrido en el sexenio pasado. Pero las bases de datos demuestran que el gobierno de Peña Nieto ha pagado 410 mil euros para mantenimiento y actualización del software.

En México Hacking Team enfrenta a la competencia del programa FinFischer –desarrollado por la alemana Gamma Group– y del oneroso sistema Pegaso, producido por la israelí NSO Group y que distribuye aquí Security Tracking Devices.

Durante las administraciones panistas, el Cisen y la PF adquirieron, mediante esa empresa, equipo de espionaje de Estados Unidos, según contratos del Departamento de Estado publicados por este semanario en 2013 (Proceso 1915).

Uno de los operadores fue el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, quien antes ya se había hecho de equipos de espionaje también a través de esa oficina del gobierno estadunidense, cuando era director de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el gobierno de Vicente Fox. En ese entonces, García Luna pidió “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy.

La sucesora de la AFI en la PGR es la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón de Lucio, quien aparece en las comunicaciones internas de Hacking Team como uno de los principales negociadores por parte de México.

Con García Luna como secretario de Seguridad Pública, la PF estaba a cargo de Facundo Rosas cuando Hacking Team vendió software a la corporación en 2010. De él dependían los programas informáticos de espionaje, pero debió salir de la institución en 2012 tras un fallido operativo en la normal rural de Ayotzinapa, que dejó dos estudiantes muertos.

En abril siguiente fue rescatado por su paisano, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien lo designó secretario de Seguridad Pública estatal. En 2013 Moreno Valle compró por primera vez el software de Hacking Team para “10 objetivos”. Según las bases de datos intervenidas, hasta agosto del año pasado la administración de Moreno Valle había pagado 428 mil 835 euros, entre compra, mantenimiento y actualización de los programas.

En el caso de Querétaro, la compra fue hecha también en 2013 por el gobierno de José Calzada mediante la empresa Teva, y manifestó sólo cinco “objetivos”. El gobierno de Fernando Ortega Barnés, en Campeche, adquirió el software a través de Servicios Integrales para 25 “objetivos”.

En el caso de Tamaulipas, ya en 2014, el equipo fue a parar a la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general de brigada Arturo Gutiérrez García, quien relevó a Rafael Lomelí Martínez. En Yucatán, el software lo compró la administración de Rolando Zapata Bello; en Durango, la de Jorge Herrera Caldera, y en Jalisco, la de Aristóteles Sandoval.

Entrevistado por Proceso, Eric Rab aseguró que con su “código fuente imprudentemente puesto en internet, ahora está disponible a cualquiera que le quiera dar un uso bueno o malo. Consideramos que subir este código a la red mundial es un acto impactante e intolerable que debe ser castigado por cualquier medio legal posible”.