Con el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de intercepción de comunicaciones, que operan con apoyo de las dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima, todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto.
La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.
No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.
En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.
El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.
De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.
El destinatario del equipo fue la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal; pero según la licitación estadunidense, la encargada de la operación fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García Luna, quien dijo a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo: correos electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos, conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación posibles.
“El sistema propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por la AFI”, dice el anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de México.
García Luna propuso “la intercepción de llamadas objetivo y sesiones” de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy. “Adicionalmente, el cliente desea el establecimiento de un centro de monitoreo con capacidad de reproducción en tiempo real, decodificación de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de llamadas de al menos 25 mil horas, almacenamiento de las sesiones de información, 30 estaciones de monitoreo e impresoras y localización de celulares y transporte de señales”. A cambio, la AFI entregó la cartografía del Atlas de las Telecomunicaciones de México.
Vicente Fox y George W. Bush decidieron que sus gobiernos tuvieran acceso a la información intervenida para crear redes de comunicación entre agentes de seguridad de ambas naciones. En las cláusulas de la licitación, una de ellas reservada, se establece que la empresa ganadora debía integrar el sistema de intervención que hiciera posible a México “compartir la información con las agencias del gobierno de Estados Unidos encargadas del cumplimiento de la ley”.
Además los dos gobiernos crearon un Comité de Administración integrado por la AFI, la embajada de Estados Unidos en México, el contratista y la Sección de Asuntos de Narcóticos ubicada en la legación estadunidense y encargada de entregar los equipos de la Iniciativa Mérida.
La adjudicación no se concretó sino hasta el 23 de febrero de 2007, cuando comenzaba el gobierno de Calderón y García Luna ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora desaparecida y cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tecnología de Israel
La ganadora de la licitación fue la empresa Verint Technology Inc., establecida en México desde 2006 con el nombre de Verint Systems. Nació como filial de Comverse Technologies, fundada en 1982 por tres exmiembros de la secreta Unidad 8200, la sección de élite en tecnologías de inteligencia del ejército israelí.
Especializada en telecomunicaciones, Comverse se convirtió en uno de los líderes mundiales de su sector en los 90 y desarrolló tecnologías de inteligencia e intercepción de datos “directamente inspiradas en las de la Unidad 8200”, señaló el jefe de dicha unidad, general Hanan Gefen, a la revista Forbes en 2007.
Verint tiene vínculos con empresas en todo el mundo, desde Israel hasta China, pasando por Macao y las Islas Caimán. Comverse inició sus relaciones con Telmex en 1992 con la entrega de un servicio de telefonía virtual. Hoy tiene lazos comerciales con los gigantes de las telecomunicaciones del continente: América Móvil (Telcel), AT&T, Telefónica, Telmex, Vivo, Claro, Verizon y Nextel, entre muchos otros.
En Brasil adquirió SunTech, empresa encargada de 90% de las intercepciones de telecomunicaciones en 2004 y que tiene entre sus clientes a Claro, propiedad de América Móvil, de Carlos Slim.
La ganancia para Washington con el primer contrato del Departamento de Estado para la AFI fue mucho más elevada que los 2 millones 963 mil 438 dólares pagados por el equipo: fue la puerta de entrada a la intrusión que el gobierno de Calderón hizo extensiva a otras agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, incluidas las militares.
De acuerdo con la información del gobierno estadunidense, el contrato con Verint se modificó en 2005 y 2006. El cambio más reciente ocurrió el 13 de abril del año pasado, aunque no se precisa cuáles fueron las variaciones.
García Luna no paró ahí. También en abril de 2012, a petición de la SSP, el gobierno de Estados Unidos lanzó otra licitación, la SINLEC12Q0006, también de la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado.
Con el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, el Departamento de Estado precisó que ese nuevo contrato tenía como objetivo proveer equipo de expansión y mantenimiento del sistema de vigilancia técnica “propiedad y operado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)”. El aumento de la capacidad propuesto fue pasar de las 30 estaciones de monitoreo instaladas por Verint a 107, además de 300 canales de entrada análogos.
“En respaldo del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos procura un sistema de monitoreo de comunicaciones que posibilite la recepción oportuna, procesamiento, análisis y almacenamiento de comunicaciones de proveedores nacionales de telefonía y otros proveedores de servicios de comunicación en México”, dice la convocatoria publicada el 27 abril de 2012.
El Departamento de Estado canceló la licitación el 6 de septiembre siguiente. Sin más justificación expresó que “el gobierno ya no requiere el Sistema de Vigilancia Técnica México. Se cancela la licitación y no se hará adjudicación alguna”, señaló en una nota publicada en su portal en internet.
Dos semanas antes, el 24 de agosto, se había perpetrado el ataque contra un automóvil de la embajada estadunidense por parte de policías federales en el tramo carretero Tres Marías-Huitzilac. En el vehículo viajaban instructores estadunidenses. Sin embargo, apenas el 27 de abril último el Departamento de Estado, ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reabrió la licitación.
También, Sedena y PGR
García Luna no estuvo solo en la adquisición de equipo para espiar. Con el gobierno de Calderón las compras para interceptar comunicaciones las hicieron también, por lo que se sabe hasta ahora, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En junio pasado se filtró que la Sedena adquirió de la empresa Security Tracking Devices equipos de intercepción de mensajes de texto, correos electrónicos, listas de contactos, voz y audio ambiental, mensajería instantánea e imágenes de pantalla de dispositivos móviles.
La PGR tampoco se quedó atrás. El 6 de junio pasado el periódico Reforma informó que durante la gestión de Marisela Morales –ahora cónsul en Milán– la dependencia adquirió de la empresa Obses de México equipos de intrusión: el software FinFisher/Finspy y el geolocalizador Hunter Punta Tracking/Locsys. Pagados con sobreprecio, ambos permiten la intrusión de aparatos móviles.
A pesar de las evidencias sobre el equipo gestionado por el Departamento de Estado a favor de la AFI y la SSP, el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb –quien heredó en la Segob las funciones de García Luna– declaró el jueves 11 a Televisa que no hay “elementos” para suponer un espionaje de Estados Unidos en México.
Un día antes el presidente Peña Nieto se refirió a ese espionaje como una mera “posibilidad” que sería “inaceptable”. Sus declaraciones las hizo antes de reunirse en California con los principales desarrolladores tecnológicos estadunidenses.
El gobierno mexicano no encuentra la manera de justificar esa infraestructura de espionaje que ahora está en sus manos. La PGR, la Segob y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hablan de una investigación. El miércoles 10 el vocero del gabinete de Seguridad Nacional, Eduardo Sánchez Hernández, quien depende de Gobernación, declaró que la PGR hará una indagatoria sobre el espionaje. Ambas instituciones, sin embargo, fueron beneficiadas con las licitaciones, según lo publicado por el Departamento de Estado.
La SRE también se dice sorprendida. El subsecretario para América del Norte, Sergio González Alcocer, declaró el jueves 11 al periódico Excélsior que Estados Unidos debe explicar el acuerdo de espionaje previsto en la Iniciativa Mérida. Pero en Washington la SRE tiene al principal negociador de ese plan: el embajador Medina Mora.
Con todo y la confrontación que tenía con García Luna, Medina Mora estableció una relación estrecha con Estados Unidos desde el Cisen durante el gobierno de Fox. La relación formal terminó cuando el ahora diplomático salió de la PGR en septiembre de 2009. Pero la retomó cuando Peña Nieto lo hizo embajador.
Presencia del Pentágono
El gobierno mexicano tampoco encuentra la manera de sacar de México a los servicios de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos a los que Calderón les dio entrada con el pretexto de la Iniciativa Mérida y de la guerra contra el narcotráfico. Nueve agencias de inteligencia se instalaron en un edificio en el número 265 de Paseo de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos (Proceso 1776).
A ese inmueble llegaron agentes del Pentágono –lo que siempre ambicionó Estados Unidos en México–, del Departamento de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro, integrados en la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), creada por la Iniciativa Mérida.
La OBI abrió tres oficinas “satélites”, en Ciudad Juárez, en Tijuana y en la zona militar de Escobedo, Nuevo León.
La relación entre el gobierno de Peña Nieto y esas agencias está “temporalmente” congelada, según funcionarios de los dos países. “Desde que descubrimos el tipo de labor policial y de espionaje que llevaban a cabo la DEA y la CIA en el país, entre otras agencias, la orden emitida por la Presidencia fue: ‘Pónganles un alto’”, dice a Proceso un funcionario mexicano que participa en el intercambio cotidiano con las agencias de inteligencia estadunidenses.
El funcionario, quien por razones de seguridad pidió el anonimato, asegura que desde el inicio del proceso de transición entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto Gobernación supo que los sistemas de espionaje de Estados Unidos no se dedicaban exclusivamente a combatir al narcotráfico.
“Fuimos testigos de cómo los agentes de la CIA manejaban los sistemas de interceptación de llamadas telefónicas y de la red de internet para otro tipo de actividades de inteligencia: entiéndase el espionaje político”, agrega el funcionario mexicano.
Lo más grave “fue que los agentes del Cisen, quienes supuestamente trabajan en colaboración con los estadunidenses para combatir al narcotráfico al cobijo de la Iniciativa Mérida, denunciaron ante la Segob el doble espionaje que realizaban esas agencias extranjeras, pero el gobierno de Calderón no hizo nada”, asegura.
Encerrados en las OBI del Distrito Federal y de Escobedo, los agentes del Cisen, entre otros, fungían como subordinados de los representantes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en especial de la CIA.
“Los agentes de Estados Unidos utilizan sistemas de espionaje con lenguajes encriptados totalmente ajenos a los que establece el manual de colaboración bilateral de la Iniciativa Mérida en materia de inteligencia”, dice una de las quejas que un agente del Cisen presentó a la Segob en junio de 2011 y que la fuente del gobierno peñanietista leyó a Proceso.
La fuente admite que aunque sabían que desde la embajada de Estados Unidos en México el espionaje seguiría llevándose a cabo, entre otras agencias por la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la DEA, el de las OBI quedaría paralizado.
“Nos cerraron todo. Bueno, casi todo”, admite un agente de inteligencia de Estados Unidos que labora en México.
“No les importó que les advirtiéramos que esto podría afectar los avances logrados en el combate al narcotráfico”, apunta el agente estadunidense, quien habló a condición del anonimato.
Las fuentes consultadas sostienen que el gobierno de Peña Nieto estudia y analiza los marcos legales para retirarles la licencia emitida por Calderón merced a la Iniciativa Mérida. Lo más grave es que la licencia de espionaje la ratificó el Congreso cuando le dio el aval a esa iniciativa.
Las agencias estadunidenses más afectadas por la orden de Peña Nieto son la DEA, la CIA y el FBI, confirman las dos fuentes. “Nos han dicho que será hasta finales de este año o principios del otro cuando quede terminada la nueva estructura de cooperación”, dice el agente estadunidense.
Pero otra vez, la nueva estructura o sistema de inteligencia del gobierno de Peña Nieto y su cooperación con Estados Unidos se elaboran con la asesoría de especialistas estadunidenses, exagentes de la CIA, del FBI, la DEA y la NSA.
“Las empresas de seguridad contratadas para esta labor se coordinan directamente en la Segob y desarrollan los proyectos en colaboración con el Cisen. Esta asesoría le costará al país 5 millones de dólares, lo cual es mejor que permitir que Washington siga metiéndose hasta debajo de la sábanas”, dice a Proceso un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía correo electrónico, quien pidió no revelar su nombre.
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