CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las recientes detenciones de Tomás Yarrington en Italia y de Javier Duarte en Guatemala no están siendo capitalizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y mucho menos por el PRI, a pesar de la percepción mayoritaria de que se trata de “golpes electorales” en función de los comicios del Estado de México.
La misma percepción revela que ni el sabadazo para atrapar a Javier Duarte, el emblema contemporáneo del sátrapa, se interpreta como una victoria contra la impunidad y la corrupción, sino como una “detención pactada” para utilizar al exgobernador de Veracruz con fines de propaganda electoral.
El mismo presidente Enrique Peña Nieto lanzó un autoelogio el pasado 17 de abril que pone en duda la eficacia de estas detenciones: “quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.
¿Cómo se puede interpretar como “mensaje firme y contundente” si Peña Nieto ni siquiera es capaz de mencionar a Yarrington y a Duarte por su nombre? ¿Dónde está el mensaje contra la impunidad si Yarrington fue señalado desde 2004 por recibir sobornos de los cárteles y pasaron cinco años de esta administración hasta que fue detenido por una petición expresa de Estados Unidos y no de la PGR?
¿Cómo creer que es un logro si Duarte tuvo tiempo suficiente para terminar su sexenio, dejar un quebranto de 34 mil 57 millones de pesos –según la Auditoría Superior de la Federación– y sembrar a su entidad fosas de 15 mil desaparecidos, periodistas asesinados y una ola de inseguridad inauditas?
El problema fundamental es que la era de los gobernadores cleptócratas en el sexenio de Peña Nieto rebasó todos los límites de la contención hasta convertirse en un “pacto de impunidad” que ya no se puede sostener ante el derrumbe electoral del priismo, las complicidades con el PAN y el PRD y la intensa presión de las autoridades de Estados Unidos.
Oficialmente, sólo hay siete exgobernadores detenidos de un total de más de 21 mandatarios estatales señalados por la ASF, la Secretaría de Hacienda, la DEA y organizaciones civiles por sus desfalcos, sus pactos mafiosos, su intensa corrupción.
Estos siete detenidos son los siguientes:
-Javier Duarte y Flavino Ríos, gobernador constitucional e interino de Veracruz. El segundo sólo estuvo 48 días al frente del Ejecutivo estatal.
-Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, pero con una clara influencia en la situación criminal de su entidad y de Veracruz desde hace más de una década.
-José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder del desvío de dos mil 323 millones de pesos desde el gobierno de Fausto Vallejo, mandatario priista con quien se desbordó la influencia de los cárteles de la droga.
-Andrés Granier, exmandatario priista de Tabasco, detenido en 2013 por desvío de dos mil 600 millones de pesos.
-Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora, el único de los ocho mandatarios señalados desde noviembre de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación por una serie de irregularidades graves en el manejo del presupuesto.
-Mario Villanueva, extitular priista de Quintana Roo, arrestado desde el gobierno de Vicente Fox por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
A estos siete detenidos hay que sumar a los mandatarios del “nuevo PRI” de Peña Nieto que han sido también acusados y que algunos se encuentran prófugos, otros amparados o simplemente disfrutando del anonimato:
-Rodrigo Medina, exgobernador priista de Nuevo León, quien estuvo unas horas en la cárcel y ha logrado librar la acusación de peculado y desvío por tres mil 600 millones de pesos. La ola de violencia y corrupción que vivió esta entidad durante su mandato está presente aún en los habitantes regiomontanos.
-César Duarte, exejecutivo priista de Chihuahua, prófugo desde hace más de tres semanas, acusado de peculado y presunto lavado de dinero.
-Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo, quien no tiene orden de aprehensión en su contra, pero sobre él hay nueve denuncias ante la PGR y la Fiscalía de la entidad por rematar nueve mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.
-Humberto Moreira, exmandatario de Coahuila, exdirigente nacional del PRI, uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Secretaría de Hacienda documentó que durante su gobierno la deuda pública se disparó de 323 millones de pesos a 36 mil 186 millones de pesos. Comparte con Javier Duarte el “honor” de ser uno de los más señalados por irregularidades en el manejo del presupuesto y del súbito endeudamiento. Anda libre y aspira a ser diputado local por el Partido Joven.
-Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, sucesor de Yarrington (2004-2010), quien apoyó también a Peña Nieto en su aspiración presidencial. Es buscado por la DEA desde el 18 de junio de 2015. Se especula que está escondido en Quintana Roo.
-Mario Anguiano Moreno, exgobernador priista de Colima, acusado por irregularidades presupuestales por mil 800 millones de pesos y en proceso de “juicio político”.
-Jorge Herrera Caldera, exmandatario priista de Durango, acusado por un presunto desfalco y un súbito endeudamiento por 15 mil millones de pesos.
Sin embargo, hay una segunda línea de exmandatarios del PRI que se libraron de una investigación y están relacionados con el ascenso de Enrique Peña Nieto.
Son los casos, sobre todo, de Arturo Montiel, padrino político y antecesor de Peña Nieto; Ulises Ruiz y José Murat, exmandatarios de Oaxaca; Mario Marín, el góber precioso de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz y principal apoyo para que llegara Javier Duarte al poder; Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León, principal padrino político de Rodrigo Medina y de quien ya nadie habla.
Y a esta lista habrá que agregar a los gobernadores que llegaron bajo siglas opositoras, pero que dejaron desfalcadas y desmoralizadas a sus respectivas entidades o enfrentan acusaciones por presunta corrupción: Juan Sabines en Chiapas; Ángel Aguirre en Guerrero; Gabino Cué en Oaxaca; y el panista Kiko Vega, quien aún gobierna Baja California.
