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martes, 19 de julio de 2016

Wallace adelanta pastel y ‘Mañanitas’ a Peña; él la llama “aliada”

Wallace, Peña y Zambrano en el foro “Equidad para las víctimas en el debido proceso”. Foto: Benjamin Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cercana al entorno del gabinete de seguridad con el panista Felipe Calderón, Isabel Miranda de Wallace regresó hoy por su papel protagónico como representante de la sociedad civil ante el gobierno federal para celebrar anticipadamente el cumpleaños del presidente Enrique Peña Nieto, quien este miércoles cumple 50 años.
El festejo consistió en la entrega de un pastel de predominante betún rojo –como el que se usa en las campañas priistas–, color que Peña Nieto dijo es su favorito.
Después de varios años relegada a las listas de invitados en eventos de seguridad, sin la relevancia del sexenio pasado, el foro “Equidad para las víctimas en el debido proceso”, organizado por Miranda de Wallace, sirvió para plantear, en su intervención, una serie de críticas al modelo y la actual ley víctimas por considerar que indemniza más a los victimarios.
Las críticas y propuestas entregadas por la activista fueron tomadas por el presidente Peña Nieto para hacerlas llegar al Congreso pues, acotó, serán los legisladores quienes las revisen y enriquezcan.

Peña Nieto y Miranda de Wallace expusieron respectivamente sus consideraciones sobre las fallas del actual ordenamiento.
“Hoy tenemos que perfeccionarlo, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño”, concedió el mandatario.
Además, dijo que se debe “asegurar que las víctimas cuenten debidamente con asistencia legal y jurídica de abogados victimales”, los que, añadió, “no los hay en suficiencia en ninguno de los órdenes, y a veces son más las capacidades eventualmente del inculpado que de las víctimas”.
En este último tema, en sus respectivas intervenciones, Miranda de Wallace y Peña Nieto coincidieron a plenitud.
La Ley de Víctimas vigente fue una de los primeros ordenamientos promulgados en el sexenio, el 9 de enero de 2013. Su expedición contó entonces con el beneplácito del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que si bien tuvo reservas, consideró urgente su implementación. Desde entonces, Miranda de Wallace estuvo en desacuerdo con ese marco legal.
La postura de la activista giró en torno al viejo dilema entre los derechos de las víctimas y los derechos humanos de los imputados. Según la presidente de Alto al Secuestro, basta con que un imputado alegue que fue torturado para que tenga acceso a beneficios de víctimas.
Inclusive, Isabel Miranda aseguró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha indemnizado a más victimarios que imputados.
“Un imputado con el simple hecho de manifestar ante cualquier autoridad que fue sujeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con la ley que acaba de ser aprobada en la Cámara de Senadores, tiene acceso a las ayudas de forma inmediata.
“Y si consigue una recomendación de cualquier comisión de derechos humanos, cosa nada difícil en estos tiempos, tendrá derecho a una cuantiosa indemnización del mismo fondo de reparación de las víctimas del delito; es decir, nos meten en la misma bolsa, pero con un trato desigual”, acusó.
Aunque no lo mencionó, el asunto es de interés personal para Isabel Miranda, pues en el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda las imputaciones se vienen desmoronando, debido a la presunta práctica de tortura y fabricación de pruebas contra los imputados.
Por su parte, Peña Nieto expresó que a más de tres años de que se promulgó la Ley General de Víctimas, ésta tiene fallas e inconsistencias que la han hecho, en ciertos casos, inoperable.
“Hoy tenemos que perfeccionarla, tenemos que asegurar que funcione adecuadamente, evitar la burocratización, hacer más ágil y fácil el acceso de las víctimas a la reparación del daño”, ofreció.
El presidente Peña Nieto refrendó a Miranda de Wallace y a la asociación que representa su compromiso de “ser, en este frente, un aliado. De trabajar junto con usted y con todos ustedes para que tengamos un modelo que sirva a la protección y defensa de las víctimas, que es para lo que estamos trabajando: equidad para que, realmente, haya justicia”.
Luego dijo a Isabel Miranda:
“Quiero dejar constancia de gratitud en nombre de la sociedad mexicana y amplio reconocimiento al esfuerzo que realiza”.

martes, 12 de julio de 2016

La señora Wallace hizo todo lo que supuestamente denuncia: tortura, fabricación de culpables

Los familiares de los seis inculpados por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la líder de la organización Alto al Secuestro, denunciaron que hubo tortura para declararse y para disculparse con Isabel Miranda de Wallace. La Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad exhibió una serie de irregularidades detectadas en las pruebas que presentó Wallace ante las autoridades, como la paternidad de su hijo, el ADN de una gota de sangre en el departamento donde supuestamente fue descuartizado, y el rastro legal de Hugo Alberto en 2010. A 11 años de “la casería de brujas” que emprendió Wallace, dicen, los restos de su hijo no han sido encontrados. Y ella desistió de su búsqueda.

En 2014, Isabel Miranda de Wallace, mostró supuestas pruebas y parte de los expedientes de la investigación y sentencia sobre el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto. Foto: Cuartoscuro/Archivo.
En 2014, Isabel Miranda de Wallace, mostró supuestas pruebas y parte de los expedientes de la investigación y sentencia sobre el secuestro y muerte de su hijo Hugo Alberto.
Foto: Cuartoscuro/Archivo.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- Integrantes de una organización internacional defensoras de los derechos humanos, familiares y abogados de los procesados por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda presentaron este día pruebas que aseguraron desmienten la investigación del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
En febrero de 2006, la presidente de la organización Alto al Secuestro protagonizó la búsqueda de los plagiarios y asesinos de su hijo Hugo Alberto. Colocó espectaculares en las avenidas más importantes de la capital con las fotos de los hoy procesados, en las que ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los autores del secuestro.
En 2005 su hijo fue secuestrado y la señora Wallace se ganó el respeto de los mexicanos convirtiéndose en una “heroína”. Las portadas de los periódicos y los programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que, según ella, le era negada por las instituciones mexicanas.
La opinión pública se volcó de forma favorable hacia Isabel. Era una madre desesperada que comprometió su vida para encontrar a su hijo Hugo Alberto y que no escatimó en esfuerzos para dar con sus victimarios.
Sin embargo, desde hace 11 años periodistas y especialistas han calificado como una “gran mentira” el caso Wallace y la lucha que encabeza la ex aspirante panista a la Jefatura de Gobierno capitalina.
Familiares de los inculpados por el caso Wallace y activistas evidenciaron las mentiras en el caso. Foto: Twitter @cencos
Familiares de los inculpados por el caso Wallace y activistas evidenciaron las mentiras en el caso. Foto: Twitter @cencos
En una conferencia de prensa, organizada por la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ACDV), activistas y abogados presentaron hoy un análisis contundente del caso, en el que se evidencia declaraciones de los supuestos plagiarios obtenidas bajo tortura y la semblanza de las pruebas que presentó Wallace en la “fabricación del secuestro, el cual ni siquiera tiene existencia legal”.
En un informe de 30 páginas, la organización de origen canadiense refiere que la única prueba pericial de que Hugo Alberto fue descuartizado en el departamento de Juana Hilda Lomelí es una gota de sangre que se encontró en el lugar, cuyo ADN corresponde al sexo femenino, es decir, al de la madre de la supuesta víctima o al de su media hermana, Claudia Wallace.
La gota de sangre fue hallada ocho meses después en el departamento de uno de los presuntos plagiarios que no fue asegurado por las autoridades, a pesar de que se investigaba un homicidio.
El documento plantea que Isabel Miranda también mintió con respecto a la paternidad de su hijo, pues asegura que contrajo matrimonio a los 18 años de edad con su actual esposo y padre de sus hijos, Enrique del Socorro Wallace Díaz, cuando este tenía 31 años de edad, en 1968. Sin embargo, el acta de matrimonio tiene fecha de 1978, cuando ella tenía 27 años, apenas tres años después de que el empresario se había divorciado de su primer matrimonio. Aunque Enrique Wallace sostuvo una relación extramarital con Isabel Miranda Torres durante un año, Hugo Alberto nació en 1968.
El documento también indica que una persona identificada como Hugo Alberto Miranda Torres tramitó un juicio ante Corte en el año 2010, cinco años después del homicidio del hijo de Isabel.
En la conferencia participó Daphne, hija de Juana Hilda Lomelí, quien fue detenida el 10 de enero de 2006 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto. La joven dijo que a su madre, como los otros seis acusados, no se les hizo un proceso jurídico legal.
Luis Castillo, tío de Tony y Alberto Castillo, dijo que ambos fueron interceptados por gente de Isabel Miranda que lo amedrentaron y le dijeron “más te valía meterte con el hijo del Presidente que con el mío”. Los jóvenes, declaró, fueron torturado por agentes de la extinta AFI con el fin de declararse culpables. Posteriormente, ya presos, se enteraron de que eran acusados de secuestro y homicidio, fue cuando Isabel inició una campaña mediática incluso en los reclusorios.
“La señora Wallace se acercó a mi hijo [Jael Malagón Uscanga] solicitándole que inculpara a César [Freyre Morales] prometiéndole la libertad y cambio de identidad”, dijo la madre del afectado, Elena Uscaganda.
“La señora [Wallace] recibió todo el apoyo de la SEID, y otras autoridades facilitaron la intromisión en el proceso”, refirió.
Los especialistas refirieron que la organización de Wallace, Alto al Secuestro, no sólo se dedica a fabricar culpables, también engaña a la opinión pública.
La Asociación Canadiense pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz y Jacobo Tagle Dobin, acusados del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien actualmente tendría 47 años de edad. Además, exigió la revisión de los juicios contra Juana Hilda Lomelí, César Freyre Morales, Tony y Alberto Castillo, y Jael Malagón Uscanga, implicados en el caso.

martes, 22 de septiembre de 2015

La Wallace encubridora

Acusan conflicto de interés entre GIEI y Emilio Álvarez Icaza


Ficha penal de Isabel Miranda

Isabel Miranda de Wallace, activista y presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Samuel González, quien fuera el director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), exigieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que abandone la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, porque, a su decir, han sido dirigidos por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, quien tiene conflictos de interés por supuestos vínculos con organizaciones sociales en Guerrero.
"Indudablemente que hay un conflicto de intereses muy grande, están tratando de llevar a México y al gobierno contra la pared, cosa que nos parece sumamente delicada", dijo Wallace.
Además, existe un conflicto de intereses dentro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el secretario general es un mexicano que no puede conocer de conflictos en México, "tenemos a su principal ex visitador peleando los derechos de las víctimas", agregó.
En este marco, consideró como una injusticia que el titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y encargado de la indagatoria sobre Ayotzinapa, Gualberto Ramírez Gutiérrez, vaya a ser removido de su cargo como consecuencia de los resultados de esta indagatoria, destacando que el todavía funcionario de la PGR siempre mantuvo abierta la investigación para las familias de las víctimas y sus representantes legales.

Con información de El Universal y Milenio
aat

martes, 17 de febrero de 2015

La brutal “Señora Wallace”, tras la orden de NO liberar a la activista Nestora Salgado


México, 16 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.
Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.
De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.
El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.
Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.
Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.
En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.
El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.
A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.
Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.
Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.
De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada
El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.
La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.
En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.

miércoles, 21 de enero de 2015

Por ignorancia, Wallace y Martí se oponen a la excarcelación de Nestora, dicen sus familiares

Los prejuicios hacen que sin pruebas la llamen narcoguerrillera: abogado

Lamentan que algunos empresarios critiquen a quienes han tenido que organizarse por seguridad
Foto
En el Centro Nacional de Comunicación Social se organizó una conferencia de prensa para informar sobre la situación de la luchadora social Nestora Salgado. Participaron, entre otros, Cleotilde Salgado, hermana de Nestora, y Cuauhtémoc Ruiz, miembro del Comité Nestora LibreFoto Yazmín Ortega Cortés
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de enero de 2015, p. 11
Las acusaciones hechas por Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí en contra de Nestora Salgado, coordinadora y fundadora de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, son injustas y están motivadas por la ignorancia y el miedo que tienen los empresarios a la organización del pueblo para darse seguridad y justicia, señalaron familiares y abogados de la luchadora social.
En conferencia de prensa, el abogado Cuauhtémoc Ruiz, del Comité Nestora Libre, manifestó su respeto por la calidad de víctima de Martí, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado en 2008, pero lamentó que en este tema se deje llevar por sus prejuicios y acuse a Salgado denarcoguerrillera sin tener ninguna prueba en ese sentido.
Alejandro Martí sufrió una tragedia, es también una víctima del clima de inseguridad que existe en México, pero cuando habló en contra de Nestora y de los policías comunitarios no se situó en esa perspectiva, sino que puso por delante sus prejuicios de tipo social y empresarial, consideró el litigante.
Luego de subrayar que las acusaciones por narcotráfico en contra de Salgado no tienen ningún asidero, justamente por la lucha de la activista en contra de los grupos del crimen organizado, Ruiz consideró que si Martí y Wallace la señalan como guerrillera es porque ignoran y temen el proceso que llevó a mucha gente a hacerse cargo de su propia seguridad.
Nos parece injusta su imputación. Así es como ven algunos empresarios lo que pasa en Guerrero, donde la gente ha tenido que darse seguridad y justicia porque el sistema tradicional ha sido impotente y en muchas ocasiones esta ligado a los grupos de delincuentes. Lo llamamos a reconsiderar lo que dijo, porque está siendo parte de una actitud de injusticia contra una mujer que no merece estar en la cárcel, aseveró.
Exhortan a informarse, antes dedifamar
Por su parte, Cleotilde Salgado, hermana de Nestora, desmintió las acusaciones de Wallace y Martí en contra de la policía comunitaria y llamó a ambos personajes a informarse antes de difamar a los luchadores sociales. Primero que vaya a Olinalá a investigar quién es Nestora y quiénes son sus acusadores. Todo mundo sabe qué clase de personas son estas.
En el acto estuvo presente el joven Francisco Flores Jiménez, quien permaneció detenido un mes por la policía comunitaria de la localidad de El Paraíso en un proceso de reducación a petición de sus padres, y aseguró que las jóvenes Dulce Rubí Burgos Pérez y Betsabé Rubí Baltazar Sosa –cuyas madres acusan a Salgado de secuestro– nunca fueron lastimadas y estuvieron en el mismo lugar que él por petición de sus familiares.

domingo, 1 de junio de 2014

El caso Wallace, más turbio que nunca

PROCESO 1961

El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial como la primera, da un vuelco al caso que se sigue por el presunto secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta que el desaparecido, quien de haber sido realmente asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP y dos lugares donde vio la luz.
Una llamada telefónica de alguien que supuestamente estaba muerto. Una madre que afirma que su hijo ha sido asesinado. Un cadáver que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la víctima el sexo femenino. Y testimonios autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial abierto por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que, nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado un vuelco debido a nueva información que pone en duda incluso su muerte.
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11 de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento oficial, cuya copia certificada fue obtenida por Proceso, su nombre es Hugo Alberto Miranda Torres y nació el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Gobernación (Segob), la primera acta de Hugo Alberto es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) el 24 de febrero de 2010, es decir, casi cinco años después de su supuesto homicidio.
El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Primer Circuito el 14 de mayo pasado, día en que se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal 35/2006-II.
Desde el principio el caso Wallace ha sido un enigma, no despejado ni con las confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.
La llamada
El 12 de julio de 2005 María Isabel Miranda Torres, luego de no tener noticia de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, descubrió en unas cuantas horas, al encontrar su camioneta Cherokee en una calle de la colonia Extremadura Insurgentes en la Ciudad de México, que la noche anterior su hijo había sido secuestrado, asesinado y descuartizado con una sierra eléctrica en el diminuto baño de un departamento ubicado en Perugino número 6, a unas cuadras de donde estaba el vehículo, e inmediatamente supo el nombre de uno de los responsables, según ha dicho ella misma.
En su declaración ministerial, quien también se autodenomina María Isabel Miranda de Wallace expuso que su versión proviene de un transeúnte que nunca ha sido identificado por su nombre ni citado a declarar, así como de un niño que vivía en el edificio de Perugino, quien habría asegurado a ella y a su hermano Roberto Miranda que la noche del 11 de julio escuchó disparos y vio cómo bajaban por la escalera un cuerpo ensangrentado.
La señora Miranda de Wallace refiere que después de descubrirlo todo recibió una fotografía donde su hijo aparecía desnudo y le pedían un rescate. Ella dio los nombres de los supuestos responsables, se adjudica la captura de cuatro de ellos y desde 2005 sostiene que su hijo está muerto.
Pero conforme a los testimonios que constan en la causa penal 32/2006-II, el único niño del edificio, Erik Figueroa, declaró que ni siquiera durmió ahí la noche del 11 de julio, sino en casa de su abuela, y que el único diálogo que tuvo con unas personas el 12 de julio fue cuando le preguntaron por una mujer que él no conocía.
A petición de la señora Miranda de Wallace, el mismo 12 de julio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hizo una primera inspección en el lugar, pero no encontró allí ninguna prueba ni indicios sobre los hechos.
El 13 de julio la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se presentó en el mismo departamento, pero tampoco halló ni un solo rastro. En el reducido baño donde presuntamente habría sido descuartizado Hugo Alberto con una sierra eléctrica no había rastros de sangre. La regadera tenía un tendedero donde colgaba la ropa de Juana Hilda González, quien vivía en el inmueble.
Concluida la revisión, el departamento no fue protegido ni asegurado como escena de un crimen, y la administradora lo rentó a una persona llamada Rodrigo de Alba Martínez, quien nunca lo ocupó.
En las primeras declaraciones, a las que se confiere una mayor confiabilidad, los habitantes del edificio afirmaron que no escucharon la noche del 11 de julio ningún ruido ni vieron movimientos extraños.
Asimismo en el expediente de la averiguación previa abierta por la PGR hay constancia de que una tarjeta de crédito de Hugo Alberto Wallace Miranda fue usada el 20 de julio de 2005, con cargos que superaron los 12 mil pesos, incluyendo una comida en el restaurante Los Arcos por más de 3 mil pesos y compras en Liverpool de Perisur; pero ni la PGR ni la madre de la presunta víctima pidieron los videos que pudieron registrar quién usó la tarjeta. Tampoco se siguió esa línea de investigación.
El 22 de julio de 2005 José Enrique Wallace Díaz, esposo de María Isabel Miranda, declaró a las autoridades –según consta en el expediente– que no tenían noticias de Hugo Alberto y que nadie había pedido un rescate. “Quiero decir que probablemente lo que ocurrió a mi hijo fue una desaparición, ya que no puedo decir que se trate de un secuestro”. La última declaración rendida por él hasta ahora ocurrió el 23 de septiembre de ese mismo año, cuando pidió a las autoridades no investigar más.
Desde entonces Wallace Díaz no se ha vuelto a presentar a declarar en el caso pese a los múltiples citatorios del juzgado y a los edictos publicados.
El 1 de noviembre de 2005, de acuerdo con el expediente de la causa penal, del celular de Hugo Alberto, que no había sido cancelado, entró una llamada al teléfono 55-54-56-30-24 y un hombre dejó este mensaje:
“Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey. Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué, güey, sabes quién me jugó…?”
Cuatro personas relacionadas con Hugo Alberto aseguraron a la PGR que la voz era de él: Vanessa Bárcenas Díaz, su exnovia; Carlos Colorado Martínez, Rodolfo Munguía e Isabel Neri Lujano. Pero la PGR nunca siguió esa línea de investigación.
Problemas con la justicia
Hugo Alberto tenía antecedentes penales, y aunque públicamente su madre ha intentado desvirtuar ese hecho, el gobierno de México tuvo que reconocerlo dentro del expediente de extradición de Brenda Quevedo Cruz 1:08-MC-00085, radicado en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos.
Allí la AFI informó en el oficio DGRP/DAMJ/7988/2008 que en sus sistemas localizaron un antecedente de orden de reaprehensión contra Hugo Alberto Wallace Miranda librada por el juez decimotercero de Distrito de Procesos Penales Federales del DF dentro de la causa penal 196/2001, “en virtud de que en sentencia definitiva se declaró que era penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de prisión”, señala el documento.
En junio de 2004 la orden de aprehensión fue cancelada porque el juez sustituyó la pena de cárcel por una multa de 14 mil 665 pesos.
El 15 de noviembre de 2005 Vanesa Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto, declaró que éste le había manifestado que tenía problemas legales. “Me dijo que en una ocasión lo buscaron para detenerlo supuestamente por dedicarse al narcotráfico, pero él adujo que en realidad era por la ropa que le enviaban, no sabía de dónde, y porque las personas que se la mandaban algo habían hecho. Hugo Alberto me comentó que eso era como narcotráfico y que por ese motivo estuvo huyendo por varios estados del país”, señaló Vanesa.
Las dos actas
Con cada una de las actas de Hugo Alberto Wallace Miranda, una fechada en 1970 y otra en 1975, obtuvo constancias de la Clave Única de Registro de Población (CURP), expedidas por la Segob.
El acta de nacimiento número 1, cuya autenticidad fue corroborada en archivos del Gobierno del DF, se expidió el 15 de enero de 1970 en la delegación Milpa Alta, Juzgado 8 (libro 1, número de acta 27), bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido el 12 de octubre de 1969 en el “Sanatorio Tuxpan” del DF.
Como su padre quedó registrado Jacinto Miranda y como su madre Isabel Torres, de 31 y 21 años de edad, respectivamente.
Como abuelos paternos figuran Luis Miranda y Consuelo Jáimez, y como abuelos maternos, Alfredo Torres y Mónica Romero.
El acta de nacimiento número 2, que ha sido presentada por la madre de Hugo Alberto en el caso de su supuesto secuestro y homicidio, fue expedida el 19 de noviembre de 1975 en Texcoco, Estado de México (libro 12, acta 2371), y allí quedó asentado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien según el documento nació el 12 de octubre de 1969 en Coatlinchan, Texcoco, Estado de México.
En calidad de padres fueron identificados José Enrique Wallace Díaz y María Isabel Miranda Torres, de 37 y 24 años, respectivamente.
Los abuelos paternos serían Arturo Wallace Ramírez y María Luisa Díaz Solórzano, y los maternos, Fausto Miranda Romero y Mónica Torres de Miranda.
Del análisis del contenido de las actas de nacimiento 1 y 2 se desprende que entre ambas hay cambios en los nombres o apellidos del registrado, de su padre, de su madre y sus abuelos.
Igualmente, usando el acta 1, Hugo Alberto tramitó personalmente la inscripción de la CURP el 24 de febrero de 2010, casi cinco años después de su presunta muerte.
En la cédula obtenida directamente en la Segob hay dos leyendas inscritas: la primera: “Existe una posible inconsistencia en esta CURP, verifíquela y en caso de ser necesario acuda a un módulo”.
Y la segunda: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil”.
Con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y su acta de nacimiento se había tramitado la inscripción de otra CURP el 13 de septiembre de 1999.
Por si fuera poco, Hugo Alberto nació en tres lugares diferentes, de acuerdo con sus dos actas de nacimiento y una declaración de su madre: el “Sanatorio Tuxpan”, del DF (acta 1); “Coatlinchan, Texcoco” (acta 2), y hospital Dalinde, de la colonia Roma de la Ciudad de México (entrevista con Isabel Miranda publicada en el portal Animal Político el 8 de diciembre de 2010).
Además, en declaraciones a los medios Isabel Miranda ha dicho que el nombre de su madre es Mónica Torres Jáimez, pero resulta que el apellido Jáimez es el que, en el acta de nacimiento 1, corresponde a la abuela paterna de Hugo Alberto.
La “prueba” de ADN
El acta de nacimiento descubierta no sólo pone en cuestión la muerte de Hugo Alberto, sino también la prueba de ADN que la PGR dio por buena para afirmar que el secuestro y el homicidio ocurrieron y que ha servido para dictar condenas que van de 78 a 131 años de prisión a César Freyre, Juana Hilda González y los hermanos Alberto y Antonio Castillo Cruz, a quienes, junto con Jacobo Tagle y Quevedo Cruz, se responsabiliza de haber cometido ambos delitos.
Hasta ahora, pese a las supuestas confesiones de Freyre, González y Tagle –quienes aseguran que las mismas fueron obtenidas mediante tortura–, no se han podido localizar los restos de Hugo Alberto.
La única prueba pericial obtenida en los nueve años del presunto homicidio apareció seis meses después del suceso en el departamento de Perugino 6, y luego de que durante meses el inmueble no fue custodiado.
En la nueva revisión hecha por la SIEDO se encontró una gota de sangre en el baño y una licencia de conducir vencida de Hugo Alberto Wallace Miranda, aunque él tenía otra con vigencia indefinida que hasta la fecha no ha aparecido.
La gota de sangre fue comparada con muestras de ADN de Isabel Miranda y de Enrique Wallace, quien aparece como padre de Hugo Alberto en el acta de nacimiento 2. La muestra coincidió genéticamente, pero pese a que los peritos de la PGR primero dijeron que tenía cromosomas XX, es decir, de mujer, en una audiencia realizada en julio de 2006 en el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF la perito planteó que había sido un error de dedo y que se trataba de cromosomas XY, es decir, de hombre.
Dado que la pareja Wallace-Miranda tiene una hija, la defensa de los inculpados pidió una nueva prueba, pero la muestra de la única gota de sangre encontrada ya no existía. La PGR dio por cierto el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda con esa prueba de ADN, pero si el padre biológico no se apellida Wallace sino Miranda, como indica el acta de nacimiento 1 de Hugo Alberto, la historia sería muy distinta.
Una vez ingresada el acta de nacimiento descubierta, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales deberá desahogar la prueba conforme a derecho y encontrar la verdad y transparencia en el turbio caso.
Fuentes consultadas por Proceso informaron que, luego de que Quevedo presentó el acta como prueba, se intentó tener acceso directo al libro del Registro Civil de la Ciudad de México donde se encuentra, pero se dijo que el libro fue llevado a un juzgado. Dicha acta se considera fundamental, y tanto en el Registro Civil como en la Segob hay documentos que la respaldan, de modo que, se ha advertido, no podría perderse.

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