México, 16 de febrero 2015 (NOTIGODÍNEZ).- El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.
Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.
De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.
El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.
Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.
Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.
En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.
El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.
A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.
Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.
Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.
De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada
El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.
La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.
En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.
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