Revocan la sentencia a “El Silva”, presunto asesino de Regina Martínez

NOÉ ZAVALETA
8 DE AGOSTO DE 2013
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El 30 de octubre la PGJV presentó a Jorge A. Hernández, supuesto asesino de Regina Martínez...
Foto: Fotover / Antonio Palacios

XALAPA, Ver., (proceso.com.mx) La séptima sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión a Jorge Antonio Hernández, “El Silva”, presunto asesino de la corresponsal de Procesoen Veracruz, Regina Martínez.

En votación mayoritaria, los magistrados Edel  Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra –la togada Martha Ramírez Trejo emitió voto particular- decidieron revocar la sentencia dictada a “El Silva” por considerar que se violaron sus garantías en el proceso penal y no contó con una debida defensa, pues el litigante asignado por la Procuraduría de Veracruz no cumplió cabalmente con su función.

En el toca penal 673-13 del Tribunal Superior de Justicia –en poder del reportero- se señala: “No se llevó a cabo un debido proceso, en primer término, porque no medió orden de aprehensión para la detención del inculpado y este fue detenido 6 meses después de los hechos. Trasgrediendo así los artículos 14 y 16 constitucionales”.

En el proyecto elaborado por la séptima sala penal del TSJ se advierte además que Jorge Antonio Hernández confesó su supuesta culpabilidad mediante “tortura”, siendo su declaración confesa la única prueba válida de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJE) para sostener la versión de que  fue uno de los dos asesinos materiales de Regina Martínez.

“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en la confesión del propio inculpado, la cual fue llevada a cabo mediante tortura, por lo cual no debería otorgársele validez”, cita el documento.

Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso, fue asesinada en abril del año pasado. Su proceso se ha celebrado en medio de irregularidades, inconsistencias,  pifias y negativas de información del Ministerio Público de la PGJE y del juzgado tercero del distrito judicial de Xalapa. Además, el gobierno de Javier Duarte se ha obcecado en asegurar que el “robo” fue el único móvil para el homicidio.

El proyecto elaborado este 8 de agosto en el Poder Judicial del Estado enfatiza que los testimoniales para incriminar a “El Silva” son sólo de “oídas” y demasiado contradictorios.

“Nadie revela que haya sido la persona (El Silva) que se introdujera  a la casa de Regina en fecha 28 de abril del 2012; pues por el contrario existen medios de convicción que nos llevan a la conclusión que el aquí inculpado no se encontró presente en casa de Regina Martínez Pérez el día en que fuera privada de la vida”.

Hay indicios de que labor periodística de Regina motivó su asesinato: PGR

PEDRO ZAMORA BRISEÑO
7 DE AGOSTO DE 2013
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El domicilio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz.
Foto: Miguel Ángel Carmona

COLIMA, Col. (apro).- Existen indicios de que el asesinato de Regina Martínez, quien era corresponsal de Proceso en Veracruz, pudo haber sido motivado por su actividad periodística, por lo que se mantiene abierta esa línea de investigación, afirmó hoy la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla.

Entre los elementos que sostienen esta hipótesis, dijo la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentran los objetos que desaparecieron de la casa de la víctima el día del homicidio, entre ellos computadoras personales y aparatos de telefonía celular, además de que fueron desprendidas las conexiones de dos smartphones y de las computadoras.

“Eso nos permite generar la línea de investigación de que es por su actividad periodística, sin que sea la única que se tenga abierta y sin que se hayan agotado al menos de parte de la fiscalía ninguna de las líneas de investigación”, dijo la fiscal al ser cuestionada sobre el tema durante una rueda de prensa convocada para dar a conocer medidas preventivas de seguridad para los comunicadores colimenses.

Borbolla Moreno refirió que con base en la coadyuvancia que en el caso de Regina Martínez solicitó el gobierno de Veracruz a la fiscalía, ésta ha generado y aportado pruebas periciales y compartido constancias de actuaciones, en tanto que las autoridades estatales “también nos han dado algunas de las actuaciones, que han sido algunas… las que ellos han querido”, reveló.

Aunque en abril pasado, antes de cumplirse el primer aniversario del crimen, el gobierno de Veracruz concluyó que el móvil fue el robo, la fiscal especial comentó este miércoles que la investigación sigue abierta, debido a que “la mecánica de los hechos refiere que hay más de un autor material; entonces, en tanto no se encuentre a la otra persona que al parecer participó, no se puede cerrar ni la investigación del estado de Veracruz ni la de la fiscalía”, advirtió.

La funcionaria también señaló que se encuentra pendiente saber de quién son algunas pruebas encontradas en la escena del crimen, como un rastro de sangre que tras su estudio de ADN arrojó que pertenece a una persona del sexo masculino distinta a la que se encuentra sentenciada.

Pese a que Jorge Antonio Hernández, El Silva –el único detenido hasta ahora por el asesinato de la corresponsal de Proceso–, ha mencionado el nombre de una persona como el presunto segundo participante en el homicidio –José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien continúa prófugo–, y esto ha sido avalado por el gobierno veracruzano, la fiscal advirtió que no cuenta con una prueba objetiva de que efectivamente sea el copartícipe “y desconozco si ellos (autoridades locales) la tienen para referir a alguien con nombre y apellido”.

En relación con El Silva, sentenciado 38 años de cárcel, mencionó que la fiscalía no puede pronunciarse al respecto, “incluso le aplicamos el Protocolo de Estambul y arrojó un resultado negativo a que haya existido tortura”.

Por lo pronto, abundó Laura Angelina Borbolla, “tendremos abierta la investigación buscando más medios de prueba para tratar de acreditar la mecánica de los hechos conforme a lo que nos dijeron nuestros peritos”.

No obstante, aceptó que el control del caso lo mantiene el gobierno de Veracruz, ya que hasta ahora tampoco se ha acreditado al cien por ciento que el homicidio de Regina haya sido motivado por su actividad periodística.

“De hecho, el dicho del sentenciado desvirtúa que haya sido por su actividad periodística, pero como no tenemos a la otra persona todavía identificada y ubicada, no puedo realmente desvirtuarlo, por eso tengo abierta la investigación”, concluyó la fiscal de la PGR.

Duarte no respeta ni a los muertos : Regina "no era incisiva"

Minimiza Duarte labor periodística de Regina Martínez: “no era incisiva”

ALEJANDRO GUTIÉRREZ
2 DE JULIO DE 2013
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Regina Martínez.

Madrid, (proceso.com.mx).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, dijo ser consciente que su gobierno está bajo sospecha en el caso de las amenazas vertidas contra el periodista de Proceso Jorge Carrasco, pero en el asesinato de la corresponsal del semanario en Veracruz, Regina Martínez, insistió que fue producto de criminales de “poca monta” que entraron a su casa a robarle.

Además, continuó con su perorata respecto a que el homicidio de Regina es ajeno a su desempeño profesional.  

En una amplia entrevista con el diario español El País, Duarte sostiene:

“Es el caso de una periodista que no se dedicaba al periodismo policial, una periodista ética, profesional, que no se metía con nadie; sus artículos eran artículos políticos y ni siquiera eran incisivos, no eran artículos que tuvieran que ver con una investigación…”.

“Está ofendiendo su memoria”, reviran los periodistas Luis Prados y Salvador Camarena, los corresponsales del matutino en México, que firman la entrevista.

“¿Por?”, responde el gobernador.

“Porque Regina pertenecía a una de las revistas más críticas de México”, apuntan los periodistas.

“No, no, me están malinterpretando, quiero decir que era una gran periodista”, rectifica el político.

Según Duarte, en el caso de Regina Martínez hizo “todo lo que está en nuestras manos para evitar la impunidad”, y en el caso judicial “existen pruebas contundentes, no tan solo confesiones, que ponen a los perpetradores del crimen en el tiempo y lugar exactos del asesinato”.

–Hay denuncias de tortura – refutan los entrevistadores.

– ¿De quién? – responde Duarte, como desconociendo que Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, un seropositivo de 34 años, presentado como autor del asesinato, declaró ante la juez haber sido torturado y obligado a autoinculparse del supuesto robo.

“Hay pruebas que están más allá de una cuestión de interpretación, son datos duros, que los sitúan en la escena del crimen”, afirma el gobernador veracruzano.

– Si está tan claro como dice, ¿por qué no ha convencido a Proceso? La revista se queja de que no se investigaron los posibles móviles por el trabajo periodístico anterior de su reportera –cuestionan.

Pero Duarte insistió que “sí se investigaron. Revisamos esos artículos, revisamos quiénes pudieran tener interés en hacerle daño, y a la delincuencia organizada evidentemente también”.

Sobre el caso de Jorge Carrasco, el gobernador sostiene: “Nos tomamos muy en serio este tipo de situaciones. De hecho, sin que el señor Carrasco haya interpuesto ninguna denuncia por amenazas aquí en Veracruz, ya abrimos una averiguación previa acerca de esas amenazas por parte de quien sea contra él. Es un tema que para nosotros es de la mayor importancia”.

–Su gobierno está bajo sospecha.

–Soy consciente y por eso estamos actuando con toda la prudencia para evitar críticas, pero lo que sí puedo decir es que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer este caso –responde Duarte.

–¿Ninguno de sus funcionarios está implicado en este tipo de actividades?

–Estamos investigándolo y si alguien estuviera coludido sufrirá las consecuencias que la ley establece.

La amplia entrevista, que se difundió en la edición América de El País, tiene un título sugerente, basado en un dicho del gobernador veracruzano: “La delincuencia organizada ya no tiene el control de nuestras calles”.

En marzo pasado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) del gobierno español emitió una alerta a sus ciudadanos pidiéndoles eviten visitar Veracruz, entre otras zonas, por considerarla una “zona de especial peligrosidad”.

Dicha alerta, que no ha sido modificada, señala que en Veracruz “se constata en los últimos tiempos una intensificación de las actividades de grupos criminales ligados al narcotráfico que ha producido una elevación del nivel de violencia en la zona”.

En su alegato, Duarte no acepta una actitud indolente frente a estos casos y ser mal ejemplo nacional a ojos de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de la libertad de expresión.

“Somos el único Estado que ha legislado sobre protección y atención a periodistas”, insistió.