Luis Javier Garrido y la rebelión estudiantil

Adolfo Gilly
Entre los recuerdos de Luis Javier Garrido que las páginas de La Jornada albergaron en estos días tengo en mi memoria uno ya lejano, sí que vívido y duradero: su presencia en el Congreso Universitario de 1990, resultado éste de la rebelión estudiantil de 1987 en la UNAM, que hace unos días reseñó un suplemento de este periódico.

Luis Javier, serio como siempre, con una sonrisa que se le escapaba por un costado de la boca y sus ojos abiertos que te miraban de frente y te consideraban de perfil, participó en los debates de la Comisión Uno del congreso, aquella que debía discutir y presentar un proyecto de resolución sobre “El futuro de la UNAM”. Él formaba parte de un conjunto de delegados elegidos por aquellos profesores e investigadores que compartían posiciones y visiones con los delegados del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en discusión y divergencia con otros tantos o más, afines a la visión institucional de la Universidad y a la propuesta del rector Jorge Carpizo en su documento Fortaleza y debilidad de la UNAM.

(Extraño congreso: allí encontré, para mi gran sorpresa agradecida, al doctor Raúl Cervantes Ahumada, jurista, uno de los primeros visitantes que en 1966, más de 20 años antes, había venido a verme en la cárcel de Lecumberri para informar a mi padre, su colega y amigo en Buenos Aires, cómo estaba su hijo en ese lugar que fue mi domicilio en los seis años siguientes; y también para extender con su presencia una simbólica mano protectora mexicana sobre ese preso. Subí de dos en dos los escalones de la sala del congreso hasta su asiento y lo abracé conmovido).

En los debates de esa comisión, el maestro Eduardo Nicol propuso –y se aprobó– elaborar para el congreso un documento sobre los principios de la UNAM que fuera imagen de su presente y visión de su futuro. Se debatieron dos propuestas, una por cada bloque. Después de extensos debates y vistas las coincidencias sobre el tema, se acordó elaborar un documento único de la comisión. ¿Pero sobre cuál de las dos propuestas como base?

Votación y, por supuesto, empate entre ambos bloques. Tocaba desempatar al presidente, el doctor José Laguna, figura histórica de la Facultad de Medicina y representante destacado del bloque institucional. El doctor Laguna, hombre ecuánime que en los tiempos muertos de las largas discusiones del plenario del congreso me había hablado de Shakespeare y de episodios de su vida académica y no académica –por ejemplo, supe entonces que su padre había sido panadero–, nos miró a todos, consideró la situación y desempató con su voto: el documento base tenía que ser el nuestro, el de los delegados afines al CEU.

Me sorprendió, pero no tanto. Descubrí que en el fondo no habría yo esperado de ese gran señor severo, culto, conversador e irónico, a quien apenas allí había conocido, otra cosa sino que votara conforme a su conciencia. Otros, sus más cercanos, se sorprendieron más que yo. Y en ambos bandos algunos ni cuenta se dieron, como siempre; y otros, también como siempre, colocados ante lo que para su universo mental resultaba inexplicable, pensaron que se trataba de una conspiración, sin que les resultara claro de quiénes, contra quiénes y para quiénes.

* * *

Ante el pleno del congreso, para explicar la decisión sobre el tema, subió a la tribuna Luis Javier Garrido, respetado por todos. La argumentó con su estilo severo y el congreso designó un grupo de trabajo plural para elaborar un proyecto de declaración. Iba éste a ser votado como cierre en la última sesión plenaria.

En ese grupo estuvieron ocho congresistas: Luis Javier Garrido, Arturo Bonilla, Pablo Pascual Moncayo, Marcos Kaplan, Claudia Aguilar, Rosario Uribe, Raymundo Ramos y Adolfo Gilly. (Kaplan y Moncayo se fueron hace un tiempo, Luis Javier y Arturo Bonilla en estos inicios del año 2012). Por fin, llegado el grupo de trabajo a un texto de acuerdo, fue designado el doctor José Laguna presidente de la Comisión Uno sobre “El futuro de la UNAM”, como el encargado de presentar ante el congreso el documento.

Así lo hizo el doctor, bigotes blancos y pronunciación clara y conmovida, en la última sesión plenaria: se le veía contento del resultado obtenido. Concluida la lectura, votación; y –nueva sorpresa en la cajita de sorpresas del congreso– el bloque institucional votó en contra, desautorizó a sus representantes en la comisión y dejó colgado de la brocha al doctor José Laguna. Qué habría sucedido en las altas esferas externas al congreso que seguían de cerca sus debates, es tema para otras conjeturas.

La Declaración de principios de la UNAM, que así se llamó el documento en cuya redacción Luis Javier Garrido puso su trabajo, sus ideas y su modo apasionado de exponerlas, quedó para la historia. Pero quedó, y sigue siendo actual.
En su recuerdo aquí la reproduzco, pues habiendo seguido su trayectoria intelectual sé que hoy Luis Javier volvería a defenderla con la misma pasión ante cualquier auditorio y en cualquier congreso; y sé también que, palabras más, frases menos, eso que entonces parecía audacia se ha vuelto en la UNAM sentido común.

* * *

La declaración decía así:

La Universidad Nacional Autónoma de México es una comunidad de cultura integrada por profesores e investigadores, estudiantes y trabajadores. Tiene como tareas primordiales la enseñanza, el estudio y la investigación de las humanidades y las artes, la ciencia y la técnica, y la difusión más amplia de los beneficios de la cultura, con el propósito fundamental de servir a la sociedad mexicana y a la humanidad.

La UNAM funda su existencia en la cultura universal, con sus contenidos y valores, y en el proceso histórico de la nación mexicana y de los pueblos latinoamericanos. Sus rasgos se han definido en las luchas sociales de varias generaciones.

Institución pública de educación superior, autónoma frente al Estado por mandato constitucional y libre en consecuencia para organizarse de acuerdo con sus fines y naturaleza, la Universidad Nacional adopta para su vida interna formas de gobierno fundadas en la pluralidad y en la libre discusión de las ideas. En la organización interna de la UNAM, las instancias administrativas han de estar al servicio de la academia; las autoridades deberán ser representantes legítimos de la comunidad universitaria, y los órganos de gobierno, tanto a nivel central como local, han de guardar un equilibrio entre sí que impida la concentración de atribuciones.

La autonomía, conquista histórica y principio ético y legal, es condición esencial de la existencia de la Universidad Nacional de México. La autonomía se entiende como el derecho de la UNAM para gobernarse a sí misma al determinar su propia organización académica y administrativa, elegir sus autoridades, ejercer su actividad creadora y docente, y definir su desarrollo conforme a procesos propios de planeación y libre administración de recursos. Para la Universidad Nacional, la autonomía no tiene más límite que el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada.

La Universidad, definida en su proyecto histórico como institución de la sociedad, plural y democrática, es el espacio por excelencia para analizar y debatir todas las corrientes de pensamiento sin que la Universidad misma se identifique con ninguna de ellas. Al mismo tiempo, como entidad pública asume el compromiso de extender los beneficios de la educación y la cultura al mayor número posible de mexicanos.

La UNAM, institución fundamental en la educación mexicana que aspira a su articulación en un sistema nacional de educación superior, debe dedicarse de manera prioritaria al estudio de la realidad de México y en particular de sus grandes problemas. Será también factor determinante para preservar la identidad nacional. La Universidad impulsará el desarrollo de la ciencia, la técnica, las artes y las humanidades para contribuir a la vida plena del país dentro de la universalidad del conocimiento, a la superación de rezagos acumulados y al fortalecimiento de la independencia nacional.

La búsqueda de la calidad académica es una constante en las actividades de la Universidad Nacional. Para ello debe contar con mecanismos de evaluación interna, permanentes y rigurosos. La Universidad debe ser siempre evaluada por la propia sociedad, con la cual tiene un compromiso insoslayable.

La Universidad Nacional, al educar a las nuevas generaciones y difundir el saber, contribuye a crear premisas para la igualdad y la democracia.

Principios fundamentales del trabajo universitario son la búsqueda de la verdad; las libertades de estudio, de cátedra, de investigación, de confrontación de las ideas y de crítica, y el rechazo de toda forma de discriminación.

Son condiciones de la vida universitaria la tolerancia, el respeto y la solidaridad; y sus ideales, la justicia, la paz y la libertad.

* * *

Ahora que otra vez hemos entrado en tiempos de propuestas, programas y promesas, esos ideales que Luis Javier Garrido y sus compañeros dibujaban como horizonte nuestro: la justicia, la paz y la libertad, han adquirido, todos lo sabemos, apremiante actualidad. Más aún cuando los malquerientes de esa UNAM de entonces siguen siendo aquellos que a ésta de hoy malquieren y hasta su indoamericano escudo cambiarían.

Fallece Luis Javier Garrido, escritor y analista político

Morena está de luto. Descanse en Paz. En su memoria, seguiremos luchando

Por: Redacción / Sinembargo - febrero 2 de 2012 - 11:02


Luis Javier Garrido, el escritor, profesor e investigador universitario y analista político, falleció este jueves.

El colaborador del diario La Jornada se caracterizó por ser un crítico constante, usando argumentos políticos y sociales teóricos basados en el interés público y de las bases sociales.

Garrido fue hijo del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Garrido Díaz. Estudió Derecho en la UNAM, donde empezó a dar clases cuando cursaba el tercer año de la carrera de Teoría Política y Derecho en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso durante diez años.

Javier Garrido fue discípulo de Maurice Duverger, a quien conoció en la Pantheón-Sorbonne, gracias a una beca para cursar un posgrado en Ciencia Política. Duveger se convirtió en su director de tesis doctoral.

Su tesis doctoral, acerca del Partido Revolucionario Institucional, se reescribió en México y fue publicada por la editorial Siglo XXI Editores con el nombre de “El Partido de la Revolución Institucionalizada, que representa uno de los estudios más relevantes del Estado mexicano y del PRI.

Pocos meses después de regresar a México obtuvo un puesto como investigador. Años después la Máxima Casa de Estudios estipuló que la Coordinación de Humanidades no podía tener investigadores, así que Garrido tuvo que elegir un Instituto, el de Sociales fue su elección, donde labora desde entonces.

Ha dado cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM sobre Derecho Constitucional, Ciencia Política, Teoría Política, Sistema Políticos Contemporáneos, Teoría Constitucional y Derecho Constitucional.

En 1984 Héctor Aguilar Camín lo invitó a colaborar en el recién creado periódico La Jornada. Publicó, junto Heinz Dieterich y Noam Chomsky, los libros La Sociedad Global y Noam Chomsky habla de América Latina y México.

Luis Javier Garrido se caracteriza por su férrea defensa de los derechos y garantías constitucionales y los movimientos sociales.

Dentro de sus publicaciones periodísticas ha demostrado estar a favor de movimientos sociales como el del EZLN, así, también, se ha manifestado en contra de la elección presidencial fraudulenta de 1988 en México, el cobro de cuotas a los estudiantes de la UNAM en 1999.

Estuvo en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2004 y a favor de la Resistencia Civil Pacífica convocada por éste tras el conflicto poselectoral mexicano en 2006.

El precandidato presidencial por el PRD, a través de su cuenta de Twitter @lopezobrador_ mostró su pesar por el fallecimiento de su amigo.

“Acabo de enterarme del fallecimiento de Luis Javier Garrido. Hombre inteligente, íntegro y fraterno. Amigo entrañable. MORENA está de luto”, escribió.

Business are business. Luis Javier Garrido

La llamada guerra contra el narcotráfico” es, además de todo, un estupendo negocio para una serie de corporaciones afines a los demócratas estadunidenses, pero también para múltiples hombres de negocios vinculados al gobierno de Felipe Calderón, por lo que desde esa perspectiva, extremar la violencia resulta benéfico para los negocios.

1. El presidente estadunidense Richard M. Nixon acuñó el término de “guerra contra las drogas”, no debe olvidarse, en un discurso pronunciado el 17 de julio de 1971, en el que pretendió estar preocupado por el incremento del consumo de enervantes entre los soldados en Vietnam, cuando en realidad lo que buscaba era aprovechar la alarma que estaba creando al afirmar que las adicciones habían asumido la dimensión de “una emergencia nacional” para solicitar importantes recursos al Congreso a fin, entre otras cosas, de ir creando nuevos negocios en torno de esa supuesta lucha contra el narcotráfico.

2. La noción de “guerra contra las drogas” encubrió, por consiguiente, desde sus orígenes, además de una serie de objetivos políticos, estratégicos y militares de una potencia imperial, muy claros intereses económicos, tanto del Estado, que pudo disponer cada vez más de fondos excepcionales votados en la colina del Capitolio, como de una serie de consorcios empresariales asociados a esos intereses. Los expertos en la política de Washington sobre las drogas coinciden en que aun después de esa algarada de Nixon, nada cambió en las orientaciones generales de la política estadunidense, que siguió rigiéndose por la ley de 1970 sobre la prevención de las drogas, que no era otra cosa que una secuela de la ley Harrison de 1914 sobre narcóticos. Y nada cambió, ni siquiera al ser elevada dicha “guerra” al rango de ley el 28 de enero de 1972. Lo único nuevo desde entonces fue que los negocios florecieron aún más.

3. Las políticas de Washington en materia de drogas se han sustentado por consiguiente en los últimos años en esa doble vertiente contradictoria. Ha llevado a cabo Estados Unidos por un lado una campaña permanente pretendiendo combatirlas y brindar “ayuda” a otros países para supuestamente desalentar y reducir su producción, lo que ha entrañado incluso su intervención militar. Y, por el otro, ha tendido invariablemente a preservar el narcotráfico como un gran negocio, reordenado y dirigido desde Washington, el que ha beneficiado incluso, desde su lado ilegal, a políticos del más alto rango, y que desde su lado “legal” ha permitido al Estado mayores recursos y a múltiples empresas desarrollar una serie de negocios “legales”.

4. Las políticas del gobierno de Barack Obama en la materia han seguido escrupulosamente el esquema nixoniano, y cada vez que ha estado en algún problema político ha invocado a los cárteles mexicanos como una amenaza de “dimensión nacional”, para solicitarle recursos frescos al Congreso, sin dejar por lo mismo de apoyar a las multinacionales que están haciendo negocios multimillonarios con la “guerra contra el narcotráfico”. La debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le permitió a Washington en 2006 extremar su esquema de dominación sobre México pero también ampliar su red de negocios.

5. La “guerra contra las drogas” de Obama en México ha significado enormes negocios para una serie de empresas vinculadas a los intereses de los demócratas estadunidenses. En un reciente reportaje, Jorge Carrasco Araizaga da cuenta de cómo tanto las empresas privadas asociadas a la industria militar estadunidense como otras nuevas han obtenido millonarios contratos de Washington para proveer de equipamiento y material bélico y de otro tipo tanto a México como a Estados Unidos (Proceso, 2012), lo que se ha fortalecido por la presencia en territorio mexicano de las agencias del gobierno estadunidense, que Calderón ha autorizado operen aquí, y que se hallan bajo la coordinación del contralmirante Colin J. Kilrain, experto también en negocios.
6. Las políticas bélicas de Calderón han beneficiado enormemente a las trasnacionales, pero no sólo a éstas. El Pentágono ha obtenido mayores recursos del Congreso gracias a su intervención en México y en octubre de 2012 pidió otros mil 200 millones de dólares para operar en territorio mexicano, y los contratos de las empresas privadas no dejan de crecer. La Iniciativa Mérida implicó en sus inicios un paquete “de ayuda” de mil 400 millones de dólares, y ya para 2008, las empresas estadunidenses habían alcanzado contratos por 64 mil millones de dólares.

7. El aspecto más grave de estas políticas de guerra y negocios no lo constituye sólo el hecho de que se trata de un gasto descomunal creciente el que se ejerce para la destrucción en nuestro país, sino que es ya también este un negocio que beneficia a “empresarios” mexicanos coludidos con Calderón, en un escenario en el que México está maquilando material bélico estadunidense (cosa que se le olvidó a éste presumir en Davos), lo que es abiertamente contrario a la Constitución. Conforme al citado reportaje, el año pasado la empresa Aero Company, de Indianapolis, recibió más de 12 millones de dólares para fabricar tapones de armas de combate en San Luis Potosí, JDS Uniphase obtuvo contratos de la Marina estadunidense por 6 y 12 millones de dólares tanto para manufacturar sofisticados equipos bélicos como para elaborar sistemas de pruebas de armas en su planta de Guadalajara, y la Lockheed Martin, de Orlando, se consiguió 145 millones de dólares para elaborar sistemas de vehículos militares en Tijuana.

8. Las políticas de migración estadunidense amparan también enormes negocios, desde la construcción del muro fronterizo hasta los centros de detención que se construyen a lo largo de la frontera. ¿Por qué la “guerra contra el narco” no debería serlo? Por esa y otras razones, Calderón se aterró cuando Gil Kerlikowske, director de la Oficina de Control de Políticas sobre la Droga (ONDCP), declaró el 13 de mayo de 2009 que la administración Obama no utilizaría más el concepto de “guerra contra las drogas” por ser contraproducente, y tras negar haberlo él jamás usado ha buscado implementar desde entonces sus políticas de terror por otros medios.

9. El gasto descomunal de las políticas antidrogas no ha servido para terminar con un negocio que está más que nunca en auge –pues en el fondo sólo se ha buscado reordenarlo–, sino para sembrar un clima de violencia y terror en un país y matar a decenas de miles de mexicanos, pero también para impulsar una serie de negocios ilegales en los que están involucrados políticos y empresarios de ambos lados de la frontera, por lo que desmantelar todas esas redes de intereses espurios va a ser una tarea muy complicada en el futuro.

10. Esa confusión de intereses públicos y privados que asfixia a un pueblo que clama “¡Ya basta!” debe ser, por ello, evidenciada más abiertamente si se quiere construir un país diferente.

La “incursión”. Luis Javier Garrido

La incursión cada vez más frecuente e impune de convoyes militares y policiacos estadunidenses en la zona fronteriza de México es un signo inadmisible, no nada más del abandono absoluto que el Estado mexicano ha ido teniendo de sus funciones sustantivas, sino de la decisión de la burocracia panista de entregar la seguridad interna” del país al gobierno de Washington, que dirige ya sin ninguna reserva la llamada “guerra contra el narco”, con el objetivo evidente de reordenar el narcotráfico en función de sus intereses y de crear las condiciones para adueñarse por completo de los recursos estratégicos del país.

1. La información sobre la caravana blindada de fuerzas estadunidenses que cruzó por Matamoros hacia territorio mexicano el jueves 15 con la protección de un helicóptero (Proceso, 1834) no mereció, por ejemplo, mayor explicación del gobierno calderonista, ni la intervención del Senado, y mucho menos los comentarios de la prensa, a pesar de que como dice en su nota Jorge Carrasco Araizaga es una más de las que con frecuencia se sabe.

2. El Estado mexicano ha abandonado casi por completo en los años del PAN (2000-2012) el respeto a las garantías individuales, la tutela de los derechos sociales del pueblo y la defensa de los derechos de la nación, pero tan grave como lo anterior está siendo la decisión del gobierno de Felipe Calderón, intentando actuar conforme a los dogmas de la ideología neoliberal, de dejar de ejercer las funciones fundamentales del Estado y aceptar que buena parte de ellas las estén ya ejerciendo instancias extranjeras: desde el manejo de las finanzas hasta la de la seguridad de la nación.

3. Las “concesiones” de Felipe Calderón a Washington en materia de seguridad, pasando por sobre la Constitución mexicana y haciendo a un lado al Senado, rebasan lo imaginable: el manejo de la Marina y el Ejército para ser usados como cuerpos policiacos “contra el narco” (y contra los movimientos sociales); la presencia sin conocimiento alguno del gobierno de México de agentes estadunidenses; su creciente injerencia en el control de las dos fronteras, los aeropuertos, las costas, los puertos y el espacio aéreo de nuestro país; la apertura de oficinas para las agencias de Estados Unidos en territorio mexicano, de las cuales una en la ciudad de México es un verdadero búnker; el permiso permanente a aviones no tripulados para sobrevolar el territorio nacional. Y ahora, el libre tránsito de convoyes en la frontera norte. ¿Con qué objetivo?, todavía se preguntan algunos.

4. Los datos hechos públicos el sábado 17 sobre el hecho de que al menos 80 ex funcionarios mexicanos de alto nivel trabajan para agencias estadunidenses, en abierta contravención a la Constitución (La Jornada, 18/12/11) se complementa con la información ya publicada en el sentido de que funcionarios de primer nivel del gobierno de Calderón –entre ellos Alejandro Poiré y Ernesto Cordero– habrían recibido cursos especiales en Estados Unidos para ser adiestrados de manera “conveniente”, y por lo mismo no pareció sorprender tampoco en este contexto.

5. La información de que panistas se hallan al servicio directo de Washington como sus empleados no motivó mayor reflexión de los medios, pues ya Philip Agee en su Inside the Company, CIA diary (Penguin, 1975), que le costó tener que exilarse por varias décadas, había señalado que López Mateos (Lienvoy-2 o Litensor), Díaz Ordaz (Litempo-8) y Echeverría (Litempo-14) trabajaron para la CIA, lo que corroboró Jefferson Morley en Our man in Mexico: Winston Scott and the hidden history of the CIA (University Press of Kansas, 2011). Lo nuevo ahora es empero que la subordinación de los funcionarios del PAN se da con carácter orgánico: la Marina-Armada Nacional y el Ejército están recibiendo órdenes de las agencias estadunidenses como muchos responsables de la administración central, y el objetivo es claro: la defensa de los intereses estadunidenses.
6. El narcotráfico, que es el pretexto para esta parafernalia, habría que recordarlo, estuvo en México casi desde los años 40 bajo el control de Washington, no de cárteles estadunidenses sino del propio gobierno. En sus orígenes el incipiente negocio había sido manejado de manera rudimentaria por mexicanos, como la célebre Lola la Chata, hasta que cerca del medio siglo llegó la penetración de los intereses estadunidenses y empezaron a intervenir en México desde Lucky Luciano a Frank Costello. Juan Alberto Cedillo recuerda en La Cosa Nostra en México (1938-1950) cómo Virginia Hill, la Reina de la Mafia, corrompió a funcionarios del gobierno de Miguel Alemán, lo que le permitió gran poder a los grupos de Chicago y Nueva York, aunque ya para la administración de De la Madrid, todo empezó a cambiar: la influencia en México de las actividades primero del cártel de Medellín y luego del cártel de Cali hizo posible que el negocio lo empezaran a controlar mexicanos, lo que se hizo claro en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y esto ha sido inadmisible para Washington.

7. El cine de Hollywood de principios de los años 50 buscó en varios films noir –como Ocean drive (1950), de Joseph M. Newman; The racket (1951), de John Cromwell y Nicholas Ray, o The big heat (1953), de Fritz Lang–, que coincidieron con los trabajos de la comisión senatorial de Estes Kefauver, mostrar que el vínculo entre funcionarios y mafiosos era circunstancial, pero lo único que lograron es evidenciar su carácter estructural.

8. Los poderosos intereses financieros, económicos y políticos que tiene Estados Unidos en el narcotráfico hacen que resulte inaceptable para la Casa Blanca la situación prevaleciente en México y en otras latitudes, y que a toda costa quiera controlar todo el negocio, como lo está buscando lograr lo mismo en Pakistán y Afganistán que en Sudamérica, al mismo tiempo que pretende manejar los recursos estratégicos del planeta y consolidar su dominio estatégico. El punto que resulta central de todo esto es que para eso sirve “la guerra contra el narco”, y para ese propósito han muerto más de 50 mil mexicanos.

9. El libre tráfico de tropas estadunidenses a México es, por lo mismo, un paso gravísimo más de la actual burocracia gobernante hacia el vacío, pues sus integrantes están resaltando todos su papel de comparsas de Washington, y los rasgos que está adquiriendo México como un protectorado, en el que no hay un futuro para sus habitantes, carentes en este escenario de un proyecto nacional, de ahí que les interese hacer creer que tienen para ello un aval social, como lo pretendía una encuesta publicada por El Universal el día 23 afirmando que la mayoría de los mexicanos aprueba la creciente intervención de Estados Unidos.

10. En este contexto, el gobierno de Calderón pretende dejar a un panista en la silla presidencial a pesar del “¡Ya basta!” de los mexicanos, de ahí que la anulación absurda de la elección municipal de Morelia con la que termina este 2011 no parece más que advertir que le es posible la imposición en el 2012 pues controla lo mismo al IFE que al Tribunal Electoral y, por si alguien lo dudara, recordar también que la “guerra contra el narco” tiene un objetivo particular: consolidar el dominio sobre el país de la coalición de intereses que lo han apoyado, a pesar del desastre en el que ha hundido al país.

El artículo 24. Luis Javier Garrido

La contrarreforma constitucional en materia de cultos que se pretende aprobar en México es violatoria de los derechos humanos, no puede ocultar su carácter como un atentado a la libertad de creencias y constituye por lo mismo un retroceso histórico gravísimo, por mucho que busquen disimularlo políticos y abogados vinculados a los intereses financieros y políticos del clero católico tergiversando su sentido.

1. La contrarreforma al artículo 24, impulsada por Felipe Calderón y aprobada por la Cámara de Diputados en un albazo el 14 de diciembre, antes de pasar el año próximo conforme al 135 al Senado y a las legislaturas locales, constituye en efecto un intento por terminar con el Estado laico en México pues “legaliza” la pretensión de la Iglesia católica de apoderarse de plazas y calles, de los medios de radiodifusión y de las escuelas públicas, de ahí el júbilo desbordante de su jerarquía expresado el viernes 16.

2. El objetivo de la contrarreforma es muy claro, y a nadie se ha ocultado que tras la frasecita “tanto en público como en privado” se satisface la pretensión histórica de la Iglesia católica de legalizar el culto religioso fuera de los templos (en avenidas y plazas públicas), poder contar con un canal de televisión y establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, en lo que se está entendiendo es un golpe definitivo al Estado laico, alguna vez aspiración de los mejores hombres del país.

3. En vistas a las elecciones de 2012, el arreglo de Calderón con el Vaticano es muy obvio: garantizar el respaldo de la Iglesia a su candidato. La visita del papa Benedicto XVI a Cuba y a México, “antes de la Pascua de 2012”, en plena campaña electoral, para llevar a cabo actos de culto público en Guanajuato –escenario de la Guerra Cristera desatada en los años 20 por el clero para defender sus privilegios, y probablemente en el cerro del Cubilete–, anunciada días atrás, es de carácter político pues el antiguo miembro de las SS hitlerianas busca en Cuba criticar al régimen revolucionario y en México tener un impacto mediático como el logrado por su antecesor Juan Pablo II en 1979, 1990, 1993, 1999 y 2002 con un mensaje también de carácter político.

4. La mecánica de lo que se está haciendo es muy burda, pues se modificó primero la ley reglamentaria, para consignar como posible lo que el texto de la Constitución prohibía y ahora éste se cambia conforme a lo que era una ley anticonstitucional, que le da a la jerarquía católica, con todo su poderío económico y material, y su alianza histórica de carácter mafioso con el calderonismo, la posibilidad de imponerse propagandísticamente afuera de los templos, lo que no querían más los hombres de “la Reforma”, atentando así contra la libertad de creencias en México.

5. La responsabilidad por esta regresión sorprende no en el caso del PAN, que es ya desde 2006 un partido golpista, y que con Fox y Calderón, al abandonar el legado histórico de Manuel Gómez Morín, se volvió un partido pro estadunidense y sometido al Pentágono, clerical, y fascista, defensor de las multinacionales y contrario a los derechos del pueblo mexicano, sino en quienes traicionando los principios de su partido le han servido de cómplices en este atentado histórico, el PRI y los chuchos del PRD, sin quienes esta contrarreforma no pasaría.

6. Enrique Peña Nieto no puede ser moralmente presidente de México, no por no haber leído a un escritor a fin de cuentas mediocre y oportunista como Carlos Fuentes (que lo mismo apoyó a Luis Echeverría que a los panistas), sino por haber contribuido a hacer del PRI un partido comparsa del PAN, traicionando los principios partidistas, y que en este sexenio ha respaldado de igual manera la cesión de facultades del Estado mexicano a Washington, la entrega de Pemex a las trasnacionales y la claudicación frente a todos los poderes fácticos, incluyendo a la Iglesia católica, que tiene ahora la posibilidad de retornar al marco jurídico de principios del XIX.
7. La decisión de los chuchos del PRD es a su vez patética, pues decepcionados por no haber podido hacer candidato presidencial a su hombre de confianza Marcelo Ebrard, y traicionando no se diga a los principios de su partido sino al pueblo mexicano, a cambio de hacer presidente de la Cámara de Diputados por unas cuantas semanas a un hombre sin principios como Guadalupe Acosta Naranjo, se suman una vez más al carro del calderonismo con el que tienen una alianza estratégica.

8. Al analizar el primer intento de reforma, llevado a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833, Jesús Reyes Heroles, otrora considerado “ideólogo del PRI” –y a quien no han leído ni Peña Nieto ni los chuchos perrredistas–, explica cómo existía en México “una Iglesia que era Estado, y un Estado que era Iglesia”. El periodo de la Reforma, que costó a México más de medio siglo de guerras civiles, culminó con la derrota del Partido Conservador y la expedición de las Leyes de Reforma (1855-1863), aprobadas durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, y consignadas después en los artículos 24 y 130 de la Constitución de 1917, que buscaron establecer una separación Estado-Iglesia y consignar la libertad de creencias como garantía fundamental. Esta legislación no restringió derecho alguno de la Iglesia sino que defendió los derechos de los mexicanos terminando con los privilegios que tenía la jerarquía al realizar funciones del Estado, de tal suerte que el propio Maximiliano decidió mantenerla, lo que lo sitúa a la izquierda de personajes tan sórdidos como los que hoy buscan terminar de destruirla.

9. Los privilegios de que gozan los gobernantes mexicanos en el Vaticano, habría que interrogarse, ¿no derivan acaso de una negociación para obtener beneficios privados a cambio de concesiones de Estado? El papado se opuso en un tiempo a divorciar a los jefes de Estado a cambio de recibir prerrogativas, y así Clemente VII se negó a divorciar a Enrique VIII de Inglaterrra de Catalina de Aragón en 1532 arriesgando el cisma de la Iglesia anglicana, pero con los mexicanos las cosas han sido muy distintas, y nadie se pregunta por qué Juan Pablo II, transgrediendo el derecho canónico y los dogmas de su Iglesia, anuló el matrimonio de más de 40 años de Vicente Fox en 2008 y el de Marthita Sahagún poco después, y Benedicto XVI hizo lo propio con La Gaviota para que pudiera casarse por la Iglesia católica romana con Enrique Peña Nieto.

10. Los programas neoliberales impuestos a México por el capital trasnacional con la complicidad tanto de los tecnócratas salinistas del PRI como de los panistas (y ahora de los chuchos perredistas) no tienden a “modernizar” a México sino a regresarlo la “ley de la selva” que prevalecía en el siglo XIX. Las contrarreformas a los artículos 3, 24, 27 y 130 de Salinas de Gortari en 1992 y ahora la pretensión de Felipe Calderón en 2011-2012 de liquidar el 24, no buscan “modernizar” las relaciones Estado-Iglesia sino retrotraerlas a lo que eran antes de la Reforma, tratando de borrar más de un siglo de luchas del pueblo mexicano, y cualquier exigencia de “¡Ya basta!” no parece ser suficiente sino que urge una movilización popular más decidida.

El irresponsable. Luis Javier Garrido

La multiplicación de las acusaciones y señalamientos al gobierno panista por los crímenes de Estado cometidos en los pasados cinco años ha cogido desprevenido a Felipe Calderón al iniciar su último año de gobierno, y no parece acertar a otra cosa más que a asumir una actitud defensiva para invocar su irresponsabilidad por lo acontecido, arrojar a otros las culpas, manifestar su desconocimiento sobre muchos de los aspectos de su “guerra contra elnarco” y clamar una y otra vez que él es el representante de las fuerzas del bien que luchan contra el mal.
1. El inicio del último año del sexenio de un gobernante mexicano ha estado marcado siempre por su pérdida de poder político y por la emergencia del descontento popular acumulado durante cinco años, y el de Calderón no está siendo la excepción, pues a pesar del clima de amedrentamiento en el que sustentó su gestión, los actos represivos que caracterizaron su administración –que no tienen precedente en la historia moderna de México–, a pesar de haber sido presentados mentirosamente a la opinión nacional, empiezan a ser hoy objeto de investigaciones independientes y de una condena sin concesiones.
2. Los bárbaros actos de exterminio que horrorizaron durante cinco años a los mexicanos, y que el gobierno panista con cínico desparpajo atribuyó siempre al crimen organizado, es decir a los cárteles del narcotráfico, está siendo hoy reconocido que son también imputables al gobierno federal.
3. La pretensión de desconocer muchos aspectos de lo que está aconteciendo durante la llamada “guerra contra el narco” no exonera desde luego de sus responsabilidades políticas y penales a Calderón, sino que por el contrario brinda nuevas evidencias sobre su papel al aceptar que la conducción de las operaciones policiaco-militares que se llevan a cabo en territorio mexicano estuviera a cargo de agencias estadunidenses que evidentemente no le informarían de sus acciones, por lo que el escenario para hacer a México el objetivo de una intervención sigue avanzando. Un pánel de la Cámara de Representantes aprobó ayer un plan de contrainsurgencia para México a fin de combatir a los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas: lo que han estado fraguando desde hace meses los halcones de Washington con la complicidad de Calderón y los panistas. La cesión de facultades constitucionales a un poder extranjero no es nada más por lo mismo un acto de irresponsabilidad, sino también de traición a la patria.
4. Las preguntas que se pueden hacer sobre las consecuencias de esta guerra evidencian que no se puede eximir de responsabilidad por lo anterior al titular de facto del Ejecutivo ni a los funcionarios federales. ¿Quiénes han sido los autores de los homicidios, secuestros e innumerables matanzas de los últimos años? ¿Las fuerzas del mal, como pretende demagógicamente Calderón, y lo repiten los medios, o cuerpos de la Marina Nacional o del Ejército? ¿O los paramilitares oficiales creados por el gobierno calderonista conforme al modelo colombiano, en el marco de la Iniciativa Mérida y siguiendo las directrices estadunidenses?
5. Entre el dilema de aceptar la complicidad por actos criminales de Estado o invocar una ignorancia sobre lo que está aconteciendo en el escenario de violencia generado por su gobierno, Calderón está ahora optando por esto último, lo que no lo exime desde luego de nada. La declaración hecha en Washington por Alejandra Sota (vocera de Los Pinos) el domingo 11, en el sentido de que el gobierno calderonista desconocía que la DEA lavaba dinero en México, como lo informó The New York Times días atrás, no hace más que evidenciar más a un gobierno al margen de las decisiones fundamentales que alguien está tomando en la “guerra contra el narco”.
6. La minimización de la gravedad de los hechos por parte de Calderón no parece ser tampoco una salida airosa ante la acusación que se le formuló a él y a su gabinete de seguridad en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) por los delitos de lesa humanidad que presuntamente han cometido durante su guerra contra el crimen organizado, denuncia que lo puso tan desasosegado que está cambiando su versión sobre lo que pasa. Los medios quedaron sorprendidos de que en sus intervenciones cotidianas, los días 8 y 9 de diciembre, como anunciando que en ese argumento basaría su defensa de ser procesado por algún tribunal internacional, reconoció fallas en su estrategia y culpó al Ejército de violaciones a los derechos humanos, aunque pretendiendo minimizarlas (como si esto fuera posible) y reducirlas a casos esporádicos: pues son la excepción, dijo, y no la regla (La Jornada, 9 de diciembre).
7. La decisión de arrojar a otros la responsabilidad por los actos del gobierno federal no es tampoco nueva y no extrañan por eso los dimes y diretes que se han producido luego del homicidio el 12 de diciembre de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) en la Autopista del Sol al pretender desalojarlos, pues de acuerdo con la versión de ellos mismos estuvieron sometidos al fuego cruzado de la Policía Federal y de los cuerpos policiacos estatales. El gobierno calderonista busca sin embargo sacar raja del crimen, y pretende a la vez autoexonerarse y apoderarse del gobierno guerrerense si logra defenestrar al gobernador Ángel Aguirre, cuando lo cierto es que son tan culpables éste como los funcionarios federales, que tenían una doble responsabilidad del operativo: por producirse en una carretera federal y por el hecho de que en el convenio de Guerrero Seguro, suscrito en octubre, el control de la seguridad estatal quedó a cargo del gobierno federal.
8. El crimen de la Autopista del Sol ha suscitado una indignación nacional inesperada no nada más por haberse asesinado a sangre fría a dos jóvenes estudiantes, sino porque los videos con los que ambas partes buscan culpar a la otra no hacen más que evidenciar que el gobierno federal y el estatal se comportaron de la misma manera, y que el poder que gobierna a México tiene una naturaleza criminal. La muerte de los estudiantes guerrerenses pone en la reflexión nacional a los cientos de miles de muertos en este sexenio que son imputables a las fuerzas del Estado, porque el crimen organizado se halla también en el poder público.
9. El ministro en retiro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, con gran valor civil señaló en días pasados durante una entrevista en La Jornada(11 de diciembre) lo que todo mundo empieza a conocer pero que pocos se atreven a decir: que el negocio del narco pasa por los intereses del gobierno. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, quien está protegido por Washington (y por Calderón) es parte de un equipo, dijo Castro y Castro, ligado a los cárteles.
10. El gobierno de facto, de acuerdo con múltiples evidencias, está involucrado a todas luces con el negocio del narcotráfico y es un actor fundamental en las represiones y crímenes de estos años, por eso no es suficiente el ¡Ya basta!, sino que urgen acciones ciudadanas más decididas.

El encubridor. Luis Javier Garrido

El gobierno de Felipe Calderón y los panistas se han desbocado al iniciar su último año de gobierno al acusar a sus opositores de formar parte del crimen organizado”, pero evidencias de todo tipo parecen mostrar que en realidad éste ha gobernado durante cinco años al país.

1. La injerencia de lo que los panistas llaman el “crimen organizado” en las elecciones se hizo patente desde 1988 cuando se señaló al cártel de Medellín de haber intervenido en apoyo de Carlos Salinas de Gortari, y desde entonces lo mismo a candidatos del PAN que del PRI se les ha asignado vínculos con los cárteles. Así fue como de manera muy reiterada se señaló tanto en la campaña de Vicente Fox en el 2000 como en la de Felipe Calderón en el 2006 que habían recibido abundantes recursos del narcotráfico, sin que jamás se investigase nada.

2. El argumento esgrimido por Ernesto Zedillo en 1996 en el sentido de que el “macrofinanciamiento” de los partidos tenía como propósito impedir que el “dinero sucio” llegase a éstos, habría resultado de esta manera una falacia. El dinero del narcotráfico se halla en las instancias financieras, burocráticas y de seguridad del Estado, como también en las del Pentágono, las de la DEA y las de otras agencias del gobierno estadunidense, supuestamente dedicadas a combatirlo, y según múltiples analistas llegó hasta la Casa Blanca en los años de George Bush padre, por lo que no habría por qué suponer que no interviene en el caso de algunos candidatos a cargos de elección.

3. La tesis a la vez pueril y perversa que Felipe Calderón ha estado manejando desde que fracasara en su intento de imponer con procederes ilegales a su hermana Cocoa como gobernadora de Michoacán, en el sentido de que fue derrotada por la intervención del narco, aunque sin presentar pruebas de su dicho, como la campaña que ha empezado a orquestar en vistas al 2012 pretendiendo que él y los panistas luchan contra el “crimen organizado” y el PRI está aliado a éste, configura no sólo una serie de acciones delictivas que podrían llevarlo al desafuero, pues envilece de manera muy grave el proceso electoral, sino un acto de bajeza política. Enrique Peña Nieto, el precandidato presidencial del PRI, tiene razón al menos en ese punto al señalar el miércoles 7 que es preocupante su actitud de descalificación. Con su activismo en estas semanas, no como jefe de Estado (papel que Calderón nunca entendió) sino como jefe de partido o de facción, lo único que el gobernante espurio ha logrado es derruir a las instituciones y hacerle un gran daño al país.

4. La historia reciente no ayuda empero a Calderón, pues su “guerra contra el narco” ha tenido como objetivo hundir a México en la violencia a fin de propiciar que Washington se apodere de espacios estratégicos del país y reordene el negocio en su beneficio (y en el de los grupos que protege en México), como lo está haciendo en Afganistán. Las evidencias múltiples de que ambos gobiernos estuvieron de acuerdo desde 2008 en la introducción clandestina de armas a México destinadas a los paramilitares y a los cárteles aliados a ellos (aunque después simularan amnesia) se han visto confirmadas con la información sobre el “lavado de dinero” que el domingo 4 publicó The New York Times, pues la nota de Ginger Thompson da cuenta de que la DEA ha lavado impunemente dinero en México en contubernio con el gobierno mexicano.

5. En el escándalo suscitado tras el incendio del casino Royale en agosto apareció también el vínculo del círculo íntimo de Calderón con las mafias que controlan los casinos en el país, pues el zar de éstos, Juan José Rojas Cardona, fue señalado por haber entregado “dinero ilícito” a la campaña de Calderón en 2006 (Proceso, 1818), y por estar armando una trama con los casineros a fin de que financien la campaña de Ernesto Cordero. Las notas publicadas en los meses recientes dan cuenta de cómo los panistas se fueron de bruces con el negocio de los casinos, legalizando a cientos de ellos desde que Santiago Creel estaba en Bucareli, con el fin de utilizar el dinero que el negocio les dejaba en sus campañas electorales, y cómo a pesar del incendio del Royale siguen adelante en su negocio.
6. El escandaloso caso de Monterrey, que con razón ha ido suscitando un amplio repudio a Calderón, no ha dejado de crecer. Calderón personalmente le exigió al CEN panista hace años que lograra que los diputados del PAN votaran la legalización de los casinos y ahora él es señalado por estar atrás de la exoneración del panista Fernando Larrazabal o Larry, presidente municipal de Monterrey y operador en el norte de la campaña de Cordero, evidenciado por Reforma de tener una trama criminal con su hermano Jonás, también puesto en libertad y declarado inocente, no obstante los videos que muestran a este último recibiendo dinero en los casinos a cambio de la protección que les ofrecería el ayuntamiento.

7. Los inmensos negocios ilícitos en detrimento de la nación a los que se han entregado los panistas, y en particular Calderón y su grupo, han sido develados por múltiples reportajes, pero en uno de los más recientes que ha sido publicado, El cartel negro, de Ana Lilia Pérez (Grijalbo, 2011), aparece documentado cómo en la empresa de apoderarse de Pemex han estado asociados los panistas a una serie de grupos mafiosos, en particular desde que en 2004 Calderón fungiera como secretario de Energía y en 2007 Mouriño creara un entramado ilegal para enriquecerse con la privatización de la paraestatal, y cómo la corrupción oficial se justifica ideológicamente: abrir la vía a un mayor control de los recursos estratégicos por el capital trasnacional.

8. La naturaleza de las ejecuciones que se han producido en México en los últimos meses confirma por otro lado la vinculación del gobierno con otra vertiente del crimen organizado: la de los grupos armados ilegales, creados y protegidos por las autoridades. La multiplicación de los homicidios no aclarados de luchadores sociales y de defensores de los derechos humanos por grupos paramilitares oficiales es un lugar común en América Latina, pues todos los involucrados en estos esquemas del crimen buscan impedir a toda costa que se conozcan los vínculos entre el poder político y los sicarios del gobierno, y México no es la excepción. Un buen número de las ejecuciones y matanzas que han acaecido en los años del calderonismo han sido atribuidas a las autoridades y no a los cárteles, por la sencilla razón de que son aquéllas las interesadas en silenciar a quienes están presentando denuncias por múltiples atropellos, como acontece ahora con Trinidad de la Cruz, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

9. La denuncia presentada por miles de mexicanos ante la Corte Penal Internacional de La Haya el 25 de noviembre contra Calderón y su “gabinete de seguridad” por delitos de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra el crimen organizado”, y a la que éste aludió en desasosiego durante su entrevista con Joaquín López Dóriga en Televisa los pasados días 6 y 7, abre por lo mismo la posibilidad de que el país conozca mejor la verdad de lo que está aconteciendo.

10. El gobierno de facto está decidido a imponer a un panista en la silla presidencial, pero no se ha dado cuenta de que la exigencia de “¡Ya basta!” va en serio, pues amplios sectores están decididos en México a hacer valer sus derechos.

La oferta. Luis Javier Garrido

La vida política mexicana es más sórdida de lo que muchos piensan, y al final de un sexenio desastroso marcado por la violencia, la demagogia y el entreguismo del gobierno de facto de Felipe Calderón, las amenazas que se ciernen sobre el país, ante el riesgo que ve la ultraderecha yunquista de perder el poder, se están multiplicando, como se ve ahora en la velada oferta del PRI a Calderón para gobernar juntos en el futuro.

1. La situación caótica de México es cada día más grave en lo social y en lo económico, y a la violencia generada no por los narcos sino por el gobierno calderonista (en particular en los estados gobernados por el PRI y el PRD), se suceden nuevas amenazas, como la iniciativa para instaurar un Estado policiaco o la cancelación del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo, y ahora para instaurar por decreto un gobierno de componenda PAN-PRI.

2. El desencuentro del PAN con el PRI, los dos partidos de la derecha, aliados para imponer en 2006 por la vía del fraude a Calderón en la silla presidencial, se está tratando de arreglarlo por medio de una serie de iniciativas de varios priístas, atrás de las cuales se ve la mano de Carlos Salinas de Gortari, y que dejan traslucir una oferta del PRI al PAN para instaurar un gobierno homogéneo de ultraderecha, a fin de seguirle cancelando derechos a los mexicanos.

3. El desencuentro actual entre el gobierno panista y el PRI lo caracterizó mejor que nadie Enrique Peña Nieto al ser entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Milenio Televisión el martes 27, en donde por lo menos en cuatro ocasiones el ex gobernador mexiquense reiteró con simpleza, al más puro estilo salinista, que el gobierno rompió su alianza con el PRI al impulsar a mediados de 2010 las alianzas PAN-PRD, que iban precisamente contra el PRI. El agravio del priísmo con Felipe Calderón no es por lo tanto por hundir a México en un baño de sangre para facilitar el desmantelamiento del Estado nacional, por abdicar de la voluntad soberana de México para hacer viable el control de la seguridad interna por agencias de Washington, por pisotear la Constitución para entregar el petróleo y los recursos estratégicos a las trasnacionales, por forjar un entramado de corrupción sin paralelo entre sus allegados o por hacer nulos los derechos sociales de los mexicanos, medidas que en mayor o menor medida han avalado los priístas. Es por pretender liquidar históricamente al PRI.

4. En otras palabras: lo que Salinas y el PRI reclaman a Calderón no es su traición a México y a la Constitución que protestó guardar, sino su traición al PRI, al lanzarse desbocado en 2010 y 2011 en la vía que definieron en los años 80 los asesores de Ronald Reagan y George Bush e hizo suya la ultraderecha mexicana: la de buscar el exterminio del PRI, por ser el emblema del Estado intervencionista, y terminarlo como una alternativa, lo que ha sido desde entonces el deseo más profundo del fanático ultraderechista y cerril que es Felipe Calderón, por mucho que haya sido el PRI el que en 2005-2006 lo instaló en la silla presidencial y lo cobijó en sus primeros años de supuesto “gobierno”.

5. La alternancia acordada en 1989 se produjo en México en 1997 y en 2000, al montarse la “clase política” sobre las demandas del pueblo que exigía una verdadera y real democratización, y se concretó en acuerdos oscuros, no escritos e impulsados desde Washington, sin el consenso del pueblo, para que el PRI entregara temporal y no definitivamente el gobierno al PAN (todo ello para cerrarle el camino a las fuerzas populares), acuerdos que según los priístas Calderón busca ahora desconocer.
6. La segunda fase de esta oferta está implícita en las declaraciones hechas por Humberto Moreira (presidente del CEN del PRI) el lunes 26, al recordarle a Calderón que con Cordero o con Josefina el PAN tendrá que salir de Los Pinos y está destinado a ser la tercera fuerza política en el Congreso, luego de su fracaso histórico, ya que el verdadero oponente a vencer por los dos partidos de la derecha –el PAN y el PRI– es Andrés Manuel López Obrador, al que Calderón ha buscado en vano disminuir con la manipulación grosera de los medios, terminando por lo visto por creerse sus propias mentiras.

7. La encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre las preferencias en el PRD, difundida el miércoles 28 por Milenio Diario, que da 62 por ciento a López Obrador contra 27 por ciento a Ebrard, no hace más que confirmar lo que todo mundo sabe, de ahí la cólera de panistas y chuchos perredistas al evidenciarse que sólo mediante un fraude descomunal podrían imponer a Ebrard como abanderado “de la izquierda” para que fungiera malgré lui como comparsa de la derecha. De ahí la insistencia de Moreira en que las dos fuerzas de la derecha neoliberal entiendan cuál es “la competencia real”.

8. La tercera y última iniciativa que precisa el sentido de la oferta de Carlos Salinas de Gortari al gobierno panista en desastre es la expresada por el senador Manlio Fabio Beltrones, quien en diversas ocasiones en el curso del mes de septiembre ha propuesto que esa “coalición” deba “institucionalizarse”, nada menos que estableciendo en la Constitución General de la República el principio de la alianza forzosa y permanente en una legislatura de dos fuerzas políticas que puedan constituir una mayoría permanente, lo que a su juicio evitaría lo que llama “la ingobernabilidad” y “la balcanización” al configurarse un respaldo mecánico e incondicional al Ejecutivo, lo que de paso evitaría las querellas, como todas las que Calderón ha generado en su torpe afán de establecer un presidencialismo absolutista y centralizador en detrimento del Congreso y de las entidades.

9. La oferta de Beltrones y del PRI busca en todo caso crear las condiciones para que el gobierno panista pudiera tener un fin de sexenio menos conflictivo (con el apoyo del PRI), y de paso se moderara la alienación desbocada de Calderón de seguir tratando de imponer a la malagueña a su delfín en Los Pinos, pero sobre todo se sentaran, a espaldas y contra del pueblo, las bases autoritarias (ya constitucionalizadas) de una supuesta Presidencia del PRI con el respaldo de los factores de poder que sostienen hasta ahora al PAN: los halcones del Pentágono y el sector integrista de la jerarquía católica, obsedidos ambos en mantener a Acción Nacional en Los Pinos.

10. Las amenazas para los derechos de los mexicanos van a ser cada vez mayores a lo largo de la coyuntura electoral (ya que la derecha en el poder cree que muchas de sus iniciativas van a pasar inadvertidas), y por ello el clamor de “¡Ya basta!” debe ir sostenido por una movilización cada vez más importante y por la decisión de las mayorías de impedir que tras el 2012 las minorías oligárquicas sigan disponiendo del país.

Los riesgos... como el del casino en Monterrey

Luis Javier Garrido


El gobierno de la derecha panista está tratando de venderle a Washington la tesis de que su proyecto de intervención militar y económica en México y en otros países del continente, sustentado en la Iniciativa Mérida, estaría en grave riesgo de no imponerse a otro miembro del PAN en Los Pinos en 2012, y esto lo está llevando a un mayor entreguismo y a intensificar la violencia originada por el Estado.
1. Las elecciones presidencial y legislativas de 2012 se están presentando de esta manera, desde hace tiempo, como coyuntura crucial no nada más para los intereses de los grupos mafiosos en el poder en México sino también para las políticas de Washington tendientes a controlar América Latina, en vistas a disponer de los recursos estratégicos del continente, y es cada vez mayor la injerencia de múltiples grupos de interés extranjeros en el proceso político de México, de manera que los meses previos a los comicios se presentan bajo el signo de múltiples conflictos.

2. La administración Reagan impuso desde inicios de los años 80 del siglo pasado la tesis de que políticos de derecha, por muy ineptos e ineficientes que fuesen, servirían mejor en México a sus intereses que los surgidos del PRI, marcado a juicio de Washington por el estatismo y el populismo –sobre todo tras la nacionalización de la banca de 1982– o desde luego que políticos con un compromiso social y una visión de Estado que respondieran a las expectativas populares. Fue así que las siguientes administraciones de George Bush (1989-1993) y William Clinton (1993-2001) impulsaron decididamente ese objetivo, que más tarde las de George Bush Jr. (2001-2009) y Barack Obama (2009-…) han buscado consolidar con ese mismo criterio de que personajes mediocres de la derecha oscurantista, clerical y fanática del PAN, como Felipe Calderón, son más útiles y efectivos para sus intereses.

3. La pretensión de Felipe Calderón de que luego del desastre absoluto de su administración en todos los órdenes, Estados Unidos, avale su pretensión de dejar a un panista en Los Pinos, y que ha sido vista como descabellada hasta para el mismo capital nacional y trasnacional, sigue vigente por lo mismo, por mucho que aparezca como un absurdo. Eso explica que dos aspirantes señalados como ineptos, como el titular de Hacienda, Ernesto Cordero (candidato de Felipe), y el secretario de Educación, Alonso Lujambio (candidato de Margarita), se sientan con posibilidades. O que Slim (es decir, Salinas) coquetee con el senador Beltrones (un candidato para perder) a fin de enviarle señales a Peña Nieto (un candidato para pelearla) de que no está todo decidido.

4. O, lo que es todavía más grave, que se estén multiplicando una serie de iniciativas políticas, que comprometen no nada más a Calderón y a los panistas sino también al PRI, las que atentan abiertamente contra el porvenir del país como una nación libre y soberana, pues al parecer ambas fuerzas políticas están dispuestas a hacer las mayores concesiones a Estados Unidos con tal de tener el respaldo de la administración de Obama en 2012.

5. El PAN y el PRI, según todos los indicios, están buscando en esta coyuntura hacer prevalecer los intereses facciosos que representan –y que en el fondo son los mismos–, y para ello no están dudando en hacer entrar de manera cada vez más abierta y peligrosa a Washington en el proceso mexicano.

6. Washington está teniendo que enfrentar en el norte de África y en el Medio Oriente nuevas y riesgosas guerras de intervención en su diseño de controlar el petróleo y los principales recursos estratégicos del planeta, pues la mascarada de la primavera de los pueblos árabes se ha desvanecido ante la realidad de la intervención armada extranjera, y el proyecto de instaurar en esos países con facilidad un nuevo autoritarismo (pro Estados Unidos) en vez del antiguo autoritarismo (menos dependiente), se está complicando de fea manera en Libia y en Siria, en donde está apareciendo el riesgo de que se iraquicen los conflictos, mientras en Túnez y Egipto las cosas no están tan claras para las corporaciones estadunidenses.

7. En México, por el contrario, con Felipe Calderón y un puñado de políticos fanáticos, sumisos y traidores de la ultraderecha mexicana, la administración Obama está teniendo con facilidad todo lo que en Libia le ha llevado meses de guerra con un resultado aún incierto: el control militar de fronteras, aeropuertos, costas y mar territorial; la sumisión a sus agencias del Ejército, la Marina y la Policía Federal mexicana, así como el establecimiento de una base camuflada; la penetración sin problemas en la organización y estructura de gobiernos locales y municipales; la entrega a las trasnacionales del petróleo, la minería y otros recursos estratégicos pasando por encima del marco constitucional y legal mexicano; y, por último, un enclave estratégico para profundizar su proyecto en América Central y el Caribe.

8. Los meses que van desde este retorno a la actividad parlamentaria el próximo primero de septiembre y las elecciones de 2012 aparecen ya en consecuencia a) como un riesgo mayor para la sociedad mexicana, puesto que el gobierno calderonista está dispuesto a multiplicar las acciones violentas y atentados de su falsa “guerra contra el narco” para atemorizar a todos y convencer de que sólo los panistas pueden luchar contra el crimen organizado; b) un riesgo mayor para la nación de que un PRI doblegado ante el chantaje en Washington acepte fácilmente votar en las cámaras legislativas las iniciativas anticonstitucionales y antinacionales en materia laboral, político-electoral y de seguridad nacional, lo que llevaría a un desastre social e institucional aún mayor que el actual; c) un riesgo de que el proceso de fascistización del país se extreme a todos los niveles, como se ve ya en la política que están siguiendo los medios masivos de comunicación; d) un riesgo de que los entreguistas calderonistas multipliquen las concesiones ilegales a Washington, a espaldas y en contra de los mexicanos; e) un riesgo de que el proceso electoral del año próximo se violente como nunca antes en nuestra historia, lo que ya es mucho decir, y f) un riesgo, en fin, para América Latina de que un México, instaurado como un protectorado, sirva como base para combatir a los gobiernos que tienen aspiraciones nacionales.

9. Las señales ominosas se ven ya todos los días. Calderón entregó este mes de agosto, para vergüenza de la nación, a corporaciones multinacionales los primeros tres campos maduros de Pemex yendo en contra de lo establecido por la Constitución mexicana, y en otra dimensión de la vida pública nadie duda de que la violencia que se está incrementando sea generada desde el poder. Y aún falta casi un año para los comicios.

10. Los peligros que se ciernen sobre la nación y los mexicanos en los próximos meses son muy grandes, por mucho que algunos se resistan a reconocerlo, y se puede decir que como nunca está en juego el futuro del país, por lo que deben multiplicarse las iniciativas para impedirlo sin dejar de espetarles a Calderón y a sus cómplices lo que el pueblo una y otra vez está gritando: ¡Ya basta!

El embajador. Luis Javier Garrido

En vísperas de la marcha por la paz, de Javier Sicilia, a Ciudad Juárez (4-10 de junio), y de la inminente ratificación del próximo embajador de Barack Obama en México, y en medio del debate sobre la despenalización de las drogas, el gobierno de la ultraderecha mexicana no hace más que insistir en su discurso violento.

1. La rápida designación hecha por el gobierno de Barack H. Obama de Earl Anthony Wayne, como nuevo embajador estadunidense en México, para remplazar al defenestrado Carlos Pascual, inviable para el cargo tras la difusión hecha en marzo por La Jornada de diversos cables filtrados por Wikileaks –en los que funcionarios de la embajada criticaban acremente a la administración calderonista y a las fuerzas armadas mexicanas por su papel en la supuesta “guerra contra el narco”–, es una evidencia tanto de la prioridad que reviste para el Departamento de Estado la estrategia que ha seguido en nuestro país para subordinar al gobierno panista como de la urgencia que tiene en profundizarla, visto el perfil del designado: un experto en energía y en contrainsurgencia.

2. La cuestión fundamental para México no es, sin embargo, el perfil del nuevo embajador, que ha sido subsecretario de Estado adjunto en asuntos económicos y de energía con Bush (2003-2006), y quien durante su gestión diplomática en Buenos Aires (2006-2009) dio muestras del “nuevo estilo” de los neoliberales washingtonianos, que perdiendo todas las formas no se arredran ante los conflictos que pueden generar, como le aconteció con la administración Kirchner, lo que lo condujo a Kabul como número dos de la embajada en Afganistán para hacerse cargo de la guerra, y ha llevado a varios analistas de su país a sugerir cuál será el papel que desempeñará en un momento en que es evidente el fracaso de Calderón en la “guerra contra el narco” y en el que, según ellos, se exacerban los problemas en la frontera sur de México.

3. El problema para México no es él, desde luego, designado en función de los intereses expansionistas de Washington, sino las políticas del gobierno panista, que ha subordinado las instancias de seguridad mexicana a Estados Unidos, en un proceso cada vez más complicado de revertir y, sobre todo, la composición de la nueva “clase política” de los tres principales partidos, integrada en su mayoría por neoliberales ambiciosos, carentes de una comprensión de las necesidades populares y de una idea de la nación y de las instituciones de la República, y dispuestos a entregar el país a Washington, lo que ha agravado el gravísimo deterioro institucional.

4. Las consecuencias del actual desastre en materia de seguridad nacional están a la vista, como el hechio de que están agravadas por el papel de la burocracia priísta, que se asume sin serlo en fuerza de oposición. Ante el entreguismo del gobierno del PAN no hay un Congreso (donde el PRI es la principal fuerza partidista) que defienda la integridad soberana de México y haga valer los principios de la diplomacia mexicana, las fuerzas armadas mexicanas obsecuentes a Calderón aceptan vergonzosamente subordinarse a las agencias de seguridad estadunidenses y en los gobiernos estatales prevalecen mandatarios locales ansiosos de subordinarse al exterior.

5. La tradicional estrategia estadunidense, secundada dócilmente por Calderón, de generar hechos de violencia para aducir la necesidad de la intervención armada de sus agencias, que en los últimos meses busca de manera muy burda extenderse a la frontera sur de México y a los países centroamericanos –tal y como lo esboza la Iniciativa Mérida–, ha encontrado de esta manera un apoyo vergonzoso en las autoridades estatales mexicanas. El gobernador priísta de Tabasco, Andrés Granier Melo, lleva por ejemplo una campaña permanente pidiendo el envío de más tropas al sureste para “garantizar” la seguridad, y lo mismo el 23 de febrero que el 10 de mayo hizo llamados internacionales para ello.
6. Las tres tesis falaces que Washington, con la complicidad del gobierno de Calderón, está buscando imponer en México y en el mundo para sustentar de manera impune su intervencionismo en nuestro país (y en otras partes), y que según los analistas estadunidenses habrán de ser fundamento de la gestión del embajador Wayne, están siendo secundadas por la administración panista de manera irresponsable, a pesar de que son inadmisibles en términos del derecho internacional, y ello es extremadamente preocupante: a) la primera es que todo lo que acontece en territorio mexicano tiene que ver con la seguridad doméstica de Estados Unidos; b) la segunda es que los cárteles mexicanos constituyen poderosas organizaciones criminales internacionales que constituyen una amenaza global, y c) la tercera es que la lucha contra el narcotráfico debe ser global (como concibe Washington la lucha contra lo que llama “terrorismo”), lo que le abriría a Estados Unidos, en su papel de policía del mundo, la vía para intervenir en cualquier parte con ese pretexto.

7. La tesis paladina de que las relaciones entre Estados Unidos y México son estratégicas para Washington porque cuanto ocurre en territorio mexicano tiene que ver con la seguridad doméstica de Estados Unidos fue desarrollada por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado adjunta, el 17 de marzo en un encuentro en la capital mexicana, y a pesar de que estaban presentes el embajador Arturo Sarukhán, y otros diplomáticos panistas, nadie le refutó tamaña barbaridad.

8. La falacia de que los cárteles mexicanos constituyen la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, misma que se fue desarrollando de manera perversa tras el asesinato el 2 de mayo de Osama Bin Laden, cuando se sostuvo, lo mismo en el Pentágono que en la prensa inglesa, que el principal enemigo de Washington (y de la humanidad) era tras la muerte de Osama nada menos que El Chapo Guzmán, ha sido desarrollada a pesar de su estupidez por los medios mexicanos, incapaces de preguntarse cuáles son los principales cárteles estadunidenses y europeos.

9. La pretensión, en fin, de Barack Obama, de que Washington tiene la prerrogativa de luchar contra lo que llama “el narcotráfico” y “el crimen organizado” en cualquier país, porque va de por medio la seguridad nacional estadunidense, lo que hace de esta lucha una “lucha global”, lo sitúa en las líneas intervencionistas de James Monroe (1809-1817), Theodore Roosevelt (1901-1909), Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009), pero sigue siendo una tentativa fallida para justificar la violación que en los hechos lleva a cabo Estados Unidos de la legalidad internacional.

10. El atentado del gobierno de Calderón contra la integridad de la República no tiene parangón, y por eso para frenar su entreguismo desquiciado se le sigue exigiendo cada vez más con mayor fuerza: “¡Ya basta!”

El fracaso Luis Javier Garrido

El fracaso

Luis Javier Garrido

E

l fracaso de Felipe Calderón en la jefatura de facto del Estado mexicano ha sido analizado en los medios al llegar la fecha del que debió ser el cuarto Informe (que no se dio), subrayándose el desastre al que han llevado las acciones de violencia militar y policial que ha buscado presentar como lucha contra el narcotráfico, y que han ocupado lo central de su gestión, pero muy pocos han precisado, más allá de que no han alcanzado los objetivos anunciados de destruir a los cárteles y minar el narcotráfico, las gravísimas consecuencias reales a las que han conducido.

1. Las políticas de Calderón instauraron durante todos estos años un Estado de ilegalidad absoluta en el país, al hacer actuar al Ejército y a la Marina en violación a la Constitución, y al tolerar además sus abusos de poder. La explicación dada por él a Joaquín López Dóriga, el 25 de septiembre, afirmando que el 89 constitucional lo faculta para utilizar a las fuerzas armadas para la seguridad interior del país, la hizo por consiguiente con la intención de engañar a los mexicanos, pues no puede ignorar lo que se ha repetido hasta la saciedad y es que para ello debe previamente el Congreso votar una ley de suspensión de las garantías individuales conforme al artículo 29, ya que el 129 prohíbe expresamente en tiempos de paz toda actuación de este tipo de las fuerzas armadas, y el 21 da al Ministerio Público y a su policía la exclusividad en la investigación y persecución de los delitos.

2. Tales políticas han provocado en estos años una violación sistemática del gobierno panista a los derechos humanos, como lo han constatado dependencias de Naciones Unidas y múltiples organizaciones internacionales al señalarlo a escala internacional por innumerables actos de barbarie, desde homicidios hasta detenciones ilegales, allanamientos domiciliarios y vejaciones a la población, como nunca antes en la historia de México, en especial al utilizarse estas políticas para amedrentar al pueblo y a las organizaciones sociales y criminalizar la inconformidad. Son ya más de 3 mil los desaparecidos en el periodo calderonista, según reportaba La Jornada el 30 de agosto.

3. El gobierno que ofreció desde sus inicios atacar el problema de la inseguridad ha creado por el contrario la mayor inseguridad que se recuerde en el país en los últimos 80 años. Ello ha suscitado el encono de todos los sectores del país, incluyendo los más conservadores, muchas de cuyas organizaciones se han sumado al reclamo de que Calderón se vaya y deje con sus acciones de dañar a México.

4. La utilización ilegal y abusiva de las fuerzas armadas se ha revertido en estos años contra el propio Estado mexicano, ya que ha conducido tanto a una mayor corrupción como a una verdadera desintegración tanto del Ejército como de la Armada. La corrupción de militares y marinos que se han dedicado a trabajar para los cárteles desde sus propias corporaciones, aunada a las decenas de miles de desertores de ambos cuerpos que han pasado a engrosar las filas del narco para servirle como sicarios capacitados en el manejo de las armas, era sin embargo previsible, y aunque muchas voces advirtieron al gobierno calderonista de dicho riesgo, éste persistió en su obcecación y en su mala fe. Los grupos más conservadores estimaban hace un año en más de 100 mil el número de elementos de las fuerzas armadas que se habían pasado a las filas del narcotráfico, y ahora asumen haberse quedado cortos.

5. Las políticas de Calderón fortalecieron en consecuencia a los cárteles, que se hicieron más activos, y sobre todo se tornaron de grupos medianamente armados en verdaderas organizaciones paramilitares, con elementos y efectivos provenientes del Ejército, y entraron con el gobierno en la espiral de la violencia que se buscaba desde el poder.

6. Las políticas del gobierno supuestamente contra el narco, dictadas y decididas por la DEA y otras agencias del gobierno estadunidense, han conducido en cuatro años a que las fuerzas de seguridad, tanto policiacas como militares, y sobre todo las navales, estén cada vez más bajo el control del gobierno estadunidense y que, por lo mismo, las que deberían ser decisiones soberanas del gobierno de nuestro país sean ahora de Washington y en función de sus políticas, y que sean sus expertos los que decidan a quién golpear y con quién negociar, con el objetivo ya señalado por muchos expertos que es el de la pretensión que tienen de reordenar el negocio conforme a sus intereses, a cambio de lo cual el gobierno calderonista se adjudicaría el tener aparatos de inteligencia de los cuales carece y podría presentar mediáticamente algunas acciones como supuestos éxitos. El capo llamado La Barbie, presentado el 30 de agosto para generar un impacto mediático, se sonreía a todas luces porque sabe que negoció su detención para ser extraditado y protegido como testigo por la DEA.

7. Las políticas de Calderón han hecho en consecuencia de México el espacio para que se lleven a cabo operaciones violentas de todo tipo, incluso de terrorismo, con objetivos políticos. Ya desde mediados de 2009 expertos señalaban que decapitaciones, narcomantas y ejecuciones eran obra por igual de militares como de ex militares al servicio del narco y que tendían cada vez más a fortalecer la imagen de México como un narcoestado para propiciar en todos los órdenes la intervención del exterior. La ejecución de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el 26 de agosto, ha suscitado por eso todo tipo de interpretaciones, fortalecidas al haberse escondido a los incómodos sobrevivientes, en particular porque históricamente las fuerzas represivas de México han abusado de los indocumentados de estos países cuando atraviesan el territorio nacional, como lo sostiene Amnistía Internacional, según reporta Proceso 1765.

8. La guerra de Calderón, que según todos los análisis ha conducido a un fortalecimiento de los cárteles y del negocio del narcotráfico, ha perjudicado por el contrario de manera descomunal a la economía, como llevan cuatro años discutiéndolo tanto analistas como los hombres de negocios; de ahí el reclamo airado del pueblo, que incluye también a miles de empresarios.

9. La responsabilidad del gobierno es también muy grave en lo que acontece a los mexicanos del otro lado de la frontera y a los que buscan huir del sistema panista. No se puede desconocer que al contribuir de manera expresa Calderón con sus políticas de violencia a fortalecer la imagen de México como un Estado fallido, ha actuado contra los intereses de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que son ya criminalizados por serlo en diversos estados y por lo mismo a fortalecer el clima de intolerancia.

10. La opción del gobierno de dar prioridad a la supuesta guerra contra el narco buscaba desde consolidarlo en el poder hasta encubrir su abandono de las políticas sociales del Estado. En la pachanga mediática para sustituir al Informe que organizó Calderón el jueves 2 en el patio de Palacio Nacional ante sus propios subordinados, que poco por cierto le aplaudían, llamó por eso desesperado a construir una política de Estado en materia de seguridad, reconociendo así implícitamente que ésta no existe y que lo que hay es una serie de desenfrenadas acciones criminales de violencia estatal para satisfacer las ambiciones de él y de su grupo.

El pulso Luis Javier Garrido

El país se halla inmerso, al cumplirse 200 años del inicio de la Revolución de Independencia y 100 del comienzo de la Revolución Mexicana, en un proceso de descomposición del poder público y de sus instituciones, de amplios sectores de la clase empresarial y de diversos sectores de la misma sociedad, que ha sido inducido y forjado desde la cúspide del Estado y que urge revertir.

1. La tesis de que el desastre actual en el que se halla inmerso México ha sido generado por el crimen organizado y agravado por las fuerzas sociales y políticas del país que, según el gobierno panista, no han colaborado con él en su cruzada militar y en la imposición del proyecto neoliberal, nunca fue creíble y ha terminado por derrumbarse estrepitosamente, haciendo aparecer la crítica situación actual en su verdadera dimensión: como una consecuencia de la imposición de las políticas económicas y sociales monetaristas en violación abierta al marco constitucional mexicano, del saqueo de los recursos estratégicos del país por un grupo de políticos y seudo empresarios amafiados y en abierta asociación con intereses trasnacionales, de la utilización de las instituciones de la República en función de intereses facciosos, de la incompetencia e ineptitud absolutas del gobierno surgido del PAN y de la estrategia utilizada en este sexenio de buscar desviar la atención de los mexicanos al generar un escenario de violencia inusitada con su “guerra contra el narco”.

2. La insistencia de Felipe Calderón en seguir utilizando con afanes propagandísticos político-electorales en vistas al 2012 las mismas tesis simplistas en reclamos publicitarios de radio y televisión que rebasan cualquier campaña mediática que se recuerde en el país, como lo hizo también con Joaquín López Dóriga de Televisa el martes 24 y el miércoles 25, han suscitado sin embargo una nueva oleada de refutaciones a sus aseveraciones, que evidencia la gravedad de la crisis en que se halla México, pues vienen no nada más de los diversos sectores de la izquierda sino del PRI y de las propias fuerzas conservadoras, colmados todos por la ineptitud y la mentira del gobierno, a lo que se agregan nuevas informaciones.

3. La difusión que ha hecho a finales de este mes de agosto el portal Wikileaks de nuevos expedientes de la CIA, que documentan, como ya se sabía, que el gobierno de Estados Unidos auspicia a través de esta agencia la comisión de actos de terrorismo en diversas partes del mundo para generar escenarios de violencia y hacer viables las políticas económicas de Washington y propiciar el mejor control de las multinacionales de los recursos estratégicos del planeta –en una coyuntura en la que Washington ha pretendido que los terroristas son los otros– no ha hecho de entrada más que confirmar que la estrategia de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que tantos estragos ha causado al país, le fue impuesta a éste desde el exterior con fines aviesos, para que con la lógica de la guerra preventiva de Bush, México se hundiera en una espiral de violencia.

4. Los objetivos domésticos de la militarización del país, que según se ha discutido en estos años, eran en lo esencial tanto consolidar a un gobernante espurio en Los Pinos como amedrentar a los movimientos sociales para favorecer el desmantelamiento de la nación y propiciar las condiciones para hacer de México un territorio de mano de obra barata, palidecen ante los fines internacionales que se han pretendido con tal militarización y que son cada vez más claros: pues se busca presentar a México como un Estado fallido y a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que justificaría desde la perspectiva de las tesis bushianas una intervención directa conforme a los intereses de Washington, como se discute entre otros libros en el reciente del profesor George W. Grayson Mexico, narco-violence and a failed state (Transaction Publishers, Washington, 2009, 276 pp.).

5. El tono de autodefensa que tiene Calderón ante los señalamientos de su fracaso, y las acusaciones hacia el PRI respondidas por los priístas de manera cada vez más contundente, no hacen sin embargo más que evidenciar el desastre en el que se halla el país y la ferocidad con la que los grupos oligárquicos pelean ya desde ahora la silla presidencial, pero no es de la confrontación de los dos corresponsables de lo que acontece de donde saldrá la solución.

6. Las mentiras deliberadas del gobierno panista, ocultando información, tergiversando las cifras y utilizando las estadísticas del Inegi para falsear la realidad, son conocidas de todos, pero no es hasta ahora que los priístas parecen verlas. La andanada contra el gobierno panista la inició esta semana Francisco Labastida señalando con justicia el día 23 en Acapulco que Calderón oculta el colapso económico, y tras subrayar sus políticas deliberadas para llevar a Pemex a la muerte y al IMSS a la ruina, lo comparó con un avestruz que no sólo no quiere ver los problemas sino que busca ocultarlos.

7. El problema de México, agregó Francisco Rojas, es no tener una economía sólida que haga que el país progrese, que genere los empleos que se requiere y los resultados de la gestión actual indican que el crecimiento es inexistente, afirmaciones que suscitaron la cólera de Los Pinos y una andanada contra el PRI en los medios.

8. Las críticas de los priístas son ciertas, pero llegan a destiempo y carecen de autoridad moral, pues Calderón llegó a Los Pinos gracias a su respaldo institucional al fraude electoral de 2006 y se ha mantenido en el poder por ellos, que no pueden negar ser corresponsables del desastre nacional. Ciertamente, como decía Francisco Rojas el miércoles 25, el PRI le ha brindado un amplio respaldo en las cámaras legislativas y le ha aprobado sus exigencias esenciales, desde más de 25 instrumentos legislativos hasta los recursos para la supuesta guerra triplicándosele el presupuesto y, habría que agregar, sus políticas contra los trabajadores y contra la nación, por lo que habría que concluir que los reclamos quejumbrosos de Calderón de un apoyo incondicional son insensatos.

9. El estilo personal de gobernar de Calderón, que va de la indolencia y el desprecio ante los problemas del pueblo al autoritarismo para tratar de imponer las políticas que favorecen a los grupos oligárquicos, es grosero y el país lo repudia, porque requiere, como decía Enrique Peña Nieto en Ixtapan el martes 24 ante los diputados del PRI, de un liderazgo que cohesione a México en vez de enfrentarlo y que actúe sin sesgos clientelistas, pero no es con un nuevo autoritarismo como el que propone el gobernador mexiquense y con un Ejecutivo respaldado mecánicamente por el Congreso, como el que él sugiere, como van a resolverse los problemas del país harto del autoritarismo blanquiazul y tricolor.

10. México requiere para salir de la gravísima crisis en la que se halla sustentarse en políticas económicas y sociales que sean conformes al marco constitucional, terminar con el apoderamiento que han hecho unos cuantos grupos mafiosos de los recursos estratégicos de la nación, poner un alto a la corrupción que asfixia al país, establecer instituciones políticas y sociales que funcionen en el marco de la ley y en función de los intereses del pueblo pero, previamente, terminar con el escenario de violencia militar generado y consolidado por el gobierno panista en función de sus intereses y que ha sido un gran crimen contra la nación: y para ello requiere de otro gobierno y de otras gentes, y ni el PRI ni el PAN son una alternativa.

El comandante. Luis Javier Garrido

Luis Javier Garrido

l artículo en dos partes de Fidel Castro sobre México ha generado en este final del verano de 2010 un escándalo político singular por la violenta reacción del gobierno de Felipe Calderón, que ahora él mismo está buscando acallar por temor ante el impacto de este texto, buscando distraer a los mexicanos con una fuerte campaña mediática sobre asuntos de poca importancia y atemorizarlos con la permanente amenaza de mantener al Ejército en las calles e intensificar la violencia en lo que resta del sexenio.

1. El primer aspecto fundamental derivado de este nuevo escándalo está ahí frente a todos y no puede ocultarse, y es que se han puesto de nuevo en evidencia las gravísimas consecuencias que tuvo para los pueblos de México y del continente el fraude electoral que impuso en 2006 a un gobierno espurio de la ultraderecha trasnacional en nuestro país, recordándose de esta manera el hecho de que México no puede seguir siendo el patio trasero de Canadá y de Estados Unidos, y de que debe seguir buscando como en el pasado un destino propio porque es parte fundamental de América Latina.

2. Los dos textos del comandante aparecen en un contexto latinoamericano y mundial que no puede desconocerse por la derechización galopante que se está produciendo en Europa y en Estados Unidos al hacer agua cada vez más el modelo del capitalismo neoliberal. Mientras en Estados Unidos se halla en picada el gobierno de Barack Obama, cuyas políticas reales son cada vez más derechistas por mucho que éste busque encubrirlas con un discurso de corte social, y el repudio orquestado por el Tea Party y la ultraderecha cobra una fuerza inaudita, aquí en México Felipe Calderón busca conformar una alianza con los gobiernos ultraderechistas de Honduras y de Colombia.

3. El largo artículo de Fidel generó un escándalo en el país por el hecho de que asienta en éste que en las elecciones de 2006 López Obrador ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN, y porque muchas de sus afirmaciones las sustenta en las declaraciones ante la justicia cubana de Carlos Ahumada –cómplice de Fox, Salinas y Diego en la campaña contra López Obrador y en el fraude de 2006– y fue interpretado por lo mismo de manera simplista como una ruptura suya con el gobierno panista, pero muy pocos se percataron por los fragmentos de éste que fueron publicados de que constituye una reflexión sobre el papel y el destino de México, que sitúan a nuestro país en su dimensión latinoamericana.

4. El artículo, titulado El gigante de las siete leguas, apareció en Cubadebate en las ya famosas Reflexiones del compañero Fidel los días 12 y 13 de agosto –y fue reproducido en las mismas fechas por Granma Internacional– pero no fue publicado íntegramente por ningún medio de nuestro país, por lo que el pueblo mexicano no ha tenido la posibilidad de conocer más que algunos de sus aspectos centrales a través de las citas de diversos diarios, a pesar de que entraña una serie de reflexiones fundamentales sobre el contexto político mexicano y latinoamericano derivado del fraude electoral de 2006: un fraude que no fue contra López Obrador sino contra el pueblo mexicano.

5. El desmantelamiento de la nación mexicana por un grupo de políticos y empresarios sin escrúpulos constituye un caso único en América Latina y así lo reconoce Fidel Castro. Luego de recordar cómo llegó a sus manos el 7 de agosto el libro de Andrés Manuel La mafia que se adueñó de México… y el 2012, asienta: “Yo conocía, como otros dirigentes políticos, cómo Washington había elaborado las ideas del ‘neoliberalismo’ que vendió a los países de América Latina y el resto de los países del Tercer Mundo como la quintaesencia de la democracia política y el desarrollo económico, pero nunca tuve una idea tan nítida de la forma con que el imperio utilizaba esa doctrina para destrozar y devorar las riquezas de un importantísimo país, rico en recursos naturales y hogar de un pueblo heroico que tuvo cultura propia desde antes de la era precristiana hace más de 2 mil años”.

6. Las largas citas que hace de este libro que tanto ha impactado a decenas de miles de lectores las cierra el comandante con una afirmación que no sorprende. López Obrador, dice, será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y, con él, su imperio.

7. La segunda parte del artículo fue la que generó, sin embargo, un encono desmedido en Los Pinos, pues en ella Fidel señala con enorme rigor cómo el gobierno cubano pudo tener toda la información sobre el fraude electoral de 2006, en buena medida por la deposición de Ahumada, quien brindó con lujo de detalles las evidencias del complot urdido por Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos para lograr que esa mafia de seudoempresarios y políticos que han encabezado pudiera preservar sus privilegios a costa de los derechos del pueblo mexicano y seguir desmantelando así a la nación en beneficio propio.

8. Los artículos de Fidel, quien en el primero de ellos reitera no conocer a López Obrador, fueron agradecidos por éste desde Tabasco el propio jueves 12, pero generaron al día siguiente un violento comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que no hizo más que poner en evidencia el estado colérico de quien lo ordenó y que, anteponiendo una vez más sus intereses personales a los de la nación, y evidenciando de tal manera el deplorable nivel en el que se halla la diplomacia mexicana, lanza una serie de invectivas a Cuba. Al tratar de refutar el texto la SRE señala entre otras cosas que Fidel pretende nada menos que descalificar a las instituciones del país, olvidándose de que ningún gobierno ha deteriorado la vida institucional de México como el de Felipe Calderón, quien hizo de las instituciones de la República el botín de un grupo y las ha desprestigiado como nunca antes en nuestra historia.

9. Mucho más patética que la respuesta del gobierno ha sido la de Vicente Fox, quien en un comunicado emitido desde su rancho de San Francisco del Rincón pretendió absurdamente el martes 17 no haber orquestado él ningún complot contra López Obrador ni organizado el fraude de 2006 para imponer en la silla presidencial a quien ahora lo ha traicionado al más puro estilo priísta, a pesar de las evidencias que lo señalan como uno de los mayores delincuentes electorales del continente.

10. Los pueblos de América Latina se hallan inmersos en un proceso irreversible de transformación, del que da cuenta hasta el Foro de Sao Paulo, antaño espacio de los intereses conservadores, que el miércoles 18 acordó que es urgente frenar el avance de la derecha. México no puede ya seguir en esta situación de desastre al que la derecha lo ha llevado, por lo que la responsabilidad de todos para revertir esta situación es cada vez mayor, y ese es, al menos, sin habérselo propuesto, un mérito más del articulista más leído del continente.