1. La contrarreforma al artículo 24, impulsada por Felipe Calderón y aprobada por la Cámara de Diputados en un albazo el 14 de diciembre, antes de pasar el año próximo conforme al 135 al Senado y a las legislaturas locales, constituye en efecto un intento por terminar con el Estado laico en México pues “legaliza” la pretensión de la Iglesia católica de apoderarse de plazas y calles, de los medios de radiodifusión y de las escuelas públicas, de ahí el júbilo desbordante de su jerarquía expresado el viernes 16.
2. El objetivo de la contrarreforma es muy claro, y a nadie se ha ocultado que tras la frasecita “tanto en público como en privado” se satisface la pretensión histórica de la Iglesia católica de legalizar el culto religioso fuera de los templos (en avenidas y plazas públicas), poder contar con un canal de televisión y establecer la educación religiosa en las escuelas públicas, en lo que se está entendiendo es un golpe definitivo al Estado laico, alguna vez aspiración de los mejores hombres del país.
3. En vistas a las elecciones de 2012, el arreglo de Calderón con el Vaticano es muy obvio: garantizar el respaldo de la Iglesia a su candidato. La visita del papa Benedicto XVI a Cuba y a México, “antes de la Pascua de 2012”, en plena campaña electoral, para llevar a cabo actos de culto público en Guanajuato –escenario de la Guerra Cristera desatada en los años 20 por el clero para defender sus privilegios, y probablemente en el cerro del Cubilete–, anunciada días atrás, es de carácter político pues el antiguo miembro de las SS hitlerianas busca en Cuba criticar al régimen revolucionario y en México tener un impacto mediático como el logrado por su antecesor Juan Pablo II en 1979, 1990, 1993, 1999 y 2002 con un mensaje también de carácter político.
4. La mecánica de lo que se está haciendo es muy burda, pues se modificó primero la ley reglamentaria, para consignar como posible lo que el texto de la Constitución prohibía y ahora éste se cambia conforme a lo que era una ley anticonstitucional, que le da a la jerarquía católica, con todo su poderío económico y material, y su alianza histórica de carácter mafioso con el calderonismo, la posibilidad de imponerse propagandísticamente afuera de los templos, lo que no querían más los hombres de “la Reforma”, atentando así contra la libertad de creencias en México.
5. La responsabilidad por esta regresión sorprende no en el caso del PAN, que es ya desde 2006 un partido golpista, y que con Fox y Calderón, al abandonar el legado histórico de Manuel Gómez Morín, se volvió un partido pro estadunidense y sometido al Pentágono, clerical, y fascista, defensor de las multinacionales y contrario a los derechos del pueblo mexicano, sino en quienes traicionando los principios de su partido le han servido de cómplices en este atentado histórico, el PRI y los chuchos del PRD, sin quienes esta contrarreforma no pasaría.
6. Enrique Peña Nieto no puede ser moralmente presidente de México, no por no haber leído a un escritor a fin de cuentas mediocre y oportunista como Carlos Fuentes (que lo mismo apoyó a Luis Echeverría que a los panistas), sino por haber contribuido a hacer del PRI un partido comparsa del PAN, traicionando los principios partidistas, y que en este sexenio ha respaldado de igual manera la cesión de facultades del Estado mexicano a Washington, la entrega de Pemex a las trasnacionales y la claudicación frente a todos los poderes fácticos, incluyendo a la Iglesia católica, que tiene ahora la posibilidad de retornar al marco jurídico de principios del XIX.
7. La decisión de los chuchos del PRD es a su vez patética, pues decepcionados por no haber podido hacer candidato presidencial a su hombre de confianza Marcelo Ebrard, y traicionando no se diga a los principios de su partido sino al pueblo mexicano, a cambio de hacer presidente de la Cámara de Diputados por unas cuantas semanas a un hombre sin principios como Guadalupe Acosta Naranjo, se suman una vez más al carro del calderonismo con el que tienen una alianza estratégica.
8. Al analizar el primer intento de reforma, llevado a cabo por Valentín Gómez Farías en 1833, Jesús Reyes Heroles, otrora considerado “ideólogo del PRI” –y a quien no han leído ni Peña Nieto ni los chuchos perrredistas–, explica cómo existía en México “una Iglesia que era Estado, y un Estado que era Iglesia”. El periodo de la Reforma, que costó a México más de medio siglo de guerras civiles, culminó con la derrota del Partido Conservador y la expedición de las Leyes de Reforma (1855-1863), aprobadas durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, y consignadas después en los artículos 24 y 130 de la Constitución de 1917, que buscaron establecer una separación Estado-Iglesia y consignar la libertad de creencias como garantía fundamental. Esta legislación no restringió derecho alguno de la Iglesia sino que defendió los derechos de los mexicanos terminando con los privilegios que tenía la jerarquía al realizar funciones del Estado, de tal suerte que el propio Maximiliano decidió mantenerla, lo que lo sitúa a la izquierda de personajes tan sórdidos como los que hoy buscan terminar de destruirla.
9. Los privilegios de que gozan los gobernantes mexicanos en el Vaticano, habría que interrogarse, ¿no derivan acaso de una negociación para obtener beneficios privados a cambio de concesiones de Estado? El papado se opuso en un tiempo a divorciar a los jefes de Estado a cambio de recibir prerrogativas, y así Clemente VII se negó a divorciar a Enrique VIII de Inglaterrra de Catalina de Aragón en 1532 arriesgando el cisma de la Iglesia anglicana, pero con los mexicanos las cosas han sido muy distintas, y nadie se pregunta por qué Juan Pablo II, transgrediendo el derecho canónico y los dogmas de su Iglesia, anuló el matrimonio de más de 40 años de Vicente Fox en 2008 y el de Marthita Sahagún poco después, y Benedicto XVI hizo lo propio con La Gaviota para que pudiera casarse por la Iglesia católica romana con Enrique Peña Nieto.
10. Los programas neoliberales impuestos a México por el capital trasnacional con la complicidad tanto de los tecnócratas salinistas del PRI como de los panistas (y ahora de los chuchos perredistas) no tienden a “modernizar” a México sino a regresarlo la “ley de la selva” que prevalecía en el siglo XIX. Las contrarreformas a los artículos 3, 24, 27 y 130 de Salinas de Gortari en 1992 y ahora la pretensión de Felipe Calderón en 2011-2012 de liquidar el 24, no buscan “modernizar” las relaciones Estado-Iglesia sino retrotraerlas a lo que eran antes de la Reforma, tratando de borrar más de un siglo de luchas del pueblo mexicano, y cualquier exigencia de “¡Ya basta!” no parece ser suficiente sino que urge una movilización popular más decidida.
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