El viejo PRI, “el mañoso, de triquiñuelas”, está plenamente reinstalado, coinciden en afirmar Lorenzo Meyer y José Antonio Crespo a la luz de la votación que en el Instituto Federal Electoral exoneró de cualquier irregularidad al excandidato priista y ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ven los dictámenes de la Unidad de Fiscalización “irrisorios, ridículos e increíbles”, y señalan especialmente la vergonzosa actuación del ahora exconsejero Sergio García Ramírez, priista de muy viejo cuño y quien acabó con lo que le restaba de credibilidad al IFE.
Las votaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con el Monexgate y el tope de gastos de la campaña presidencial –ejes centrales del cuestionamiento que la oposición le hace al triunfo de Enrique Peña Nieto– evidenciaron que esa institución “jugó con el PRI y cuidó la imagen” del priista, pero además certificó que “el viejo sistema del PRI, el mañoso, de triquiñuelas y autoritario, se instaló de nuevo”.
Así resumen los analistas políticos e historiadores Lorenzo Meyer y José Antonio Crespo la actuación de funcionarios y consejeros electorales, de quienes dicen que pusieron en relieve “la quiebra moral” del IFE, “robándole su credibilidad”.
Uno califica de “irrisorios, ridículos e increíbles” los dictámenes que elaboró la Unidad de Fiscalización y votó el consejo general; otro los considera “casos turbios, opacos, sucios, en donde el fiscalizador los limpió hasta donde pudo”, para beneficiar al PRI.
Crespo, quien hasta el miércoles 6 había sido benévolo con la institución al considerar su desempeño, “no espectacular pero sí adecuado” en las pasadas elecciones presidenciales, hoy lo considera sesgado, aunque centra su señalamiento en Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización y encargado de elaborar los dictámenes.
A las evidentes dudas sobre una actuación imparcial de los consejeros electorales se sumó la del hoy exconsejero Sergio García Ramírez, gracias a quien el PRI pudo evadir en primera instancia una multa por 75 millones de pesos por no haber informado al IFE que recurrió al uso de las tarjetas Monex.
La exoneración del PRI, respaldada por cuatro consejeros y rechazada por otros cuatro, se consumó justo cuando García Ramírez, reconocido exfuncionario priista y cercano colaborador de Luis Echeverría en su mandato presidencial, decidió no excusarse del Monexgate y respaldar a su partido.
La actuación de los nueve consejeros del instituto –Leonardo Valdés, Marco Baños, Francisco Guerrero, Sergio García Ramírez, María Marván, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Lorenzo Córdova– y de Cristalinas puso al organismo en el centro de las críticas y los señaló como artífices de la “quiebra moral” del IFE y de haber acelerado su descomposición.
Del declive a la perdición
Analista del sistema político mexicano, Meyer sentencia: Fueron los partidos los que le robaron la credibilidad al IFE y sus consejeros no son ciudadanos “ideales” para estar ahí.
Recuerda que cuando surgieron los consejeros ciudadanos como Miguel Ángel Granados Chapa, fue el “momento estelar del IFE”, pese a que no controlaban la maquinaria electoral. El consejo de 1998 con José Woldenberg a la cabeza “era creíble” y pasaron la prueba en 2000, pues el cambio del PRI al PAN en la Presidencia no molestaba los intereses creados, “no cambiaba mucho esa parte de quién consigue qué, cómo, cuándo y dónde”.
Sin embargo, previo a la competencia de 2006, donde se avizoraba el enfrentamiento de dos modelos de país –el de Andrés Manuel López Obrador y el de la derecha, de Felipe Calderón–, los partidos tomaron “de rehén” al instituto.
En octubre de 2003 fue la maestra Elba Esther Gordillo quien junto con el panista Germán Martínez operó en la elección del nuevo consejo.
“Fue una captura abierta”, recuerda Meyer. “De ahí en adelante se echa a perder todo y sigue estando así: Capturado por los partidos en lugar de que esté por encima de los partidos”.
Estos, añade, tienen intereses políticos, económicos, con personajes, con estructuras de poder ya creadas… ellos son los que capturaron al IFE.
En la sesión del pasado 23 de enero, Alfredo Cristalinas no sólo corroboró las denuncias de la izquierda e indagaciones de medios de comunicación sobre el Monexgate, sino que además amplió las pruebas revelando que 14 empresas mercantiles habían participado en la triangulación, además de cinco bancos y cuatro personas físicas.
Aun así, en su documento perdonaba al PRI sus operaciones, desconocía el origen y destino de los millonarios recursos y ni siquiera proponía multarlo por no reportar los movimientos bancarios.
Crespo dice a Proceso: “Está muy sucio el caso. Es opaco, turbio, y la Unidad de Fiscalización lo limpió hasta donde pudo. Incluso contradiciéndose en la participación de dos empresas que en dictamen posterior sí acepta como proveedores del PRI”.
Se refiere a Koleos y Tiguan, que participaron en la triangulación del caso Monex y que en el dictamen el PRI aseguró no conocer ni tener relación comercial con ellas. Esto fue aceptado como verdad por Cristalinas, pero 15 días más tarde, en otro dictamen, el de presentación de gastos, no cuestiona cómo es que el propio PRI las presenta como sus proveedoras y muestra que las conocía de tiempo atrás.
En cuanto al dictamen sobre gastos de campaña en donde se asegura que el Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope con 63 millones de pesos y por lo cual propone una multa de 129.8 millones de pesos y a la coalición de PRI-PVEM nunca le detecta rebase de gastos en la campaña de Enrique Peña Nieto, Meyer lo considera “irrisorio, ridículo, que podrá ser formalmente legal pero sustantivamente no tiene credibilidad”.
Ese dictamen sería discutido y votado por los nueve consejeros el 30 de enero; sin embargo ante las denuncias y reclamos del Movimiento Progresista –que evidenció una auditoría favorable al PRI y la premura con que se pretendía aprobarlo– los integrantes del consejo pospusieron una semana la discusión.
Trampas cristalinas
Entre los errores más evidentes y contradictorios que muestran criterios distintos para auditar a uno y otro partido está por ejemplo que Cristalinas dividió los gastos del PRI entre los 365 participantes en la contienda; es decir entre 300 candidatos a diputados, 64 a senadores y uno a la Presidencia. De ahí que a Peña Nieto sólo se le sumaron porcentajes mínimos del gasto y por eso nunca rebasó el tope de campaña.
Por ejemplo una gorra con las iniciales de EPN Cristalinas la contabilizó en 12 centavos, y una con el nombre de López Obrador, en 12 pesos, pues nunca dividió el gasto para el Movimiento Progresista.
Para el representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, ése no es el problema más grave; el error en que incurre Cristalinas, sostiene, es que aun cuando en un evento está sólo Peña Nieto –como en los espots televisivos– su gasto se divide, pese a que eso está prohibido por la ley y todo debería recaer en él.
Otros beneficios para el PRI y muestra de cómo acomodó el IFE los números a favor del aquel se ven con claridad en los cierres de campaña. En el estadio Azteca el 24 de junio a Peña Nieto se le suman 46 mil 845 pesos, sólo se le carga 1%. Pero nunca reportan la renta del estadio. Para subsanar el punto la Unidad de Fiscalización ofreció el miércoles 6 una “fe de erratas” donde establece que se gastaron 99 mil pesos por este rubro y el 1% se le cargó a Peña Nieto. Por la presentación de la banda El Recodo reporta que gastó 346 mil pesos, de los cuales 122 mil son de Peña Nieto; sin embargo esa banda suele cobrar por un evento de este tipo 1 millón y medio de pesos, según denunció el senador panista Javier Corral.
En el cierre del Estado de México a Peña Nieto se le imputan sólo 105 mil pesos de los 6.3 millones que supuestamente gastó el PRI; en el de Yucatán, de los 5 millones a Peña sólo le tocan 343.1 mil pesos, y el cierre en Monterrey, que costó 2 millones de pesos, le significaron 74 mil 518 pesos.
Otro dato más del dictamen es que el informe de gastos que el PRI presentó al IFE el 14 de diciembre de 2012, no reportó ni un centavo en “gastos de producción de radio y TV”.
El PRD lo denunció antes de la sesión del miércoles 6; sorpresivamente la Unidad de Fiscalización presentó una fe de erratas de más de 70 páginas en donde aclara que sí hubo un gasto de 44.3 millones de pesos, pero que el PRI lo había incluido erróneamente en otro apartado.
La discusión del dictamen, programada para el 30 de enero, se pospuso para el miércoles 6 y al final, después de todos los datos presentados por el PRD –que reclamó que el IFE utilizó criterios diversos para auditar a los partidos–, cinco consejeros lograron que el dictamen fuera devuelto para nuevo análisis.
“Pospusieron la discusión porque hasta ellos (los consejeros) rebasaron los límites; ya no les quedaba otra, su credibilidad estaba perdida”, sostiene Meyer, quien considera que se regresó el dictamen sobre gastos porque “se les pasó la mano, fueron muy burdos. Fue para disminuir la crisis en la que están. Lo retrasaron hasta julio. Dicen que Peña no rebasó los gastos, pero hasta los más despistados saben que no fue así. Ahora están buscando cómo cuadrar el círculo… a lo mejor lo logran pero la credibilidad ya no la van a tener”, sentencia.
Para Crespo y Meyer el IFE “ya se agotó”, pero no debe desaparecer sino modificar el método de elección de los consejeros.
El factor García Ramírez
Las maniobras de la Unidad de Fiscalización para salvar al PRI del Monexgate y con la presentación de los gastos de campaña –además del voto inesperado del hoy exconsejero García Ramírez–, afectan a Peña Nieto y deslegitiman su Presidencia, sostiene Crespo.
“Nada quita que hubo un gasto evidente y con criterios equitativos (en la auditoría) sí hubiera rebasado el tope… Y en el caso de Monex no creo que la imagen de Peña Nieto quede limpia: Fue obvio que hubo una triangulación. El dictamen es inverosímil. Con su actuar el IFE debilita su credibilidad y ahora sí están los elementos para que AMLO diga que hubo un sesgo.”
En esta fase, añade, que era muy importante porque es la base del cuestionamiento a la Presidencia de Peña Nieto, se demuestra un sesgo claro.
En la votación de dicho dictamen, el del Monexgate, el voto de García Ramírez fue determinante para exonerar al PRI pues estaba dividida cuatro contra cuatro. Crespo opina que no debió votar y los propios consejeros no lo debieron permitir.
El 31 de enero el consejero anunció que dejaría el cargo y reveló que aunque fue electo hasta 2019, avisó a quienes lo propusieron que sólo estaría durante la calificación del proceso electoral.
Meyer y Crespo califican de cínica su posición; sin embargo para Crespo los responsables de que formara parte del consejo fueron los diputados que lo eligieron y sabían que estaría poco tiempo.
“La crítica que yo hago es que ha sido militante del PRI; notable integrante, militante activo, importante, como si no hubiera gente desvinculada de los partidos. ¡Claro que iba por un año, a la elección presidencial y a jugar con el PRI!, ¿por qué?, ¡pues porque es del PRI!
“El problema no es si se quedaba un año o los nueve como consejero, el problema es poner gente tan vinculada a los partidos como árbitros de los partidos, y eso es violar la Constitución, porque ahí se establece que deben ser imparciales y por ello se entiende gente sin partido”, acusa Crespo.
Para Meyer la renuncia de García Ramírez no es importante pues “el daño ya está hecho”.
Si alguien duda de la militancia ignominiosa de García Ramírez, basta con citar lo que él mismo narra en su libro Para la Navidad del 2012, de cómo debe su vida de funcionario a Luis Echeverría, que lo fue nombrando de cargo en cargo durante su sexenio.
Y remata:
“… No omito mi afecto y respeto por el personaje que gravitó sobre mi propia vida, para bien, en el curso de seis años que pasaron volando entre mis treintas y mis cuarentas. Para mí, corrieron hacia arriba y hacia adelante, como dijo el lema que Echeverría proclamó en su campaña y que muchos asumimos y repetimos…”
