México, DF. Héctor Manuel Sosa Rodríguez, dirigente seccional del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana -quien cobra un sueldo íntegro, más prestaciones, por tener una base laboral en la terminal de almacenamiento Satélite Oriente Añil de Petróleos Mexicanos (Pemex), y además recibe al menos 67 mil pesos mensuales de salario, debido a que al mismo tiempo se desempeña como octavo regidor del cabildo de Naucalpan-, es el encargado de regatear el monto del pago de indemnizaciones de los deudos por la reciente explosión en la paraestatal.
Sosa es el secretario del Interior y Acuerdos de la sección 34 del sindicato petrolero -con sede en el Distrito Federal y el estado de México-, y la semana pasada fue acusado por abogados de familiares que perdieron a algún integrante tras la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex, de pagar indemnizaciones de cuantía menor (entre 500 mil pesos y un millón de pesos) a los deudos de las víctimas.
También fue denunciado públicamente por estar presionando a las familias afectadas para que acepten que los hechos derivaron de un riesgo de trabajo y no de un posible acto de negligencia de la paraestatal, la cual está obligada por diversas normas administrativas a garantizar la seguridad e higiene en los centros de trabajo de sus empleados.
Con ese deslinde que busca obtener el sindicato petrolero de parte de los deudos, las autoridades federales eliminarían la responsabilidad del Estado mexicano en el incidente, y así evitarían pagar indemnizaciones que en algunos casos particulares podrían alcanzar los 7 millones de pesos por familia, ya que además de la legislación laboral, cada uno de los afectados tiene derecho a demandar reparación de daño moral por la vía civil, lo que incrementaría de manera considerable los montos de indemnización.
Además, cada familia también puede reclamar una indemnización solidaria de parte de los funcionarios de Pemex que no realizaron las labores de mantenimiento, prevención, inspección y salvaguarda técnica para prevenir la reciente tragedia que derivó en la muerte de una treintena de personas.
Sosa Rodríguez, de filiación priísta, es uno de los no pocos líderes sindicales del país que “dobletean” puestos en la administración pública.
Ha escalado importantes cargos dentro del sindicato petrolero en la última década debido a su cercanía con Carlos Romero Deschamps -líder nacional de ese gremio-, quien además de recibir su salario por tener una plaza fija en Pemex obtiene actualmente un pago de más de 100 mil pesos al mes por representar el cargo de Senador de la República.
En el caso específico de Sosa Rodríguez, un despacho jurídico mexicano prepara una denuncia penal y una queja administrativa en su contra, por posibles violaciones a normas administrativas y penales.
Jesús Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho administrativo y director general del Corporativo Jurídico Sanitario (CJS), quien asesora a varias familias de los deudos de la explosión en el edificio B2 de Pemex, es el encargado de redactar la denuncia penal y la queja administrativa contra Sosa.
La semana pasada, Guerrero denunció públicamente que Sosa “está engañando” a familiares de trabajadores petroleros para que “acepten indemnizaciones miserables que para nada responden al derecho que tienen los deudos”.
En entrevista con La Jornada, el litigante aseguró que al encabezar dos puestos como funcionario, uno federal y otro municipal, Sosa está violentando disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como una normativa que regula -a nivel nacional- las condiciones de los recursos humanos de burócratas, amén de que, por esa acción, se configura el delito de ejercicio indebido del servicio público, previsto y sancionado en el artículo 214 y 215 del Código Penal Federal.
Refirió que “la normativa que regula las condiciones de los recursos humanos de funcionarios, a nivel nacional, expedida por la Secretaría de la Función Pública, y publicada en Diario Oficial, el 12 de julio de 2010, cuyo rubro se denomina: acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, en su capítulo VI claramente establece las normas de compatibilidad de empleos para que un empleado del gobierno pueda tener dos o más empleos.
“Esa normativa exige un dictamen de compatibilidad de empleo, disposición que en el caso de Pemex, únicamente excluye a los Consejeros Profesionales. No es el caso de Héctor Sosa, quien ostenta una plaza en una terminal de almacenamiento de la paraestatal, pero no es consejero”, expuso Guerrero.
Al mostrar a este diario documentos públicos y privados en los que el abogado sustenta sus acusaciones contra el líder sindical, Guerrero Rojas sostiene: “los jerarcas de los sindicatos actúan con una actitud indolente a las condiciones de pobreza de nuestro país”.
Dice que el ejemplo claro de su opinión es el de Héctor Manuel Sosa Rodríguez, a quien califica como “eterno arribista en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana”.
Se trata de un líder que cuenta actualmente con el nombramiento de secretario del Interior y Acuerdos de dicho sindicato, sección 34, lo cual puede ser corroborado en la consulta de la página electrónica
http://stprmsecc34.com.mx/07directorio.html.
Añade que “varios trabajadores miembros de dicha sección saben que previamente había sido secretario general y que en la práctica es quien decide los caminos de esa sección, dada su relación con Romero Deschamps.
“No obstante ello, actualmente también ostenta el cargo de Octavo Regidor del cabildo del municipio de Naucalpan (el alcalde es el también priísta David Sánchez Guevara), lo que puede ser verificado en la página
http://www.naucalpan.gob.mx/cabildo. Por tanto, Sosa cuenta ilegalmente con dos cargos en los que recibe salarios y prestaciones que a fin de cuentas son pagados por los contribuyentes”.
Para demostrar que Sosa Rodríguez y el propio Carlos Romero Deschamps reciben puntualmente su pago como trabajadores de Pemex -pese a que no laboran, pues están comisionados por la parestatal y su sindicato para realizar acciones sindicales-, el abogado Guerrero Rojas muestra a este diario el Contrato Colectivo de Trabajo vigente firmado por la empresa y el sindicato.
En su cláusula 251 se estipula: “El patrón se obliga a pagar los salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General que incluye asesores sindicales, 87 integrantes de las Comisiones Nacionales Mixtas que se señalan en este contrato y 155 Comisionados Nacionales, así como a 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del Secretario General del S.T.P.R.M.
“Asimismo, el patrón pagará salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos (locales), a los comisionados a tiempo completo ante los Comités Locales de Capacitación y ante las Comisiones Mixtas Locales de Seguridad e Higiene a que se refieren las Cláusulas 41 y 65 de este contrato, y a los funcionarios sindicales seccionales”.
La denuncia contra Sosa será presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), y la queja administrativa ante el Órgano Interno de Control de Pemex.
“Aunque sabemos de la estrecha relación del sindicato petrolero con el titular del Poder Ejecutivo federal, y la infinidad de justificaciones famélicas de Romero Deschamps y de Héctor Sosa, habrá que preguntarle al recién electo presidente, Enrique Peña Nieto, si este es el tipo de servidores públicos que requiere para su administración, y si se merece el pueblo de México estos funcionarios corruptos”, expuso el litigante.
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