La política educativa ha sido una de las peores pesadillas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el primer responsable tiene nombre: Emilio Chuayffet, secretario de Educación. Él ha hecho mutis durante las crisis del sector, y cuando actúa lo hace para politizar los conflictos. Así, el combate a la corrupción en el SNTE, la imposición de la reforma constitucional en la materia, la inconformidad en el Politécnico y la lucha por los normalistas de Ayotzinapa los ha enfrentado desde la indiferencia.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La administración de Enrique Peña Nieto ha subordinado la educación en México a sus intereses políticos. Prueba de ello ha sido la gestión de Emilio Chuayffet al frente de la Secretaría de Educación Pública, labor marcada por la ausencia del funcionario y su desentendimiento de los asuntos más relevantes en la materia.
Chuayffet fue elegido para dirigir el embate político contra Elba Esther Gordillo y “retomar la rectoría” del Estado sobre la educación. Acusada de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la maestra fue detenida el mismo día que se promulgó la reforma educativa.
En su lugar, el gobierno impuso a Juan Díaz de la Torre, hasta entonces mano derecha de Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesar de que las autoridades conocían la complicidad de éste en el desvío de recursos del magisterio: era responsable del manejo de las mismas cuentas bancarias que probaron la culpabilidad de la profesora. Con esa medida se logró subyugar al sindicato que se había declarado en resistencia contra la mencionada reforma constitucional, dictada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y conforme a los intereses de los hombres más ricos del país –representados por la organización Mexicanos Primero (Proceso 1923).
A partir de entonces, el secretario desapareció de los temas relevantes del sector. Criticado por gran parte de la academia, del magisterio y de los movimientos sociales, se limitó a hacer declaraciones públicas y a asistir a los actos protocolarios.
Operada por la Secretaría de Gobernación (Segob), la instauración de la reforma educativa –esencialmente de corte administrativo-laboral– arrasó con varias de las conquistas laborales del magisterio, pero no tuvo incidencia en las aulas. Ni siquiera ha entrado en funcionamiento en todo el país.
Durante más de un año, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) buscaron reunirse con Chuayffet, sin conseguirlo. Fue la Segob la que dirigió las negociaciones con los maestros disidentes durante los meses que permanecieron plantados en el Zócalo de la Ciudad de México, de donde, en septiembre de 2013, fueron desalojados mediante un operativo policiaco-militar para que el presidente pudiera celebrar ahí las fiestas patrias.
El censo escolar, presumido una y otra vez desde la SEP, no pudo realizarse en 10% de los planteles. Entre otros ejemplos, las evaluaciones a maestros y alumnos fueron un desastre y, sólo en 2014, se redujo en mil 800 millones de pesos el presupuesto destinado a la cultura.
En julio de 2013, Chuayffet evadió la responsabilidad de su dependencia en la publicación de más de 200 millones de libros de texto con decenas de errores ortográficos y de contenido, y culpó a la administración de Felipe Calderón. Los libros se distribuyeron a pesar de la recomendación de los expertos.
Reducido a su faceta política, desprotegido y violentado, del sector educativo surgieron los temas más convulsos en los dos primeros años de la actual administración federal.
IPN: el descaro
Detonado en el ocaso de septiembre con la imposición de un reglamento interno acorde con la reforma educativa (lo que implicaba el empobrecimiento de planes y programas de estudio), el conflicto del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue politizado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a menos de 24 horas de su estallido.
Con la matanza de Tlatlaya, Estado de México, los asesinatos y secuestros de normalistas de Ayotzinapa sacudiendo el país –ambos crímenes con la participación de órganos del Estado– y el movimiento estudiantil en las calles, Osorio se ofreció a solucionar el conflicto (en media hora, dijo) ante 50 mil politécnicos frente a Gobernación, asumiendo una vez más las funciones de secretario de Educación Pública. Pese a todo, el paro de labores duró 76 días.
La ausencia de Chuayffet fue cuestionada desde el Senado, donde se criticó al gobierno por politizar un asunto académico. De este modo, el 2 de octubre Peña Nieto y Osorio Chong, desde Los Pinos, instruyeron al secretario de Educación a solucionar el conflicto.
Chuayffet tardó más de un mes en organizar una mesa de diálogo con los estudiantes, y a pesar de las demandas de los jóvenes, se negó sistemáticamente a formar parte de ella.
La negociación entre representantes del gobierno, en su mayoría de la SEP, y la Asamblea General Politécnica (AGP) se inició el 4 de noviembre en el auditorio Alejo Peralta, del IPN. Los estudiantes pidieron reconsiderar la presencia de enviados “sin capacidad resolutiva” y dar “cumplimiento real” y por escrito a la palabra empeñada en los medios de comunicación.
En un posicionamiento público, los estudiantes fundamentaron su desconfianza. Se dirigieron a Chuayffet:
“La historia nos cuenta sobre sus participaciones tácticas como representante del gobierno contra movimientos sociales. Podemos recordar, en este tenor, que el 28 de noviembre de 1996, siendo secretario de Gobernación, llegó a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para lograr la paz en Chiapas, destacando la frase: ‘Sabremos honrar nuestros compromisos’. Sin embargo, el gobierno rechazó la propuesta con el argumento de que tenía deficiencias de técnica jurídica. Es por eso que nosotros, los politécnicos, pedimos un compromiso firme, sólido, por escrito.”
Le recordaron el episodio en que se negó a firmar los acuerdos pactados en la Comisión para la Concordia y Pacificación sobre los derechos indígenas: “La historia nos muestra suspicacia del gobierno en la forma de responder a los compromisos con el pueblo de México, con frases como: ‘Ustedes disculpen, pero cuando me comprometí con ustedes me había tomado 18 chinchones y no estaba en las condiciones propias para asumir un acuerdo de esa naturaleza’. Debido a esta falta de resolutiva, y al estilo del secretario (Chuayffet), una pregunta inteligente sería: ¿Qué nos asegura el compromiso del gobierno ante la problemática actual?”.
El tiempo daría la razón a los alumnos, que observaron cómo el gobierno demoró el nombramiento de un nuevo director general del IPN. Con audios de sus propias declaraciones, los politécnicos evidenciaron a Chuayffet, quien el 23 de octubre dijo: “Estamos en la posibilidad de nombrar al director el martes, sentándonos en la mesa. Algunos no se pueden llevar a cabo si no hay director”.
Fue hasta la cuarta mesa de negociación que la SEP se comprometió a hacer pública la designación del nuevo director el 16 de noviembre. Incumplió una vez más. No fue sino hasta la madrugada del día 20, con el diálogo paralizado y el ánimo de los jóvenes exasperado, que se designó a Enrique Fernández Fassnacht. La presentación del nuevo titular del IPN se dio hasta el lunes 24.
Finalmente, con miras a la democratización del instituto, el movimiento estudiantil consiguió todas las exigencias de su pliego petitorio el 5 de diciembre. Sin embargo, a partir de la desconfianza en el gobierno priista y, en lo particular, en Chuayffet, los politécnicos condicionaron la liberación de las 41 escuelas tomadas a la publicación de los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Politécnica y en distintos medios impresos de circulación nacional.
El lunes 15, sin una sola aparición del secretario de Educación, el movimiento legitimado por Miguel Ángel Osorio Chong pactó el regreso a clases.
Contra la movilización
Nada ha “desestabilizado” tanto a Enrique Peña Nieto como la protesta estudiantil. Desde su campaña presidencial, cuando alumnos de la Universidad Iberoamericana le reprocharon la represión en Atenco en 2006, los jóvenes se convirtieron en la sombra del mandatario.
Así llegó el primer día de diciembre de 2012. En repudio a la “imposición” de Peña Nieto y consumado el regreso del PRI al poder, miles de estudiantes se manifestaron en las inmediaciones del Congreso de la Unión hasta donde lo permitió la muralla metálica que dispuso el Estado y un operativo de 5 mil policías.
A la indignación estudiantil se sumaron, principalmente, maestros y jóvenes encapuchados que habrían de aparecer constantemente en los dos años de este gobierno. Algunos se reivindicaron como anarquistas y otros como estudiantes que buscan la “acción directa” como una forma de lucha ante los abusos de los gobernantes. También hubo oficiales vestidos de civil infiltrados.
Una notable minoría en las protestas se enfrentó a la policía. Desproporcionadas las fuerzas, el intercambio terminó con decenas de detenciones arbitrarias y de heridos. Atacados con balas de caucho, Uriel Sandoval, estudiante de 22 años, perdió un ojo, y Juan Francisco Kuykendall, de 67, sufrió un impacto que le perforó el cráneo, dejando una lesión con masa encefálica expuesta. Agonizó durante 14 meses hasta perder la vida.
Ese día se marcaría la pauta con que el gobierno federal, en complicidad con el capitalino, enfrentaría las protestas. Pese a estas condiciones, en la calle la lucha permaneció durante varios meses hasta liberar a cada detenido.
A principios de abril de 2013, alrededor de 500 maestros de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se enfrentaron con un operativo de 2 mil granaderos en la Autopista del Sol, luego de que Emilio Chuayffet amenazara con despedir a los maestros que dejaban las aulas para participar en las protestas contra la reforma educativa, que es particularmente violenta con los normalistas.
La historia se repitió el 2 de octubre de 2013, durante la marcha conmemorativa por los 45 años de la matanza de Tlatelolco. Policías encañonando a personas con escopetas Arwen, diseñadas para lanzar gases lacrimógenos y balas de goma; granaderos golpeando con toletes y cascos a los manifestantes encapsulados; hombres vestidos de civil golpeando y deteniendo manifestantes; muchachos encapuchados lanzando cohetones, bombas molotov y piedras contra autoridades, edificios y comercios vandalizados; grupos golpeando y pateando uniformados caídos…
Convulso, durante estos dos años el movimiento estudiantil se manifestó con la toma de instalaciones, paros y huelgas, enderezando sus protestas contra el semblante más perverso del PRI, al que ven “mermado” por los conflictos que le genera el pensamiento más crítico del país.
Así lo demuestran los acontecimientos más recientes. Hermanadas en lo que se llama la #AcciónGlobalPorAyotzinapa, más de 100 escuelas de todo el país, públicas y privadas, construyeron la Asamblea Interuniversitaria, que ha conseguido cuatro paros nacionales en los últimos dos meses para protestar por el asesinato de cuatro normalistas y la desaparición de otros 42 en Guerrero, en lo que califican de “terrorismo de Estado” contra los estudiantes.
A esto se sumó la rabia que provocaron la Casa Blanca de las Lomas y las declaraciones del procurador general, Jesús Murillo Karam, quien dio por muertos a los normalistas sin poderlo comprobar.
El octavo día de noviembre los estudiantes convocaron a una marcha que concluyó con la quema de la puerta de Palacio Nacional por hombres que escondían su identidad. Estudiantes y medios de comunicación documentaron la presencia de miembros infiltrados del Estado Mayor Presidencial.
Cientos de miles de personas, encabezadas por estudiantes universitarios y normalistas, regresaron a las calles el 20 de noviembre. Las policías Federal y capitalina, infiltradas sin uniforme por decenas, se enfrentaron a un grupo no mayor de 100 encapuchados que embestían con todo tipo de objetos y bombas molotov a los oficiales. Los granaderos arremetieron contra todo el que se encontrara en el Zócalo: estudiantes, niños, mujeres. Todos fueron tratados como criminales.
Decenas de detenciones arbitrarias terminaron con la formulación de cargos a 11 jóvenes que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, acusados de “motín” y “tentativa de homicidio”, sin más pruebas que dichos incoherentes de los granaderos.
Peña Nieto repudió públicamente a los “violentos” de las marchas en más ocasiones que a los criminales que ejecutaron el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa. Los acusó de querer “desestabilizar” al país.
“No, Enrique, lo que queremos es estabilizar al país”, contestaron los estudiantes en un video, que continúa: “Los estudiantes salimos a las calles para protestar contra el abuso sistemático. Estamos hartos de que en México los presidentes se den vida de virreyes cuando hay tanta pobreza en nuestro país. Estamos cansados de que los legisladores hagan leyes a modo para legalizar el despojo y el saqueo, cansados de la manipulación informativa de los serviles medios de comunicación, cansados de un gobierno impuesto por las televisoras, cansados de que tú no hagas nada por cambiar este país.”
