Revelan pagos de los Beltrán Leyva al General Acosta Chaparro

 

"El Grande" acusó al general de haber recibido dinero para acercar a este cártel y a Los Zetas con militares de alto rango que pudieran brindarles protección

Arturo Acosta Chaparro fue asesinado el 20 de abril en la Ciudad de México. (Foto: Oswaldo Ramírez/Cuartoscuro)

Redacción

Mayo 2, 2012 5:23 pm

El asesinado general Arturo Acosta Chaparro habría recibido pagos de al menos 500,000 dólares de la organización criminal de los Beltrán Leyva para contactarlos con militares de alto rango que pudieran darles protección en Tamaulipas y Veracruz, reveló el periódico Reforma que cita testimonios de  Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, operador del citado cártel.
Acosta Chaparro, asesinado el 20 de abril en la Ciudad de México, se reunió en dos ocasiones con los capos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, “El Barbas” y “El H”, respectivamente, en una mansión del Fraccionamiento Las Brisas Guitarrón, en Acapulco, y en un rancho de los traficantes en la Colonia Santo Tomás Ajusco, en el Distrito Federal.
Villarreal Barragán, actualmente preso, dijo en un testimonio ante la Procuraduría General de la República el 26 de noviembre de 2010, que “como favor personal” a Arturo Beltrán, el General aceptó reunirse con los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, mandos de “Los Zetas” y llamados “El 40″ y “El 42″, quienes buscaban un acercamiento con militares.
Otro de los convocados supuestamente fue José Luis Ledesma, “El JL”, el número dos del Cártel de Juárez.
Desde 2007, cuando abandonó la prisión del Campo Militar Número Uno,  cita el diario, se decía que Acosta Chaparro era un mediador del Gobierno federal con los capos de la droga, con quienes supuestamente pactó entregas de delincuentes y trató de gestionar la reducción de los índices de violencia.

Lamentable, que represores vivan y mueran en la impunidad: Ibarra

 

Acosta debió haber sido juzgado por tortura, desaparición y otros delitos, señala

Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Domingo 22 de abril de 2012, p. 3

La senadora Rosario Ibarra, dirigente del Comité Eureka, lamentó que, al igual que otros represores, el general Arturo Acosta Chaparro haya muerto en la impunidad, sin que se le juzgara por su participación en tortura, desaparición forzada y asesinato de cientos de luchadores sociales.

Afirmó que existen testimonios de familiares de desaparecidos acerca de la forma brutal en que torturaba a maestros, estudiantes y campesinos guerrerenses, muchos de los cuales fueron lanzados al mar desde aviones.

Acosta Chaparro debió tener responsabilidad en un gran número de los más de 500 casos de desaparecidos políticos de las décadas de los 60 y 70, a los que no se logró recuperar, comentó la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Durante los últimos 40 años, junto con otras madres y esposas de desaparecidos políticos agrupadas en el Comité Eureka, Rosario Ibarra no ha dejado de luchar por encontrarlos.

Tampoco cejará ahora, agrega, en exigir que se aplique la justicia, “así sea post mortem, para Acosta Chaparro, Miguel Nazar Haro y los demás militares y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad, como es la desaparición forzada”.

Recalcó que ni ella ni las demás madres a las que arrebataron a sus hijos buscan venganza. Lo que queremos es justicia. Ese señor Acosta Chaparro no podrá ya ir a la cárcel, pero que se sepa a cuántos torturó y mató; lo terrible es que él y los que cometieron tantas atrocidades vivan y mueran en la impunidad, aseveró.

La mayoría, agregó, tranquilamente se van de esta vida, acompañados por los suyos. No es el caso de Acosta Chaparro, recalcó, ya que a él lo mataron con la misma violencia que ejerció.

Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del SenadoFoto Pedro Pardo

 La senadora insiste: nadie ha sido castigado por las violaciones gravísimas de derechos cometidas desde finales de los años 60, cuando se utilizó el aparato represor del Estado en contra de luchadores sociales y opositores políticos.

Recordó que presentó una denuncia penal contra el ex presidente Luis Echeverría, la cual no ha prosperado.

Los gobiernos del PRI y el PAN han protegido a los responsables de la desaparición forzada de personas, a Nazar Haro, a Acosta Chaparro, a todos los que trabajaron en la Dirección Federal de Seguridad y en la Brigada Blanca, afirma.

Por testimonios de víctimas, de jóvenes que el Comité Eureka logró recuperar, al arrancarlos de cárceles clandestinas, se sabe que Acosta Chaparro perpetraba torturas de manera sistemática, añadió la legisladora.

–Hay versiones de que desde aviones tiraban al mar los cuerpos de campesinos guerrerenses a los que vinculaban con la guerrilla –se le planteó.

–Sí, y también otras más terribles, de que muchos estaban vivos cuando los lanzaban a altamar. Me lo han contado familiares de las víctimas –respondió.

La legisladora agrega que no le cabe duda de que Acosta estuvo vinculado con el crimen organizado. Nosotros lo denunciamos por prácticas sistemáticas de tortura y desaparición forzada, pero desde el poder siempre estuvo protegido.

El museo de los desaparecidos –en proceso de integración–, expuso, va a mostrar esa memoria que no se quiere recordar. Habrá fotos de jóvenes a quienes nunca más vieron sus familias, así como testimonios sobre la tortura que padecieron a manos de Nazar Haro, de Quirós Hermosillo y de Acosta Chaparro.

PRI y PAN dieron impunidad a Acosta Chaparro: Comisión de la Verdad de Guerrero

 

Fue soldado del tricolor y con el blanquiazul hizo buenas migas, sostiene

El general Arturo Acosta Chaparro tras ser sometido a consejo de guerra, en octubre de 2002Foto José Carlo González

 

Blanche Petrich

 

Periódico La Jornada
Domingo 22 de abril de 2012, p. 2

El general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado el viernes, fue icono de una generación de militares, policías y funcionarios que cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura en aras de una política contrainsurgente de la cual ningún gobierno se ha deslindado aún, desde la década de los sesenta hasta la fecha, con priístas o panistas por igual, señala el presidente de la recién creada Comisión de la Verdad en Guerrero, Nicomedes Fuentes García.

De las cabezas más visibles de ese autoritarismo manchado de sangre, quizá era el último que quedaba vivo, anota.
Muchos otros brazos ejecutores han muerto de viejos o por enfermedad: Francisco Quirós Hermosillo, Francisco Sahagún Baca, Salomón Tanús, Miguel Nazar Haro y, en Guerrero específicamente, Isidro Chiro Galeana, Wilfredo Castro Contreras, así como Rubén Figueroa.
Fuentes García, que en los años 60 pasó a la clandestinidad después de caer preso y se sumó a la lucha en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación que en su momento intentó integrarse al Partido de los Pobres, asegura que estas figuras del Estado represivo “le deben mucho al país y tienen que ser investigadas post mortem”.
La penalista Pilar Noriega, también comisionada de este órgano constituido por el Congreso de Guerrero, aclara que si bien una persona muerta no puede ser juzgada, queda aún el recurso de la recuperación de la memoria histórica, que en casos como éste, en el que están involucrados incluso delitos de lesa humanidad, es de vital importancia.
De ahí, agrega, que documentar los hechos delictivos en que intervinieron represores como Acosta Chaparro y otros, y difundirlos, es aún un proceso pendiente que tiene que culminar, justamente para evitar que se repitan.
Otro integrante de la Comisión de la Verdad, el ex rector de la Universidad de Guerrero Enrique González Ruiz, recordó que Acosta, lo mismo que su jefe, el general Quirós Hermosillo, fueron detenidos y juzgados –y a la postre exonerados– en el fuero castrense por vínculos con el narcotráfico.

Pero también debieron haber sido juzgados por sus crímenes contra opositores y ciudadanos inocentes, y eso nunca ocurrió, expuso.
Para González Ruiz, el ex militar asesinado, quien se jactaba de haber servido al país con sus prácticas genocidas, pudo vivir el resto de sus días impune frente al sistema judicial porque fue un soldado del PRI, pero también hizo buenas migas con el PAN. Bajo gobiernos panistas su nombre fue reivindicado después de salir de la prisión militar.
Señala Fuentes García: el Estado mexicano se pinta solo para garantizar la impunidad de los delitos contra la humanidad de aquella época. Nunca hubo voluntad política para hacer justicia, esclarecer los hechos o reparar el daño a los familiares de las víctimas.
Sobre la continuidad de la responsabilidad del Estado, Fuentes insiste que no es atribuible sólo a los gobiernos que emanaron del PRI.
Cuando la alternancia, Vicente Fox generó esperanzas de que se podría transitar hacia la justicia, pero no fue así. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) no produjo ningún resultado, ni siquiera para arrojar luz sobre el paradero de los desaparecidos, mucho menos para resarcir el daño a las familias de las víctimas.
A su vez, González Ruiz puntualiza que las instituciones actuales profesan la misma doctrina, las mismas ideas de antes. Las nuevas generaciones de mandos militares y policiacos son más elegantes, usan corbata y hasta fueron a las universidades. Pero el fondo, un Estado estructuralmente represor en el que la impunidad es la regla, no ha cambiado.
Sobre los casos de desaparición forzada o ejecución extrajudicial en que Acosta Chaparro pudiera haber tenido responsabilidad directa, no hay datos precisos. Los números de víctimas en Guerrero varían según la fuente. Se habla de 600 desaparecidos; Eureka y Afadem tienen documentados 532; a la Femospp llegaron 730 casos.
Nicomedes Fuentes sostiene: el hecho mismo de que no se tenga una relación exacta de las víctimas es parte de la tragedia y de la justicia pendiente.