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| Peritos argentinos en el basurero de Cocula. |
MÉXICO, DF (apro).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmintió, una vez más y con evidencias científicas, la “verdad histórica” sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa para informar sobre el avance de las indagatorias, ahora a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Aljandro Valencia, integrantes del grupo, insistieron en que es innecesaria la realización de un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, como lo sostiene la dependencia.
Menos aún, tras la recepción de “un estudio de un centro especializado en meteorología” y de “registros o fotografías satelitales”.
Tras señalar que trabajan con el nuevo equipo de investigación en la selección de expertos, el plan de trabajo y la metodología para un tercer peritaje, los expertos detallaron que a petición suya la PGR solicitó estudios especializados, mismos que se realizaron el pasado 30 de septiembre.
Los análisis concluyeron que “sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”.
Ángela Buitrago apuntó que el estudio fue realizado por una “institución de metodología reconocida”, de la que se reservó el nombre. Con ello, dijo, “está reforzándose el expediente con la garantía de ser una institución muy seria y además fue efectivamente una prueba solicitada por la PGR”.
La exfiscal de Colombia resaltó que la confirmación de que no ocurrió la “verdad histórica” no implica la “absolución” de los presuntos implicados en el caso, en el cual se preserva lo esencial: que “los muchachos fueron tomados el 26 y 27 de septiembre de 2014, llevados por la policía y desaparecidos”.
En todo caso, agregó, el desmoronamiento de la “verdad histórica”, implicaría a “dirigir la iniciativa de búsqueda a otros lugares”. Basta recordar, dijo, que “la multiplicidad de posibilidades de lugares estaba dada en la investigación desde el principio y la multiplicidad de número de estudiantes ultimados o asesinados estaba dada”.
El interrogatorio al 27 Batallón
Carlos Beristain, integrante del Grupo, advirtió que además de esta “prueba científica más” en el expediente “no hay ninguna declaración por parte de ninguno de los inculpados de que ahí hubiera sido llevado un grupo más reducido de normalistas (como lo han dicho algunos funcionarios de la PGR) y eso significaría una quinta versión de los hechos que no tiene nada que ver con las declaraciones y con una investigación seria”.
Sobre la insistencia de interrogar a miembros del 27 Batallón de Infantería del ejército mexicano radicado en Iguala, Beristain apuntó que aunque la PGR consignó la ampliación de declaración de 11 elementos –de los 27 que los expertos le pidieron–, éstas no responden a las interrogantes del GIEI.
El especialista comentó que tras leer las actas ministeriales, “se necesitan profundizar, no sabemos si se preguntaron muchas cosas porque son narrativas de una historia, no se incluyen las preguntas”.
El GIEI, agregó, “no quita el dedo del renglón” para estar presente si se dan los interrogatorios a militares ante agentes ministeriales, considerando que al menos 27 soldados señalados “fueron testigos de hechos ocurridos en al menos cuatro escenarios que son clave para esclarecer los hechos y ojalá den elementos de búsqueda”.
Incluso, comentó que “por lo menos uno” de ellos tomó fotografías y un video de los hechos, aunque nada de eso ha sido incorporado al expediente.
El experto español confirmó también que el GIEI no asistirá a la reunión que sostendrán los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en Acapulco, programado para este jueves 10 de diciembre.
Los expertos anunciaron que han propuesto algunas diligencias de búsqueda y están en espera de que se realicen las expediciones con base en los resultados de la investigación.
Alejandro Valencia, otro integrante del Grupo, descartó que la nuevas propuestas de búsqueda del GIEI correspondan a las anunciadas por funcionarios federales — como acudir a Puebla y al Estado de México, pues son exploraciones “que se hicieron el año pasado, no son búsquedas recientes”–, sino que forman parte de las 667 búsquedas realizadas por la Policía Federal.
Sin definir los puntos a revisión, Valencia puntualizó que los sitios propuestos por el GIEI obedecen “a líneas de investigación con este nuevo equipo, con quienes hemos acordado que lo que se vaya a realizar sea de manera prudente y obedezca a los indicios y resultados preliminares que arroje la investigación”.
En la conferencia los expertos dieron a conocer que la PGR realizó una reconstrucción de hechos en la carretera a Santa Teresa, donde fue atacado un camión en el que viajaban los integrantes de equipo de futbol “Los Avispones” y murieron tres personas.
Agregó que en la reconstrucción –hecha 14 meses después–, la PGR reportó hallazgos, como casquillos de bala, que pretende integrar en el expediente. Ante ello, el Grupo solicitó que dichos elementos sean procesados de forma independiente, toda vez que en dos exploraciones anteriores no se habían reportado esos elementos y que pudieran corresponder a hechos distintos.
Trabas con cuerpo de un estudiante
Sobre la segunda autopsia realizada el pasado 5 de noviembre al estudiante Julio César Mondragón –a quien le quitaron la piel del rostro–, en la que intervinieron integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los especialistas del GIEI resaltaron que el cuerpo presentaba “una gran cantidad de traumatismos (…) mucho más de los referidos en la primera autopsia”. Luego, recomendaron agilizar los trámites administrativos de devolución de los restos a sus familiares para inhumarlo.
Presentes en la conferencia, familiares de Mondragón Fontes denunciaron que a pesar de que ya se le realizaron las pruebas más importantes al cadáver, no se le han tomado los restos de ADN, debido a trámites burocráticos de los juzgados Tercero Penal en Tepic, Nayarit, y Primero Penal en Jalancingo, Veracruz.
Marisa Mendoza, viuda del joven estudiante, denunció que tras un mes de que el cuerpo de Julio César permanece en un refrigerador, se corre el riesgo de que la diligencia de toma de muestras sanguíneas para el cotejo de ADN no se realice antes del 18 de diciembre, justo cuando los juzgados federales suspenden labores por las fiestas de fin de año.
