CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la mayoría priista y sus aliados, así como la ausencia de 70 legisladores, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
PRI, Verde, Panal y PES emitieron 248 votos a favor; Morena, PAN, PRD y MC 115 en contra y se registraron 46 abstenciones en lo general; igual se presentaron 101 reservas, las cuales serán expuestas por 40 oradores durante su presentación en lo particular.
Una vez avalada la ley, pasaría al Senado de la República para su discusión el próximo martes y dispensársele todos los trámites, como ocurrió en San Lázaro, y de inmediato ser firmada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Las diversas agrupaciones defensoras de derechos humanos buscarán juntar el respaldo de 33% de los legisladores y presentar una controversia constitucional ante la Corte; lo mismo harán con la CNDH. El argumento es que la Cámara de Diputados no está facultada para legislar en materia de seguridad interior.
A pesar de ser una legislación que atañe no a un solo sector, sino a toda la población, 70 diputados federales prefirieron no asistir a la Cámara, en donde se atestiguó un debate pobre y lastimero por su bajo nivel, como el que protagonizó el diputado del PVEM por Guerrero, Arturo Álvarez, quien para callar a la oposición que portaba pancartas en contra de la ley, les respondió con un “bla, bla, bla”.
Álvarez Angli es el mismo que siendo diputado local por su entidad impidió que José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, fuera desaforado por su presunta participación en el asesinato de dos perredistas.
El legislador del Verde subió a tribuna para hablar a favor de la ley que en noviembre de 2016 presentó el coordinador parlamentario del PRI, César Camacho Quiroz.
Antes, a las 8:30 horas, la Comisión de Gobernación que encabeza la priista tamaulipeca Paloma Guillén inició la sesión en privado para aprobar el dictamen.
La secrecía con que pretendió dar cauce a la “discusión” y aprobación del dictamen provocó malestar entre la oposición, pues además de ello se intentó que el debate y aprobación no fueran transmitidos en el Canal del Congreso y menos aún en circuito cerrado.
“¡Golpistas! ¡golpistas!”
Además, organizaciones como Cencos y el Colectivo Seguridad sin Guerra se manifestaron en contra del acto en privado; los reclamos y protestas de ciudadanía y legisladores de Morena, PAN, PRD y MC llevaron a la priista a hacer una concesión: la discusión fue trasladada al salón de plenos del edificio A de San Lázaro, el mismo donde el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, entrega cada año el informe presidencial.
Sin embargo, la sesión siguió siendo en privado, aunque se transmitió por televisión de paga. Desde afuera, una vez que se “cantaron” los 18 votos a favor (uno de la panista del Estado de México, Claudia Sánchez Juárez, y 14 en contra, activistas de diversos colectivos fustigaron a los diputados con gritos de “¡golpistas! ¡golpistas!”
Planeado todo ante cualquier posible agresión, los diputados priistas, del Verde, del Panal y PES salieron prácticamente “huyendo” por la puerta trasera del salón de protocolo, evadiendo así a la ciudadanía que es para la cual se supone trabajan y legislan.
La nueva ley establece que las Fuerzas Armadas podrán realizar actividades de seguridad pública durante un año, el cual podrá prolongarse cuando así lo considere el presidente de la República en tanto subsista la amenaza de seguridad interior, según establece el artículo 51 de la mencionada ley.
Durante la discusión en comisiones y ya en el pleno, la oposición sostuvo que antes de pensar en una Ley de Seguridad Interior se debió reglamentar el artículo 29 de la Constitución, el cual se refiere a cuándo, cómo, quiénes y bajo cuáles criterios se pueden suspender las garantías individuales.
Toda la oposición coincidió en que se debió reglamentar dicho artículo y con ello poner “candados” a cualquiera que realice acciones de seguridad pública, en especial si son elementos del Ejército o Armada de México.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, dijo que el artículo 26 de la nueva ley resultaba preocupante, debido a que la “acción para identificar” la amenaza a la seguridad interior “es de carácter permanente y no requiere declaratoria”.
Por ello calificó de “irresponsables” a los legisladores que votaron por la ley, pero dijo que más grave aún es que esta nueva ley generará incentivos perversos para que no se capacite ni asuman sus funciones los cuerpos policíacos, presidentes municipales y gobernadores.
“Se prolongaría un estado de excepción”, y ello sería una amenaza constante a los derechos humanos”, argumentó.
Rafael Hernández Soriano, diputado del PRD, calificó de anticonstitucional la ley, debido a que el artículo 73 de la Carta Magna no faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de seguridad interior.
Víctor Sánchez, de MC y diputado por Jalisco, exsubprocurador y abogado, dijo desde tribuna que la ley “era un parche a la Constitución y violatoria de la misma”, ya que el artículo1 29 subraya que, en tiempos de paz, el Ejército no puede estar en las calles, y el 73 no autoriza al Congreso a legislar en la materia.
“Ayer el PRI sepultó en la Comisión de Puntos Constitucionales”, acusó Sánchez, la posibilidad de presentar un verdadero proyecto que capacite a las policías y hacer frente a la delincuencia organizada.
Y es que el PRI votó en contra de la creación del Mando Mixto en la policía, iniciativa que PAN, MC y PRD condicionaron para dar su respaldo a la Ley de Seguridad Interior.
“Peña siguió con la guerra que Felipe Calderón inició, sólo que la siguió de manera silenciosa”, y lo que muestra el PRI es su verdadero rostro autoritario, acusó el diputado Víctor Sánchez.
Manuel Espino, quien fuera presidente nacional del PAN, subió a tribuna para defender la ley y felicitar a Enrique Peña Nieto.
“No es una ley perfecta, pero sería irresponsable dejar al país como está”, justificó para lamentar “la indecisión del PAN”, luego aseguró que le nuevo marco legal no es violatorio de los derechos humanos.
En tanto, el priista Alejandro Domínguez Domínguez defendió la ley y rechazó que sea inconstitucional. Su argumento fue que la seguridad interior y la seguridad nacional son parte de lo mismo, y al poder legislar la Cámara en materia de seguridad nacional, “por tanto el que puede lo más puede lo menos”.
Pero mientras el priismo, respaldado por PVEM, PES y Panal, votaba a favor y la oposición sabía que había perdido la batalla, en las gradas de San Lázaro y por la mañana a las afueras del salón donde se imponía el “mayoriteo”, los grupos de defensores de derechos humanos seguían gritando a los legisladores: “¡golpistas! ¡golpistas!”
Uno de los defensores de derechos humanos que más se distinguió en la movilización fue Alfredo Lecona, quien adelantó que buscarán a la CNDH y a diputados para que sumen el 33% necesario, y puedan presentar por separado una controversia de inconstitucionalidad ante la Corte, y así intentar echar atrás la Ley de Seguridad Interior, considerada no sólo violatoria de los derechos humanos, sino facilitadora para que los gobiernos locales dejen de capacitar a sus policías.
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