Según un estudio, la implementación de estos operativos militares, lejos de disminuir la violencia existente, la incrementó de forma drástica.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado llevó a cabo un estudio sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y concluyó que no hubo un problema de inseguridad en 2006 (año en que rindió protesta Felipe Calderón), que pudiera justificar un despliegue militar.
“La información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad, ni una ‘ola de violencia’ (salvo en el estado de Michoacán), que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados del país entre 2006 y 2007. Los datos oficiales revelan que la implementación de estos operativos, lejos de disminuir la violencia existente (que se encontraba en mínimos históricos), la incrementó de forma drástica“, destaca el estudio.
“Incrementar las atribuciones de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad pública, significa dar sustento legal a acciones que, de facto, ya suceden todos los días en el territorio nacional”, agrega, “esta opción mantendría los problemas que ahora nos aquejan: elevados niveles de violencia e impunidad; falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; poca o nula información para la toma de decisiones; ocurrencia de violaciones graves a derechos humanos; etcétera”.
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