Por Miguel Pulido
¿Qué tan normal es que la ex candidata presidencial de un partido de oposición gestione millonarios recursos del partido en el gobierno? ¿Qué implica que políticos en el poder financien a otros políticos en su activismo y causas sociales?
El martes 24, Dulce González y Salvador Camarena presentaron en Aristegui en vivo una investigación que abre éstas y muchas preguntas más. Resulta que Josefina Vázquez Mota (ex candidata a la Presidencia por el PAN) conduce una iniciativa llamada Juntos Podemos. Se trata de un proyecto (vamos a llamarlo así) que involucra a distintas instituciones sin fines de lucro, a los consulados de México en Estados Unidos y –lo más importante- casi mil millones de pesos de recursos públicos.
Comencemos por decir que la iniciativa Juntos Podemos navega en territorio pantanoso. Se inscribe en una tendencia de trasladar recursos públicos al ámbito privado con operaciones que hacen del gobierno un simple financista de proyectos personales.
Si le huele a problema es porque lo hay. Estas acciones suelen duplicar las funciones del gobierno al mismo tiempo que coinciden con un fenómeno de desfinanciamiento de lo público.
Es decir: El gobierno le da menos dinero a las instituciones públicas para dárselo a las privadas. Así, bajo el pretexto de apoyar buenas causas, hay personas que gastan millonarias sumas del erario con reglas laxas y sin fiscalización. Esta tendencia (como es de suponer) no pone los recursos a disposición de cualquiera. Este millonario privilegio es sólo para el círculo cercano de los políticos.
Así, hoy sabemos, gracias a la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que Juntos Podemos es una auténtica madeja de figuras legales, marcas registradas, proyectos transnacionales, recursos públicos e intereses políticos.
Es un esquema parecido al de un testaferro o prestanombres. La información contable y legal refiere a instituciones constituidas legalmente pero que no tienen reflectores públicos. Al mismo tiempo, el usufructo (material y político) de la iniciativa apunta a Vázquez Mota.
A petición de Mexicanos contra la Corrupción, revisé la información concreta que Juntos Podemos y las fundaciones que emplea han hecho pública. Los datos compartidos son insustanciales y no dan cuenta de la pertinencia de las acciones, tampoco de la eficiencia del gasto ni de los resultados logrados.
En el detalle más fino, la información administrativa disponible (la que da cuenta de cómo presupuestan y gastan) debe activar las alarmas. Tomo como referencia la información de la AEM USA Foundation and Parents Alliance Inc. con la que se pretende informar el destino de $23.7 millones de dólares en 2015. Se trata de categorías ambiguas, prácticamente diseñadas para gastar en cualquier cosa.
En la evaluación del gasto y fiscalización de fondos sabemos que las categorías agregadas son la mejor forma de esconder desviaciones. No es, ni de lejos, la práctica más transparente. Por otra parte, los montos son desproporcionales: el diseño de un programa de atención directa a población no puede tener gastos administrativos tan altos. Poco más del 35% del total de los 23.7 millones fueron para costear una estructura burocrática y a gastos operativos. Un rubro retrata este despropósito: prácticamente 1.9 millones dólares van a nómina. Según la propia información de Juntos Podemos, tienen una plantilla de 15 personas.
Si le concedemos validez a sus propios datos, un estimado de servilleta nos dice que cada persona cuesta aproximadamente 120,000 dólares al año. Conozco muchas organizaciones que son altamente profesionales, tienen mucho más personal, un ámbito de cobertura mayor y que ejercen sustancialmente menor presupuesto.
Juntos Podemos es, en síntesis, otra madeja de intereses privados y dinero público.
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