Cunde repudio contra Trump

Trump argumenta que se trata de terrorismo y de seguridad, no de una prohibición

Repudio generalizado en EU al cierre de fronteras a refugiados

Activistas y políticos anuncian que pelearán ante la justicia contra el decreto presidencial

Con pancartas en que se lee: Todos son bienvenidos y “Los inmigrantes hacen a América grande”, entre otras, miles de personas se manifestaron ayer en el aeropuerto internacional de Los Ángeles en repudio a la orden ejecutiva de Donald Trump que impide el ingreso a Estados Unidos a refugiados y ciudadanos procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y YemenFoto Afp

Afp, Reuters y Dpa

 

Periódico La Jornada
Lunes 30 de enero de 2017, p. 23

Washington.

Decenas de miles de personas repudiaron este domingo en las principales ciudades estadunidenses, frente a la Casa Blanca, y en los aeropuertos de Nueva York, Boston, Los Ángeles, Atlanta, San Francisco, Dallas y Seattle, entre otros, la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que cierra las fronteras a refugiados y ciudadanos procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana, pese a una victoria parcial obtenida el sábado ante la justicia.

Con pancartas en que se leía #NoBanNoWall, Let them in(Déjenlos entrar), No hatred, no fear, inmigrantes are welcome here (Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos), entre otras, se manifestaron en el aeropuerto de la ciudad californiana de Los Ángeles, refirió el diario La Opinión en su página web.

Protestas similares hubo también en Detroit, Filadelfia, Savoy (Illinois), Bloomington (Indiana), al mantenerse acciones de resistencia nueve días después de la llegada del magnate a la Casa Blanca.

Grupos de derechos humanos, activistas y políticos demócratas anunciaron que pelearán contra el decreto, que ha provocado caos y confusión en aeropuertos de todo el mundo.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días a Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Trump defendió su controvertida medida al señalar en un comunicado que no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente. Añadió: Esto no tiene nada que ver con la religión; se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro país. Horas antes tuiteó: Nuestro país necesita fronteras fuertes y vetos radicales. Ahora. Miren lo que ha pasado en toda Europa y en el mundo: ¡Un desastre horroroso!

Los cristianos de Medio Oriente son ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que este horror continúe!, indicó en su cuenta de Twitter.

Aunque al principio parecía que la medida alcanzaba también a quienes tienen permisos de residencia (green card), el secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, precisó este domingo a la cadena NBC que no les afectaba, aunque podrían ser interrogados a profundidad al llegar al país.

La aclaración no tranquilizó a los iraníes residentes en Estados Unidos que actualmente se encuentran fuera del país. La administración se contradice a cada momento, señaló Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional estadunidense-iraní. Hace falta que sea puesto por escrito para estar absolutamente seguros.

Según el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, 109 personas pasaron desde el viernes por procedimientos de control reforzados al llegar al país, y sólo una veintena permanecían detenidas la mañana de este domingo, de acuerdo con datos del gobierno.

En todo caso la confusión reina en los aeropuertos estadunidenses desde el viernes, donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras.

El sábado la juez federal de Brooklyn Ann Donnelly, a demanda de asociaciones de defensa de derechos humanos tras la detención de dos ciudadanos iraníes, prohibió en todos los aeropuertos estadunidenses las deportaciones de personas detenidas que hubieran arribado con su documentación en regla.

Pero el controvertido decreto tiene impacto en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países afectados por la medida, aunque posean una visa en regla.

Por su parte, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antimigración y denunció su carácter contrario a los valores estadunidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, dijo que su partido presentará un proyecto de legislación para anular el decreto de Trump y añadió que es mezquino y antiestadunidense y que debe ser revocado de inmediato.

Schumer anunció sus planes en una conferencia de prensa, en la que dijo que lucharía con todo hasta que estas órdenes sean anuladas.

En el seno de la mayoría republicana el malestar también es perceptible: pocos legisladores defendieron públicamente el decreto de Trump y un puñado de ellos lo ha condenado total o parcialmente.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, en declaraciones al programa This Week, de la cadena ABC, expuso: es importante recordar que algunos de nuestros mejores recursos en la guerra contra el terrorismo radical son los musulmanes, tanto en este país como en el exterior... Necesitamos ser cuidadosos al hacer esto.

John McCain, senador republicano, quien fue prisionero de guerra en Vietnam, fue más severo, al decir que los decretos aprobados activaron un confuso proceso que podría dar al grupo extremista Estado Islámico material de propaganda. Además opinó junto a su colega republicano, Lindsay Graham, que los aliados más importantes en la lucha contra el EI son los musulmanes que rechazan la ideología de odio de esta milicia terrorista.

En tanto, los fiscales generales de 15 entidades de Estados Unidos y Washington DC (que representan a 130 millones de estadunidenses) condenaron en un comunicado la orden ejecutiva del presidente, que consideraron antiestadunidense e ilegítima.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, el grupo de fiscales dijo que trabajaría para asegurar que el gobierno federal obedezca la Constitución, respete su historia como nación de inmigrantes y que no tome como objetivo a nadie por su origen o fe religiosa.

Por separado, este grupo de fiscales discutió la posibilidad de presentar su propias demandas contra las restricciones de Trump, dijeron funcionarios de tres estados a la agencia Reuters.

Otras organizaciones evalúan presentar demandas constitucionales cib el alegato de la discriminación religiosa.

Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo, opinó Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), a la cadena CNN.